Toma de posesión: ni juramento ni promesa

Toma de posesión: ni juramento ni promesa

La toma de posesión de los cargos públicos sirve como muestra de las creencias religiosas de las personas que acceden a dichos puestos. Dependiendo de si el futuro cargo es o no creyente, opta por la fórmula del juramento, poniendo a dios por testigo, o la promesa.

Los demás elementos ayudan a lo anterior. La presencia de la Biblia (usualmente una de 1791, dedicada a Carlos IV) hace que la mano se pose en ella en el caso del creyente o de la Constitución en el caso de que no se tengan dichas creencias. En definitiva un acto de exhibición religiosa que concluye con el comentario morboso sobre quienes están a uno u otro lado.

La fórmula que ha sido descrita someramente es la evolución de la tradición y quiere ser una fórmula aséptica que respete las creencias de todos. La modernidad que se ha querido impulsar ahora ha resultado muy insuficiente: si la ausencia de la Reina en este acto es lógica teniendo en cuenta que no tiene ninguna función constitucional (salvo el caso extremo del artículo 58) y que no se trata de un acto protocolario sino lleno de significado jurídico-político; el dar la opción de que haya símbolos religiosos no es totalmente insuficiente.

Pues bien, en mi opinión en la toma de posesión no hay cabida para la cuestión religiosa, ya sea con su afirmación o rechazo. La toma de posesión cumple dos finalidades vinculadas al servicio público: a)  la aceptación del cargo  y b) el compromiso de cumplirlo con sometimiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Lo demás entra en un ámbito privado y que, por ende, sobra. Y esto no es un problema de clericalismo o no, solo de separar los ámbitos de Estado y religión en un país aconfesional.

Y además, introducir la cuestión religiosa en la toma de posesión  es inconstitucional. Sí, dando la opción de jurar o prometer lo que se está haciendo es obligar al cargo público a declarar sus creencias religiosas, algo prohibido por el artículo 16.2 de la Constitución, que afirma con rotundidad que “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. E incluso podría vulnerar la libertad de pensamiento, conciencia y religión prevista en el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

A ello se añade un hecho que no debe ser obviado: como dispone el artículo 16.1 , de acuerdo con el cual “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. ¿Existe alguna justificación para la presencia de una cruz y la biblia cuando el Estado carece de confesión? ¿Hace falta algo más que la Constitución, a la que se está rebajando de importancia cuando de lo que se trata es de cumplirla como servidores públicos que son?

Por ello, me reafirmo en el cambio en la formula que decidimos en el equipo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid bajo el mandato de Carlos Berzosa. No nos interesó si se es creyente (y cuál sea su fe) o si no lo es. En una Administración Pública de una Estado aconfesional basta con el compromiso : “Me comprometo a cumplir las obligaciones del cargo de … con sometimiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Un texto en la mesa que es la Constitución. Nada más y nada menos.

Algún día, confío que sea así en todas las Instituciones del Estado.

Diputaciones provinciales a debate

Diputaciones provinciales a debate

Las Diputaciones Provinciales son objeto de debate. De hecho, han formado parte de los dos últimos acuerdos de Gobierno, el frustrado entre el PSOE y Ciudadanos y el más reciente entre el PP y Ciudadanos. La Fundación Valsaín para la Promoción y Defensa de los Valores Democráticos  ha organizado un Seminario en Segovia sobre la conveniencia o no de mantener las Diputaciones y examinar, en su caso, las posibles líneas de modificación de su régimen actual.

Seminario que ha contado con tres especialistas en esta materia, así como un debate entre representantes de los cuatro grandes partidos con representación parlamentaria.

Después de las sesiones, extraje las siguientes conclusiones:

  1. La Historia de las Diputaciones provinciales se puede resumir durante el siglo XIX como  el de una separación radical entre sus normas de creación y su desarrollo, irrogándose un poder mucho más intenso del que estaba previsto; lo que ocasionó un gran problema institucional. Alejandro Nieto fue el encargado de exponerlo en la primera sesión.
  2. La reciente modificación de la ordenación de las Diputaciones, operada por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, han permitido una cierta clarificación del régimen de las Diputaciones, clarificando sus competencias asumiendo además la prestación de servicios que no pueden realizar los ayuntamientos, tal como se encargó de señalar Maria Angeles González Bustos en la segunda ponencia de la primera sesión.
  3. El modelo vasco de las Diputaciones, que explicó Carmen Agoués en su intervención, es la prueba de que, con una estructura organizativa y adecuadamente encajadas dentro del entramado institucional, son instituciones perfectamente válidas.
  4. El debate político sobre las Diputaciones provinciales que mantuvieron tres diputados del Congreso de los Diputados -José María Barrios (PP), Mercè Perea (PSOE) y Francisco de la Torre (Ciudadanos)- y un miembro del CC Podemos de Segovia, Daniel López Vela resultó ilustrativo de las coincidencias que pueden existir y de los puntos de separación. De entrada, hay que señalar la dificultad constitucional que supondría la modificación de las bases constitucionales de las Diputaciones, teniendo en cuenta la composición de las cámaras y la mayoría con que cuenta el PP. No obstante, si esto puede eliminar el debate sobre su eliminación, no hace improcedente que se pueda abrir un debate para clarificar y mejorar su régimen jurídico. De este modo, sería conveniente que en esta nueva legislatura que ha empezado ahora pudiera debatirse sobre los siguientes aspectos:
    1. En primer lado, la forma de elección de los diputados provinciales, superando el sistema actual de sufragio indirecto y pasar a ser elegidos por la población de forma directa, con la presentación de programas electorales. De igual manera, habría que conectar el cuerpo electoral con los destinatarios de la actividad de la Diputación, que no son más que los municipios de menos de 20.000 habitantes.
    2. En segundo lugar, sería conveniente abordar el problema de la relación que existe entre población y aportaciones del Estado. Como se señaló en el seminario, no resulta demasiado razonable que en el cómputo de las aportaciones del Estado entre la población completa de la provincia, cuando la labor de la Diputación se refiere sólo a una parte de ella. Esto hace que la Diputación de Barcelona tenga un presupuesto de 600 millones de euros cuando la de Segovia tiene sólo 60, a pesar de que la población a la que se dirige su actuación es equivalente.
    3. En tercer lugar, habría que mejorar los mecanismos de rendición de cuentas ante la ciudadanía, teniendo en cuenta los presupuestos que manejan y la importancia que tienen para una parte considerable de la población española, que vive en municipios afectados por su actividad.

No obstante, mejor que este texto es que podáis ver el seminario:

Primera sesión:

Presentación (hasta el minuto 28)

Ponencia de Alejandro Nieto (hasta 1:03) -Universidad Complutense de Madrid-

Ponencia de Maria Angeles González Bustos (hasta el final) -Universidad de Salamanca-

 

Segunda sesión

Intervención de Carmen Agoués Mendizábal (Universidad del País Vasco)

https://youtu.be/xUsqF2_ZfFM

Debate entre José María Barrios (PP), Mercè Perea (PSOE), Francisco de la Torre (Ciudadanos) y Daniel López Vela (Podemos)

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