Gasto público fuera de presupuestos y abuso del Decreto Ley.

El Tribunal Constitucional acaba de declarar la inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley 10/2014, de 1 de agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente; por no cumplir los presupuestos constitucionales de este tipo de norma cuando lo utilizo para un aumento de gasto público para incrementar las partidas del Ministerio de Defensa.

La sentencia es importante porque afecta a dos vicios usuales del Gobierno del PP en la legislatura 2011/15: el abuso de la contabilidad y presupuestacion a la carta para “cumplir” ficticiamente con los límites de gasto público y el abuso indiscriminado del Decreto Ley como forma usual de legislar. Veamos ambos problemas.

Durante los 4 ejercicios presupuestarios, las partidas para los programas de adquisición de armamento eran insuficientes. Más allá de la explicación que da el Gobierno en la Exposición de Motivos del Decreto Ley, era el mecanismo con el cual por un lado se aparentaba ante la opinión pública que no había un exceso de gasto en defensa (cuando había sustanciales recortes en derechos sociales) y, al mismo tiempo se cumplía aparentemente con el techo de gasto y la Comisión Europea daba el visto bueno a la tramitación presupuestaria, especialmente desde el rescate a España. La necesidad de armamento hizo que todos los años se modificara ese Presupuesto para incorporar las partidas necesarias para afrontar los Programas Especiales de Armamento. Obviamente, ese gasto computó en el déficit y es una desviación sobre lo inicialmente previsto.

El importe de las cuatro anualidades supera los 4.000 millones de euros. Recordemos que los recortes en sanidad y educación de abril de 2012 fueron de 10.000 millones de euros.

La perspectiva presupuestaria no es de recibo y no sólo por incumplir los compromisos con Bruselas en partidas especialmente cuantiosas. De hecho, resulta censurable que el Tribunal Constitucional afirme en la sentencia que “la especial financiación de los programas de defensa aquí analizados -añade- puede justificar la utilización del crédito extraordinario al margen de la programación presupuestaria normal”. Actuar de este modo atenta contra los principios esenciales del Derecho presupuestario, en particular sobre el principio de anualidad y unidad del Presupuesto.

Al contrario. Nada lo justifica. El artículo 134.2 de la Constitución señala de forma nítida que todas las partidas han de formar parte del Presupuesto, que además ha de ser único: “Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual (e) incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal”.

Los problemas relativos al abuso del Decreto Ley por parte del Gobierno de Rajoy no son nuevos  y ya me he pronunciado en diversas ocasiones sobre sus consecuencias. EL gobierno no se ha querido enterar de que el Real Decreto Ley iene un supuesto de hecho habilitante -extraordinaria y urgente necesidad-, unas materias excluidas y un procedimiento extraordinario de entrada en vigor. Produce bochorno leer el Programa electoral con el que el Partido Popular concurrió a las elecciones de 2011 (página 174): “Revitalizaremos el Parlamento utilizando los procedimientos de debate y la actividad de los diputados y senadores. Recuperaremos el sentido constitucional del decreto ley”.

En este supuesto, la situación de hartazgo ante la repetición anual de la misma práctica es clara en la argumentación del Tribunal Constitucional: “más que la respuesta a una situación de extraordinaria y urgente necesidad por imprevisible”, utilizar el verano para aprobar un Decreto Ley con créditos extraordinarios para adquirir armamento “se ha convertido en una práctica habitual”. No se trata, además, de un compromiso especial sino que es “previsible y programable”.

La sensación de que se puede hacer de todo se aprecia claramente en la motivación del Decreto Ley, que es muy deficiente:  Como señala el Tribunal Constitucional, “simplemente se alude [por el Gobierno] a la importancia de que se pague a los proveedores para evitar el descrédito internacional del país y los posibles perjuicios que del retraso en el pago pudieran derivarse, [pero] esas consecuencias negativas aparecerían en cualquier obligación contractual del Estado”.

El problema de esta sentencia consiste en que tiene una limitada eficacia. Por un lado, porque la práctica de la convalidación a posteriori del Decreto Ley supone, de acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia constitucional, que todos los vicios se sanan por la tramitación de una ley posterior con el mismo objeto. Pero, incluso por si hubiera cualquier tipo de flanco, la sentencia delimita los créditos a los que se aplica. Y desde luego, aunque el juicio político afecta también a lo ocurrido en 2012, 2013 y 2015 no extenderá sus efectos. y si el Gobierno sigue en funciones, será lo que nos salve de que en agosto de 2016 nos encontremos ante otra norma equivalente.