Corrupción urbanística

“Tengo un grave problema de conciencia y por eso le he llamado – dijo el concejal de Urbanismo mientras jugueteaba distraidamente con unos lápices de colores colocados sobre el plano de la ciudad – : Usted es propietario de un magnifico solar y la Ley me autoriza a darle el destino que me parezca más oportuno. Yo creo que aquí podría colocarse un jardín para recreo de los niños y ancianos del barrio, que bien lo necesitan. Para ello basta pintarlo de verde.”

Y así lo hizo. El propietario balbuceó consternado: “esto es mi ruina. En tales condiciones no me pagarán por él, compensaciones incluidas, ni un millón de pesetas.” Sus lágrimas enternecieron al edil. “No llore usted más. Dejaremos de momento que los niños sigan jugando en las calles. También hay que pensar en los obreros y empleados modestos que necesitan vivienda. Se lo pintaré de marrón y podrá edificar algunos pequeños bloques de pisos baratos”. El promotor culculó que así valía el solar cien millones de pesetas y, cobrando ánimo, ponderó las ventajas de construir muchas y buenas torres de lujo, que rehabilitarían la zona, reactivando de paso el sector de la construcción.

La Autoridad, una vez más, demostró su buen corazón y se dió por convencida. “Pero reconocerá – añadió – que no es justo que usted se enriquezca con los terrenos a costa de niños y ancianos. Podemos hacer, por tanto, una cosa: Yo le pinto la parcela de rojo y usted cede al Ayuntamiento otro solar para el parque…” “acepto”, exclamó jubiloso el propietario y sacó la pluma dispuesto a firmar. “No tan aprisa – dijo afablemente el concejal – que aún no he terminado. Por que, además, deberá entregar al partido diez millones de los ochocientos que le estoy haciendo ganar con la recalificación del suelo y, sobre ello, también deberá darme a mí otros diez.” ¿cómo iba a dudar el promotor? Entre el rojo y el verde estaba el negocio y con la diferencia había para todos.

Amable lector: no creas que exagero. La historia es real y cotidiana. Y, si tu te asombras de lo que te he contado, yo me asombro de que haya alguien que todavía lo ignore. ¿Cómo te explicas entonces, la existencia de torres gigantescas al lado de los jardines? ¿No te hubiera gustado ver un parque donde van a construirse los famosos edificios de KIO o de los albertos en la congestionada plaza de Castilla? ¿O es que no lees los periódicos donde se publican estos convenios (sin las últimas cláusulas, claro es)? ¿Te creias, acaso, que los partidos se financian con las cuotas de los militantes? ¿No te ha llamado nunca la atención el encumbramiento súbito de un vecino y de sus familiares, amigos y socios? Este es nuestro famoso planeamiento urbanístico: cuestión de colores.

El texto que está en cursiva no es mío. Se titula “Lápices de colores”, lo escribió Alejandro Nieto hace muchos años para “El Independiente” y está incluido en su recopilación “España en astillas”. Me vino a la cabeza mientras la radio recordaba la declaración de Marjaliza, implicando a Francisco Granados en la corrupción urbanística que él desarrolló. Entre el texto y los hechos que motivaron la detención de los miembros de la trama Púnica han podido transcurrir 20 años. Como se puede ver, todo es sustancialmente igual. Corrupción de la más simple utilizando el urbanismo. Incluso la salida del dinero a Suiza se producía de la forma más simple, en efectivo, escondido en un sobre o en una bolsa.

¿No ha ocurrido nada en esos 30 años para que la corrupción se siga manifestando igual? Sí, hubo una burbuja inmobiliaria que incrementó exponencialmente las posibilidades de beneficio, rápido y abultado que pasara por encima de cualquier principio de buena gestión y ética públicas.

Pero sobre todo hubo una serie de problemas políticos, administrativos y judiciales que favorecieron extraordinariamente la corrupción urbanística.

Comencemos por lo que describe Nieto, la planificación urbanística que es lo que determina el precio del terreno. Los planes de urbanismo no los puede aprobar el Alcalde de ningún municipio. ¿Cuál es la responsabilidad de todos los concejales que permitieron desarrollos urbanísticos especulativos y que debían tener la intuición de que algo raro estaba pasando? Porque estamos hablando en muchos casos de Municipios pequeños en los que “se comenta todo”.

Más aún, las Comunidades autónomas tenían (y tienen) competencias en los procesos de aprobación de los planes. ¿No vieron nada que resultara sospechoso, cuando en todos los municipios los crecimientos proyectados supondrían un aumento de población inasumible por una Comunidad autónoma? ¿Se hizo una verificación correcta de que todos los planes eran razonables, tenían agua suficiente y las edificaciones estaban en un lugar adecuado?

¿Tiene la Agencia Tributaria capacidad para controlar la situación económica de los cargos implicados en el proceso urbanizador? ¿Ha habido algún Plan de inspección de los que desarrolla Hacienda que se haya dedicado a la inspección de alcaldes, concejales (y familiares) afectados por los procesos urbanizadores? No podemos olvidar que tenemos el segundo porcentaje más bajo de la Unión Europea en inspectores de hacienda por habitante. ¿Cuándo se espera para tener la Administración tributaria que necesita un país como España?

¿Tiene la fiscalía contra la corrupción medios suficientes para vigilar este proceso urbanizador? ¿Qué responsabilidad había del Gobierno de entonces para evitar este tipo de actuaciones? Porque recordemos que hasta que  Zapatero diera un impulso importante a los instrumentos de represión, fortaleciendo con doce fiscales el Centro de Madrid, complementado con el eficaz apoyo de la Agencia Tributaria, Intervención General del Estado y Policía Judicial? ¿Resulta razonable el número de jueces (4) que se está dedicando en la Audiencia Nacional  a la persecución de estos delitos de corrupción?

Y, como en la historia de Alejandro Nieto, quedan los partidos políticos que también han sido beneficiados por la corrupción. El control que ha efectuado el Tribunal de Cuentas ha sido manifiestamente ineficaz, posiblemente por la escasez de medios. Hay que recordar dos de los los problemas que constató el Consejo de Europa sobre España en 2011: por un lado, la ausencia de auditorías de los partidos políticos (obviamente, la más estricta de todos, lo que constituye cuestión actual, sobre todo teniendo en cuenta que la auditoria que quería el PP no ha encontrado quien la escribiera). Y, en segundo lugar, más medios personales y materiales para que los informes de fiscalización de los partidos políticos sean mejores y más rápidos. Yo añadiría la redefinición de funciones, ya que hay procedimientos que tienen carencias importantes. ¿Se ha hecho algo desde entonces?

Con todo lo anterior, quiero insistir en un elemento que es esencial: tener la mejor legislación posible contra la corrupción no es suficiente. Pero en España no la tenemos, especialmente porque uno de los mecanismos indirectos de lucha contra la corrupción (el delito fiscal, vinculado a operaciones que se hacen en efectivo) tiene un plazo de prescripción anormalmente bajo.

Pero, aún así, si tuviéramos la mejor normativa, sería papel mojado si no hay una Administración y una Judicatura adecuada para llevarla a la práctica. Esto supone tener medios personales adecuados en todos los campos necesarios. Supone disponer de medios materiales y supone arbitrar mecanismos de colaboración internacional para la persecución del dinero que ha salido de España. La lentitud en los procedimientos judiciales, por ejemplo, se podría subsanar si tuviéramos los mismos jueces por habitante que Alemania, que tiene el doble que nosotros.

Como se puede ver, la corrupción no desaparecerá hasta que no haya una concienciación suficiente en la ciudadanía de la importancia que tiene vivir en un país honesto. Y esto supone que el voto el próximo 26 de junio refleje el rechazo radical a esta lacra. Y supone, al mismo tiempo, que las mayorías del cambio tienen que incluir medidas concretas para extirparla. Sin ellas, el asco que produce la declaración de Marjaliza no será más que el llanto de los cocodrilos.