Puerto Rico: una crisis anunciada

Puerto Rico: una crisis anunciada

Crisis económica de Puerto Rico. Felipe VI, en su visita a Puerto Rico para la inauguración de la séptima edición del Congreso Internacional de la Lengua Española, hizo referencia a la alegría que le suponía volver a los Estados Unidos. Un gran error del monarca, lo cual molestó mucho en la Isla, ya que, como se debía conocer en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, nuestro Jefe del Estado no se encontraba en los Estados Unidos de América.

En efecto, tal como se acaba de indicar, el estatus jurídico de Puerto Rico, de acuerdo con el derecho de los Estados Unidos, es el de territorio no incorporado. Detrás de dicha expresión se abre un régimen jurídico especial cuyos elementos básicos son los siguientes: desde el punto de vista de la ciudadanía, los nacidos en la isla son ciudadanos norteamericanos (desde 1917, con la aprobacioón de la Jones Act), sirven en el ejército, votan en las primarias pero no pueden elegir al Presidente de los EE.UU. ni tiene representantes con voz y voto en el Congreso estadounidense. La ausencia de representantes en el Congreso se palía institucionalmente mediante la figura del Comisionado Residente que tiene voz (pero no voto) ante la comisión correspondiente del Congreso. Como no es un Estado soberano, no puede emitir moneda ni puede pedir ayuda directamente al FMI ni dispone de todos los instrumentos de los  para pedir ayuda financiera. La situación es tanto más peculiar que, pese a no formar parte de los EE.UU. tiene unos fuertes nexos de Unión política y económica con ellos.

Soldados estadounidenses en Puerto Rico

Destacamento de soldados estadounidenses cerca de Ponce en los días posteriores a la invasión estadounidense, del 25 de julio de 1898

Que no sea parte de Estados Unidos, ni sea un Estado independiente constituye un elemento relevante en la crisis actual (aunque no es una crisis nueva). Esta situación económicamente complicada no se puede desligar de las medidas adoptadas por los EE.UU.: las medidas contra la agricultura puertorriqueña de principios del siglo XX redujeron considerablemente este sector económico, relevante por la calidad de caña de azúcar y café. La normativa de transporte marítimo de los EE.UU. (en particular su ley de cabotaje) es especialmente perjudicial para la isla, como consecuencia del aumento de costes de los productos. Y, en fin, más recientemente, la derogación de Sección 936 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos ha eliminado los beneficios económicos a las empresas que se se radicaban en la Isla, lo que ha limitado sustancialmente la actividad económica. Derogación, por cierto, aceptada por el Gobernador de Puerto Rico.

Puerto Rico se encuentra en una situación de crisis económica que se extiende en diversos ámbitos: la deuda pública resulta superior al 100% del PIB; el déficit público constante y anual del  de las Administraciones públicas llega al 20% y con numerosos problemas en la gestión de tributos; tiene aproximadamente un 40% de la población en edad de trabajar que no está ni siquiera integrada en el mercado de trabajo;  la mala gestión de la caja de las pensiones permite ver en el horizonte un riesgo grande de insolvencia del sistema de pensiones de los empleados del gobierno central y de maestros, que podría dejar a unos 200.000 personas aproximadamente sin su pensión; una pérdida de competitividad de la economía –motivada por los costes energéticos y de transportes, que están lastrando la actividad económica- que se acompaña de  una constante pérdida de la de población que está mejor formada y que encuentra su destino en el vecino del norte; y, al mismo tiempo, una crisis en la Administración pública.  Los datos económicos del Banco Gubernamental para el Fomento de Puerto Rico son muy ilustrativos y desde la publicación del polémico Informe Kruegeremitido por petición del Gobernador García Padilla, la situación no ha hecho sino empeorar.

Todo lo cual dibuja un cuadro de crisis estructural en el país que no ha encontrado solución hasta ahora, a pesar de que hace años que esta crisis estaba en el horizonte y que no permite en la actualidad el recurso al mercado de capitales, que está cerrado para la isla por la bajísima cualificación de su deuda.

En la actualidad la crisis y sus vías de gestión se vertebran sobre dos polos: por un lado la imposición por parte del Gobierno de los EE.UU. de un mecanismo de gobierno para ordenar la economía y la Administración pública: la instauración de una Junta de Control Fiscaly que supondría indirectamente la suspensión de la Constitución que está actualmente en vigor. Esta medida del Gobierno federal está provocando un apasionado debate entre los partidarios y detractores de la medida.

Por el otro, la tramitación de una serie de medidas por el Parlamento de Puerto de Rico incorporadas a la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto sobre las moratoria del pago de la deuda; norma también controvertida y sobre la que el Colegio de Abogados ha señalado su inconstitucionalidad, añadiendo, por tanto un factor de inestabilidad. La mayoría republicana en Washington impide, al mismo tiempo, que la Junta venga con dinero como paso inicial antes de proceder a una reforma administrativa y de las estructuras económicas.

Como se aprecia, nos encontramos ante una solución especialmente grave ya que, de entrada, hay un problema de si Puerto Rico entra o no en quiebra, desde un punto de vista jurídico. Esta es una medida a la que pueden recurrir las Administraciones públicas estadounidenses pero no Puerto Rico, después de una medida aprobada en condiciones peculiares en el año 1984. Teóricamente, el 95% de los créditos están sujetos a la legislación de la isla, no a la de New York. Pero esto tendría consecuencias relevantes en los EE.UU. ya que una parte considerable de los mismos están en manos de entidades financieras estadounidenses, y su impago podría tener consecuencias sistémicas para el sector financiero.

Esa es la situación general de Puerto Rico en la actualidad. Una situación preocupante ya que las vías de solución ni siquiera se intuyen, teniendo en cuenta la polarización de la población en relación con EE.UU., la ausencia de recursos financieros y la finalización del mandato del Gobernador Padilla y las consiguientes elecciones en noviembre próximo.

Como elemento previo a la preparación de este artículo, organicé y conduje un  diálogo entre dos puertorriqueños el economista William Lockwood y la abogada María de los Ángeles Trigo y José Rubio San Román, Profesor de la Universidad Complutense que lleva años dirigiendo en Puerto Rico un Máster oficial que se imparte por la UCM y la Universidad Interamericana de Puerto Rico

 

Algarrobico, camino de su demolición

Algarrobico, camino de su demolición

Los procedimientos sobre el Hotel del Algarrobico (Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, Almería) han concluido. El Tribunal Supremo, tras una larga deliberación ha declarado que el área es de protección ambiental, en dos sentencias de 10 de febrero de 2016.

La construcción de un macro complejo hotelero a 14 metros de la ribera del mar es el símbolo de una época. Símbolo del desarrollo económico a través de la construcción; símbolo de una gestión del litoral que ha permitido su destrucción, a pesar de que, desde la Ley 22/1988, de costas, se disponía de un instrumento legal que podría haberle proporcionado un nivel de garantía suficiente. Destrucción que está basada básicamente en las construcciones privadas pero en las que no podemos olvidar ciertas actuaciones públicas que han contribuido esencialmente, como puertos –deportivos y comerciales- o, incluso el propio desinterés de los entes públicos. El último eslabón es la Ley de costas de 2013, cuyo contenido está muy alejado de su título.

Como es conocido, se trata de un litigio antiguo y complejo.

Hay que recordar, por ello, sus datos esenciales: i) La Junta de Andalucía aprobó en 1994 el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, donde aparece que el Algarrobico es suelo no urbanizable; ii) En 1997, la Junta cambia su clasificación a suelo urbanizable, incumpliendo las normas de espacios naturales.; iii) El propietario solicita en 2001 la licencia para construir; iv) En 2003 se concede dicha licencia, con exención del 99% de tasas y se inician las obras. El edificio del hotel se sitúa a 47 metros del dominio público y la piscina y otras construcciones a sólo 14 metros; v) En 2005 se aprueba el deslinde que incorpora la franja posterior al dominio público y se comienzan los trámites para la expropiación del terreno; vi) En 2006 se paralizan cautelarmente las obras por acción planteada por una asociación ecologista; vii) El Consejo de Ministros declara en 2007 la utilidad pública del paraje para su incorporación al dominio público; viii) En 2008 la Junta de Andalucía aprueba un nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales que lo califica como zona degradada y que fue suspendido. Desde entonces, el asunto estuvo en los Tribunales hasta el pasado 10 de febrero.

Es, además, un asunto especialmente complejo por haber tres líneas de recursos con principios diferentes:

  • Una primera que afecta al deslinde de la playa ya que el hotel ocupaba dominio público. El deslinde ha sido confirmado unánimemente por todos los Tribunales de Justicia.
  • Una segunda que afecta a la licencia de obras, que depende tanto de la consideración del bien como dominio público como de su ordenación urbanística y ambiental.
  • Una tercera, que analiza la legalidad de la ordenación urbanística y de protección ambiental de la zona en la que se ubica el complejo hotelero. Una línea en la que la ejecución de las sentencias que se comentan ahora está encontrando resistencias en el Ayuntamiento de Carboneras

Las dos sentencias de 10 de febrero de 2016 lo que hacen es declarar un dato que parece obvio observando las fotos del enclave: en ellas se efectúa el reconocimiento de que no nos encontramos ante un “Área Ambientalmente Protegida”, tal como había señalado con anterioridad la STSJ Andalucía –sede Granada-, de 11 de junio de 2012. Con ello, sólo cabe admitir el derribo del hotel en construcción, tal como ocurrió con el Gran Hotel Atlanterra (Zahara de los Atunes, Cádiz) en 2002 o el Club Med, de Cap de Creus (Girona), demolido en 2007.

¿Y ahora? Con las sentencias de febrero de 2016 no hay otra opción que derribar el complejo hotelero. En este sentido, conviene recordar que en 2011, estando Rodríguez Zapatero en la Presidencia del Gobierno, se suscribió un protocolo con la Junta de Andalucía para colaborar en la demolición, el cual fue ratificado por el entonces Ministro Arias Cañete una vez que el PP llegó al poder en 2012. El acuerdo determinaba que el Gobierno central correría con los costes de derribo del edificio y la Junta de Andalucía con el desescombro y la restauración ambiental de la zona afectada. En la reunión celebrada el 29 de febrero el Estado y la Junta de Andalucía han quedado en constituir una comisión mixta que abordará los detalles técnicos de la demolición.

Quedará por determinar, eso sí, las responsabilidades de las distintas Administraciones públicas por la existencia de planes y licencias que permitieron la construcción del edificio, las cuáles no han sido resueltas en las sentencias. La cuantía que plantea la promotora (70 millones €) parece totalmente carente de criterio, teniendo en cuenta el factor para su determinarlo.

Aun con la alegría de que el hotel vaya a ser derribado, la lectura de las sentencias de estos litigios, conduce a cierta languidez. Dejando a un lado la gestión de la Ministra Cristina Narbona , la actuación administrativa fue “manifiestamente mejorable” a la vista del objetivo de creación de un parque natural o si examinamos la finalidad de la Ley de costas de 1988 o del artículo 132.2 de la Constitución. Crítica que incluye a la Junta de Andalucía, que luego rectificó su actuación, y al Ayuntamiento de Carboneras –que incurrió en una ilegalidad flagrante a la hora de recoger las previsiones de la Ley de costas en el planeamiento -. La indemnización al promotor será la consecuencia de este mal hacer administrativo

Cuando se derribe el Hotel del Algarrobico y se restaure el medio ambiente, hay que poner el punto de mira en “los otros Algarrobicos” que florecieron en la costa española y que han provocado una “Destrucción a toda costa”, y que recoge el título de los informes presentados por Greenpeace sobre nuestro litoral.

Para los interesados en las resoluciones,

STS272/2016, de 10 de febrero

STS 330/2016, de 10 de febrero

Publicado originalmente en Agenda Pública  

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