Expulsiones en caliente en Ceuta y Melilla

Expulsiones en caliente en Ceuta y Melilla. La política migratoria es una de las grandes retos de la acción pública en el actual contexto de globalización y muy especialmente en el ámbito europeo. En lo que afecta a las fronteras españolas en Ceuta y Melilla, el agravamiento de los conflictos en los países árabes, en especial Siria, pero también Libia o Iraq, y en varios de los países del áfrica Subsahariana como Mali, República Centroafricana, Sur Sudán, Somalia, Burkina o Nigeria así como la grave situación económica de otros países en el continente africano determinan la llegada creciente a tales territorios de colectivos de personas muy dispares en los que se mezcla inmigración económica y personas en necesidad de protección internacional, que requiere una respuesta adecuada desde la política de inmigración española y la necesidad paralela de dar un tratamiento exquisito a este fenómeno, en pleno cumplimiento de la legislación internacional.

Ambas ciudades constituyen la única frontera terrestre entre la Unión Europea y África. Desde 2013 se ha registrado un aumento considerable (en torno al 60%) en el número de personas que llegan irregularmente a través de esta ruta. A su vez también ha habido un incremento en la proporción de las personas que vienen de países afectados por la guerra, la violencia y la persecución, como Siria, la República Centroafricana o Malí. En 2013, unas 4.200 personas entraron en las dos ciudades autónomas de forma irregular (por tierra y mar). En lo que va de año, más de 5.000 personas han llegado a Ceuta y Melilla, entre ellas más de 2.000 personas que han huido del conflicto en Siria, el 70% de las cuales son mujeres y niños, conflicto cuya realidad indica que dichas llegadas no van a reducirse.

Esta realidad no habilita para que sean asumibles en el marco de un Estado social y democrático de derecho las noticias que se suceden en los medios de comunicación sobre las denominadas “devoluciones en caliente” de extranjeros en dichas ciudades. Se entiende por tales las entregas a Marruecos por la vía de hecho realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de extranjeros interceptados en zona de soberanía española sin seguir el procedimiento legalmente establecido.

Menos admisibles resultan aún sucesos como los acontecidos en Ceuta en el mes de febrero de 2015 que provocaron el fallecimiento de una quincena de personas al intentar entrar en España o la reiteración de episodios violentos a ambos lados de la valla de Melilla.

El Gobierno mantiene la legalidad de sus procedimientos en la zona, afirmando que no se producen “devoluciones en caliente”, sino “rechazos en frontera” de personas que intentan entrar ilegalmente y que no consuman su acción debido a las vallas o a la Guardia Civil, tratándose así, a su entender, de “devoluciones, retornos, expulsiones o repatriaciones en el marco de la Ley de extranjería”.

Sostiene el Gobierno, a tal efecto, que en el caso de las interceptaciones en la playa, éstas se realizan en la línea de agua de la playa anexa con una barrera de agentes que, a efectos prácticos, constituye el límite fronterizo, de tal forma que, “mediante una decisión libre y soberana”, la frontera se retrotrae hasta el lugar donde las acciones de contención y rechazo puedan llevarse a cabo.

No obstante esta posición, la realidad es que estas actuaciones gubernamentales en Ceuta y Melilla están siendo objeto de una fuerte contestación internacional e interna por considerarse una práctica ilegal que genera graves situaciones de indefensión y desprotección. De hecho, podría decirse que el sistema, tanto en inmigración como en protección internacional, no está funcionando de manera satisfactoria.

Especial preocupación genera el incumplimiento de la normativa internacional, en especial la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Derecho de los Refugiados, así como la reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por cuanto estas prácticas podrían estar impidiendo el acceso a un territorio seguro y a los procedimientos de protección internacional a potenciales solicitantes de asilo.

En este sentido, debe subrayarse la importancia de que se permita el acceso al territorio para aquellas personas en necesidad de protección internacional. Si bien es comprensible la complejidad de la gestión de las fronteras de Ceuta y Melilla, el Gobierno debería garantizar que cualquier iniciativa legal cumple con sus obligaciones internacionales.

En el ámbito español, la crítica político-jurídica que se ha desplegado en los últimos tiempos ha dado un salto cualitativo con el Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 11 de septiembre de 2014, por el que se imputa al Coronel-Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla por hechos ocurridos en territorio español que condujeron a esas “expulsiones en caliente”.

En este contexto, en el que ni la gestión de los flujos migratorios mixtos ni la ordenación de las fronteras ni, sobre todo, el acceso a la protección internacional y a un territorio seguro de las personas que lo necesitan se está llevando a cabo de una forma aceptable y respetuosa con el ordenamiento internacional y nacional, se hace especialmente necesario un cambio en la normativa española. Es cierto que, aparentemente, el juicio que merece la práctica que se analiza es el de su ilegalidad y falta de cobertura pues la normativa española en materia de extranjería y asilo es avanzada, suficientemente protectora en caso de que se apliquen las garantías requeridas. Sin embargo, al mismo tiempo, también es cierto que la confluencia de diferentes normas aplicables (legislación de asilo, de extranjería, normativa comunitaria) puede dificultar una interpretación clara y unívoca de dicha normativa generando contradicciones aparentes  que pudieran servir de coartada para estas actuaciones. En particular, es preciso destacar que el Reglamento de asilo se encuentra pendiente de aprobación desde hace cuatro años y que estamos en un momento de transposición de Derecho comunitario.

Pero las implicaciones son más amplias y llegan a aspectos muy concretos, como es el de la seguridad jurídica de los agentes de autoridad encargados del control de fronteras, que hoy se sienten desprotegidos. De hecho, el propio sindicato de la Guardia Civil, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, afirmó a los medios que en la ciudad de Melilla se realizaban “devoluciones inmediatas” a través de la valla fronteriza, exigiendo “seguridad jurídica” para que se defina este procedimiento en la legislación.

Frente a esta situación, a lo largo de los últimos años se ha ido formando una jurisprudencia sobre la materia por parte, esencialmente, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional e incluso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha ayudado a perfilar determinados contenidos legales, como son las obligaciones del estado en relación al acceso a un territorio seguro, acceso al procedimiento, así como al trato que deben recibir los solicitantes de protección internacional o los derechos que según la legislación española deben disfrutar los extranjeros en procedimientos de denegación de entrada, devolución o expulsión (asistencia letrada y de intérprete, derecho de audiencia, principio de contradicción).

En idéntico sentido se han venido pronunciando organismos internacionales como el ACNUR, a través de las recomendaciones que de forma reiterada ha compartido con las autoridades, e instituciones europeas como la propia Comisión o el Consejo de Europa.

No obstante, pese a la relevancia de las resoluciones y pronunciamientos recaídos, éstas no han encontrado eco suficiente en el Gobierno de España.

Estas son las cuestiones que se desarrollan en este artículo

Expulsiones en caliente en Ceuta y Melilla