por Julio González | Mar 9, 2016 | Derecho europeo, Derecho internacional, Derechos fundamentales
El reciente principio de Acuerdo entre el Consejo europeo y Turquía sobre los refugiados nos vuelve a traer a la primera plana el deficiente devenir político de la Unión Europea, cuyo funcionamiento se degrada a diario. Este acuerdo con Turquía se une a lo acordado en la última reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno para evitar la salida del Reino Unido que, asimismo, incorpora medidas de restricción de libertades comunitarias. Estos dos datos no son sino la consecuencia de la evolución de la Unión de los últimos años, aunque esto será objeto de otro post en los próximos días.
En esencia, el Acuerdo tiene tres puntos: 1) la expulsión automática de emigrantes que han entrado de forma irregular en Europa, dicho de otro modo, expulsiones en caliente en la frontera este de la Unión Europea. Esta expulsión es condición necesaria para que se pueda producir una hiopotética entrada de emigrantes que hayan entrado de forma legal en Europa, ya que se prevé que podrá entrar uno de forma regular por cada uno que se expulse a Turquía de los que han entrado irregularmente; 2) el pago de 6.000 millones de euros a este país; y 3) dos medidas satisfactorias para una mayor integración de Turquía en la Unión Europea: eximir a sus ciudadanos de la necesidad de visado para viajar a la UE ya en junio y avanzar en el proceso de adhesión a la Unión Europea.
Políticamente, el acuerdo es inadmisible. Es un acuerdo de locos el tener que expulsar a emigrantes irregulares como condición para admitir en la Unión Europea a otros que hayan entrado en Turquía de forma regular. ¿Han tenido en cuenta cuáles son las razones por las que la gente está huyendo de Siria o Iraq? ¿Tienen presente que en Siria llevan cinco años de una guerra civil devastadora? ¿Qué valor han dado al hecho de que Turquía esté utilizando aquel conflicto para solucionar sus problemas con los kurdos? ¿Y cuáles son las condiciones que tienen los refugiados políticos venidos de Afganistán, Siria o Iraq en Turquía? ¿Aparece por algún lado en el Acuerdo de que Turquía cree centros con todas las condiciones adecuadas para que se pueda pedir asilo político de acuerdo con las exigencias del Derecho internacional humanitario? ¿Cuál va a ser la situación de los emigrantes en el territorio turco mientras se está estudiando su petición de entrada en territorio europeo? ¿Qué mecanismos de control va a existir sobre el destino de los 6000 millones de euros que va a pagar la Unión Europea?
No podemos, además, olvidar que Turquía no es un país seguro para los refugiados y que tiene numerosos déficits de protección de derechos humanos. De hecho, hay casos documentados de utilización de la violencia ante los emigrantes irregulares y de devoluciones en caliente a Siria.No son juicios gratuitos sino que como ha señalado el Director para Europa del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Vincent Cochetel, el sistema de protección de refugiados turcos tiene numerosas deficiencias, tantas que, pese a los conflictos que hay solamente acepta a un 3% aproximadamente de los solicitantes de asilo de Irak, Irán y Afganistán
A estos elementos se añade otro dato que también resulta preocupante: del acuerdo no se deduce, en modo alguno, una previsión de acogida de nuevos refugiados, ni siquiera legales. Al contrario, como se señala en el propio texto, “el presente documento no establece ningún nuevo compromiso para los Estados miembros por lo que a reubicación y reasentamiento se refiere”.
Pero es que no sólo políticamente es insostenible sino jurídicamente es contrario a derecho.
- ¿Cómo se puede armonizar un acuerdo de esta naturaleza con el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea que señala que ésta se fundamenta en los “valores de respeto de la dignidad humana, (…) y respeto de los derechos humanos”. Estos valores comunes incorporan la solidaridad, como se señala más adelante.
- Un acuerdo que incorpora la posibilidad de devolución como el que se ha alcanzado con Turquía configurar un procedimiento especial para los grupos de personas que pretenden entrar en nuestro territorio, a los que reducen las garantías con respecto al régimen general que veremos en el epígrafe siguiente. En este punto, configurar un régimen especial para grupos contraviene la obligación que tiene el Estado de realizar un trato individualizado de cada caso en concordancia con la prohibición de expulsiones colectivas, las cuales están expresamente prohibidas en los casos de devolución, expulsión y extradición por el artículo 19.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En este sentido, conviene recordar la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la que se resuelve el caso Hirsi Jamaa y otros v. Italia, que, recogiendo sentencias anteriores, obliga a que se proceda la identificación y al análisis individualizado de la situación de cada persona que pretende entrar irregularmente. Y esto no permite las expulsiones masivas. Dicho de otra forma, el Tribunal recuerda la plena aplicabilidad del Convenio Europeo de Derechos Humanos a todas las actuaciones de control migratorio y de fronteras efectuados por las autoridades de un Estado parte de la Convención.
- El dato anterior es relevante, ya que el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -diferente por tanto- no se refiere a la compatibilidad con la Convención Europea de Derechos Humanos, que obliga a todos los Estados participantes en esta crisis. No hay ninguna razón que justifique cambiar la posición sobre la ilegalidad de la resolución.
- El Acuerdo supone el incumplimiento de la normativa internacional sobre asilo, que obliga a que cuando se lleve a la práctica una devolución hemos de tener en cuenta que las actuaciones que realicen los poderes públicos han de permitir la armonización de dos legislaciones: la de extranjería y la de protección internacional. Dos normas que han de encontrar la forma de ser aplicadas, entre otras razones porque la normativa de protección internacional forma parte de las obligaciones que ha asumido el Estado español, tanto en el ámbito europeo como en el contexto internacional, en particular la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Derecho de los Refugiados.
Como se puede apreciar ni políticamente es admisible ni jurídicamente es conforme a las normas básicas de Derecho europeo y de Derecho internacional público. A partir de este punto, sólo cabe que las Instituciones comunitarias den los pasos necesarios para evitar que este desastroso texto entre en vigor. Y sería momento ya que el problema del que trae causa este flujo de refugiados, que no es otro que la guerra civil siria, pase a ser un punto central de la agenda política de la Unión Europea. Aunque sea por puro egoísmo. Si la puerta grecoturca se cierra, habrá otras que se abran, como las italianas o la de Ceuta y Melilla.
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por Julio González | Mar 3, 2016 | Africa, Historia, Sahara Occidental
Sahara, 40 años de la proclamación de la República Arabe Saharaui Democrática. El conflicto del Sahara Occidental es hoy un conflicto olvidado. La presión marroquí y otras crisis más perentorias, impiden que ocupe el primer plano de la prensa internacional, a pesar de los casi cuarenta años de su ocupación por Marruecos y de las continuas violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades marroquíes.
Una ocupación en la que el Gobierno del General Franco en 1975 y el del Rey Juan Carlos en 1976 tienen mucha responsabilidad, tal como muestra Wickileaks, en relación con los cables intervenidos de Kissinger. Aún hoy España tendría la obligación jurídica de promover el ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, pues la cesión del territorio que hizo a Marruecos es nula. Es un territorio que no forma parte de Marruecos y que está a la espera de descolonización.
¿Por qué el Sahara Occidental está siendo administrado por Marruecos?
El pasado 14 de noviembre hizo 39 años de la firma, por el Presidente del Gobierno español y los representantes de los Gobiernos de Marruecos y Mauritania de una «Declaración de principios» sobre el territorio del Sahara Occidental, entonces bajo administración española. Unos acuerdos que, como señalan opiniones muy autorizadas, son nulos. Estos acuerdos fueron sorprendentes (incluso conociendo su parte económica, secreta). Escasamente un mes antes, la Corte Internacional de Justicia, en su Dictamen Consultivo del 16 de octubre de 1975, había declarado que no había vínculo de soberanía entre Mauritania o Marruecos con el Sahara y que no había razón para no aplicar la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU y descolonizar ese territorio.
Este Acuerdo abrió el camino para la inmediata ocupación militar del territorio por parte de los dos Estados -no sin encontrar una fuerte resistencia armada de su población- y para su posterior reparto entre ambos, realizado en el acuerdo de 14 de abril de 1976. El 5 de agosto de 1979 el Frente Polisario y Mauritania alcanzan un acuerdo por el cual Mauritania cede la parte que ocupaba del Sahara Occidental al Frente Polisario, pero Marruecos se anexiona esa zona el 11 de agosto.
¿Qué ocurrió desde 1976?
De entrada, hay que recordar un hecho transcendental: el 27 de febrero de 1976, se produce la proclamación de la República Arabe Saharaui Democrática cuyos límites serían los de la antigua provincia española y que ya entonces eran territorios ocupados. Ha sido reconocida por 82 países y pertenece a la Organización para la Unidad Africana desde 1984.
La evolución del conflicto se puede dividir en tres fases: Una primera, de inactividad de la ONU y que comprende el periodo entre 1976 y 1988. Está marcado tanto por la ocupación militar del territorio por Marruecos como la oposición armada de los saharauis a través del Frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguia el Hamra y Rio de Oro).
Es en esta época cuando aparece el “ Muro del Sahara Occidental”. Fue construido por el ejército marroquí con la ayuda de expertos israelíes y la asistencia financiera de Arabia Saudita y de Estados Unidos. En realidad consiste de 8 muros, que suman 2.720 kilómetros de berma de arena – un espacio elevado y llano que divide en dos un espacio – que recorre el Sahara Occidental y el sudeste de Marruecos separando las áreas controladas por el gobierno de dicho país y la llamada Zona Libre del Frente Polisario.
Una segunda fase, entre 1988 y 2002, centrada en el “Plan de Arreglo de la cuestión del Sahara Occidental” de 30 de agosto de 1988 cuyo elemento central estaba constituido por la celebración de un referéndum de autodeterminación en el territorio. Este Plan se acompañó en el Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad de 18 de junio de 1990 un “Plan de aplicación de conformidad con la Resolución 621 (1988) del Consejo de Seguridad“.
En esta fase, se llega a la primera paralización en 1995, debido esencialmente a las solicitudes de inclusión de votantes en el censo por parte de Marruecos. Tras el nombramiento de James Baker como Enviado personal del Secretario General (1997), se inician nuevas consultas y negociaciones sobre las medidas para la ejecución del “Plan de Arreglo” que alcanzaron resultados en los Acuerdos de Houston de diciembre de 1997 sobre el procedimiento para resolver las apelaciones relativas a la inscripción en el censo de votantes y el Código de Conducta en el referéndum, lo que hizo que el Consejo de Seguridad de la ONU determinara en dos ocasiones una fecha para el referéndum. Marruecos paralizó entonces el procedimiento especialmente mediante la presentación de 130.000 solicitudes de inclusión en el censo de votantes.
¿Cuál es la situación actual?
Pese a las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU, desde 1975 hasta las más recientes, que afirman sistemáticamente que la solución final al conflicto pasa por la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental, referéndum incluido; la situación actual es de paralización de la resolución del conflicto. Una situación que favorece a Marruecos, especialmente por la explotación de los recursos naturales, y que está provocando que el Frente Polisario esté planteando seriamente la vuelta a la lucha armada.
Una parte de la población saharaui está viviendo en pésimas condiciones la zona de Tinduf, un área desértica e inhóspita en territorio argelino. Su población es de varias decenas de miles de habitantes (algunos de los cuales llevan más de 30 años allá, y otros, de tercera generación nunca han pisado suelo saharaui), pero la cifra exacta varía en función de la fuente.
El único aspecto positivo es la reciente sentencia del TJUE sobre el Acuerdo de Pesca con Marruecos, reconociendo que sobre el litoral saharui Marruecos carece de competencias. En la misma línea, el veto de las autoridades comunitarias a que se comercialicen en territorio europeo productos agrícolas cultivados en territorio saharaui.
¿Cuál es la actitud de las autoridades españolas hacia los saharauis?
A diferencia de lo que ocurre con los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o los sefardíes que tienen un procedimiento privilegiado para la adquisición de la nacionalidad española ( mera residencia de dos años) no hay una regla equivalente para los saharauis.
El Tribunal Supremo está en los últimos tiempos reconociendo a los saharauis la condición de apátridas, con independencia de que hayan nacido en territorio argelino, en los campos de refugiados, o en el territorio del Sahara Occidental.
La actuación del Gobierno español, en mi opinión, siempre ha estado mediatizado por la presión marroquí (vinculada al contencioso sobre Ceuta y Melilla). Eso explica la falta de impulso a la descolonización y que la ayuda oficial se limite a la humanitaria.
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