Infraestructuras del Estado y Comunidades autonomas

Obras públicas a debate

  
Desde hace años, la construcción de grandes infraestructuras están siendo puestas en duda en nuestro país, incluso con informes negativos del Tribunal de Cuentas europeo por el mal uso de los fondos recibidos. En esta época preelectoral, la crítica ha venido de los dos partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, que han cuestionado la conveniencia de las grandes infraestructuras.

Ahora bien, ni exceso ni carencia. Planificación.

Sí, planificación de la infraestructura pública en un triple sentido: a) conveniencia en su implantación, b) adecuación del sistema de construcción y gestión, y c) razonabilidad de los costes de mantenimiento.

La construcción de una obra pública ha de ser necesaria. Esta sencilla frase en muchas ocasiones no se ha cumplido y las infraestructuras son las que crean la necesidad. El ejemplo de las radiales de Madrid, por ejemplo es paradigmático: unas vías construidas en épocas de planificaciones urbanísticas que preveían un aumento de población en sus inmediaciones (vinculadas a ellas), que no se ha producido y que han provocado la falta de uso de la vía. Analizando el proyecto de la candidatura para los Juegos Olímpicos nos surge la duda inmediata de por qué Madrid hubiera necesitado cuatro grandes pabellones de deportes, cuando Paris o Nueva York tienen solo uno. Si vemos el caso del Pabellón (cerrado) Reyno de Navarra de Pamplona, con un coste de 60 millones de euros no se entiende cómo se ha podido construir sin uso que lo justifique. El Parque de la Historia y el Mar de San Fernando (Cádiz) ilustra también esta realidad.

Adecuación del sistema construcción y gestión y de garantía del interés general. Que la infraestructura tenga que estar bien planificada técnica, económica y jurídicamente parece una obviedad. Cuando vemos los 12 millones de euros que gastó de forma inútil la Diputación de Valladolid en una pista de esquí seco, ubicada en una zona en la que no se podía hacer, parece que no siempre se cumple. Y ello por no hablar de los casos en que la obra está sobredimensionada para la necesidad pública.

En cuando al sistema de construcción y gestión, hay dos grandes formas: que se realice por la Administración a través de los contratos de obra pública o que se recurra a procedimientos de financiación privada, ya sean concesiones u otras formas equivalentes. Estos medios exigen que el contratista asuma los riesgos de construcción y de explotación. Si no es así, la financiación privada es una falacia.

En España los contratistas se habituaron a los apoyos públicos que limitaba el riesgo económico. En la autopista de peaje Alicante-Cartagena, observaremos que el dinero pagado por el Estado es ¡tres veces! el puesto por el concesionario. Un caso peor es el de la Autopista Santiago-Alto de Santo Domingo, donde hay una ratio similar de aporte público en comparación con el privado pero ¡nos encontramos con una subvención de la Xunta de Galicia a fondo perdido!

los mecanismos de colaboración público privada -los conocidos PPP- llevan tiempo de moda y cuenta con cierto aura de eficacia. Tampoco son una solución para cualquier supuesto. Las autoridades públicas parecen desconocer que la Unión Europea se ha venido insistiendo en que “una APP mal preparada puede dar lugar a costes muy elevados para el sector público”. Pongo una pregunta de las muchas que se podrían hacer ¿dispone la Administración de instrumentos de control de calidad para verificar cómo se está ejecutando el proyecto? Sin esto una APP es ineficaz y cara.

Mantenimiento. Construir no es lo más caro. Donde hay que gastar más dinero es en mantener. Requiere una plantilla fija, pago de suministros para el uso y requiere inversión anual para su adaptación a las nuevas necesidades y para resolver los desperfectos que se vayan produciendo¿Se plantea la Administración los costes de mantenimiento de un edificio o de una infraestructura?

Cuando Podemos, en la pasada campaña electoral, vinculó la construcción del AVE a la cultura del ladrillo tiene parte de razón. Este Gobierno no ha hecho el esfuerzo requerido para el cambio del modelo productivo, apostando por una economía del conocimiento y la innovación. Los datos alarmantes de los recortes en Universidades (un 16% de pérdida en los últimos 4 años, que contrasta con el 18% de aumento presupuestario en la Universidad de Harvard) reflejan un grave problema. Construir infraestructuras tiene un resultado político en el corto plazo, invertir en ciencia es invertir a medio o largo plazo. España no ha descubierto aún la gran verdad de la frase del Presidente Franklin de que sólo hay una cosa más cara que la educación: la ignorancia.

Pero no por ello podemos demonizar las infraestructuras. Son un instrumento para las políticas públicas y por ello pueden ser imprescindibles. Un estudio adecuado de su necesidad, de costes y beneficios (económicos, sociales y ambientales), un análisis de proyección futura hubieran evitado mucho derroche. Y será lo que haga que en el futuro se construyan sólo aquellas que sean imprescindibles.

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