Ultima reforma del profesorado universitario

images-1

La última reforma del régimen del profesorado universitario tiene el aparente objetivo de reducir el amplio número de acreditados sin plaza que hay en este momento en las Universidades públicas. Una reforma que, en mi opinión, es inconstitucional, frustrante y que va a provocar dificultades de gestionar a la Universidad.

  1. Sí, es inconstitucional. No hay ninguna razón para que se apruebe a través de un Real Decreto Ley. La perniciosa práctica de esta legislatura con este tipo de norma no tiene justificación tampoco en este caso. La situación no es urgente, en el sentido de que se mantiene  más o menos equivalente a la de hace unos meses y se podía haber presentado un proyecto de ley. O incluso un proyecto de ley para su aprobación por el trámite de lectura única, tal como se ha hecho con la reforma de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional. La incapacidad del Gobierno para dictar una norma en condiciones no justifica el recurso a este procedimiento extraordinario.
  2. Los problemas formales no se acaban aquí. No parece nada razonable que una reforma del profesorado universitario se incluya como disposición adicional en una norma cuyo título nada tiene que ver son esto: Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía. Es un problema de mala calidad democrática, al que hice referencia en otro post.
  3. Es frustrante para el profesorado acreditado porque no proporciona créditos para que salgan los procedimientos de provisión de plazos. Efectivamente, no basta con eliminar la tasa de reposición sino que hay que abordar el problema esencial de la deficiente financiación de la Universidad pública. Estas medidas, mucho o poco tiene un coste económico. ¿De dónde va a salir? Los presupuestos de las Universidades se han ido reduciendo progresivamente en los últimos años (como hemos tenido ocasión de examinar) y no hay capacidad económica suficiente para aumentar la partida referente al coste de personal. ¿Se han involucrado las Comunidades autónomas, de las que dependen las Universidades públicas (salvo la UNED)? Corre el rumor de que hay un crédito extraordinario, que ni está en el Real Decreto Ley ni se incorpora a las transferencias a las Comunidades autónomas. Se supone, en consecuencia, que saldrá de los exiguos presupuestos delas Universidades.
  4. Es aparentemente elitista -porque configura un régimen privilegiado que se aplica sólo para Catedráticos de universidad- y no atiende al profesorado que está en condiciones peores. Pero ni siquiera da una solución adecuada al problema del número de catedráticos porque no se pueden sacar plazas por el procedimiento de la promoción sin haberse sacado plazas de no catedráticos, con los que indudablemente se producirá una presión para que salgan plazas de profesores para estos colectivos. Insisto, sin presupuesto.
  5. La Universidad tiene un problema grave de envejecimiento de su profesorado. Los años de los recortes (2012-2015)  y la tasa de reposición cero en Universidad han impedido que se renueven las plantillas, lo que hace que en este momento el número de jubilaciones sea en algunos casos superior al de entradas de nuevo personal, especialmente en las Universidades más antiguas. La vía a la que han recurrido las Universidades para eludir la política del Gobierno Partido Popular  (la impugnación sistemática de todas las plazas de funcionario y de profesorado permanente) ha sido utilizar figuras de profesorado precario y muy mal retribuido. Hoy hay mucho profesorado vinculado con figuras atípicas (y me atrevería a decir que ilegales) como las de contratados doctores interinos a tiempo parcial; u otras con tipos de contrato que tienen otra finalidad (profesores asociados) o, en su caso de profesores titulares interinos (en muchas ocasiones con dedicación parcial) que se acaban perpetuando. ¿Podemos tener personal suficiente que garantice docencia e investigación de calidad si no se les paga una cantidad razonable?

La Universidad pública necesita un revulsivo económico importante. Para poder retener un talento que se ha tenido que ir fuera y para adaptarnos a las necesidades de la investigación moderna. No puede ser que la distancia de presupuesto entre los EE.UU. y España haya aumentado un 25% en los últimos cuatro años. En diciembre, a más tardar, habrá elecciones, Esperemos una respuesta adecuada en los partidos para hacer frente a este problema de Estado. No sigamos jugando, como ha hecho el Partido Popular en esta legislatura, al “¡que inventen ellos!” del que hablaba Unamuno.