Expulsiones en caliente en Ceuta y Melilla

images-3

De nuevo sale nuestra política migratoria en los medios de comunicación. De nuevo por la vergonzosa gestión de la frontera que nos une/separa de Marruecos. Vergonzosa porque por un lado nuestras autoridades incurren en actuaciones incompatibles con el Derecho internacional y por el otro porque encomendamos a lo peor de la policía marroquí, sus Fuerzas Auxiliares, el que evite que lleguen a nuestros límites. Y el calificativo deriva de los informes que hay de organismos internacionales de derechos humanos, como Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y los Tratos Inhumanos.

Es cierto que la gestión de los flujos migratorios son muy complicados. Es cierto que, además, se han complicado en los últimos años ya que se ha añadido a los que tienen un origen económico los que tienen una razón política, cuyo origen está en los problemas que existe en el mundo árabe. Pero lo anterior no es justificación para que las expulsiones de territorio español no se realicen de acuerdo con una serie de reglas básicas y que, además, tengamos el ejemplo de la gestión de la crisis de los cayucos de 2006 como muestra de que es perfectamente posible.

Frente a ello, conviene recordar el video de las muertes en el Tarajal. O el video que refleja las palizas en el año 2014, dentro de otros que se podrían recuperar

O este otro

¿Qué hemos de tener en cuenta para analizar la cuestión?

1. Los límites terrestres que separan el territorio de Ceuta de Marruecos se establecieron en los artículos II y III del Tratado de paz de Tetuán de 26 de abril de 1860, consignándose la demarcación concreta de la frontera mediante el Acta de 17 de noviembre de 1860. Por su parte, los límites terrestres de Melilla se encuentran determinados en el Tratado de Madrid de 30 de octubre de 1861, complementado con el Acta de demarcación de los límites de la plaza de Melilla de 26 de junio de 1862 y el Acta de replanteo de los límites jurisdiccionales de Melilla de 1 de mayo de 1891. De ellos resulta de forma nítida que el territorio que está entre las dos vallas es territorio español. 
 
2. La interceptación y eventual devolución de los migrantes irregulares se ha de hacer de acuerdo con un procedimiento que permita el ejercicio de la petición del derecho de asilo, lo que en la actualidad no ocurre. Lo que ocurre es una absoluta vía de hecho ilegal, ya que no tiene ni procedimiento ni hay actuación formal sino una mera puesta a disposición de las fuerzas de seguridad marroquí. Toda actuación de gestión fronteriza se ha de realizar siguiendo un procedimiento y concluir con una resolución firmada por una autoridad competente, que de acuerdo con la legislación en vigor debería ser el Subdelegado del Gobierno. Si no se hace así nos encontraríamos, como mínimo, ante vía de hecho. No hay ningún procedimiento en el  Acuerdo con Marruecos de 1992 que permitan la devolución tal como se está realizando.
 
Pensemos que en la actualidad intentan entrar personas que vienen de conflictos armados, perseguidos por razones de género, identidad sexual o raza. Motivos más que suficientes para estimar el asilo.
 
3. El procedimiento debe permitir un tratamiento digno de los emigrantes irregulares para lo cual el Estado debe disponer de instalaciones adecuadas para el asesoramiento de los mismos, para proporcionarles asistencia lingüística y, en su caso, asistencia sanitaria (tanto más importante si sigue habiendo concertinas y otros instrumentos cortantes en las vallas). De hecho, en las Directivas europeas de asilo -que deben ser traspuestas al ordenamiento español antes del verano de 2015- se prevé la posibilidad de movilizar fondos para la construcción de estas infraestructuras.

4. El procedimiento extraordinario de expulsión para Ceuta y Melilla que se prevé en la legislación española actual (y que está recorrida ante el Tribunal Constitucional) es contrario a la normativa internacional de derechos humanos:

1. No se permite el ejercicio de la petición del derecho de asilo, tanto más necesario cuanto que el aproximadamente el 40% de las personas que pretenden entrar en Ceuta y Melilla lo hacen huyendo de conflictos políticos.

2. Crea un abanico de indeterminación, concretado en el hecho de que el “rechazo” no determina cuál es el ámbito territorial en el que se puede ejercer y que, de hecho, conduce a su inaplicabilidad. Si es la parte exterior de la valla, sería territorio marroquí y por consiguiente no puede actuar. Si es la parte interior de la valla, es territorio español y ello conllevaría que hay que actuar con sometimiento a la normativa interna y a la internacional ratificada por España.

3. Configura un procedimiento especial para los grupos de personas que pretenden entrar en nuestro territorio, a los que reducen las garantías con respecto al régimen general que veremos en el epígrafe siguiente. En este punto, configurar un régimen especial para grupos contraviene la obligación que tiene el Estado de realizar un trato individualizado de cada caso en concordancia con la prohibición de expulsiones colectivas, las cuales están expresamente prohibidas en los casos de devolución, expulsión y extradición por el artículo 19.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El e-print con el texto completo es el siguiente: Expulsiones en Caliente y Asilo en Ceuta y Melilla