Ex Presidentes autonómicos: ¿les corresponde alguna función?

Las elecciones autonómicas del pasado año han traído cambios en la Presidencia de algunas Comunidades Autónomas. Un cambio que ha replanteado la cuestión de cuál es la función que deben asumir los exPresidentes y cuáles son los beneficios que se le pueden otorgar por dicha condición. El cambio de la sensibilidad social en esta materia está actuando como acicate para revisar su status, lo que ha llevado, por ejemplo, a que la Comunidad Valenciana esté cambiando su Ley reguladora.

En mi opinión, los exPresidentes autonómicos deben tener una situación acorde con la importancia que tuvo su función y adecuada al principio democrático que ha permitido que las elecciones determinen unas nuevas mayorías. 4 serían los ámbitos en los que se debería manifestar:

1. Seguridad. Sin duda, debe haber una valoración de los riesgos que haya para la seguridad del exPresidente, debido a que este riesgo deriva básicamente de su antigua posición pública. La ponderación de riesgos se ha de hacer de forma periódica e ir adaptando los recursos que se empleen.

Teóricamente, la seguridad deberá ir descendiendo a medida que transcurre el tiempo desde que dejaron el cargo, sobre todo cuando la amenaza terrorista ha descendido en nuestro país. En todo caso, los protocolos de seguridad que aplique la Policía Nacional determinará en cada momento cuáles son las dotaciones necesarias.

2. Honores. De igual modo, deben tener una posición representativa de naturaleza honorífica, adaptada a la preeminente posición que tuvieron. Una denominación adecuada y una posición destacada en las preferencias protocolarias resulta imprescindible.

Unos honores que, no obstante, deberían poder ser retirados en el caso en que se demuestre que su comportamiento no ha sido acorde a él. Estoy hablando de responsabilidad política, mucho más estricta que la responsabilidad penal. Hay ejemplos comparados en donde ha ocurrido, y no debería haber ningún problema para incorporarlo a nuestra práctica.

No deberían tener un staff a su disposición. Creo que no es preciso, más que cuando hagan algún papel específico para la Comunidad autónoma. Si no es así, no resulta necesario. El principio de eficiencia en el gasto público lo impide.

3. Actividades. Es el aspecto más complejo, el que precisamente nos lleva a la conocida comparación que hacía el Presidente González Márquez: son, decía, “como los jarrones chinos, muy vistosos e incluso extremadamente valiosos pero que siempre son tremendamente molestos para el acontecer diario independientemente del lugar en el que se coloquen”.

Es usual que los antiguos Presidentes terminen en los Consejos Consultivos autonómicos. Es lo que ocurría en la Comunidad de Madrid o lo que pasa en la Comunidad Valenciana. No es buena solución, teniendo en cuenta que estos organismos hacen una mera valoración jurídica de los asuntos para la cual no aportan nada y pueden perturbar su normal funcionamiento con consideraciones que traspasan lo jurídico. No se puede poner a los exPresidentes del Gobierno como ejemplo, ya que el Consejo de Estado asesora en legalidad y oportunidad, lo que no ocurre con los Consejos autonómicos.

En principio, no deberían realizar ninguna actividad de naturaleza permanente. Con esto quiero decir dos cosas: en primer lugar, que no me parece adecuado que el Senado sea un premio de consolación para ellos, sobre todo teniendo en cuenta cuál es la intensidad media del trabajo de los exPresidentes como senadores. Resulta llamativo, en este sentido, que usualmente no suelen participar en las elecciones sino que son elegidos por las Asambleas autonómicas. Y, en segundo lugar, que la función debe ser, en su caso, puntual y de naturaleza institucional, donde por su experiencia o su conocimiento o sus relaciones puedan aportar un valor especial a la Comunidad autónoma.  Actividad institucional que debe ser asumida de forma voluntaria por parte del exPresidente.

El riesgo está constituido, como siempre, por las puertas giratorias, a las que he dedicado un post. Una aplicación razonable y estricta de la legislación de incompatibilidades debería ser suficiente para evitar los riesgos que están inherentes en el paso del sector público al sector privado.

4. Retribuciones. Pienso que sería suficiente un salario de transición que no debería exceder de seis meses. Es un tiempo más que suficiente para que rehaga su vida profesional  que sin duda se ha visto afectado por el desempeño del cargo de Presidente. Obviamente, esto no quita para que en el caso de que realice una labor institucional en las condiciones que se han visto con anterioridad deban tener una indemnización.

El único aspecto que podría resultar razonable es un complemento en la pensión de jubilación que les permita llegar a la pensión máxima que se abone en ese momento en el país; caso que no hayan podido alcanzarla.

 

Como se ha visto, parto de una reducción de la función que deben cumplir, sustituyéndolo por una actividad meramente institucional y, me atrevería a decir, protocolaria. Una posición que creo que es la más adecuada con el principio democrático, una de cuyas consecuencias es precisamente la sustitución de los gobernantes por la decisión de la ciudadanía.

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