Directiva 2014/24/UE y sostenibilidad social y ambiental

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El análisis del régimen legal de la contratación pública suele estar marcado por el estudio sobre los procedimientos de adjudicación pública –incluyendo los mecanismos de recurso-. De hecho, la normativa europea que nos sirve de referencia está centrada en dichos aspectos, sin duda debido a que es el elemento que tiene mayor transcendencia para el mercado interior europeo. La perspectiva forense de la contratación pública –a pesar de que el grado de litigiosidad no es excesivamente elevado por las dificultades de éxito que, estadísticamente, tiene- hace que otros elementos recogidos en la normativa no resulten tan relevantes.

No obstante, en el análisis del Derecho de contratos del sector público hay un aspecto colateral al que hace falta prestarle atención y que es lo que va a constituir el hilo conductor de este estudio. En efecto, partiendo de la transcendencia que tienen los contratos públicos para el la actividad económica –que ronda el 15%PIB europeo- y para el desarrollo social, tanto en cuanto al resultado como al propio proceso productivo, parece relevante analizar cuál es su régimen y en particular qué posibilidades –con sus límites- están a disposición de las Administraciones públicas para hacer “política social y ambiental” a través de los procedimientos de contratación pública; lo cual supone “un decisivo avance para facilitar los objetivos que dotan de contenido efectivo a la configuración constitucional del Estado social”.

En este estudio lo que pretendo es hacer un análisis de cómo se incorporan estos criterios a los procedimientos de contratación pública. Tradicionalmente, la normativa europea, y sobre todo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ha sido remiso y ha exigido una conexión con el objeto del contrato, algo que demuestra el peso preponderante del Derecho de la competencia y que es una manifestación de la orientación de dicho Tribunal. El análisis de cómo se han incorporado a la Directiva 2014/24/UE, de contratación pública es a lo que se dedican las páginas de este estudio. Sí conviene tener presente que el texto de la directiva está más preocupado con los problemas de naturaleza ambiental que con los de carácter social, que están rodeados de mayor dificultad a la hora de su inclusión.