Contratos menores y anticipos de caja fija

Contratos menores y anticipos de caja fija

Contratos menores y anticipos de caja fija. Cuando se alude a las deficiencias de la normativa pública de contratos y se señalan fugas del sistema para pagos ilegítimos, se suele incidir mucho en los denominados “contratos menores”. Tanto que ahora que se está tramitando una nueva Ley de Contratos del Sector Público hay algunos que, algo cargados de demagogia, proponen su supresión. No obstante, a su lado, hay un gran agujero en el gasto público al que no se dedica prácticamente una línea: los anticipos de caja fija.

Conviene que veamos, pues, ambas figuras, contratos menores y anticipos de caja fija, dejando claro ya de antemano que no están directamente relacionadas

Contratos menores

Los contratos menores tienen mala prensa. Es cierto y hay razones que puede justificarla. No obstante, hay una razón que justifica su utilización: la cuantía no es excesivamente alta y puede permitir la realización de actividades en un periodo de tiempo muy breve, algo que las Administraciones Publicas necesitan en ocasiones.

Por otra parte, no podemos olvidar dos elementos que mitigan parcialmente los riesgos de los contratos menores: por un lado tienen un pequeño expediente administrativo (aunque es cierto que resulta muy breve, ya que sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan) y, en segundo lugar, cuando los suscriben las Administraciones públicas, están sujetos a fiscalización previa antes del abono.

Obviamente, se deberían introducir restricciones en cuanto a su utilización repetida con el mismo contratista a lo largo de una anualidad presupuestaria o se debería impedir que sirvieran para la contratación de trabajadores autónomos, algo que ha ocurrido en los periodos de tasas de reposición cero.

El problema, obviamente, surge cuando el contrato lo ha firmado una entidad del sector público que no tiene naturaleza de Administración pública, en cuyo caso la fiscalización previa al pago ha desaparecido. Ahora bien, este es un problema general de los contratos del sector público que no son Administraciones públicas y que no ocurre sólo con los contratos menores. El caso ACUAMED es una prueba de cómo estas entidades vinculadas a las Administraciones públicas pero que no son administraciones públicas pueden ser más favorables para prácticas corruptas.

La flexibilidad que introduce la Ley de Transparencia en cuanto a su publicación es un problema general de este tipo de contratos. En la actualidad, hay que hacerla en tres meses. Esperemos que la nueva norma modifique este extremo.

Anticipos de caja fija

El problema más grave, desde todo punto de vista, se encuentra en los anticipos de caja fija. Están regulados en el artículo 78 de la Ley General Presupuestaria que dispone que son “anticipos de caja fija las provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año en que se realicen, de gastos periódicos o repetitivos”.

Son, en definitiva, cantidades que sirven para el reembolso de gastos que han tenido los gestores públicos. Supuestamente sirve para pagar pequeños gastos como taxis, billetes de transporte, etc. Desde este punto de vista, su existencia puede estar justificada por cuanto que tramitar un expediente de gasto para estas pequeñas cantidades no parece muy justificado de acuerdo con los principios de eficacia y eficiencia.

Pero a partir de aquí surgen los problemas.

El primero es el de la cuantía. Se pueden tramitar anticipos de caja hasta por un importe del 7% del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento. Una cantidad que la Comunidad Valenciana lo subió al 12% en la época de Camps y que puede llegar a un máximo del 10 por ciento de los créditos del artículo 23, “indemnizaciones por razón del servicio”, del programa 222A, “Seguridad ciudadana”, del Ministerio del Interior.

Dejando fuera este último supuesto, ¿podemos pensar en la cantidad de pequeñas adquisiciones de bienes y servicios que se pueden tramitar a través de este procedimiento? ¿Son cuantificables las pequeñas compras que se deberían tramitar a través de los procedimientos de compras públicas a los que no se aplica los principios de publicidad y concurrencia? ¿Es determinable si por azares del destino las adquisiciones se realizan todas en el mismo sitio?

Pero el segundo es el de los abusos. En los medios de comunicación han salido casos de gastos inadecuados en el seno de una Administración pública pagados con cargo a estos anticipos de caja fija, como las comidas lujosas u otros gastos de tenores similares.

Pero incluso se han abonado gastos de publicidad institucional, como lo que se denunciaba por la Consejera Oltra en el Generalidad valenciana. Recordemos que, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ordenó entregar las facturas, estábamos hablando, en total, de 2.906.949 facturas. Los gastos que estaban ahí son de todo tipo.

El problema esencial que tiene estos gastos es que no hay fiscalización en muchos supuestos. Si leemos el artículo 219 de la Ley de Haciendas Locales vemos la gravedad del problema: “No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija”.

Y, como muestra el caso de la sentencia anteriormente citada, la transparencia en estos anticipos de caja fija brilla por su ausencia.

Ciertamente, no es la legislación de contratos públicos la que habría de dar respuesta a estas dificultades de los anticipos de caja. Sería conveniente que la legislación presupuestaria y de hacienda, esto es, allá donde se incluyen los mecanismos de control, fueran objeto de revisión para evitar estas fugas del sistema.

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