Infanta absuelta

La Infanta absuelta

La infanta Cristina ha sido absuelta. Una larguísima sentencia de más de 700 páginas concluye la fase inicial de un procedimiento -antes del hipotético recurso- en el que el Tribunal de Mallorca no ha encontrado indicios suficientes para condenarla.

La sentencia ha decepcionado a algunos, ha sido alabada por otros. Yo no entraré en su contenido, que dejo a voces más autorizadas. Sí me parece ilustrativa de lo mal que está reaccionando la sociedad española contra la corrupción y las expectativas desmesuradas que se tienen en los procesos penales, a pesar de las dificultades que plantean.

Por ello, en este breve post quiero hacer unas consideraciones generales que se podrían resumir en las limitaciones de los procesos penales para los casos de corrupción.

En su declaración ante el juez Castro, la Infanta contestó a muy pocas preguntas, 15 de 400. En su declaración ante el Tribunal, el recuento del diario Público da 189 “no lo sé”, 59 “no lo recuerdo” y 58 “lo desconozco”. ¿Tomadura de pelo? Puede ser. ¿Frustrante? Sin duda, pero nadie está obligado a declarar en su contra. Es una regla básica de los procedimientos penales.

  • Cuando se inició el procedimiento uno podía pensar en condenas o absoluciones, no en botines. La inexplicable doctrina Botín es la que ha llevado a esta resolución. Y explicar esta doctrina a la ciudadanía es realmente complejo. Y la falta de imputación de García Revenga también es un dato relevante
  • Sin la Infanta y sin la familia real ninguno de los hechos probados se hubieran producido. No se que grado de participación pudieron tener, más allá de lo que dice la sentencia. Sin embargo, las reglas penales hacen que el citar tu nombre (en el caso de que fuera necesario) no conlleva la sanción penal. Dudo mucho que haya un solo papel que pueda involucrar a alguno de sus integrantes. Sería de tontos. Pero lo cierto es que el nexo fundamental de la trama queda fuera porque fueron un mero fantasma, necesario pero virtual.
  • Ser secretario de un consejo de administración a partir de ahora exime de responsabilidad. Algo inexplicable.

La responsabilidad política se ha de deslindar de la penal. No tienen nada que ver. Las reglas penales imponen unas reglas para la condena que conducen a absoluciones que pueden parecer extrañas. Pero la responsabilidad política está siempre ahí, si se quiere ejercer por la ciudadanía, no votando al corrupto.

En este caso, la hemos de cifrar en la pena de banquillo y la abdicación de Juan Carlos (aunque aquí haya que unir otras cosas). ¿Suficiente? Eso lo dejo a la valoración de cada uno. Lo que resulta, en mi opinión, inaceptable desde una óptica de ética pública es señalar que no ha habido ningún tipo de responsabilidad. Haberla la ha ido y s muy sería.

Si solo fuera por el beneficio obtenido, ya sería suficiente para la condena política. Igual, por ejemplo, que en el caso de Ana Mato o el pago de la sede del PP con dinero negro. Y la respuesta la tiene la ciudadanía en su conjunto. Es su responsabilidad que no debe derivarse hacia un Tribunal de Justicia.