Trump reabre Guantanamo

Trump y la guerra antiterrorista: Guantánamo

Trump y la guerra antiterrorista: Guantánamo. Los peores augurios sobre Donald Trump en materia de derechos humanos se están empezando a cumplir. Los borradores de Ordenes ejecutivas que publica hoy la prensa estadounidense supone la vuelta a lo peor de la Administración Bush: la utilización masiva de cárceles y métodos de detención e interrogatorios ilegales como medio de lucha contra el terrorismo.

El 11 de septiembre de 2001 una serie de atentados en New York y Washington estremecieron el mundo. A partir de ahí, la Administración estadounidense desarrolló una política de lucha contra el terrorismo islamista (representado entonces por Al Qaeda) que tenía dos aspectos: por un lado, la invasión militar de aquellos países donde se suponía que había feudos de la organización y por el otro una política antiterrorista que suponía el encarcelamiento sin juicio de los presuntos terroristas y la utilización de la tortura como procedimiento esencial de obtención de información.

La Administración Bush constituyó un periodo de pérdida de derechos para luchar contra el terrorismo. El instrumento que se utilizó fue la USA Patriot Act (singular acrónimo de Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act). Una complejísima norma que se redactó, discutió y votó «en caliente», a los pocos días de los atentados, y no había tiempo -ni seguramente voluntad- para la discusión jurídica o política. Sólo tuvo un voto en contra, el del senador Russ Feingold. Recordemos un fragmento de su intervención en aquel debate.

En aquellos días, Dworkin alertó de que “amplía enormemente el poder del Gobierno de realizar investigaciones secretas de los domicilios de los ciudadanos, habilita al Fiscal General para detener libremente y sin motivo a extranjeros que considere una “amenaza”, otorga facultades al  Gobierno para requerir copias de los libros adquiridos o  consultados en las librerías o bibliotecas, y le permite incrementar la vigilancia en muchos otros ámbitos”. En definitiva, a través de esta norma se produjo en la sociedad norteamericana un cambio en el equilibrio entre la libertad y la seguridad.

La utilización de las prisiones tenía un símbolo, Guantánamo, situada en un enclave en la isla de Cuba ocupado por los EE.UU. Pero no fue la única. Debemos citar la prisión de Abu Ghraib en las cercanías de Bagdad (Iraq) o la base militar de Bagram (Afganistán) o Diego García, en el territorio Británico del Océano Indico y donde se encuentra una base militar estadounidense. Pero también los portaaviones que estaban situados en el Indico y el Pacífico sirvieron como centros de detención.

Trump y Guantanamo

Europa no fue inocente en esta política antiterrorista contraria a los derechos humanos. Dos países se significaron especialmente: el Reino Unido y Polonia, que permitió la construcción de una prisión en Stare Kiejkuty donde terminaron numerosos prisioneros y en la que la CIA invirtió amplias cantidades de dinero. Los debates que hubo en España sobre la utilización de nuestro espacio aéreo -comunes con otros países europeos- constituyen otra muestra de lo que no se debió realizar.

Trump reabre Guantanamo

Pues bien, esto es lo que está en discusión en la actualidad.

Lo que más ha transcendido en los medios de comunicación son las declaraciones de Donald Trump en una entrevista a la ABC en la que ha defendido el uso de la tortura como medio para la obtención de información en la lucha antiterrorista. Un ejercicio de cinismo, demagogia y de cómo el fin justifica los medios:

La entrevista, pese a su gravedad no es lo más relevante. Al contrario, ha de situarse en el contexto de las nuevas Órdenes ejecutivas que está preparando, especialmente la relativa a detención e interrogatorio de combatientes enemigos. Un borrador de  Orden, cuyo contenido ha sido publicado por el Washington Post y el New York Times, que supone la derogación de las contrarias promulgadas por Obama y cuyos puntos esenciales son los siguientes:

a) En primer lugar, la reutilización del argumento de política exterior de que EE.UU. está en un conflicto armado global con ISIS, al Qaeda, los talibanes y otros grupos internacionales asociados de terrorismo islamista.

b) En segundo lugar, la declaración de que las restricciones a la utilización de Guantánamo desaparecen. Más aún, en el borrador publicado de la Executive Order se puede leer que las instalaciones allí emplazadas son legales, seguras, y humanas y de acorde con las exigencias internacionales del derecho de guerra. Desde 2009 ningún prisionero había sido conducido allá y de los 242 personas que había cuando Obama llegó a la Presidencia quedaban aún 41.

Recordemos, no obstante, que durante la Administración Bush se señalaba ya no había guerras como tales: hay «acciones», «incursiones», «intervenciones» y eufemismos por el estilo. De modo que como no se trata de una guerra convencional (pese a que la Administración norteamericana dice haberle declarado la guerra al terror), las normas de la guerra convencional no se aplican a las personas que se detenga y acuse de pertenecer a Al Qaeda, Daesh y otras organizaciones similares.

c) Estudiará el establecimiento de nuevo de programas de interrogatorio de alto nivel para detenidos extranjeros, que se pondrá en marcha en las prisiones que tiene la CIA en el exterior. En este caso se supone que se está refiriendo a las que tiene en Polonia, por ejemplo, a que antes me he referido.

d) El recordatorio de que la tortura no está permitida se ha de conectar con las declaraciones de Trump y recordar, al mismo tiempo, que durante la Administración Bush hubo definiciones de tortura que permitían casi cualquier agresión al detenido. Recordemos una que llegó a un extremo refinamiento jurídico, pues dan la siguiente definición médico-jurídica de tortura: sólo hay tortura cuando el daño producido sobre el prisionero sea «equivalente en intensidad al dolor que acompaña a una herida grave, como el fallo de un órgano, el deterioro de las funciones fisiológicas o incluso la muerte».

e) Olvida, asimismo, que este tipo de actuaciones están siendo analizadas en la actualidad por el Tribunal Supremo de los EEUU. Se trata del último eslabón de una demanda colectiva contra altos cargos, entre los que se incluyen a John Ashcroft, antiguo Fiscal General, and Robert S. Mueller III, Director entonces del FBI.La razón de la demanda afecta al propio funcionamiento del Estado: si la existencia de una situación de ataque a la seguridad nacional transforma a los altos cargo en irresponsables judicialmente. He preferido dejar el texto en inglés donde lo expresan para que se vea la crudeza de los términos de la demanda y de su solicitud: cuestionan que “the Court of Appeals concluded that the nation’s highest ranking law enforcement officers — a former attorney general of the United States and former director of the F.B.I. —may be subjected to the demands of litigation and potential liability for compensatory and even punitive damages in their individual capacities because they could conceivably have learned about and condoned the allegedly improper ways in which their undisputedly constitutional policies were being implemented by lower-level officials during an unprecedented national security crisis.”

f) La historia no cuenta y las propias decisiones del Parlamento tampoco. En el momento de tomar estas decisiones, Trump obvia el informe de más de 6000 páginas del Senado relativo a estos mecanismos de tortura que concluyen de forma nítida: no ayudaron en la detención de Oshama Ben Laden.

A partir de ahora, toca examinar si se vuelve a la época de Bush y qué respuestas da la sociedad internacional, empezando por la propia Unión Europea, que, mucho me temo, ni está ni se le espera.