CETA: aprobación y discutible aplicación provisional

Hoy la Comisión europea ha aprobado el camino para la ratificación del Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), con carácter previo a su firma en la cumbre Unión Europea-Canadá de final de octubre de 2016. Ni en general se entiende esta necesidad de un sprint para la firma ni menos aún tras el Brexit.

La Unión Europea está en una huida hacia adelante, para hacer ver que el modelo económico neoliberal que propugna  sigue en vigor. No resulta razonable que, unos días después de que el Reino Unido aprobara su salida de la Unión Europea en referéndum se impulse una ratificación express del Tratado. No resulta creíble que la salida del Reino Unido -que, dicho sea de paso, aún no sabe cuando iniciará el proceso formal, lo que dota de mayor indeterminación al proceso- carezca de relevancia en las materias tratadas en el CETA; aunque solo sea debido a que las consecuencias económicas son distintas en una UE de 28 o de 27 miembros; como ocurre muy gráficamente en el sector pesquero. Otro espeso velo cubre esta cuestión. 

El aspecto positivo del Acuerdo es que, como no podía ser de otro modo y a pesar de las resistencias de la propia Comisión -que se han visto reflejadas en la nota de prensa-, se ha configurado como un Acuerdo mixto. Dicho de otro modo, no se considera un Acuerdo solamente comercial y, en consecuencia, la competencia de ratificación es concurrente entre los Estados (incluido el Reino Unido) y las instituciones europeas. Como ha señalado la comisaría Mallström este paso atrás de la Comisión se produce  “por razones políticas” de los Estados, ya que la Comisión lo ve de otro modo: “From a strict legal standpoint, the Commission considers this agreement to fall under exclusive EU competence. However, the political situation in the Council is clear, and we understand the need for proposing it as a ‘mixed’ agreement, in order to allow for a speedy signature.” 

Parece que al igual que con el acuerdo equivalente con Singapur, será el Tribunal de Justicia quien se pronuncie sobre esta y otras cuestiones. No sería mala cuestión que cualquiera de los que pueden hacerlo (11. Un Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión soliciten el dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad con los Tratados del CETA.

¿Qué autoridades europeas? De acuerdo con el artículo 207 y 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo europeo (donde España no puede emitir su parecer con un Gobierno en funciones, salvo que haya un mandato expreso del Parlamento) y Parlamento europeo. 

Contradiciendo la propuesta inicial de Junkets, y debido a las presiones del Parlamento alemán (y no eliminemos a posteriori la del Tribunal Constitucional federal) Francia y de otros Estados miembros , los 28 Estados miembros tendrán que proceder a su ratificación ya sea mediante referéndum o, como en nuestro caso, a través de aprobación parlamentaria.

El aspecto negativo es el de querer permitir la aplicación provisional del acuerdo desde que se apruebe por las autoridades europeas, con la finalidad de no retrasarlo; lo que contradice la opinión de los Parlamrntos austriaco y holandés. Algo que resulta inaceptable e ilógico: O es competencia mixta (y por tanto la decisión de cada uno de los 28 es imprescindible) o es competencia solo europea, que no es el caso. Una solución de Mällstrom que no resulta de recibo y que no hace más que generar inseguridad y riesgos jurídicos y económicos.