Falta cultura contra la corrupción

La lucha contra la corrupción tiene problemas importantes en España: la carencia de medios, una legislación que requeriría algunos cambios tanto procesales como de prescripción de delitos y, asimismo, la falta de cultura; cultura ciudadana y cultura política contra la corrupción. Una falta de cultura que se demuestra en el escaso daño electoral que tiene la corrupción y en otros pequeños comportamientos, públicos y privados, que evidencian la necesidad de una acción decidida de formación en esta materia.

En efecto, mantenernos en la actitud tolerante conllevaría la italianización del país, con pérdidas de libertad, de democracia y un aumento de la arbitrariedad como nos explicó Joan Queralt. Cambio de cultura que obliga a un gran impulso, dentro del cual podría resultar conveniente crear un Comisionado de las Cortes Generales. El respaldo del Parlamento permitiría de forma imparcial vigilar comportamientos, adoptar pautas de análisis y modos de inspección y atender a sensibilización de la opinión pública.

La ausencia de cultura ciudadana se demuestra en pequeños comportamientos y en la sanción electoral del corrupto. Desde el primer punto de vista, hay pequeñas corrupciones que se toleran, como esa factura de comida familiar que se incluye en la declaración del IVA; o esos “regalos de cortesía” para agradecer que un cargo público le haya dado la razón cuando sólo cumple con su deber. El último ejemplo ilustra la transcendencia: subiendo la cuantía llegamos a los trajes de Camps de 12000€. Que se considerara algo banal explica por qué no se enjuiciara como cohecho y, ni siquiera, se consideraron cohecho impropio por el jurado que enjuició al exPresidente de la Comunidad Valenciana.

Desde un planteamiento político, el segundo de los enunciados es más serio. No se castiga al corrupto, o, para ser más exacto, no se castiga a los corruptos de derechas. Por ello, estos entienden indebidamente que la victoria electoral borra lo cometido, pretendiendo además, que tenga el efecto benéfico de borrar la instrucción penal. El resultado es descorazonador cuando se veía en la pasada legislatura al grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas, con un 18% de imputados. O en la actualidad en donde el Grupo Municipal del PP está casi íntegramente procesado. O el aroma que desprendió la Asamblea de Madrid tras las elecciones posteriores al Tamayazo y que permitieron el acceso de Esperanza Aguirre a la Presidencia de la Comunidad.

Es cierto que para el PSOE las cosas no han sido tan sencillas. El asunto FILESA fue una de las causas que le llevó a la oposición en 1996 después de una machacona campaña del PP que lo identificaba con “paro, despilfarro y corrupción”. Triada de acusaciones que aún hoy deja caer el PP a pesar de todo lo que está ocurriendo con instrucciones penales de corrupción contra miembros de ese partido. Al PP, al igual que a CiU, de momento no le está afectando electoralmente ya que siguen siendo los partidos mayoritarios. Es un dato que exterioriza la permisividad de la derecha con la corrupción, la cual proporciona sensación de impunidad a sus políticos y a los medios de comunicación que les resultan afines, incluso en la exigencia de responsabilidad de miembros de la izquierda. La mera comparación que han hecho algunos medios del caso Bárcenas con el asunto Mulas es indicativo.

El PSOE sigue teniendo FILESA como un trauma que le está impidiendo actuar sin complejos en la crisis de los papeles de Bárcenas y en cualquiera de las otras muchas que está viviendo el PP. E incluso con los propios. El votante de izquierda suele ser más exigente en estas cuestiones y no entiende la tibieza en la acusación y puede entenderlo como un pacto de no agresión. Ni tampoco entiende el ciudadano de izquierda la tibieza cuando el acusado es un miembro de este partido, momento en el que se reclama la expulsión automática. Es un problema que ha reaparecido con la gestión política del caso Besteiro, en donde, a pesar de valorar positivamente que no opte a las primarias para ser candidato a la Xunta, resulta inaudito que siga siendo el Secretario General de los socialistas gallegos.

Pero al mismo tiempo, estaría bien hacer algún estudio sociológico de por qué esta diferencia de consecuencias entre derecha e izquierda. Acaso, también influye la mayor habilidad mostrada por el PP en identificar al PSOE con la corrupción, lo que proviene de la falta de complejos en esta materia.

La izquierda sólo puede romper esta dinámica con una receta: hacer propuestas que exterioricen la tolerancia cero ante la corrupción y aplicarlas de forma unívoca en la propia casa. Obviamente no estoy hablando de declaraciones retóricas ni de pactos huecos que son rechazables. Hacer didáctica de cultura política anticorrupción pasa por un ejercicio exigente de la ética en la gestión pública, en los comportamientos diarios, en el momento de configurar listas electorales, en la gestión de los votos o en asumir las consecuencias de la apertura de procedimientos judiciales.

Hay dos reglas que deberían formar parte del ADN del político y que contribuirían mucho a mejorar la cultura democrática contra la corrupción:

a) la responsabilidad política es más exigente que la penal. En el caso de la Ministra Ana Mato, su no imputación se justificó por razones de prescripción tal como figura en el Auto de 19 de abril de 2011, ¿puede indicar que políticamente la ilegalidad también ha prescrito? Que fuera nombrada Ministra ocasiona un daño enorme a la política, teniendo en cuenta, además, que la instrucción de Gürtel reverdece su actividad dudosa. Esto también es cultura.

b) La presunción de inocencia no puede significar su mantenimiento en el cargo público. Hay que proteger el interés general, igual que el temor a la fuga hace que se haya retirado el pasaporte al extesorero del PP. No resulta adecuado que hoy, por ejemplo, la Sra. Barberá siga de senadora.

Mantener la situación actual tiene dos lecturas a cual más negativa: la corrupción no tiene consecuencias, ya que el corrupto sigue en el puesto. Y en segundo lugar, el interés general se perjudica ya que ante un asunto conflictivo siempre puede existir la tentación de pensar que, también en este caso, el político corrupto tiene un precio.

La cultura política exige del partido no afectado una postura clara y terminante de denuncia de corrupción. Este es un mandato especialmente serio para los partidos de izquierda para los que la ética es una cuestión central. ¿Cómo no va a ser obligación la denuncia de comportamientos corruptos, que atentan contra la esencia misma de la democracia? No es un juego del “y tu más” tal como se dice ahora; es exigir responsabilidad política. Callarse sólo favorece a los corruptos y contribuye a la creencia ciudadana de que hay un pacto de silencio; lo cual es pernicioso.

Es un problema de fondo pero también de imagen. Hoy no podemos olvidar que tenemos la situación extravagante de deberían haberse hecho públicos los certificados de ingresos del Presidente del Gobierno porque somos conscientes de que las dietas no tributan y a la vista de los papeles de Bárcenas ¡no nos fiamos! Es una situación inimaginable en cualquier otro país del mundo, en donde se dimite por plagiar una tesis doctoral.

Por ello cultura y pedagogía pública. Una necesidad indudable para que la corrupción no sea uno de los problemas más relevantes de la democracia española.

2 Replies to “Falta cultura contra la corrupción”

  1. sgalera

    La cultura política es consecuencia de la cultura ciudadana, una ciudadanía con formación en/de lo público conforma la cultura política de sus representantes. Una cultura ciudadana intransigente que repele el mínimo indicio de corrupción (véase en el día de hoy la ciudadanía islandesa….), incapaz de confundir el alcance y contenido de la presunción de inocencia con el comportamiento escrupuloso de sus representantes, que avanza un escalón en exigencia respecto al ciudadano común.

  2. sgalera

    La cultura política es consecuencia de la cultura ciudadana, una ciudadanía con formación en/de lo público conforma la cultura política de sus representantes. Una cultura ciudadana intransigente que repele el mínimo indicio de corrupción (véase en el día de hoy la ciudadanía islandesa….), incapaz de confundir el alcance y contenido de la presunción de inocencia con el comportamiento escrupuloso de sus representantes, que avanza un escalón en exigencia respecto al ciudadano común.

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