Elecciones presidenciales en EEUU: los que no podrán votar

El 8 de noviembre serán las elecciones a la Presidencia de los Estados Unidos. Unas elecciones marcadas por Donald Trump… y por todos los que no podrán votar.

Unas elecciones que en 2016 han estado marcadas por la presencia de Donald Trump como candidato del Partido Republicano, con todo lo que ello supone para la sociedad estadounidense, no tanto por él mismo cuanto por los que le han aupado a esta posición. Y, al mismo tiempo, por la posibilidad muy real de que una mujer sea Presidente de los EE.UU. por vez primera en la historia.
No quiero en este post hablar de estas cuestiones sino de otra que es estructural: las condiciones que tiene el proceso electoral estadounidense. No, no estoy pensando en la denuncia de Trump de pucherazo para favorecer a Hillary Rodhman Clinton sino de otros elementos que hace ver que no es oro todo lo que reduce. De hecho, podríamos decir que hay aspectos en los que se ha oscurecido durante estos cuatro años como consecuencia de las sentencias del Tribunal Supremo, como sería la sentencia que liberaliza las donaciones que pueden recibir los candidatos y que fomenta el impacto de los grupos de presión en la vida política estadounidense.

Puede resultar paradójico, pero el primer dato que hay que señalar es que las elecciones no las organiza el Gobierno federal sino los Estados. Esto afecta a elementos esenciales como pueden ser las papeletas de voto o los sistemas de recuento. En este último caso hay que recordar lo ocurrido en las elecciones de 2000, que dieron triunfador a Bush frente a Gore, en donde los centros de votación disponían de máquinas de recuento de los años 50 y procedimientos de marcación de los candidatos que favorecieron, aquí sí, un resultado que no se correspondía con la realidad.

Este hecho provoca que el registro para el voto y las demás modalidades de voto no presencial varíen en cada uno de los Estados.

El segundo dato que hay que destacar es la exigencia de inscripción. Sí, para poder votar hay que inscribirse de forma previa para estar en el censo. Se trata de una medida que tenía su sentido en el origen -cuando votaban sólo los que tenían un determinado nivel de renta- pero que hoy carece de fundamento pero que no se discute. Se calcula que aproximadamente el 25% no se inscribe para votar, especialmente en Estados como Texas con una legislación muy restrictiva. Lo que contrasta con las facilidades que proporciona Oregón.

Viendo la distribución de los puestos de registro, supone una desventaja para el candidato de las clases más populares. Un dato, en las últimas elecciones votaron sólo 130.000.000 de personas, 1/3 de la población estimada -ya que no hay datos fiables-. Fue considerado un éxito y de hecho, sobre censo, participó un 60%.

Gráfico del NYTimes sobre el voto en funcion de la raza

El tercer elemento problemático del sistema electoral es la imposibilidad de voto por la carencia de documentación suficiente para poder votar. Aproximadamente, el 11% de los ciudadanos estadounidenses que podrían estar en condiciones de votar, carecen de una identificación que reunan los requisitos suficientes para poder ejercer el derecho de voto. Esto supone, aproximadamente 21 millones de estadounidenses. En estas elecciones 33 Estados -recordemos que cada Estado tiene normas propias- exigen disponer de un documento de identificación, algunos con fotografía, otros sin ella.

De nuevo surgen las diferencias raciales. El 25% de los ciudadanos de raza negra, el 20% de los asiáticos, el 19% de los hispanos el 18% de los ciudadanos entre 18 y 24 años y el 15% de los que ganan menos de 30.000$ se encuentran en esta circunstancia de carecer de documento de identidad mientras que sólo ocurre en el 8% de los blancos. Como se puede ver de los datos, es muy posible que esta carencia de documentación perjudique a Clinton, si entendemos que en estos elementos poblacionales puede encontrarse voto más progresista.

Resulta esclarecedor este cuadro que diferencia los Estados en función de la intensidad de la documentación para ejercer el derecho de voto.

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El cuarto gran problema es el relativo a la pena de privación del derecho de voto como pena complementaria de la de privación de libertad. En la práctica totalidad de los Estados se mantiene la privación del derecho de voto a los condenados por delitos graves. En la actualidad, sólo dos Estados permiten el voto en prisión (Maine y Vermont) y, partiendo de este dato, se dan muchas peculiaridades en función de los Estados, como muestra este gráfico de The Sentencing Project. Lo que resulta más llamativo es que 12 Estados mantienen la pérdida del derecho de voto después de cumplida la sentencia principal.

 

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En la actualidad alcanzan los 6 millones de personas, de las cuales la mitad ya cumplió su pena de prisión. Al igual que en las consecuencias de la necesidad de inscribirse para votar, también aquí hay un fuerte impacto racial: 1 de cada 13 negros ha perdido el derecho de voto mientras que la proporción es de 1 de cada 56 de otras razas quienes lo han perdido.

Por último, los puertorriqueños tampoco pueden votar

Pese a todo lo anterior, hay que resaltar que  no ha habido gran litigiosidad electoral. Sólo en una ocasión, ha existido una controversia judicial que haya llegado al Tribunal Supremo de los EEUU. Fue el caso Bush v. Gore de 2000. Todo lo ocurrido entonces, ya sea por el modo de realizar el recuento, por el material utilizado, por las facultades de los tribunales que revisaron la legalidad del proceso, por las garantías del proceso electoral o por el propio fallo del Tribunal Supremo no fueron especialmente adecuados.

De hecho, el único caso cercano ocurrió durante las elecciones de 1876, que enfrentaban al demócrata Tilden y al republicano Hayes. Hubo algunos Estados (Carolina del Sur, Florida, Oregon y Louisiana) con un voto muy reñido, y al final la disputa la solventó en favor de Hayes una Comisión de quince personas (cinco Senadores, cinco miembros de la Cámara de Representantes y cinco jueces del Tribunal Supremo).

Como se puede ver, la fiesta de la democracia tiene numerosos puntos oscuros que cuestiona aspectos importantes de su legitimidad. No obstante, es cierto que son problemas derivados de la percepción estadounidense de la política y que, hasta ahora, convivir con reglas del siglo XVIII y XIX no les ha ocasionado mayor dificultad. Analizado desde una perspectiva distinta, como es la europea, vemos que allí ocurren cosas que para nosotros resultan poco razonables.