Arbitraje de inversiones en TTIP y CETA

TTIP, energía y medio ambiente

Nueva ronda negociadora del TTIP (14ª, celebrada en Miami), nueva filtración gracias a Greenpeace y nuevo motivo de preocupación. La realidad es que la línea general de acuerdo se mantiene como un dogma y en el momento en que se proyectan las consecuencias aparece un nuevo flanco de conflicto. Y prácticamente no hay capítulo sin riesgo.

En esta ocasión, los problemas vienen por el capítulo energético y su conexión con el medio ambiente. Capítulo que está presidido por una óptica de favorecimiento de la actividad económica sin introducir las limitaciones necesarias para proteger otras perspectivas del interés general, en este caso la ambiental. Las medidas de protección ambiental aprobadas de forma democrática en el seno de la Unión Europea se están cambiando por la puerta de detrás sin un debate razonable sobre esta cuestión.

Llama la atención, en este sentido, el distinto tono que utiliza el documento entre las medidas de liberalización -imperativas- y las más cautas medidas de cooperación ambiental.

El principio del que se parte es el de la libertad de acceso a las redes. Un principio que en el derecho europeo está matizado para proporcionar preferencias al transporte y distribución de electricidad producido a través de fuentes renovables. Una regla que es básica para la promoción de este tipo de energías; las cuales son imprescindibles, a su vez, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Un planteamiento que, en mi opinión, da satisfacción a los productores de carburantes fósiles y que, sobre todo, facilita la llegada del gas procedente del fracking frente al que tiene su origen en Rusia. De nuevo aparece la geopolítica del TTIP como uno uno de los factores determinantes de su contenido: en esta ocasión, romper los lazos de la Unión Europea con Moscú, algo que ya se manifestó en la crisis ucraniana. De hecho, en texto se impone el compromiso de eliminar barreras en el intercambio de gas, algo relevante para Europa con la finalidad de acceder al relativamente barato gas estadounidense.

A ello se añade el hecho, reflejado en la filtración de The Guardian, se impone la obligación de un trato igual en el acceso a las infraestructuras energéticas, “en términos comerciales razonables, transparentes y no discriminatorios (incluyendo entre tipos de energía)”.discriminacion entre sus fuentes de producción. Un aspecto que es incompatible con la preferencia que requieren las renovables,va las políticas tarifarías en función del grado de contaminación,  a las subvenciones que precisan, a las exigencias de formas de producción de un determinado porcentaje… Dicho sea de otro modo, se da preferencia a elementos de mera liberalización, olvidando la protección de otros aspectos del interés general, que en este caso son preferentes.

Ni que decir tiene que tiene un efecto indirecto pernicioso para el interés general:  provocará cambios normativos directos y demandas de responsabilidad de los productores de renovables ante el Tribunal pseudoarbitral que recoge el TTIP.

Más aún, en lugar de exigir compromisos claros de reducción de emisiones, se deja a la autorregulación empresarial los medios y la intensidad de tener políticas empresariales de eficiencia energética. El principio de protección ambiental cede ante la regla de que ha de hacerse de una forma más económica que el de la imposición. Todos sabemos que la autorregulación suele resultar un fiasco; sobre todo cuando los objetivos han de ser ambiciosos, el tiempo es escaso y la trayectoria del que se va a autorregular no ha sido precisamente ejemplar.

Por último, crea un mecanismo complementario de cooperación normativa, Working Group for Energy and Raw Materials, que no solo sirve para apoyar la cooperación regulatoria en el sector, sino también para recoger las demandas del sector.

Como se puede ver, nueva fuente de preocupación con el TTIP. Decir, como hace el jefe de la comisión negociadora europea, que las críticas son fruto de malentendidos en lo presentado por la Unión Europea es un insulto a la inteligencia o el reconocimiento de una gravísima incapacidad, teniendo en cuenta lo preocupada que está la opinión pública europea con El TTIP.

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