Puerto Rico: una crisis anunciada
Crisis económica de Puerto Rico. Felipe VI, en su visita a Puerto Rico para la inauguración de la séptima edición del Congreso Internacional de la Lengua Española, hizo referencia a la alegría que le suponía volver a los Estados Unidos. Un gran error del monarca, lo cual molestó mucho en la Isla, ya que, como se debía conocer en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, nuestro Jefe del Estado no se encontraba en los Estados Unidos de América.
En efecto, tal como se acaba de indicar, el estatus jurídico de Puerto Rico, de acuerdo con el derecho de los Estados Unidos, es el de territorio no incorporado. Detrás de dicha expresión se abre un régimen jurídico especial cuyos elementos básicos son los siguientes: desde el punto de vista de la ciudadanía, los nacidos en la isla son ciudadanos norteamericanos (desde 1917, con la aprobacioón de la Jones Act), sirven en el ejército, votan en las primarias pero no pueden elegir al Presidente de los EE.UU. ni tiene representantes con voz y voto en el Congreso estadounidense. La ausencia de representantes en el Congreso se palía institucionalmente mediante la figura del Comisionado Residente que tiene voz (pero no voto) ante la comisión correspondiente del Congreso. Como no es un Estado soberano, no puede emitir moneda ni puede pedir ayuda directamente al FMI ni dispone de todos los instrumentos de los para pedir ayuda financiera. La situación es tanto más peculiar que, pese a no formar parte de los EE.UU. tiene unos fuertes nexos de Unión política y económica con ellos.
Destacamento de soldados estadounidenses cerca de Ponce en los días posteriores a la invasión estadounidense, del 25 de julio de 1898
Que no sea parte de Estados Unidos, ni sea un Estado independiente constituye un elemento relevante en la crisis actual (aunque no es una crisis nueva). Esta situación económicamente complicada no se puede desligar de las medidas adoptadas por los EE.UU.: las medidas contra la agricultura puertorriqueña de principios del siglo XX redujeron considerablemente este sector económico, relevante por la calidad de caña de azúcar y café. La normativa de transporte marítimo de los EE.UU. (en particular su ley de cabotaje) es especialmente perjudicial para la isla, como consecuencia del aumento de costes de los productos. Y, en fin, más recientemente, la derogación de Sección 936 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos ha eliminado los beneficios económicos a las empresas que se se radicaban en la Isla, lo que ha limitado sustancialmente la actividad económica. Derogación, por cierto, aceptada por el Gobernador de Puerto Rico.
Puerto Rico se encuentra en una situación de crisis económica que se extiende en diversos ámbitos: la deuda pública resulta superior al 100% del PIB; el déficit público constante y anual del de las Administraciones públicas llega al 20% y con numerosos problemas en la gestión de tributos; tiene aproximadamente un 40% de la población en edad de trabajar que no está ni siquiera integrada en el mercado de trabajo; la mala gestión de la caja de las pensiones permite ver en el horizonte un riesgo grande de insolvencia del sistema de pensiones de los empleados del gobierno central y de maestros, que podría dejar a unos 200.000 personas aproximadamente sin su pensión; una pérdida de competitividad de la economía –motivada por los costes energéticos y de transportes, que están lastrando la actividad económica- que se acompaña de una constante pérdida de la de población que está mejor formada y que encuentra su destino en el vecino del norte; y, al mismo tiempo, una crisis en la Administración pública. Los datos económicos del Banco Gubernamental para el Fomento de Puerto Rico son muy ilustrativos y desde la publicación del polémico Informe Kruegeremitido por petición del Gobernador García Padilla, la situación no ha hecho sino empeorar.
Todo lo cual dibuja un cuadro de crisis estructural en el país que no ha encontrado solución hasta ahora, a pesar de que hace años que esta crisis estaba en el horizonte y que no permite en la actualidad el recurso al mercado de capitales, que está cerrado para la isla por la bajísima cualificación de su deuda.
En la actualidad la crisis y sus vías de gestión se vertebran sobre dos polos: por un lado la imposición por parte del Gobierno de los EE.UU. de un mecanismo de gobierno para ordenar la economía y la Administración pública: la instauración de una Junta de Control Fiscaly que supondría indirectamente la suspensión de la Constitución que está actualmente en vigor. Esta medida del Gobierno federal está provocando un apasionado debate entre los partidarios y detractores de la medida.
Por el otro, la tramitación de una serie de medidas por el Parlamento de Puerto de Rico incorporadas a la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto sobre las moratoria del pago de la deuda; norma también controvertida y sobre la que el Colegio de Abogados ha señalado su inconstitucionalidad, añadiendo, por tanto un factor de inestabilidad. La mayoría republicana en Washington impide, al mismo tiempo, que la Junta venga con dinero como paso inicial antes de proceder a una reforma administrativa y de las estructuras económicas.
Como se aprecia, nos encontramos ante una solución especialmente grave ya que, de entrada, hay un problema de si Puerto Rico entra o no en quiebra, desde un punto de vista jurídico. Esta es una medida a la que pueden recurrir las Administraciones públicas estadounidenses pero no Puerto Rico, después de una medida aprobada en condiciones peculiares en el año 1984. Teóricamente, el 95% de los créditos están sujetos a la legislación de la isla, no a la de New York. Pero esto tendría consecuencias relevantes en los EE.UU. ya que una parte considerable de los mismos están en manos de entidades financieras estadounidenses, y su impago podría tener consecuencias sistémicas para el sector financiero.
Esa es la situación general de Puerto Rico en la actualidad. Una situación preocupante ya que las vías de solución ni siquiera se intuyen, teniendo en cuenta la polarización de la población en relación con EE.UU., la ausencia de recursos financieros y la finalización del mandato del Gobernador Padilla y las consiguientes elecciones en noviembre próximo.
Como elemento previo a la preparación de este artículo, organicé y conduje un diálogo entre dos puertorriqueños el economista William Lockwood y la abogada María de los Ángeles Trigo y José Rubio San Román, Profesor de la Universidad Complutense que lleva años dirigiendo en Puerto Rico un Máster oficial que se imparte por la UCM y la Universidad Interamericana de Puerto Rico
