Algarrobico: fin de la historia, la zona es “Área ambientalmente protegida”

Los pleitos por el Hotel del Algarrobico han llegado a su fin. El pasado 10 de febrero el Tribunal Supremo dictó varias resoluciones que, en conjunto, acaban concluyendo con la conformidad  a derecho de la actuación de la Junta de Andalucía protectora del medio ambiente y en contra de la construcción del referido complejo hotelero.

La construcción de un macro complejo hotelero a 14 metros de la ribera del mar, en la playa del Algarrobico (Almería), dentro del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar ha constituido un símbolo de una época. Símbolo del desarrollo económico a través de la construcción, símbolo de una gestión del litoral que ha permitido la  destrucción del litoral español, a pesar de que, desde la Ley 22/1988, de costas, se disponía de un instrumento legal que podría haberle proporcionado un nivel de garantía suficiente. Destrucción que está basada básicamente en las construcciones privadas pero en las que no podemos olvidar ciertas actuaciones públicas que han contribuido esencialmente, como puertos –deportivos y comerciales- o, incluso el propio desinterés de los entes públicos.

El conflicto ha sido jurídicamente complicado. El problema del hotel del Algarrobico es que no es un único litigio sino que, al menos, se identifican tres líneas, con soluciones que podrán ser (aparentemente) contradictorias: una sería la referente a la determinación del límite del dominio público marítimo-terrestre y, en consecuencia, sobre la legalidad del deslinde acordado por la Ministra Cristina Narbona, que fue confirmado reiteradamente por los Tribunales de Justicia.

Quiero dejar constancia aquí de la acción de la exMinistra Cristina Narbona. Ella fue la impulsora de una política activa del Estado en el periodo 2004-2008 en el litoral para protegerlo, impulsando la realización de deslinde y actuando para la paralización de obras que afectaban a la integridad del dominio público marítimo-terrestre y que, entre otros proyectos de urbanización, afectó al hotel que se quería construir en un paraje natual de la provincia de Almería.

Una segunda línea afectaría a la propia licencia de obras. Y una tercera, que se refiere a la legalidad de los instrumentos de planificación territorial y urbanística. Estas tres líneas con problemáticas propias es lo que determina la aparente discrepancia de soluciones por parte de los Tribunales de Justicia durante todo el proceso anterior a las sentencias de las que ahora se da cuenta.

El Tribunal Supremo, en las sentencias que han sido dada a conocer hoy, ha reconocido tres datos:

  • El Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 26/2009, de 3 de febrero, que aprobó el Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense es conforme a derecho
  • El Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 37/2008, de 5 de febrero, que aprobó el Planes de Ordenación de Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en lo relativo “El Algarrobico” es conforme a derecho . Este fallo significa que la zonificación que corresponde a los mismos es la C1 (Área ambientalmente protegida), como había señalado con anterioridad la STSJA (Granada), Sección Primera, de 11 de junio de 2012
  • La Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, de 26 de septiembre de 2006, por la que se acuerda la adquisición a la empresa Azata, S. L. —mediante el ejercicio del derecho de retracto—, de determinadas fincas sitas en el término municipal de Carboneras (Almería), que habían sido adquiridas mediante compraventa por la entidad Azata, S. A. —luego, Azata, S. L., a su vez integrada mediante la aportación no dineraria de las fincas en la entidad recurrente Azata del Sol, S. L.—, sitas, todas ellas, en el término municipal de Carboneras, por el precio de 2.313.896,61 euros; es también conforme a derecho.

Ahora queda sólo lo más importante, ejecutar la referida resolución habida cuenta de que no debería interponerse ningún otro recurso.

Para los interesados en las resoluciones,

STS 272/2016, de 10 de febrero

STS 330/2016, de 10 de febrero