Anuladas las tasas judiciales 

El Tribunal Constitucional acaba de declarar por unanimidad lo obvio: las tasas judiciales que estaban recogidas en la Ley que impulsó el Ministro Gallardon son contrarias al derecho a la tutela judicial efectiva por su desproporción; dando la razón de este modo al recurso de inconstitucionalidad núm. 973-2013, interpuesto por ciento nueve Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, contra los arts. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 11 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

La sentencia es relevante para las personas jurídicas, ya que el Gobierno se había rectificado la misma decisión para las personas físicas a través del Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero.

Las tasas querían eliminar los excesos en la interposición de recursos; una medida legítima según el Tribunal Constitucional. El medio, tasas muy altas por la presentación de recursos, era ineficaz e injusto: no tenía ningún efecto para las personas que tenían recursos económicos altos e impedía la defensa de sus situaciones jurídicas a los que carecían de ellos. Dicho de otro modo, un pésimo modo de resolver el problema de los atascos judiciales.

Por ello, ahora que hay que negociar un pacto de gobierno, sería ocasión que se afronte el problema del número de jueces por habitante en España, muy inferior al de lose países importantes de la Unión Europea con los que nos queremos codear. Es el mismo problema, por cierto, que con la inspección de impuestos, que no pueden luchar contra ese 20% de economía sumergida y que, si aflorara, podría evitar los recortes que se avecinan. La realidad es que en España faltan funcionarios en todos los ámbitos.
Texto de la sentencia