Evolución del déficit público.Aspectos revisables

El déficit público de España es escandaloso. No quiero entrar en el debate de si es bueno o malo, si es un objetivo en sí mismo o si es un mero instrumento. Economistas hay que lo podrán explicar muy bien. Para mí lo que es escandaloso es la gestión del déficit público en España, que es la parodia del mal gobernante.

Vayamos por partes. Se han juntado una mala ejecución del Presupuesto de 2015, una deficiente formulación del Presupuesto de 2016 y una mala ejecución del Presupuesto de 2016.

La mayoría del PP aprobó el verano pasado unos presupuestos que incorporaban una serie de medidas de rebaja fiscal. No había medidas estructurales de lucha contra el fraude. Por tanto los ingresos iban a ser menores. Hacienda estimó que la recaudación por Sociedades aumentaría un 20%, una cifra irreal. Hoy sabemos que los ingresos tributarios en los primeros cinco meses del ejercicio cayeron un 2,8%. Las previsiones para todo el año apuntaban a un aumento de la recaudación del 6,3%. Los defectos de presupuestación, obligarían al cese fulminante del responsable de presentar esos Presupuestos. Hoy se puede deducir que el desajuste con el que se presentaron era tan real como un juego de ingeniería presupuestaria. 

O lo que es lo mismo, se hicieron trampas al solitario … para ganar las elecciones

Durante todo el año pasado se fue viendo que los gastos crecían más que los ingresos. Pese a ello, no se suministró información suficiente sobre el déficit… hasta después de las elecciones del 20 de diciembre.

La Comisión europea, como es su obligación, inicia las gestiones para abrir un procedimiento por déficit excesivo… cuyo resultado extrañamente se deja para después de las elecciones con la finalidad de no interferir en el proceso electoral. Craso ejemplo de manipulación por parte de Europa, que parecía tener su favorito electoral. Con ello se impidió conocer la cuantía de los recortes, la suma de los fondos europeos limitados y la multa impuesta.

Tras las elecciones de diciembre pasado, se insistía en que se cumpliría el déficit y que las Comunidades autónomas se tenían que ajustar el cinturón. Posiblemente fuera conveniente que el Estado articule un control de la ejecución de la Administración Central, que curiosamente no figura en la Ley de Estabilidad (sí existe para las demás administraciones). Y no olvidemos que la mayor parte del gasto en contratos públicos proviene de organismos públicos, sociedades estatales y fundaciones públicas que no están sometidas al mismo régimen de control de gasto a priori ni a posteriori. Un escándalo al cual no se le presta atención.

Cuando se vió que el procedimiento seguía su curso, el Ministro Guindos repitió como en el cuento de Pedro y el lobo que no iba a haber sanción. Prometió que habría presupuesto en julio a pesar de que es seguro que no habría Gobierno y el que está en funciones no puede aprobar un Proyecto de Ley de Presupuestos. Las alegaciones españolas no han sido consideradas suficientes en Bruselas por su falta de credibilidad y su insuficiencia.

Mientras, hemos conocido que la solución del Gobierno para evitar un déficit excesivo también en 2016 es subir los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades, en la esperanza de lograr recaudar los 6.000 millones que exige Bruselas. Dicho de otro modo, el boquete se tapa generando otro en 2017, ya que ese dinero se corresponde con ingresos del próximo año.

Y hoy la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal alerta de que el déficit se desvía hasta en 8.000 millones. Esto es lo que dice en julio, porque en mayo afirmaba que se cumplirá con el déficit público. Estábamos en campaña electoral. El sábado publicaba el BOE la Orden de Montoro por la que se cerraba el Presupuesto a todo gasto imprevisto. Y hoy se comunica otro mordisco al Fondo de Pensiones, para pagar el IRPF de las pensiones. 

Dicho lo cual, al debate electoral del 26J se hurtó una cuestión que es esencial: cómo se va a reducir ese déficit. ¿Qué nos queda? Parece que los responsables de este desaguisado a la gestión pública y a la transparencia de un Estado democrático serán investidos a primeros de agosto.