Puerto Rico aceptó la Eliminación de la seccion 936.
Todo el mundo coincide que uno de los aspectos esenciales en la crisis actual de Puerto Rico es la derogación de Sección 936 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos (cuya derogación se produjo mediante la ley federal núm. 104-188 de 20 de agosto de 1996 y cuyos efectos se empezaban a aplicar en el año 2005). Con su derogación se ha eliminado los beneficios económicos a las empresas que se se radicaban en la Isla, lo que ha limitado sustancialmente la actividad económica.
Uno de los aspectos más controvertidos ha sido precisamente el papel que tuvieron las autoridades puertorriqueñas de la época en la derogación de la referida sección. En la Carta dirigida al Presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el 15 de diciembre de 1995, que se adjunta a este texto, se puede apreciar que el Gobernador de la época, “apoya de forma entusiasta” la decisión de eliminar este régimen fiscal privilegiado. Un régimen que se eliminó en el peor momento, justo cuando el NAFTA estaba dando sus primeros pasos y las ventajas cualitativas de Puerto Rico desaparecerían, ya que México tenía unos salarios más bajos y unos menores costes de transporte de mercancías a los EE.UU.
Es cierto que la aceptación de la derogación no era íntegra: “With this respect to this entire subject, however, I wish to emphasize that we do not advocate the retention of Section 936 as such. Instead (in a modification of the plan that I submitted to you in september), we strongly urge that the wage-credit incentive be preserved through the creation of a new section 45(c) of the Internal Revenue Code”.
Pese a que la copia que me ha llegado de la carta no es clara, creo que se puede leer lo suficientemente bien que l Gobernador de la época aceptó la eliminación de la sección 936. La responsabilidad está en las autoridades estadounidenses y puertorriqueñas de la época. Nunca sabremos que hubiera pasado si no hubiera sido así.
Sobre la quiebra de Puerto Rico, se puede consultar en este blog:
Messi, Ronaldo y Hacienda. Messi ha visto ratificada en el Tribunal Supremo su condena por delito fiscal, en donde se afirma que “cualquiera que fuera su ingenuidad, las actuaciones que indican que interviene personalmente, y no solamente estampando su firma en documentos, revelan su plena conciencia de que ese camino llevaba inexorablemente al insolidario resultado de la defraudación fiscal”. Filtraciones de Football Leaks a medios de comunicación primero y nuevas informaciones de la prensa española, indican que Cristiano Ronaldo ha podido desviar de Hacienda cantidades importantes de dinero a través de sociedades en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, amen de otros territorios off shore en el interior de la Unión Europea como Irlanda, como ocurrió en el caso Apple.
Los dos mejores jugadores del mundo unidos en el mismo problema, aunque analizando ambos supuestos vemos connotaciones diferentes; que tienen poca transcendencia para lo que quiero señalar. Una situación que no se queda en ellos dos y que afecta también a más de un equipo de fútbol.
El asunto tiene implicaciones importantes, que van más allá de su avaricia o falta de ética. Es una situación que, sin embargo, traspasa a los jugadores. Implicaciones que potencialmente afectan al propio jugador pero que también se refieren a la Administración -por no vigilar adecuadamente- a los clubs -por la gestión conjunta de los derechos de imagen y a las empresas que han pagado estas cantidades en paraisos fiscales. Y desde luego, nos cuestiona si el sistema tributario está adecuadamente configurado, ya que permite que abogados desde la sombra de sus despachos puedan desarrollar estas estrategias de optimización fiscal, por utilizar el eufemismo usual.
Por un lado, llama la atención que ahora se abra una investigación, por parte de las autoridades, teniendo en cuenta los problemas tradicionales de los clubs de futbol con Hacienda, que motivaron un plan especial para sanar sus deudas. Estos dos casos, al igual que en el pasado otros como Alexis Sanchez, Javier Mascherano, Xabi Alonso, Radamel Falcao, Rafael Nadal o Arantxa Sanchez Vicario nos hacen ver la conveniencia de que el deporte profesional esté dentro de los planes de inspección anual de la AEAT.
Al mismo tiempo, en el caso de los contratados por equipos de futbol, el conocimiento por los medios de comunicación de las cantidades netas que perciben obliga a que se examinen con lupa los procedimientos que utilizan y la calidad de sus declaraciones tributarias. La gestión de los derechos de imagen, que han venido asumiendo los clubes total o parcialmente es otro factor que hace ineludible la presencia del deporte en los planes de inspección. El montante de lo que los clubs de fútbol adeuda a la Hacienda pública sería el último elemento en est misma dirección.
En segundo lugar, el papel que juegan algunos agentes que acaban ayudando a la configuración de la estructura societaria que permite la defraudación. Si en el caso Messi fue su propio padre, en el caso de Ronaldo fue su agente, el omnipresente en las transacciones de todos los veranos, Jorge Mendes, tal como lo muestra este gráfico de Mediapart.fr
En segundo lugar la responsabilidad de los pagadores, de los clubs de fútbol. Desde hace años los medios de comunicación nos señalan dos aspectos de las retribuciones de los deportistas profesionales y, en particular, de las mega estrellas: que las cantidades son netas y que gestionan total o parcialmente los derechos de imagen, que es lo que ha hecho estallar el caso Ronaldo. Pues bien, si esto es así, si como dicen están gestionando sus derechos de imagen, ¿qué responsabilidad tiene el club por estas defraudaciones? ¿Dónde y por quién se han materializado los pagos por derechos de imagen? El caso Neymar muestra que los elementos no terminan en el jugador
No estaría tampoco de más incidir en las empresas a las que los jugadores han vendido su imagen para las campañas publicitarias y que han consentido unos pagos de forma poco clara. Porque no puede dejar de resultar extraño que unos derechos de imagen se puedan pagar en Paraísos fiscales. Es un problema de la aplicación de esa idea que estuvo tan de moda hace algunos años, la de la responsabilidad social corporativa.
Dejo para el final a Ronaldo o a Messi. La gravedad de la presunta defraudación que se le imputa es directamente proporcional a sus retribuciones y a su imagen pública. Y en este caso, es evidentemente muy alta. Especialmente porque Ronaldo no es una persona que ha padecido la crisis especialmente, ya que los incrementos salariales desde 2009 ha sido muy sustanciosos. Pero más allá de esto, por el incumplimiento que parece haber cometido.
Por el interés de la ciudadanía sería conveniente que se dilucidara con la mayor precisión el montante de la responsabilidad en que han incurrido todos los afectados. Aquí no se está poniendo en cuestión sus virtudes como jugador. Pero su relevancia pública no puede ser una razón para eludir su responsabilidad ni para que las actas de conformidad pudieran ser más reducidas de lo debido. Espero por ello que el Real Madrid no haga un remake de aquella vergonzosa campaña “Todos somos Messi” que impulsó el Barcelona.
Coincidiendo con el fin de la Liga comenzará a inflarse de nuevo la burbuja de los fichajes. Las pingües comisiones de los agentes y de los intermediarios en las transacciones debiera ser objeto de análisis por parte de la Administración Tributaria, aunque sea sólo por el montante de las cantidades que aparecen.
No podemos olvidar que, por coger sólo al Real Madrid, se habla de la salida de Morata por más de 70 millones, de la de Bale por una cantidad parecida, el fichaje de De Gea por otros tantos o el fichaje de Mbappé por más de 100. Se ha fichado a Theo por 24, una cantidad que parece pequeña. Habrá en este y otros clubs pagos de la cláusula de rescisión que formalmente pagará el futbolista aunque el dinero lo ponga el club de destino.
Las comisiones de los futbolistas están fijadas en el 15% según la FIFA, pero ¿cómo se producen las demás transacciones? ¿con qué implicaciones fiscales? Cuándo patrocinadores de los clubs ceden a los futbolistas coches de lujo -algunos de ellos de más de 150.000€- ¿están tributando los futbolistas por ello? ¿Podemos estar seguros de que la “optimización fiscal” que buscarán no será en contra de la Hacienda pública, o sea de todos nosotros? .
Las carencias de personal de nuestra administración tributaria hacen que será difícil adoptar las medidas inspectoras que debieran aplicarse en todo el deporte profesional, especialmente en el fútbol y el baloncesto. Pero posiblemente el problema sea previo incluso después de la derogación de la ley Beckam : ¿es adecuada la legislación tributaria que permite e impulsa estos juegos de fiscalidad de diseño?
Más aún, viendo la utilización de sociedades domiciliadas en Irlanda y Holanda ¿para cuando una armonización fiscal de la legislación de sociedades en la Unión Europea?
La quiebra de Puerto Rico en 5 gráficos. El viernes 30 de septiembre de 2016 se produjo un hecho transcendental en la historia de Puerto Rico: por vez primera desde 1898 las autoridades federales estadounidenses pusieron bajo su control las finanzas y buena parte de las agencias gubernamentales puertorriqueñas. Es la consecuencia de la PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act), la ley que ha cambiado la relación económica de Puerto Rico con los Estados Unidos y que ha establecido una Junta de Control Fiscal, que ha empezado sus trabajos desde New York con un plan de alto alcance.
Reunión de la Junta de Control Fiscal, desde New York
No podemos olvidar que el Estado Libre Asociado de “Puerto Rico” ha necesitado declararse en “bancarrota”, más allá de los problemas jurídicos que se plantean y que en el marco de la ley PROMESA se está llevando a la práctica y que conllevará reestructuración de la deuda. En todo caso, desde el año pasado se han producido impagos.
Hoy la deuda pública resulta superior al 100% del PIB; el déficit público constante y anual del de las Administraciones públicas llega al 20% y con numerosos problemas en la gestión de tributos. Una situación que ha llegado a su situación más crítica ahora, a pesar de que los indicadores que venía publicando el Banco de Fomento Gubernamental expresaban claramente la magnitud de la crisis.
La Ley PROMESA introdujo una Junta de Supervisión Fiscal, cuyos siete miembros se han hecho con el control económico y han ordenado a las autoridades puertorriqueñas a elaborar un plan fiscal en dos semanas y a remitir semanal y mensualmente una serie de datos económicos para verificar el cumplimiento del presupuesto. No obstante, los datos económicos del Banco Gubernamental para el Fomento de Puerto Rico son muy ilustrativos y desde la publicación del polémico Informe Krueger emitido por petición del anterior Gobernador García Padilla, la situación no ha hecho sino empeorar
La pregunta es ¿en qué ámbitos se manifiesta la gravedad de la crisis puertorriqueña para motivar una intervención del gobierno federal estadounidense tan severa?
5 gráficos extraídos de una estadística más amplia publicada en la isla nos ayudarán a dar la respuesta a esta cuestión.
1. La producción se ha reducido a menos de la mitad de la que existía en ese año. Que no sea parte de Estados Unidos, ni sea un Estado independiente constituye un elemento relevante en la crisis actual (aunque no es una crisis nueva). Esta situación económicamente complicada no se puede desligar de las medidas adoptadas por los EE.UU.: las medidas contra la agricultura puertorriqueña de principios del siglo XX redujeron considerablemente este sector económico, relevante por la calidad de caña de azúcar y café.
La normativa de transporte marítimo de los EE.UU. (en particular su ley de cabotaje) es especialmente perjudicial para la isla, como consecuencia del aumento de costes de los productos.
Y, en fin, más recientemente, la derogación de Sección 936 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos ha eliminado los beneficios económicos a las empresas que se se radicaban en la Isla, lo que ha limitado sustancialmente la actividad económica.
Y, como factor relevante encontramos la influencia del NAFTA que, desde los los años 90 fue el primer golpe. México pasó a tener la mano de obra más barata que Puerto Rico y, con ello, inversiones fueron allá. A partir de entonces, la falta de reformas (en sentido no ideológico) y de inversiones estadounidenses., que ha repercutido en la pérdida de ventajas comparativas de Puerto Rico con respecto a México, penalizado, además, por el coste del transporte.
El decrecimiento en estos años de la actividad del sector financiero ha sido realmente considerable, tal como se puede ver en este gráfico
2. Es especialmente significativo ver cuál es la fuerza de trabajo productiva de Puerto Rico sobre el total de la población. No sólo tiene un paro que dobla al de los EE.UU. sino que también la fuerza de trabajo productiva es inferior al 40% de la población. Y, en la misma línea, los puestos de trabajo son mucho menores. Todo ello sin olvidar que Puerto Rico tiene problemas importantes de economía sumergida.
3. El déficit de las Administraciones Públicas ha crecido exponencialmente desde el año 2006 como consecuencia de la caída de la actividad económica. El periodo comprendido entre 1996 y 2006 se mantuvo el crecimiento económico sólo gracias a la fuerte inversión pública. Cuando se contrajo, reapareció el déficit: De hecho, el déficit público se ha multiplicado por tres en los últimos diez años. A ello se añade el hecho de que los déficits se encuentran no sólo en el incremento de la deuda pública sino en la pérdida de transferencias al sistema público de pensiones.la mala gestión de la caja de las pensiones permite ver en el horizonte un riesgo grande de insolvencia del sistema de pensiones de los empleados del gobierno central y de maestros, que podría dejar a unos 200.000 personas aproximadamente sin su pensión.
4. La crisis no sólo se encuentra en las Administraciones Públicas sino que ha provocado un problema social al manifestarse también en la congelación de los salarios, incrementando la diferencia que existe con los EE.UU.
5. Posiblemente como resultado de la paralización de la actividad económica y de la reducción salarial, Puerto Rico ha padecido una constante pérdida de población en los últimos años, que se alcanza a niveles cercanos al 10%: en el periodo 2006-2015 ha perdido unas 300.000 personas sobre una población de unos 3.000.000. Una pérdida que no sólo en cuantitativa sino también cualitativa, ya que parte de los puertorriqueños que están mejor formados son los que están tomando el rumbo de los EE.UU.
A ello se añade el dato de que la población que resta en la isla está sufriendo un proceso de envejecimiento como consecuencia de la migración y de la baja natalidad. Por vez primera la edad media de la población de la isla es superior a la de los EE.UU.
Lo que se complementa con una pérdida de la calidad de los sistemas educativos y sanitarios como consecuencia de la poca inversión (y de decisiones erróneas en el campo sanitario).
Como se puede apreciar, la situación no es nada halagüeña y se esperan unos años complicados en la isla. En la actualidad, la crisis de las finanzas públicas se está manifestando en no poder acceder al mercado de capitales. La crisis de los bonos suscritos y su régimen jurídico (en particular la posibilidad de cobro), es una buena muestra de lo que se está señalando. Socialmente, se empiezan a vislumbrar problemas, como el derivado de la mala gestión de la caja de las pensiones que permite ver en el horizonte un riesgo grande de insolvencia del sistema de pensiones de los empleados del gobierno central y de maestros, que podría dejar a unos 200.000 personas, aproximadamente sin su pensión
Al mismo tiempo, hay elevados niveles de pobreza, que se manifiestan en un deterioro constante de sus sistemas educativo, sanitario y de pensiones. Los recientes incrementos de precios de la electricidad (anormalmente altos) han introducido otro factor de preocupación en la población, que dificultará, asimismo el desarrollo de actividad económica.
La solución propuesta en este contexto es la austeridad. Trump ha señalado con dureza que no va a aportar dinero a Puerto Rico. La próxima semana se inician las vistas relativas a la quiebra, que supondrán una reestructuración y quita de la deuda. No obstante, el monto total de ella no se podrá solucionar con ambas medidas sino que necesitará apoyo de los Estados Unidos ya que la aplicación directa del plan de austeridad conducirá a una situación peor que la griega.
Stiglitz and Guzmán lo expresan de forma nítida: “Puerto Rico is in a demand-constrained regime, demonstrated by the significant subutilization of its factors of production. The Board’s plan markedly exacerbates this problem, without showing any awareness that it is doing so. (…) The PROMESA Board was supposed to chart a path to recovery; its plan makes a recovery a virtual impossibility. If the Board’s plan is adopted, Puerto Rico’s people will experience untold suffering. And to what end? The crisis will not be resolved. On the contrary, the debt position will become even more unsustainable”. En la resolución de la crisis, juega un papel relevante el hecho de que Puerto Rico no es un Estado soberano -sino un “Estado Libre Asociado” que no puede emitir moneda ni puede pedir ayuda directamente al FMI ni dispone de todos los instrumentos de los para pedir ayuda financiera.
En este contexto, además, sigue en pie la convocatoria de un referendum sobre el estatus jurídico de la isla que no parece ser, con la magnitud del problema, lo más acuciante para la ciudadanía puertorriqueña.
Se analizó la historia portorriqueña, el estatuto jurídico especial que tiene, las crisis económicas que ha tenido desde 1898 y, sobre todo, la situación actual manifestada por un altísimo déficit público, una deuda pública superior al 100% del PIB las dificultades para el pago de la deuda y a proveedores, la posible intervención de los EE.UU. y los problemas estructurales que tiene la economía puertorriqueña que dificultan una solución de la crisis que vive. Posiblemente algunos de los interrogantes que quedan se pueden dilucidar escuchando este podcast.
Shadow banking: riesgo de la banca en la sombra. El 15 de septiembre de 2008 se producía la quiebra de Lehmann Brothers; el símbolo de la crisis financiera cuyas consecuencias seguimos padeciendo. La crisis que estalló en ese momento fue una crisis provocada por la mala gestión de las entidades financieras y una deficiente regulación de este sector económico (cuyo máximo exponente fue la política desreguladora de Alan Greenspan).
A la hora de encontrar una causa de la crisis, lo podemos encontrar en la falta de criterio de la banca privada en cuanto a la gestión de los riesgos habidos en la actividad crediticia ya se otorguen los créditos a Estados fallidos económicamente como Grecia -como ha ocurrido con la Banca alemana o francesa, lo que explica el peso político que tiene la crisis griega en la zona euro a pesar de su limitado peso económico- o a entidades privadas como en los demás países, empezando por los EE.UU. y siguiendo por Europa (especialmente en nuestro país con todas las hipotecas concedidas para engrasar el sector de la construcción, tan protegido en el periodo 1996-2004). Esta es una crisis de la banca, cuyos efectos los hemos socializado a través del desempleo, la precariedad laboral y las rebajas salariales y publificado a través de los rescates y ayudas varias a las entidades de crédito.
Parecía que se había aprendido de la crisis y que se habían arbitrado las medidas legislativas necesarias para evitar una nueva. De hecho, en los últimos años se habían reforzado las exigencias a los bancos para proporcionar una fortaleza de la que carecieron en 2008. Sin embargo, al tiempo que se producía esta nueva regulación, se estaba desarrollando a gran velocidad el instrumento que puede dejar sin sentido toda la ordenación de la banca: el shadow banking, la banca en la sombra. Unas prácticas que, no lo olvidemos, están en el propio origen de la crisis de 2008 ya que la estructuración, titulización y venta de créditos conforman su elemento central.
¿Qué es el shadow banking?
Está constituido por todos los instrumentos y prácticas financieras que circulan en paralelo a las entidades financieras tradicionales y que, por ello, no tienen esta consideración. Habría que agrupar aquí a todos los vehículos de financiación que se han desarrollado en los últimos años y cuya importancia es creciente. En el último informe del Financial Stability Board se señala que en los 24 Estados analizados suponía 36 billones de dólares (sí, sin error), esto es el 59 de l PIB de los países analizados y el 12% de sus instrumentos financieros. No es, por tanto, cualquier cosa.
De este modo, participan en el shadow banking la banca de inversión, los fondos especulativos (hedge funds), los fondos de inversión (fondos, de pensiones, sociedades de seguros), fondos de private equity y los mecanismos especiales de inversión.
¿Por qué se ha desarrollado?
Si queremos ser inocentes, podemos pensar que ha cumplido la función que la banca no ha querido realizar, la de dar crédito. De hecho, el Parlamento europeo ha señalado que “son vitales para financiar la economía real y conviene tener la debida precaución al definir el alcance de toda nueva medida reglamentaria o la ampliación de las ya existentes”.
Cuando se ve la relación que hay con la banca tradicional se observa que este argumento es una mera excusa. En mi opinión, el auge de la banca en la sombra deriva de querer mantener un modo de funcionamiento alejado de las rigideces que se han incorporado a la regulación bancaria, como consecuencia de la crisis económica. Es, por así decirlo, una “huida del Derecho bancario”; a la cual, como veremos con posterioridad, no hay voluntad de hacer frente.
¿Qué riesgos plantea?
El riesgo esencial es su importancia creciente en la realización de operaciones financieras sin estar sometidos a los límites que tienen los bancos y demás instituciones de crédito en la luz. Una situación que es especialmente grave teniendo en cuenta la interrelación de la economía globalizada que hace que, pese a que países como España no la tengan muy desarrollada, una situación de crisis motivada por la banca en la sombra puede extenderse de forma global.
A su lado, el problema más relevante que tiene es el de su relación con la banca tradicional. Frente a las reglamentaciones severas que se están imponiendo (bastante más en EE.UU. que en Europa, todo hay que decirlo), la banca tradicional está sacando de su estructura convencional ciertas actividades que las está ejecutando desde lo que se denomina banca en la sombra. En principio, se desarrolló desde EE.UU., pero en la actualidad los grandes bancos europeos, como UBS, Deutsche Bank, BNP- Paribas y Barclays son tan activos como bancos americanos como Citigroup, Goldman Sachs o Morgan Stanley. En el caso de los europeos, operan a partir de sus filiales en Londres y New York.
De hecho, resulta paradójico que el Parlamento europeo alerte de estos riesgos pero en el periodo 2012-2015 no haya hecho nada al respecto: “subraya la necesidad de garantizar que todas las entidades del SBS que estén patrocinadas por bancos o vinculadas a ellos estén incluidas en los balances de los bancos a efectos de consolidación prudencial; invita a la Comisión a estudiar, para mediados de 2013, cómo asegurar que las entidades que no estén consolidadas desde el punto de vista contable lo estén a efectos prudenciales a fin de potenciar la estabilidad financiera global; alienta a la Comisión a tener en cuenta toda orientación procedente del BCBS o de otros organismos internacionales para una mejor armonización de la contabilidad y del ámbito de consolidación basado en el riesgo”.
Esta situación hace que la materialización del riesgo en las entidades del shadow banking se transforma en una transferencia automática a la banca tradicional, con las consecuencias que conocemos todos.
¿Cómo está abordando la Unión Europea su regulación?
Frente a lo que se ha señalado por algunos, que han señalado que lo que hace falta en la regulación es “más luz” sobre la banca en la sombra; el problema central es la falta de regulación suficiente.
En EE.UU., se aprobó la Dodd and Franck Act en 2010, que incorpora medidas destinadas a limitar el riesgo en la banca comercial y, en particular, el que deriva de las relaciones con entidades propias del shadow banking. Medidas que fueron en la buena dirección pero que siguen siendo insuficientes. El Parlamento europeo aprobó Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre el sistema bancario en la sombra, (publicada, por cierto en diciembre de 2015) que incorpora una serie de recomendaciones y daciones en cuenta.
No resulta suficiente para el problema que está encima de la mesa, a pesar de que haya habido Propuestas de reglamento del Parlametno sobre algunos aspectos del shadow banking, tal como la Propuesta de Reglamento sobre la transparencia de las transacciones de financiación mediante valores, de noviembre de 2015. No lo es, por su importancia creciente, ni lo es por las consecuencias de la crisis de 2008 y el desigual reparto de sus consecuencias. Y, desde luego, la Unión para el Mercado de Capitales, a que me referiré en un próximo post, no parece ser una buena indicación.
La banca privada no ha dejado de crear problemas en los últimos años. El propio origen de la crisis económica está en las malas prácticas bancarias, por una inadecuada gestión del riesgo. Ha habido problemas especiales derivados de los usos de los activos financieros en perjuicio de consumidores; especialmente por las acciones preferentes y su ulterior adquisición por las entidades, tal como tuve ocasión de explicar en otra ocasión. Hoy vamos a hablar de Cocos: abusos de la banca. Un problema que parece antiguo pero que sigue vigente, como lo prueban el uso por parte de las entidades de crédito en los primeros días de 2017. Quedará el uso de los swap por las Administraciones Públicas, sobre lo que hablaré en otra ocasión.
Los CoCos han sido un elemento central para la capitalización bursátil después del aumento de los requisitos que ha recogido la nueva regulación bursátil. De hecho, bien se podría señalar que para cumplir con los requisitos de capitalización han ido de la mano de las preferentes ya que fueron las dos opciones que usaron los bancos. En el caso del Popular, tuvieron el ejemplo del programa Valores Santander, que tanto problema provocaron. Hasta ahora no han aparecido usualmente como un gran problema social (a diferencia de las preferentes), pero su naturaleza hace que sean el siguiente eslabón como gran perjuicio a los consumidores por la actuación de las entidades de crédito; sobre todo teniendo en cuenta que los problemas de la banca no han desaparecido por completo.
Los CoCos son un activo que tiene naturaleza mixta entre deuda de la empresa que los emite y capital social de la misma entidad. Es naturaleza mixta entre capital y deuda es la que los transforma en un activo complejo que no debería servir para todo tipo de consumidores, a pesar de que durante tiempo se vendieron como bastante seguros. Obviando los riesgos que plantean, los CoCos constituyeron la forma elegida por el Gobierno, por impulso del Ministerio de Economía y Competitividad, para la recapitalización bancaria tal como ha aparecido en los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Ministro del pasado 15 de noviembre de 2013.
¿Por qué se afirma que son unas opciones de riesgo? Los Cocos se adquieren como bonos para financiar a la entidad. Normalmente suelen tener una rentabilidad bastante alta lo que hace que puedan resultar aparentemente bastante atractivos para el ahorrador. No obstante, esta alta rentabilidad está directamente vinculada al riesgo que tiene el inversor.
En efecto, en el momento en el que surja las condiciones que se han pactado previamente, pierden la consideración de deuda de la entidad bancaria –referidos a la solvencia de la entidad– cambian su configuración y se transforman automáticamente en capital social. De forma automática, sin que el titular del bono pueda exponer su oposición.
Expuesto con crudeza, a cambio de esa retribución suplementaria respecto de un CoCo, el riesgo económico por la mala situación de la entidad se traslada al titular del bono que se ha transformado en accionista. Y para la banca –y demás empresas que recurran a los CoCos– la situación es muy beneficiosa: en el caso de que ocurran los eventos, hay un efecto importante sobre el capital social de la entidad. Al tener lugar la conversión se rebaja el nivel de deuda, mejorando su consideración desde la perspectiva de los niveles de capital social que se exige en las normas bancarias. De hecho, uno de los supuestos automáticos de transformación es precisamente la bajada del capital social por debajo de las normas europeas.. Una operación satisfactoria para la entidad y una tormenta perfecta para el propietario de los bonos.
Para ponderar la importancia de lo que se acaba de señalar, recordemos los datos económicos de unosCoCos del Banco Popular: el precio de conversión de la acción está fijado en 17,69 euros, cuando su cotización actual no llega a los 3,63 euros. Esto es, de entrada, tendrán esa pérdida de más de 14€. O dicho de otro modo, sobre el valor actual del precio de la acción se tendría que revalorizar un 487%. Todo lo cual aderezado con los mismos problemas de capacitación de los bonistas; aspecto que en alguna ocasión ha permitido anular el contrato. Un problema que no es menor, que además ha de combinarse con las exigencias de transparencia (no siempre cumplidos) y sobre el cual ha alertado la Autoridad Europea de Valores y Mercados.
Last but not least. Como ha señalado no hace demasiado tiempo la Autoridad Bancaria Europea, los Cocos tienen una pretensión de carácter perpetuo, del que sólo se podrá salir en el caso de que se encuentre un adquirente o el propio emisor del bono quiera cancelarlo.
Realmente, por muy buenas que fueran las condiciones, un 7% de interés anual no es rédito suficiente para suscribir estos bonos ya que los riesgos que plantean son extraordinariamente altos. Sobre todo, además, si tenemos que hay un riesgo añadido de cancelación en el pago del cupón siempre y cuando estén vinculados a una parte de la solidez que tienen que tener en la actualidad las entidades bancarias y para las que no se exige tener capital propio (AT1).
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