Responsabilidad política por corrupción. La aparición de un caso de corrupción, o de mala honorabilidad en la gestión pública, supone que, desde los partidos políticos, se repita el mismo mensaje: hay que esperar a alguna fase del procedimiento penal para ver si existe responsabilidad política. Se recuerda, a renglón seguido, la presunción de inocencia -la cual sólo existe ante un Tribunal de justicia penal- y se insiste (o no, dependiendo del supuesto) en si ha habido enriquecimiento o no por parte del responsable político.

A mi juicio, la relación entre la responsabilidad jurídica y la política por corrupción es muy débil y es una idea que sirve, esencialmente, para mantener a personas corruptas en sus puestos.

Esta vinculación entre la responsabilidad penal y la responsabilidad política la debemos a uno de los primeros casos, el de Juan Guerra. La absolución de Demetrio Madrid -que sí había dimitido como Presidente de la Junta de Castilla y León  cuando apareció el caso- como responsable de un delito de prevaricación fue otro factor que favoreció a vincular lo uno con lo otro.

La realidad es que, pese al vínculo que pudiera existir, no hay relación directa entre la responsabilidad penal y la responsabilidad política. De entrada, porque carecemos de un tipo penal de corrupción (lo que resulta lógico) y, al mismo tiempo, hay muchas conductas que no son estrictamente de corrupción penal pero que sí lo son de corrupción política.

Desde el primer punto de vista, la razón es sencilla: hay casos en los que la responsabilidad política no depende de un comportamiento delictivo y hay casos en los que pese a existir apariencia de delito no se puede condenar como consecuencia de que las reglas del proceso penal conduzcan a cualquiera de las circunstancias que determinan la irresponsabilidad del encausado.

El delito de ocultamiento de pruebas de corrupción, por lo que está procesado el PP, ¿cae fuera del reproche? No hay enriquecimiento pero es el medio para evitar que se conozcan muchos detalles de corrupción. Yendo más allá, la persecución de los delitos fiscales -que también caerían fuera-  constituye un elemento imprescindible en la lucha contra la corrupción. Pensemos que solo por este delito se pudo encausar a Al Capone. Sin embargo, no está incluido, por ejemplo, en los delitos pactados entre Ciudadanos y el Partido Popular.

Este pacto es indicativo de los problemas que existen. Quedarían fuera de él no sólo el anterior sino la malversación de caudales públicos o la prevaricación (dictar una resolución a sabiendas de su injusticia), por lo que está condenada la exalcaldesa de Jerez. Las imputaciones de uno de los negociadores, Maillo (concesión de créditos presuntamente ilegítimos en Caja España) o  de Baltar (empleo público a cambio de sexo)

Pongamos un ejemplo. En el caso de la Ministra Ana Mato, su no imputación se justificó por razones de prescripción tal como figura en el Auto de 19 de abril de 2011, ¿puede indicar que políticamente la ilegalidad también ha prescrito? Que fuera nombrada Ministra ocasiona un daño enorme a la política, teniendo en cuenta, además, que la instrucción de Gürtel reverdece su actividad dudosa. Esto también es cultura. ¿Realmente podemos decir que es políticamente irresponsable? No parece admisible.

De hecho, algunos de las conductas ilícitas que se vinculan con la corrupción -las vinculadas con el no pago a hacienda, que es de los más utilizados para determinar un comportamiento corrupto- tienen un plazo de prescripción anormalmente bajo que imposibilitan la persecución penal de la conducta. O cuando se analiza un comportamiento como el cohecho impropio, la vinculación entre los indicios y las pruebas a los efectos de determinar la responsabilidad penal son muy complicados, demasiado complejos. De hecho, lo acaecido en las negociaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos sobre qué es corrupción no es sino la prueba mejor de que si vinculamos ambos ámbitos nos estamos haciendo trampas al solitario.

Por ello hemos de hacer un esfuerzo intelectual para aislar ambos comportamientos. Cuando se señala que un determinado partido político ha pagado las obras de su sede con dinero negro; la responsabilidad penal del Presidente o la Secretaria General del Partido puede no aparecer. Pero sin lugar a dudas son políticamente responsables, porque en su organización ha aparecido un caso de esta naturaleza. Exactamente igual que hay una responsabilidad política cuando aparecen reiterados casos en los que personas designadas han caído en corrupción o cuando federaciones territoriales de un partido están en dicha tesitura.

No se puede decir que no existen mecanismos para buscar esa responsabilidad. Si aplicásemos los mecanismos de esta figura que está tan de moda como consecuencia de la responsabilidad de las personas jurídicas, el compliance del sector privado al ámbito de lo público, desde luego el responsable de una campaña electoral en la cual se generó la Gürtel sería responsable político. O cuando un partido es responsable civil de delito alguien debe asumir la responsabilidad política, por acción u omisión, consciente o inconsciente.

En este punto, creo que la responsabilidad política es más exigente que la responsabilidad penal. El desempeño de un cargo público no se puede medir sólo por el Código Penal. Desde luego que hay medios externos, como puede ser la reprobación de un político en el Congreso de los Diputados que debería conducir automáticamente a la renuncia del reprobado. Que el Ministro Fernández Díaz no dimitiese resulta inaudito. Precisamente por ello, habría que mejorar las formas de control del Gobierno por parte del Parlamento.

Pero también cuando la gravedad del asunto nos lleva a esa conclusión. Un plagio en una tesis doctoral, por ejemplo. Un problema pequeño que sin embargo dice mucho de la persona que lo hace: Demuestra la falta de honorabilidad del plagiante que le hace durante un tiempo ser indigno para desempeñar un cargo público. Pasó así en Alemania y dudo mucho que en España ocurriera algo parecido.

Resulta bastante patético observar las huidas de los cazados en conductas inmorales. O las explicaciones que resultan totalmente inconsistentes pero que les permiten seguir en el puesto. La sucesión de contradicciones y los papeles que van surgiendo a lo largo de los días y que impiden que el asunto se olvide. Algo que les hace daño a ellos, a su partido y a la Administración.

Desde luego, desde la perspectiva del indigno, no se debe afrontar la actividad pública con la misma eficacia cuando lo principal es intentar encontrar una justificación de su conducta. Por ello, el responsable de los nombramientos debería actuar en consecuencia y proceder al cese del responsable político. Y a la hora de configurar las listas electorales, de igual forma, habría que tomar nota y no incluir a aquellos que están o pueden estar en un caso de esta naturaleza

En algún momento nos daremos cuenta de que cuando estamos aislando comportamientos como consecuencia de la fase del procedimiento penal en el que se encuentren; estamos perjudicando la gestión pública, la confianza de los ciudadanos en las instituciones y el propio funcionamiento democrático (ya que alguno pensará que el encausado es “comprable”). Y esto no resulta admisible. Al igual que tendremos que dejar de decir, más temprano que tarde, que una victoria electoral sana la corrupción.

La lucha contra la corrupción tiene problemas importantes en España: la carencia de medios, una legislación que requeriría algunos cambios tanto procesales como de prescripción de delitos y, asimismo, la falta de cultura; cultura ciudadana y cultura política contra la corrupción. Una falta de cultura que se demuestra en el escaso daño electoral que tiene la corrupción y en otros pequeños comportamientos, públicos y privados, que evidencian la necesidad de una acción decidida de formación en esta materia.

En efecto, mantenernos en la actitud tolerante conllevaría la italianización del país, con pérdidas de libertad, de democracia y un aumento de la arbitrariedad como nos explicó Joan Queralt. Cambio de cultura que obliga a un gran impulso, que permitiera vigilar comportamientos, adoptar pautas de análisis y modos de inspección y atender a sensibilización de la opinión pública.