Populismo. El populismo es un elemento fundamental para entender la política europea en la actualidad. Es una forma de hacer política que reivindica al pueblo, a la patria y se nutre de otras ideologías.
De derechas o de izquierdas, los encontramos en prácticamente todos los países europeos y con un peso creciente en la escena política. UKIP, Alternative für Deutschland, Front National, Syryza, Podemos, Amanecer Dorado o Ciudadanos son partidos populistas. Tanto que los partidos tradicionales los han colocado en el centro de su crítica con el fin de limitar su crecimiento.
Crítica que se suele complementar con un desprecio, por considerarlo carentes de ideología. En mi opinión, el populismo se debe situar en otro lado, en la forma de hacer política. Esto es, los partidos populistas tendrán un poso ideológico determinado al que añaden una determinada forma de ser actores políticos. De hecho, se podría decir que en el norte de Europa son mayoritariamente de derechas y en el sur de izquierda, salvo el caso de Ciudadanos.
El origen del auge de los partidos populistas se debe situar en mi opinión en la respuesta que se proporciona desde las instituciones y los partidos políticos tradicionales a la crisis económica de 2008. La falta de empatía con la ciudadanía, el alejamiento de sus problemas, el desprecio a su voluntad manifestado en los cambios de Gobierno de Italia o Grecia; son el detonante mayor para el desarrollo de estos partidos. Un detonante en el que ha servido también como elemento aglutinador la corrupción, la desigual gestión de los tributos y el peso absoluto de los criterios economicistas de la estabilidad presupuestaria. Ha habido, en consecuencia, una mala gestión política que ha ayudado al desarrollo del populismo político.
Tanto es así, que el populismo se presenta como superador del conflicto tradicional entre derecha e izquierda. En efecto, se quiere sustituir por el debate entre los de arriba y los de abajo; o dicho de otro modo, entre la élite que no ha salido mal parada de la crisis y el pueblo que ha padecido la socialización de sus consecuencias a través de más paro y menos derechos sociales y una publificación de la deuda bancaria.
El conflicto élite-pueblo se plantea en el populismo a través de un doble elemento: por un lado, los problemas graves de ética pública que han aflorado, que van de los paraísos fiscales a los cobros en metálico, pasando por cualquier otro tipo de enriquecimiento indebido. Pero al mismo tiempo, la tecnocracia, la incapacidad de arbitrar una solución política alternativa al pensamiento único que se basaba en recortes de derechos servía de elemento para aglutinar.
Por ello, se reivindica la democracia directa; sustituyendo a la representativa. Un planteamiento que no deja de tener puntos positivos -como el mayor uso de la participación ciudadana en asuntos de especial importancia- y negativa -si esto no se realiza de forma adecuada, con suficiente información sobre cuál es el objeto de la consulta y las consecuencias de la decisión. Su llamamiento a una mayor democratización acostumbra a caer en el problema de que importa más el hito de recurrir a una pregunta popular que la respuesta, ya que dado que aquella no es concreta, esta plantea problemas. Es el caso paradigmático del referéndum griego antes del último rescate, en el verano de 2015 cuya pregunta era manifiestamente mejorable.
Ahora bien, esto no resulta suficiente.
Lo que hace diferente a los movimientos populistas, en los que coinciden todos ellos es en lo que respecta al cómo se plantea el debate político.
El debate pretende la creación de un “pueblo” como sujeto de la política que se quiere realizar, con lo que entronca el modo de hacer política populista con la idea gramsciana de la hegemonía, tal querida por algunos dirigentes de Podemos como Errejón. Para ello, el debate es impreciso y fluctuante. El discurso se realiza de forma sencilla oponiendo el yo -el pueblo- frente al ellos -la casta-; planteando los interrogantes de forma sencilla, con emotividad, llegando al corazón, y en donde la pregunta no admita matices.
Las puertas giratorias es un ejemplo. ¿Constitucionalizamos su prohibición? El problema inicial de qué es una puerta giratoria, cuántos años dura, en qué sectores afecta y a qué integrantes de la familia resulta obviado. Los ejemplos que se ponen de personas que dejaron el Gobierno hace más de 20 años es la prueba de lo que se está señalando. O cuando s quiere retomar la vieja redacción del artículo 135 de la Constitución ¿aparece en el debate que tener un contenido equivalente a ese es obligatorio gracias al Tratado de Estabilidad y Gobernanza de la zona Euro que firmó Rajoy en 2012?
Pero aunque haya unidad de planteamiento, las consecuencias son diferentes. Parten todos los partidos populistas de la reivindicación de la patria.La diferencia esencial, que al mismo tiempo es un criterio que impide una convergencia absoluta en el análisis de los partidos populistas afecta a los objetivos generales de su política: en unos casos podemos hablar de partidos populistas de derechas (que son excluyentes) y en otros de izquierda (que son incluyentes). Inclusión/exclusión que se manifiesta en dos ámbitos: redistribución de la renta y tratamiento al diferente; ya sea este distinto por razón de raza o de religión.
En el caso del Frente Nacional francés y los demás populismos de derechas, la patria tiene un valor excluyente del extranjero. Un valor que se conecta en ocasiones con la idea de raza y usualmente con los valores de la religión cristiana. Sirve, de este modo, para poner a todo lo vinculado a la religión musulmana como enemigo.
En el caso de la izquierda, la patria (concepto que en España estaba vinculado al pensamiento franquista) se vincula a la gente, de tal manera que lo que se pretende es la redistribución de la riqueza para lograr una sociedad más equitativa. Y al mismo tiempo, para sustentar esta labor redistributiva, se realiza una reivindicación de las instituciones, frente a la anarquía de la globalización neoliberal que ha favorecido las acciones contra todos los Estados, tal como ha señalado Liria.
“Tengo un grave problema de conciencia y por eso le he llamado – dijo el concejal de Urbanismo mientras jugueteaba distraidamente con unos lápices de colores colocados sobre el plano de la ciudad – : Usted es propietario de un magnifico solar y la Ley me autoriza a darle el destino que me parezca más oportuno. Yo creo que aquí podría colocarse un jardín para recreo de los niños y ancianos del barrio, que bien lo necesitan. Para ello basta pintarlo de verde.”
Y así lo hizo. El propietario balbuceó consternado: “esto es mi ruina. En tales condiciones no me pagarán por él, compensaciones incluidas, ni un millón de pesetas.” Sus lágrimas enternecieron al edil. “No llore usted más. Dejaremos de momento que los niños sigan jugando en las calles. También hay que pensar en los obreros y empleados modestos que necesitan vivienda. Se lo pintaré de marrón y podrá edificar algunos pequeños bloques de pisos baratos”. El promotor culculó que así valía el solar cien millones de pesetas y, cobrando ánimo, ponderó las ventajas de construir muchas y buenas torres de lujo, que rehabilitarían la zona, reactivando de paso el sector de la construcción.
La Autoridad, una vez más, demostró su buen corazón y se dió por convencida. “Pero reconocerá – añadió – que no es justo que usted se enriquezca con los terrenos a costa de niños y ancianos. Podemos hacer, por tanto, una cosa: Yo le pinto la parcela de rojo y usted cede al Ayuntamiento otro solar para el parque…” “acepto”, exclamó jubiloso el propietario y sacó la pluma dispuesto a firmar. “No tan aprisa – dijo afablemente el concejal – que aún no he terminado. Por que, además, deberá entregar al partido diez millones de los ochocientos que le estoy haciendo ganar con la recalificación del suelo y, sobre ello, también deberá darme a mí otros diez.” ¿cómo iba a dudar el promotor? Entre el rojo y el verde estaba el negocio y con la diferencia había para todos.
Amable lector: no creas que exagero. La historia es real y cotidiana. Y, si tu te asombras de lo que te he contado, yo me asombro de que haya alguien que todavía lo ignore. ¿Cómo te explicas entonces, la existencia de torres gigantescas al lado de losjardines? ¿No te hubiera gustado ver un parque donde van a construirse los famosos edificios de KIO o de los albertos en la congestionada plaza de Castilla? ¿O es que no lees los periódicos donde se publican estos convenios (sin las últimas cláusulas, claro es)? ¿Te creias, acaso, que los partidos se financian con las cuotas de los militantes? ¿No te ha llamado nunca la atención el encumbramiento súbito de un vecino y de susfamiliares, amigos y socios? Este es nuestro famoso planeamiento urbanístico: cuestión de colores.
El texto que está en cursiva no es mío. Se titula “Lápices de colores”, lo escribió Alejandro Nieto hace muchos años para “El Independiente” y está incluido en su recopilación “España en astillas”. Me vino a la cabeza mientras la radio recordaba la declaración de Marjaliza, implicando a Francisco Granados en la corrupción urbanística que él desarrolló. Entre el texto y los hechos que motivaron la detención de los miembros de la trama Púnica han podido transcurrir 20 años. Como se puede ver, todo es sustancialmente igual. Corrupción de la más simple utilizando el urbanismo. Incluso la salida del dinero a Suiza se producía de la forma más simple, en efectivo, escondido en un sobre o en una bolsa.
¿No ha ocurrido nada en esos 30 años para que la corrupción se siga manifestando igual? Sí, hubo una burbuja inmobiliaria que incrementó exponencialmente las posibilidades de beneficio, rápido y abultado que pasara por encima de cualquier principio de buena gestión y ética públicas.
Pero sobre todo hubo una serie de problemas políticos, administrativos y judiciales que favorecieron extraordinariamente la corrupción urbanística.
Comencemos por lo que describe Nieto, la planificación urbanística que es lo que determina el precio del terreno. Los planes de urbanismo no los puede aprobar el Alcalde de ningún municipio. ¿Cuál es la responsabilidad de todos los concejales que permitieron desarrollos urbanísticos especulativos y que debían tener la intuición de que algo raro estaba pasando? Porque estamos hablando en muchos casos de Municipios pequeños en los que “se comenta todo”.
Más aún, las Comunidades autónomas tenían (y tienen) competencias en los procesos de aprobación de los planes. ¿No vieron nada que resultara sospechoso, cuando en todos los municipios los crecimientos proyectados supondrían un aumento de población inasumible por una Comunidad autónoma? ¿Se hizo una verificación correcta de que todos los planes eran razonables, tenían agua suficiente y las edificaciones estaban en un lugar adecuado?
¿Tiene la Agencia Tributaria capacidad para controlar la situación económica de los cargos implicados en el proceso urbanizador? ¿Ha habido algún Plan de inspección de los que desarrolla Hacienda que se haya dedicado a la inspección de alcaldes, concejales (y familiares) afectados por los procesos urbanizadores? No podemos olvidar que tenemos el segundo porcentaje más bajo de la Unión Europea en inspectores de hacienda por habitante. ¿Cuándo se espera para tener la Administración tributaria que necesita un país como España?
¿Tiene la fiscalía contra la corrupción medios suficientes para vigilar este proceso urbanizador? ¿Qué responsabilidad había del Gobierno de entonces para evitar este tipo de actuaciones? Porque recordemos que hasta que Zapatero diera un impulso importante a los instrumentos de represión, fortaleciendo con doce fiscales el Centro de Madrid, complementado con el eficaz apoyo de la Agencia Tributaria, Intervención General del Estado y Policía Judicial? ¿Resulta razonable el número de jueces (4) que se está dedicando en la Audiencia Nacional a la persecución de estos delitos de corrupción?
Y, como en la historia de Alejandro Nieto, quedan los partidos políticos que también han sido beneficiados por la corrupción. El control que ha efectuado el Tribunal de Cuentas ha sido manifiestamente ineficaz, posiblemente por la escasez de medios. Hay que recordar dos de los los problemas que constató el Consejo de Europa sobre España en 2011: por un lado, la ausencia de auditorías de los partidos políticos (obviamente, la más estricta de todos, lo que constituye cuestión actual, sobre todo teniendo en cuenta que la auditoria que quería el PP no ha encontrado quien la escribiera). Y, en segundo lugar, más medios personales y materiales para que los informes de fiscalización de los partidos políticos sean mejores y más rápidos. Yo añadiría la redefinición de funciones, ya que hay procedimientos que tienen carencias importantes. ¿Se ha hecho algo desde entonces?
Con todo lo anterior, quiero insistir en un elemento que es esencial: tener la mejor legislación posible contra la corrupción no es suficiente. Pero en España no la tenemos, especialmente porque uno de los mecanismos indirectos de lucha contra la corrupción (el delito fiscal, vinculado a operaciones que se hacen en efectivo) tiene un plazo de prescripción anormalmente bajo.
Pero, aún así, si tuviéramos la mejor normativa, sería papel mojado si no hay una Administración y una Judicatura adecuada para llevarla a la práctica. Esto supone tener medios personales adecuados en todos los campos necesarios. Supone disponer de medios materiales y supone arbitrar mecanismos de colaboración internacional para la persecución del dinero que ha salido de España. La lentitud en los procedimientos judiciales, por ejemplo, se podría subsanar si tuviéramos los mismos jueces por habitante que Alemania, que tiene el doble que nosotros.
Como se puede ver, la corrupción no desaparecerá hasta que no haya una concienciación suficiente en la ciudadanía de la importancia que tiene vivir en un país honesto. Y esto supone que el voto el próximo 26 de junio refleje el rechazo radical a esta lacra. Y supone, al mismo tiempo, que las mayorías del cambio tienen que incluir medidas concretas para extirparla. Sin ellas, el asco que produce la declaración de Marjaliza no será más que el llanto de los cocodrilos.
7 preguntas sobre el TTIP cuya respuesta deberías conocer. El Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (conocido por el acrónimo en inglés TTIP) constituye uno de los instrumentos jurídicos de más transcendencia que se está negociando en la actualidad para regular el comercio y la ordenación económica internacional. Entra dentro de los denominados Tratados de Nueva Generación que son instrumentos normativos que aúnan dos tipos de contenidos: por un lado, disponen de elementos que los acercan a los acuerdos internacionales de liberalización del comercio internacional. Es un campo en el que su impacto es liitado, en la medida en que los aranceles y otras medidas de efecto equivalente son muy bajas.
Por el otro, tienen una raiz “constitucional”, en el sentido que contienen generales para reglas de regulación de determinados sectores económicos, incorporan mecanismos de regulación uniforme y, asimismo, estructuran un nuevo procedimiento de resolución de conflictos relativos a inversiones. Por otro lado, su amplio contenido material lo aleja sustancialmente de lo que es un acuerdo de liberalización comercial.
Veamos los puntos esenciales que se conocen del Tratado
1. ¿Qué es el TTIP?
El TTIP es un tratado que se está negociando en la actualidad entre los Estados Unidos y la Unión Europea formalmente para “aumentar el comercio y la inversión entre la UE y los EE.UU. haciendo realidad el potencial sin explotar de un auténtico mercado transatlántico que genere nuevas oportunidades económicas de creación de empleo y crecimiento mediante un mejor acceso al mercado y una mayor compatibilidad reglamentaria y marcando una pauta en materia de normas mundiales”.
Para lograr este objetivo, “el Acuerdo estará formado por tres componentes clave: a) acceso al mercado, b) cuestiones reglamentarias y barreras no arancelarias (BNA) y c) normas. Estos tres componentes se negociarán de forma paralela y formarán parte de un acto único que garantice un resultado equilibrado entre la eliminación de derechos, la eliminación de obstáculos reglamentarios al comercio innecesarios y la mejora de las normas que den lugar a resultados importantes en cada uno de estos componentes y una apertura efectiva y recíproca de los respectivos mercados”, tal como señala el mandato negociador que recibió la Comisión Europea.
No obstante, conviene tener presente que tiene una justificación más política que económica.
2. ¿Cuál es el origen del TTIP?
Su origen remoto se encuentra en la Declaración Transatlántica, firmada en noviembre de 1990 por el presidente George Bush, por un lado, y el primer ministro italiano, Giulio Andreotti, que encabezaba ese semestre el Consejo Europeo, y el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors.
El siguiente hito relevante se encuentra en la Declaración común de la Unión Europea y EEUU (1998) sobre el acuerdo económico transatlántico.En 2007 Barroso y Merkel -por el lado europeo- y Bush por el estadounidense crean el Consejo Económico Transatlántico para la armonización legislativa. En 2011 se crea un Grupo de Trabajo de Alto Nivel encargado de estudiar la reducción de los obstáculos para el comercio entre ambas partes. Este Grupo de Alto Nivel emite un Informe el 11 de febrero de 2013, que sirve de base para el proceso negociador.
El 13 de febrero de 2013, los Presidentes de los EEUU, el Consejo europeo y la Comisión europea, Obama, van Rompuy y Barroso firman un memorando conjunto a partir del cual se inician las negociaciones para alcanzar el acuerdo.
3. ¿Cómo, quién está negociando y cómo se aprobará el TTIP?
La negociación se produce con bastante opacidad entre la Unión Europea -a a través de la Comisión europea- y los EE.UU. La Comisión europea tiene un mandato negociador que contiene información reservada que pese a estar hoy publicado no deja de plantear dudas y problemas.
Hay dos equipos negociadores, el europeo, liderado por el español Ignacio García Bercero y el estadounidense, por Dan Mullaney. Desde julio de 2013 hasta febrero de 2016, cuando se ha celebrado la última, ha habido 12 rondas negociadoras. La siguiente se celebrará en New York entre el 25 y el 29 de abril de 2016.
Los trámites para su entrada en vigor serían los siguientes: Una vez concluidas las negociaciones por las delegaciones de ambas partes; en el ámbito europeo la Comisión europea lo presentará al Consejo de la Unión, que deberá aprobarlo por mayoría cualificada (55% de los Estados que representen el 65% de la población). Tras este visto bueno, se someterá a aprobación en el Parlamento europeo y, posteriormente se ratificará por los Parlamentos nacionales. Hemos de tener presente que las votaciones son sobre la totalidad del proyecto, y que, por tanto, no cabrían enmiendas de los Estados.
Pese a su importancia, que puede suponer de facto una mutación constitucional desde un punto de vista de la “Constitución económica”, no hay previsiones de que se someta a referéndum ciudadano ni en España ni en la Unión Europea.
4. ¿Perdería el Estado ciertos ámbitos aspectos de su poder público?
Para el Estado hay dos riesgos esenciales: por un lado el de la difuminación absoluta en el marco del TTIP y la eventual imposibilidad de aplicar políticas distintas a los enunciados neoliberales que laten en el TTIP. Las características de un tratado como éste, dependiente además de la Unión Europea, harían materialmente imposible su modificación en el caso de que nuevas mayorías pidieran su modificación. El debate sobre la pérdida de poder del Estado se debería articular sobre los siguientes elementos:
La cooperación reguladora constituye el primer elemento. Se puede definir como “cualquier tipo de acuerdo formal o informal entre países para promover cualquier forma de cooperación en el diseño, vigilancia, implementación o gestión a posteriori de la regulación, con el objeto de impulsar la convergencia y la consistencia de las normas jurídicas más allá de las fronteras”. Con ello, las bases de ciertos aspectos de la regulación tengan que ser armonizadas previamente entre los EE.UU. y la Unión Europea.
En segundo lugar, la privatización de la justicia, al someter todas las discrepancias sobre las inversiones exteriores a procedimientos arbitrales privados. Conviene recordar aquí la demanda que presentó Veolia contra Egipto ante el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial, por la elevación de 31€ el salario mínimo, lo que afecta al equilibrio económico del contrato de basuras de Alejandría. La presión popular ha transformado este primer modelo en otro en donde van a existir “Tribunales”. No obstante siguen planteándose varias cuestiones:
a) ¿Por qué los Tribunales nacionales no son dignos de estos conflictos de inversiones? Con ello se está introduciendo discriminación entre operadores económicos.
b) ¿Cuál va a ser el Derecho aplicable? ¿Van a introducirse restricciones en la cláusula del trato justo y equitativo?
c) ¿Se van a imponer obligaciones a los operadores jurídicos por el incumplimiento de los acuerdos de inversión? y
d) ¿Va a continuar la exigencia de responsabilidad a los Estados por los cambios legislativos?
5. ¿Qué riesgos plantea para la ciudadanía europea?
Los ocho riesgos mayores para la ciudadanía europea serían los siguientes:
1. Pérdida de derechos laborales, ya que EEUU sólo ha suscrito 2 de los 8 Convenios fundamentales de la OIT. Es un riesgo derivado de la competencia entre ordenamientos jurídicos y costes de la regulación.
2. Limitación de los derechos de representación colectiva de los trabajadores.
3. Olvido del principio de precaución en materia de estándares técnicos y de normalización industrial; lo que nos coloca en riesgos sobre la salud derivados de los transgénicos y de los cosméticos.Es llamativo tener presente cómo en los últimos documentos filtrados, el principio de precaución no aparece en ningún momento.
4. Privatización de servicios públicos, por el establecimiento de una lista reducida de aquellos que no se pueden privatizar.
5. Riesgo de rebaja salarial, teniendo en cuenta el efecto que pudiera tener el NAFTA -y los sueldos más bajos de México- y el eventual acuerdo transasiático.
6.- En sexto lugar, vinculado a lo anterior hay un riesgo de pérdida de derechos sociales derivado del dato de que los EE.UU. no han suscrito los Convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Es un riesgo derivado de los menores costes laborales que tendrán para las empresas y el correspondiente dumping social.
7.- Asimismo, para la agricultura y ganadería europeas es muy preocupante el hecho de que se quieran eliminar las denominaciones de origen y se sustituyan por productos realizados en la forma de un determinado territorio. Esto podría conducir a la aparición de “jamón ibérico” hecho en los EE.UU.
8.- El principio de precaución en materia ambiental se encuentra ausente de todo el texto que se ha hecho público del TTIP. Es el dato más preocupante, unido al hecho de que tampoco se prevén instrumentos para llevar a la práctica los acuerdos (modestos) de la Cumbre del Clima de París. Es especialmente llamativo el olvido de la cuestión ambiental a la hora de abordar los problemas energéticos.
6. ¿Qué riesgos supone para la ciudadanía estadounidense?
Al igual que ocurre con la ciudadanía europea, hay aspectos del TTIP que suponen situaciones de riesgo para los estadounidenses, al afectar a su modo de vida. Las cinco amenazas mayores serían las siguientes: 1. Mayor dependencia del petróleo si se consuma la restricción a la utilización de los carburantes menos contaminantes. 2. No etiquetaje de productos modificados transgénicamente. 3. Eliminación de reglas sobre los mercados financieros, más estrictas en la actualidad en EE.UU. 4. Eliminación de las evaluaciones independientes de los medicamentos no producidos en los EEUU. 5. Eliminación de las reglas de preferencia nacional en los contratos públicos. Posiblemente resulte el aspecto más problemático y que puede provocar que las negociaciones no se concluyan, especialmente tras la llegada de Donald Trump al poder.
7. ¿Se está negociando algún otro tratado parecido que pudiera ampliar sus efectos?
Sí, existen otros tres tratados que se están negociando en paralelo.
Por un lado el Acuerdo para la liberalización de servicios en el marco de la Organización Mundial de Comercio el TISA, cuyos aspectos están siendo aún más opacos que los del TTIP. Con ello, se extenderán todos los problemas que se están planteando con la Directiva Bolkestein que tanto rechazo tuvo en la Unión Europea antes de su aprobación en 2006.
El segundo sería un tratado equivalente a éste que ha estado negociando EE.UU. con sus socios asiáticos, el denominado Trans Pacific Partnership.
Y el tercero sería el CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), cuya negociación ha concluido entre Canadá y la Unión Europea y cuyo texto se puede consultar.No obstante, la vinculación económica que tiene con el TTIP hace que determinados aspectos se vayan modificando para adaptarlo al contenido de aquél.
La primera version de este artículo se publicó en ElDiario.es, a través de Agenda Pública, el 20 de octubre de 2014. Desde entonces ha tenido muchas actualizaciones.
Privacidad y cookies: este sitio utiliza cookies. Al continuar utilizando esta web, aceptas su uso. Para obtener más información, incluido cómo controlar las cookies, consulta aquí: Política de cookies
