Voto rogado – voto robado: análisis crítico 

El Grupo Parlamentario Socialista tiene la intención de presentar una propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para modificar los plazos electorales y poder evitar así que las terceras elecciones se realicen el 25 de diciembre, como sería obligatorio después de la decisión del Partido Popular de que la primera votación de la investidura fallida de Rajoy se celebrara el 31 de agosto.

La finalidad de la medida, que apoyan Partido Popular, Podemos y Ciudadanos, es loable. Cuestión diferente es que el medio utilizado sea el mejor. Ya señalé en otro post que el medio no me resulta el más adecuado, dado que reduce el impulso a la participación y al conocimiento de candidatos y programas, lo que es negativo sobre todo cuando se espera una participación más baja por ser las terceras elecciones en un año (las cuartas en Galicia y el País Vasco).

Pero,  además, me resulta negativa el medio empleado por una de las consecuencias indirectas que provoca: dificulta la posibilidad real de que se produzca el voto de las personas que estén inscritos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (el conocido CERA) donde se agrupan los españoles residentes en el extranjero. A ello me dedicaré el día de hoy.

Para examinar la magnitud del problema, hay que tener en cuenta que el 1 de julio de 2016 estaban inscritos en el  CERA 1.939.599 personas, de las cuales Madrid era la más numerosa como origen de los inscritos, seguida por Barcelona y las cuatro provincias gallegas y Asturias. Todas ellas tienen más de 100.000 inscritos, lo que en los últimos cinco supuestos, constituye un porcentaje cercano al 10% del censo electoral. El procedimiento para la inscripción está recogido en esta página del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Conviene recordar también, que está en vigor la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, cuyo artículo 4 dispone el derecho a la participación en las mismas condiciones que los españoles en el interior.

Veamos qué efectos tiene la reducción de una semana en la campaña electoral para poder materializar el voto de los residentes en el extranjero. Para ello, seguiré los pasos del proceso desde la convocatoria, lo que nos permitirá ver, además, todos los problemas del voto rogado.

El dato del que hemos de partir es el de que el proceso electoral tenía, hasta ahora, una duración de 54 días entre la convocatoria y la celebración de las votaciones, que pasarían a ser de 47 en el caso de que la propuesta llegue a buen término. Una reducción que va a resultar importante para el votante en el exterior, teniendo en cuenta los ajustados plazos que se manejan y los problemas que plantea el procedimiento de voto rogado.

El procedimiento de voto para residentes en el extranjero tiene dos problemas que está dificultando la participación: a) la obligatoriedad de pedir el voto y b) el reducido plazo en el trasiego de papeletas entre la junta electoral, el votante y la oficina consultar a la que esté adscrito el votante.

A) La petición de voto como mecanismo que favorece la abstención

El tener que pedir el voto es un problema  que impide que, por desconocimiento o por pereza o por problemas en el procedimiento, se pueda ejercer el voto. Este hecho está asentado en otros sistemas, como el general de las elecciones estadounidenses, y es una de las causas de la alta abstención. Conviene recordar que la petición del voto se hizo como mecanismo para garantizar la personalidad del votante, en lugar de lo que ocurría con anterioridad.

Posiblemente si se impulsaran otros mecanismos para confeccionar el censo de votantes en el extranjero este problema desaparecería ya qie tendríamos un censo electoral actualizado de los españoles en el extranjero. Esta necesidad es una obligación reconocida en el artículo 4.4 de la Ley del Estatuto del Ciudadanía española en el exterior, que dispone que “la Administración General del Estado arbitrará los mecanismos precisos para asegurar la permanente actualización del censo de los electores residentes en el exterior, actualizando el Censo de Ciudadanos Españoles en el Exterior. A estos efectos, se potenciarán los medios disponibles en los Consulados para atender las funciones que les asigna la normativa electoral como colaboradores de la Oficina del Censo Electoral”. El Apartado Postal Electrónico de Correos podría ser un buen instrumento tanto para la creación como para mantener actualizado el censo, así como la utilización de los DNI electrónicos.

Si se aceptara la modificación legal no habría cambio en el periodo de petición del derecho de voto y, por consiguiente, permanecería el mismo problema, a pesar de que todos reconocen la dificultad del voto en estas condiciones.

En todo caso, de acuerdo con el artículo 75.1 de la Ley electoral, hay 25 días para solicitar el voto. Un plazo que parece amplio. La realidad es que sólo constituye el primer paso de un proceso complejo.

B) 4 envíos de documentación para que se pueda votar y cuente el voto. El tiempo cuenta y, por ello, la propuesta restringe la posibilidad de voto.

Uno de los problemas centrales es el trasiego de la papeleta de la Oficina del Censo Electoral al votante; de aquí al consulado del que dependa (esté o no en el mismo país), del consulado al Ministerio de Asuntos Exteriores y de aquí a la Junta Provincial en la que esté censado el votante. Cada día cuenta mucho, teniendo en cuenta que la papeleta se parece bastante a Willy Fog. Y no podemos olvidar que la reducción de la campaña se produce en los días en los que se tiene que realizar todos estos traslados.

Sigamos el camino de la papeleta. Una vez que se ha solicitado el voto (a partir del día después de la convocatoria), la Oficina del Censo Electoral remite las papeletas y un certificado de censo al votante. Las papeletas no se hacen hasta el momento en que los candidatos están definitivamente proclamados. En las últimas elecciones se consumieron 27 días, entre el 3 de abril cuando se convocaron los comicios y el 30 cuando se proclamaron definitivamente.  A partir de ahí se hacen las papeletas que hay que mandar.

No parece que esté prevista ninguna modificación en el momento de la remisión de las papeletas al votante, que no se produce hasta que hay candidatos proclamados definitivamente. No se olvide el dato de que en el momento en que hay cualquier reclamación, su efecto inmediato no es otro que el retraso en la confección de la papeleta y, en consecuencia, el retraso de su envío. Retraso, que como ocurrió en la circunscripción de Barcelona en 2011, puede remitirse con posterioridad al plazo marcado en la norma.

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El votante recibirá las papeletas un día indeterminado en función de la calidad del correo español y del país en el que resida. No está prevista su remisión por correo electrónico, lo que simplificaría mucho las cosas y acortaría los plazos extraordinariamente. Correos señala un plazo medio de 3 días para la llegada de la documentación al organismo postal del país de destino. Lo que no resulta controlable es el plazo de demora en ese país. Argentina, Francia, Cuba, Venezuela, México, Brasil o Estados Unidos son los países en que reside un número superior de ciudadanos españoles, tal como se puede ver en las cifras del padrón (que no coincide con el de censados para el voto) y la calidad del correo en cada uno de ellos es muy distinto.

En todo caso, es conveniente saber con qué plazo se cuenta desde el momento último en el que se puede remitir las papeletas de voto (los dos plazos dependen de que haya o no reclamaciones a los candidatos y su proclamación sea definitiva). Recordemos que este plazo será el de recepción de la papeleta por el votante y el de la remisión, a su vez, a la oficina consular de la que dependa:

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Para ver la extensión real del plazo, hemos de tener en cuenta que en la mayor parte de los supuestos, la oficina consular no se encuentra ni siquiera en el mismo país, tal como se puede apreciar en este cuadro de votantes por país y consulado, que especifica dónde tienen que votar los residentes en cada Estado.

Dicho de otro modo, el plazo que existe en la normativa anterior y en la que habría en la futura  se reduce de forma muy relevante, transformando en casi inexistente el voto de los residentes en el extranjeros.

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Si se ha podido emitir el voto, éste ha de llegar al Consulado de España del que dependa el votante y de ahí se envía a la Oficina que ha organizado el Ministerio de Asuntos Exteriores que, a su vez, lo remitirá a las Juntas Electorales Provinciales que procederán a su recuento, que se producirá a las ocho de la mañana del mismo día del escurtinio general, que se produce tres días después de las elecciones. Obviamente, siempre que el voto haya llegado tras ese periplo, lo que no siempre ocurre (en las últimas elecciones se amplió el plazo)

Por todo lo anterior, no parece que la solución para no tener que votar el 25 de diciembre sea la reducción de la campaña electoral. De hecho, no pasaría nada por votar el 21 de diciembre reduciendo el plazo de presentación de candidaturas y eliminando la jornada de reflexión (que no afecta a la posibilidad de voto en el extranjero).

Sólo si se arbitrara un procedimiento novedoso para el voto de los ciudadanos en el extranjero sería viable reducir la campaña electoral (aunque ya he señalado que no me parece una buena medida). Nada obsta a que se pueda hacer de la necesidad virtud y que se aproveche y se modifique la regulación que tanto está dificultando el voto de los españoles en el extranjero, justo en unos años en donde, como consecuencia de la crisis económica, se ha incrementado tanto esta población que vive fuera de nuestro país.