Reformar la ley electoral

Reformar la ley electoral es una necesidad en la que coinciden los partidos hasta el momento en que hay qué decidir cómo se cambia. Los intereses electorales de cada uno pesan demasiado y por ello las posibilidades de acuerdo son complejas. A ello se añade el hecho de que aspectos importantes están en la propia Constitución; con lo que su modificación  es aún más dificultosa.

Los aspectos esenciales que se podrían tener en cuenta para una eventual modificación serían los siguientes:

1. El Congreso de los diputados tendrá entre 300 y 400 diputados. La circunscripción electoral es la provincia. Se asigna un diputado a Ceuta y Melilla y el número de diputados de las restantes dependerá de su población. La asignación de escaños se hará de forma proporcional. Estas son las 4 reglas constitucionales para el Congreso  que sólo se pueden modificar con reforma constitucional.

2. Conviene ser consciente de un dato importante: la desproporción entre votos y votantes (que favorece a los partidos mayoritarios) no proviene de la Ley D’Hont sino de las circunscripciones que determina la Constitución, muy pequeñas en la mayor parte de los casos: la provincia.

A partir de aquí, para mejorar la regla de la proporcionalidad y que el voto tenga un valor similar en todo el país se debería rebajar a uno el número mínimo de diputados provinciales (hoy son 2). Esto permitiría ampliar la representatividad, de tal manera que 298 diputados fueran asignados en circunscripciones en función de la población, frente a los 248 actuales.

Hoy la gravedad del problema es muy considerable: Por ejemplo, en las elecciones generales de 2011, Barcelona tuvo un censo electoral de 4.027.998 personas que eligieron a 31 diputados, por lo que esta provincia tuvo un representante en el Congreso por cada 129.255 electores. Al mismo tiempo, en Guadalajara, con tres escaños y un censo de 179.538 personas, hubo un escaño por cada 25.648 electores. Dicho de otro modo, el voto en Guadalajara valió aproximadamente 5 veces más que en Barcelona.

3. Introducir la regla anterior mejoraría el problema pero no elimina el hecho de que la mayor parte de las circunscripciones (las provincias) tienen una población muy reducida, lo que hace que un número muy considerable de votos se queden sin alcanzar el mínimo necesario para obtener escaño. Se trata de porcentajes que pueden estar cerca del 15%. Esta situación es conocida y resaltada negativamente por los organismos internacionales que han analizado las elecciones españolas.

Una alternativa podría ser recoger todos los votos sin escaño (esto es, los de los partidos que en una provincia no tuvieron ninguno y el resto que queda en el último obtenido por cada partido) y sumarlos en una lista única de carácter nacional de 50 diputados.

4. Al mismo tiempo, para mejorar la relación entre votantes y escaños, la determinación del número que corresponde a cada provincia se debería hacer en función del censo electoral y no de la población de la provincia. Con la regla actual se favorece a las provincias mediterráneas frente a las demás por la población extranjera residente (que no tiene derecho de voto).

5. Posiblemente fuera conveniente asignar un número de diputados que se eligieran en función de los residentes en el extranjero. Les daría una visibilidad de la que carecen y que reclama el propio texto constitucional.  Ya lo señaló el Consejo de Estado en su momento y sería la oportunidad de recogerlo cuando se modifique la norma.

6. Las reglas constitucionales para el Senado son menores y eliminan la proporcionalidad entre votantes y representantes: habrá 4 en cada provincia; a los que habrá que añadir los de los territorios insulares y Ceuta y Melilla de la siguiente forma: en Gran Canaria, Tenerife y Mallorca, 3; en Ceuta y Melilla, 2; y en Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma, 1 senador.
7. El sistema actual de elección que permite que con menos del 30% de votos se pueda tener mayoría absoluta en el Senado, es por tanto susceptible de modificación a lo largo de la legislatura, sin necesidad de reforma constitucional. Ciertamente, son muy pocos los puestos a elegir y, por ello, resultará muy complicado que se pueda conseguir una equivalencia suficiente entre escaños y votos.

Sí es importante retener un dato: el partido que gana las elecciones al Congreso en una provincia obtiene usualmente 3 senadores, correspondiendo el  cuarto al partido que quedó en segundo lugar. Esto nos hace ver la importancia del partido sobre el candidato en la práctica española. De hecho, la mayor parte de las papeletas eligen a candidatos del mismo partido.

8. Cuando se habla de esta reforma se insiste habitualmente solo en las reglas de elección de parlamentarios aunque habría otras cuestiones que se deberían tratar: la obligatoriedad de la celebración de debates electorales, en número suficiente para tratar todos los aspectos de los programas electorales. Nos acercaría al modelo estadounidense (que llevó a que en las últimas elecciones presidenciales se celebraran tres con bloques diferentes en cada uno de ellos) y nos alejaría del insuficiente formato express de las últimas elecciones.

Podría rebajarse el gasto electoral eliminando los envíos de papeletas electorales, inútiles en la mayor parte de los supuestos.

Y para garantizar que el voto es la elección del votante (sin influjos de terceros, lo que es usual en colectivos dependientes), se podría imponer la regla francesa de que el votante recoja (en la intimidad de la cabina, y por tanto en soledad), la papeleta de voto de su elección.

9. También debiera reducirse el tiempo que transcurre entre la celebración de las elecciones y la constitución de las cámaras, anormalmente largo si lo comparamos con lo que ocurre en otros países.

10. La reforma electoral de 2011 –hecha para evitar el fraude que se producía en el voto de los emigrantes- ha dejado sin votar a un número considerable de españoles, debido a dos factores: por un lado, la exigencia de solicitar el voto -el conocido “voto rogado” y, por el otro, los retrasos en el envío de papeletas a los que previamente se habían inscrito.

En las pasadas elecciones del 26 de junio estaban inscritas en el Censo de Españoles Residentes en el extranjero 1.927.032 personas, de los que lo solicitaron. 169.658 emigrados que lo solicitaron (un 8%) y votaron 120.777, lo que supone una participación del 6,3% del total de españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausente; la mayoría por los problemas en recibir la documentación. Un número muy bajo que no reflejaba su inquietud política, pero que sí era manifestación de las dificultades de todo tipo para hacer la inscripción, partiendo del hecho de que la mayoría no conocía el procedimiento. Problema que ya fue constatado en su momento por la Junta Electoral Central. Pero incluso en el caso de la inscripción, muchos no recibieron las papeletas de votos, con lo que pese a estar inscritos tampoco pudieron ejercer su derecho.

La constatación del fracaso del sistema vigente, debería llevar a arbitrar un procedimiento especial para el ejercicio del derecho de voto en el extranjero. Posiblemente sea éste el momento, teniendo en cuenta las funcionalidades de los nuevos DNI electrónico, de habilitar el voto electrónico para estos electores, incluyendo todos los actos del procedimiento electoral: inscripción y voto.

11. La propuesta de reducir la campaña electoral para evitar el voto el 25 de diciembre si Rajoy no logra la investidura tiene una buena finalidad pero su fórmula no resulta satisfactoria porque reduce la calidad de la democracia al haber menos tiempo para la explicación de los programas electorales. La campaña es, además, un momento para incentivar el voto.

Hay otras soluciones como la de aislar ciertos periodos del año de los procesos electorales, tal como ocurre en las Universidades públicas, en donde no coinciden ni con exámenes ni con periodos no lectivos. 

En los procesos electorales generales debería hacerse para Semana Santa, el periodo entre el 15 de julio y el 31 de agosto y el que va del 22 de diciembre al 8 de enero.
En general sobre la reforma electoral es recomendable la lectura del Informe del Consejo de Estado sobre las propuestas de reforma electoral.