Mala salud democrática (I): deficiente control del Gobierno

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La legislatura que termina ahora ha sido muy deficiente en funcionamiento democrático, en varios aspectos que iré señalando en éste y los próximos posts.

El primer aspecto que quiero tocar es el del insuficiente control del Gobierno. Hoy, sin temor a equivocarnos, se puede afirmar que la mayoría que sostiene al Gobierno determina cuándo el controlador (la oposición) controla al Ejecutivo. Los datos que se pueden obtener de la web del Congreso de los diputados son muy significativos: aproximadamente los Ministros comparecen un 25% de las ocasiones que se solicita. El que más comparece lo hace sólo en el 56% y la que menos un 6%, tal como se publicó recientemente.

¿Por qué ocurre esto? Porque las reglas del control del Gobierno están mal configuradas tanto en la Constitución como en el Reglamento del Congreso. Veamos por qué.

El primer aspecto sí es adecuado: quién tiene capacidad para solicitarlo. El artículo 52.1 del Reglamento del Congreso -referido a la creación de las Comisiones de investigación, aunque hay reglas iguales para las peticiones de comparecencia de autoridades- recoge que la iniciativa tiene un marco suficiente de protección (20% de los diputados). Regla similar hay en el artículo 203 del Reglamento del Congreso: “Los miembros del Gobierno, a petición propia, o por acuerdo de la Mesa de la Cámara y de la Junta de Portavoces, comparecerán ante el Pleno o cualquiera de las Comisiones para informar sobre un asunto determinado. La iniciativa para la adopción de tales acuerdos corresponderá a dos Grupos Parlamentarios o a la quinta parte de los miembros de la Cámara o de la Comisión, según los casos”

El segundo aspecto es poco asumible: quién decide la comparecencia de las autoridades o la creación de la comisión de investigación: En efecto, la falta de protección de las minorías (incluso de la minoría mayoritaria) se aprecia en el momento que analizamos cómo adoptan ambos órganos la decisión sobre la aceptación o no de la comparecencia: De acuerdo con el artículo 39.4 del Reglamento del Congreso: “las decisiones de la Junta de Portavoces se adoptarán siempre en función del criterio de voto ponderado”. Resultado: las peticiones de comparecencia que se han considerado molestas por el objeto han sido rechazadas.

¿Qué solución habría? Modificar el régimen e instaurar una regla como la que está en la Constitución de Alemania. Su artículo 44.1 es especialmente relevante ya que fija un porcentaje minoritario de diputados que pueden decidir la creación de una comisión de investigación: “El Bundestag tiene el derecho y, a petición de una cuarta parte de sus miembros, el deber de nombrar una Comisión de investigación encargada de reunir las pruebas necesarias en sesiones públicas”. Una regla que sería perfectamente incorporable a nuestra práctica política, tanto para la petición de comisiones de investigación como para la petición de comparecencia de los miembros del Gobierno y demás autoridades.

Que este problema se haya visualizado en el Estado no quiere decir que no sea equivalente en las Comunidades autónomas y, por ello, las reglas se deberían extender a todos los Parlamentos autonómicos, para que no ocurran casos como el de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, que no compareció ni una sola vez de las que lo pidió la oposición.

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