Dimisión del Ministro del Interior

El Gobierno que encabeza Mariano Rajoy desde diciembre de 2011 ha visto como dos de sus integrantes han tenido que presentar la dimisión por su falta de decencia política: Ana Mato (por favorecerse económicamente de Gürtel; una vez que no fuera imputada por razones de prescripción del delito, tal como figura en el Auto de 19 de abril de 2011) y Jose Manuel Soria (por ser administrador de una sociedad radicada en Panamá). Tiene, además, a un exMinistro (Arias Cañete) que ha visto cómo su mujer aparece también en los papeles de Panamá. Y a otro Ministro (Alfonso Alonso) que ha sido declarado por el Tribunal de Cuentas «responsable contables directos y solidarios de los perjuicios ocasionados» al Ayuntamiento de Vitoria como consecuencia de un arrendamiento muy gravoso para dicho Ayuntamiento cuando fue su Alcalde.

Pero hay dos hechos que resultan de especial gravedad que superan en mucho lo anterior: que el Presidente del Gobierno de España aparezca en los listados del Gerente de su Partido, Luis Bárcenas como perceptor de ingresos irregulares y que el Ministro del Interior se haya dedicado a intentar utilizar los cuerpos y fuerzas de seguridad para sacar provecho electoral en contra de los partidos independentistas catalanes. Las transcripciones de las grabaciones muestran un grado de indecencia política incompatible con el ejercicio de la labor de Ministro, aunque sea en funciones.

Que Rajoy salga en los papeles de Bárcenas y que siga siendo Presidente del Gobierno es inaudito, en contextos similares (como el reciente de la dimisión del Presidente de Islandia) o aún menos graves (dimisión del Presidente de Hungría por plagiar su tesis doctoral). Que emita unos SMS al tal Bárcenas expresándole el apoyo es también inaudito pero menos que el hecho de que se mantenga como Presidente del Gobierno. Esto es un problema muy serio que afecta a la calidad de la democracia española.

Pero lo del Ministro del Interior es aún más grave, porque afecta a la utilización de las instituciones del Estado en contra de dos partidos políticos. Y la dimisión del Ministro es algo imprescindible al menos por dos razones: a) porque es incapaz de controlar qué ocurre en su propio despacho y qué conversaciones se están grabando y cuáles no. El diario Publico.es se ha hecho con unas de interés general y las ha publicado. Pero ¿cuáles han podido caer en manos de la delincuencia organizada?

En segundo lugar, la utilización de los medios públicos para intentar perjudicar a los partidos independentistas catalanes, concretamente a ERC y CDC. Operación de la que el propio Ministro dice que el Presidente del Gobierno conoce, y en la que, si hacemos caso a lo que señala el sr. Fernández Diaz dispone de la complicidad de la Fiscalía General del Estado para actuar. O dicho de otro modo, la utilización del aparato del Estado para perjudiciar a los contrarios a los planteamiento del PP.

No sé si esto puede ser delictivo o no. Políticamente es inaceptable que se usen las instituciones del Estado en contra de otros partidos políticos y por ello resulta evidente es que hace aparecer la responsabilidad política del Ministro del Interior. Y, con ella, la del Partido Popular que hasta ahora le ha defendido sin fisura (intentando aparecer como víctima a pesar de ser el principal agresor) y de la persona que ha designado y mantiene aún ahora al Sr. Fernández como Ministro. Porque la utilización de las instituciones para fines partidistas es una modalidad de corrupción.

El Watergate fue algo parecido y ocasionó la dimisión del Presidente Nixon. Aquí la dimisión de Fernández Diaz es una exigencia de ética democrática pero, por su responsabilidad en la elección de esta persona y por el apoyo de estos días,  la dimisión  de Mariano Rajoy es igualmente imprescindible.

¿Tendrá efecto el 26 de Junio? Desearía que actúe como la gota que colma el vaso y que las percepciones de lo que se ha hablado de este tema en las redes sociales se traduzca en un incremento de la participación en contra del PP. Vamos, algo parecido a lo ocurrido el 14 de marzo de 2004, cuando la utilización partidista del aparato del Estado se volvió contra el PP. Obviamente, en menor medida que entonces. Aunque esto es un deseo y, debido a la fidelidad que sigue manteniendo el electorado del PP, creo que el impacto electoral será no será especialmente importante (aunque no olvidemos que habrá muchas circunscripciones en las que los escaños se ganen y pierdan por un puñado de votos). Obviamente, el que vota al PP está dando por bueno este comportamiento y por ello, será un pesar democrático.

En donde sí creo que tendrá un efecto muy relevante será en la gestión de los resultados electorales, dado que elimina cualquier posibilidad de que el PP forme parte de un pacto de Gobierno; salvo que haya una respuesta impensable en el propio partido, manifestado en la renuncia del equipo de dirección actual. No se entendería que ninguno de los partidos proporcionara cualquier tipo de apoyo al PP ni siquiera para la elección del Presidente del Congreso o del Senado. Esto no es una cuestión de partidos sino de ética democrática y cuando un representante de un partido utiliza el aparato del Estado en la lucha partidista o hay una respuesta fulminante o se acaba transformando en complice político de la situación. Justo lo que ha ocurrido con las palabras de Rajoy, de que algunos nos dedicamos a enredar.

En mi opinión,  mantener en la actitud tolerante con hechos como los ocurridos o con la corrupción conllevaría la italianización del país, con pérdidas de libertad, de democracia y un aumento de la arbitrariedad.No podemos dejar de señalar otra vez más que la responsabilidad política es más exigente que la penal, a pesar de que aquí parezca que las cosas son de otro modo. 

Tu, votante, tienes la oportunidad de cambiar esta situación inaceptable el 26 de junio próximo.