Prohibición de las esteladas

La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido portar las banderas independentistas catalanas en la final de la Copa del Rey que se celebrará en el estadio Vicente Calderón de Madrid el próximo 20 de mayo. Una decisión que se debe vincular a la pitada del himno nacional que se produjo en la final del año pasado y que tuvo consecuencias jurídicas en la medida en que se abrieron procedimientos judiciales contra personas e instituciones vinculadas a dicho hecho.

La decisión de la Delegación del Gobierno me parece ilegal e inconstitucional. Y creo que políticamente es un dislate.

La decisión se basa , aparentemente, en el artículo 2 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que dispone lo siguiente: “La exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido o por las circunstancias en las que se exhiban o utilicen de alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la realización de comportamientos violentos o terroristas, o constituyan un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el espectáculo deportivo”.

La estelada no es un símbolo que incite a la realización de comportamientos violentos ni de desprecio a los participantes en el espectáculo deportivo. De hecho, no está en el Manual de simbología violenta que ha publicado la Comisión Antiviolencia. Es sencillamente una bandera que refleja el deseo de independencia de una parte del país, guste o no. No está prohibida la exhibición de cualquier símbolo de naturaleza política sino sólo aquellos que puedan provocar incitación a la violencia, lo que claramente no ocurre.

Desde este punto de vista me parece que contradice el artículo en el que se sustenta y, por ello, es contraria a derecho.

La exhibición de la bandera independentista, al igual que el año pasado la pitada al himno de España persigue una finalidad política clara: reivindicar el deseo de ser independientes. Una significación política que entra en el campo de actuación de la libre expresión de las ideas, expresión de la cláusula del Estado democrático, configuradora de nuestro Estado de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución.

En EE.UU. -pais extremadamente protector de sus símbolos, de su bandera e himno- tienen claro la vinculación que tienen los actos de ofensa a la bandera con la cláusula de la libertad de expresión, recogida en la primera enmienda: “”el Gobierno no puede válidamente prohibir a una persona ejercer su derecho a la libre expresión únicamente porque no está de acuerdo con su contenido, pero ello no depende de la manera concreta con la que se ha elegido manifestar o transmitir el mensaje” señaló el tribunal Supremo en Lawrence v. Texas, donde se analizaba la legitimidad de la quema de la bandera en el acto de proclamación de Reagan como candidato del Partido Republicano.

La razón es clara: el derecho constitucionalmente garantizado a ser intelectualmente diferente o a discrepar, así como a no estar de acuerdo con lo que representa el núcleo del orden establecido, incluye el derecho a expresar públicamente la propia opinión sobre la bandera nacional, incluyendo naturalmente las opiniones provocadoras o despreciativas. Este fragmento de otra sentencia del Tribunal Supremo estadounidense, Street v. New York (1969)  refleja el valor que tiene la cláusula democrática y la propia fortaleza del Estado que no teme por la crítica a su esencia.

Ideas que, como ha señalado Miguel Presno, están en la propia configuración constitucional de la libertad de expresión: “Y es en esa línea simbólica es donde se insertaría una prohibición administrativa que ignorase que nuestro sistema constitucional ha optado por colocar a la libertad de expresión “en una posición preferente y objeto de especial protección” (STC 101/2003, de 2 de junio), y necesitada de un “amplio espacio” (SSTC 110/2000, de 5 de mayo; 297/2000, de 11 de diciembre; 127/2004, de 19 de julio), es decir, “un ámbito exento de coacción lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angosturas, esto es, sin timidez y sin temor” (STC 9/2007, de 15 de enero)”.

Desde esta pespectiva, la decisión de la Delegación del Gobierno de prohibir las estaladas en el Vicente Calderón atenta contra las cláusulas del Estado democrático y la regulación constitucional de la libertad de expresión. Y por ende, la decisión es inconstitucional.

Pero políticamente es un dislate. Absoluto. Desde el Gobierno de España aún no se han enterado que este tipo de comportamientos son los que ayudan precisamente al movimiento independentista catalán al extender la idea de una falta de consideración a Cataluña. Es la misma idea con la que ha venido funcionando el Partido Popular sobre Cataluña y que ha elevado drásticamente el número de personas que se quieren ir de España. La única explicación que puede estar detrás es querer reforzar el voto a ese partido a través del argumento de que es el partido que más protege la unidad de España. Argumento tan mezquino como rechazable