Directiva de servicios, comercio internacional de servicios e intervención administrativa

La aprobación de la Directiva 123/2006, de los servicios en el mercado interior, ha revolucionado muchos aspectos de nuestro Derecho administrativo. La sustitución de la autorización por la declaración responsable posiblemente sea el caso paradigmático de la evolución que ha tenido nuestra Administración por aplicación de la referida norma.

En el e-print que se incluye en este post me he fijado en dos elementos:

a) ¿Qué transcendencia tiene su promulgación en cuanto a la eficacia territorial de las autorizaciones? y, en la misma materia, ¿el régimen constitucional de distribución de competencias hay que reinterpretarlo a la luz del Derecho europeo y por consiguiente se han limitado automáticamente los poderes de intervención de las Comunidades autónomas -por autorizaciones acordadas en otro ámbito territorial- o incluso del Estado -por aquellas que provengan de títulos extranjeros-?

b) ¿qué capacidad tienen los Estados de decidir modalidades de intervención cuando los operadores económicos son foráneos y están sometidos, como es el caso, a la ley del lugar de establecimiento del prestador de servicios y la norma general de aplicación va a ser de carácter desregulador? Es un problema que va a ser especialmente relevante en cuanto entre en vigor el TTIP, tal como señalé en otro post, en la medida en que se va a producir un cierto acercamiento de legislaciones, reduciendo los requisitos para hacerlos compatibles en todos los Estados. Y, evidentemente, tendrá también especial transcendencia en relación con los mecanismos de resolución de controversias que se prevén en el propio TTIP.

DIRECTIVA DE SERVICIOS Y TRAFICO EXTERNO

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