Reforma constitucional (I): Mejoras democráticas pendientes

Reforma constitucional (I): Mejoras democráticas pendientes

Reforma constitucional (I): Mejoras democráticas pendientes. El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas en España desde la II República. Un día relevante que se vivió con emoción ciudadana y que permitió abrir un proceso que culminó con la Constitución, aprobada un año después, y con un un periodo de prosperidad. El juicio de estos 40 años no puede ser más que positivo.

Lo anterior no quita para que, 40 años después, resulte conveniente pensar en aquellos elementos de nuestro sistema político en los que hay que habría que aplicar reformas para mejorar la calidad de nuestra democracia.

Modificar el voto no presencial

Posiblemente la carencia más grande que exista en nuestro sistema electoral es el relativo al voto no presencial, en particular el de las personas que se encuentran fuera de España. El sistema de voto rogado, con un doble intercambio de correo entre España y el país en el que se encuentre la persona desplazada transforma en prácticamente imposible que el voto pueda llegar a tiempo al colegio electoral en el que hubiera votado en España.

Es cierto que los cambios se hicieron para evitar ciertos riesgos de manipulación de voto. Pero la solución ha resultado mucho peor. Por ello, habría que modificar las reglas para que el trasiego de sobres no impida el ejercicio del voto. Pese a las malas experiencias estadounidenses ¿no podría ser adecuado introducir aquí el voto electrónico?

A ello se añade un factor complementario. ¿Es realmente razonable que el voto de todos los que se encuentran en el extranjero compute en su lugar originario? ¿No sería más apropiado crear una nueva circunscripción electoral para computar estos votos, que les haga una representación real y que, al mismo tiempo, adapten el programa a sus peculiaridades? Además de estos elementos, permitiría facilitar el voto.

 

Cambiar las reglas de control del Gobierno

Cuando se analiza el funcionamiento del Parlamento y se profundiza en algunos aspectos del control del Gobierno se aprecia un problema fundamental: a la larga, es el propio partido que sostiene al Gobierno el que decide cuándo se puede producir tanto la comparecencia de un miembro del Gobierno o la creación de una comisión de investigación.

La razón de este problema deriva del artículo 39.4 del Reglamento del Congreso, que determina cuál es el voto en la Junta de Portavoces, que es el órgano encargado de aprobar estos mecanismos de control del Gobierno. “las decisiones de la Junta de Portavoces se adoptarán siempre en función del criterio de voto ponderado”.

Dicho de otro modo, es la mayoría que sostiene al Gobierno la que decide cuándo se le controla. Los datos de la legislatura 2011/15, la de la mayoría absoluta del PP son esclarecedores del problema: los Ministros comparecen en general un 25% de las veces que se solicita por los parlamentarios y que hubo alguno que lo hizo sólo en el 6% de las ocasiones en que se le requirió.

La solución que parece más razonable es la que está en el artículo 44.1 de la Constitución de la República Federal de Alemania que exige la apertura de una Comisión de investigación siempre que lo solicite un 25% de los miembros del Bundestag. Es una regla automática que se debería extender, asimismo, a las peticiones de comparecencias de los miembros del Gobierno.

 

Articular un mecanismo que mejore las consultas ciudadanas

Los mecanismos de participación directa de la ciudadanía siguen sometidos a un régimen que lo restringe sustancialmente. Un régimen que tiene su impulso en el propio Gobierno y que dificulta encontrar un canal de comunicación con la ciudadanía para que sus inquietudes puedan ser objeto de votación popular con todas las garantías que requiere un Estado democrático. Posiblemente por ello, sólo en tres ocasiones en estos 40 años ha habido referenda: en el momento de la aprobación de la Constitución, el de la permanencia en la OTAN y el del Tratado Constitucional Europeo.

Incluso en cuestiones meramente locales, es precisa la autorización del Gobierno, por una interpretación restrictiva de la letra constitucional.

La opción pasa por imitar lo que se hace en los EE.UU. Allí existe un procedimiento en el cual cualquiera puede solicitar la apertura de un proceso para decidir si se vota . Una vez se realiza la propuesta, se abre un periodo público en el cual puede recibir apoyos para que se someta a votación popular. Si se llega a un determinado porcentaje del censo electoral, existe obligación de abrir una consulta que coincide con otras elecciones, para impulsar la participación.

Esto hace que, por un lado, haya posibilidad de abrir consultas locales, estatales y federales. Y, al mismo tiempo, que no haya cuestiones vetadas. En los últimos años entró la consulta a la independencia de California o Texas (que no recibieron suficiente apoyo popular) o la legalización de la marihuana. Cuestiones todas ellas controvertidas y que, con posterioridad, abrirán paso al cómo se llevan a la práctica dichas medidas.

 

Impulsar las peticiones ciudadanas ante el Parlamento

La Comisión de Peticiones del Parlamento europeo es una de las que más actividad ha desempeñado en los últimos años y que ha permitido destapar algunos asuntos de interés público que se encontraban opacos. El Informe sobre la situación del litoral español es una buena prueba de lo que se está señalado.

El Parlamento español dispone de una Comisión de Peticiones, la que dirige el ex Ministro Fernández Díaz. Una comisión mortecina, a la cual es complicado acceder y que, por tanto, no tiene la relevancia que sería adecuada. Un problema que dificulta la presencia de peticiones ciudadanas.

Al mismo tiempo, el régimen de la presentación de Iniciativas Legislativas Populares tiene numerosas carencias. No es sólo el número de firmas que es preciso contar para su admisión a debate sino que, ni siquiera hay un representante de la plataforma que la suscribe para defender su admisión a tramite.

 

Mejorar la ponderación entre votos y votantes en el Congreso

El quinto aspecto que requeriría un cambio sustancial es la forma de elección de diputados. No es, sin embargo, la regla D’Hont el problema sustancial que dificulta una ponderación adecuada entre votos y votantes sino las circunscripciones que son pequeñas. Por otra parte, el número de escaños en España no es especialmente alto, 350, a pesar de que la Constitución permite llegar a 400.

En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, la circunscripción electoral básica es la provincia; que tendrá como mínimo un escaño. Este dato, que resulta conveniente para garantizar la representación de todo el territorio, acaba siendo un problema cuando se sobre representa por la existencia de un segundo diputado obligatorio; tal como lo recoge la Ley electoral. La consecuencia de lo anterior es que entre Guadalajara y Barcelona, hay una diferencia de casi 1 a 4 en el número de votos que hace falta para la obtención de escaños.

A ello convendría añadir un segundo elemento: recoger todos los votos que no han obtenido escaño por la aplicación de la regla D’Hont y distribuirlo de forma conjunta en una lista de cincuenta diputados de escala nacional. Sería una forma de que se reduzca de forma sustancial la desproporción entre votos y votantes y permita una composición del Parlamento más adecuada con la opinión de los electores a la hora de ir a votar.

 

Cambiar el sistema de elección de senadores

Las reglas sobre el Senado tienen dos problemas: por un lado, que todas la provincias tienen el mismo número de senadores, 4. Da igual la población, con lo cual en aquellas circunscripciones con mayor población, la representatividad es mucho menor de lo que resultaría conveniente.

Pero el problema mayor es el del sistema de elección de senadores. Como es conocido es por voto directo, de tal manera que cada uno de nosotros marcamos las tres cruces con las que nos identificamos más. Pero, al mismo tiempo, la sociología electoral nos permite saber que hay una mayoría de votantes que eligen senadores del mismo partido.

Dicho de otro modo, nos encontramos ante la paradoja de que el partido mayoritario obtiene siempre el 75% de los escaños en el Senado. Planteadas las cosas en las últimas elecciones, el PP tiene mayoría absoluta habiendo obtenido sólo el 30% de los votos, aproximadamente.

En este caso, y como factor previo para transformarlo en una cámara de representación territorial, sería conveniente introducir un mecanismo de votación en el que la circunscripción fuera la Comunidad autónoma y la forma de selección de senadores sea de carácter proporcional.

 

Estos son algunos aspectos que podrían modificar para mejorar la participación ciudadana en los asuntos públicos. Acaso ahora que se cumplen 40 años acaso es un momento para una reflexión serena.

 

Politica cultural europea

Politica cultural europea

Política cultural europea. En el marco de los Encuentros de Mongofre  se celebró un seminario sobre el papel de la literatura en la construcción europea. Más concretamente, el tema que nos convocó fue el diálogo sobre si la literatura puede unir a Europa.

Estos encuentros son, a su vez,  una evolución de los “Encuentros de la Sorbona” que regularmente convocaban la Fundación Valsain y la Cátedra de Literatura Escandinava de la Universidad de la Sorbona en Paris. En esta ocasión se contó con el apoyo de la Fundación Rubió Tuduri, en cuyas instalaciones se celebró el encuentro y la Mongofre World Heritage.

Cuando nos planteamos la conexión entre literatura y Europa, creo que hemos de dar un paso hacia detrás que nos permitirá dar la vuelta a la pregunta. ¿hay una cultura europea, más allá del recordatorio de Shakespeare, Goethe, Cervantes o Tolstoi? Incluso en ámbitos más concretos ¿podemos hablar de una literatura negra europea que tenga un común denominador que aúne a Graham Green, Jo Nesbø, John Le Carré, Arne Dahl, Andrea Camilleri, Petros Markaris y Manuel  Vázquez Montalbán? Y más aún, ¿hay un mínimo común denominador de “política cultural europea”?

Comencemos por esto último.

Si hacemos la pregunta de para qué sirve una política cultural a un francés, un alemán y un británico tengo la sensación de que la respuesta no sería igual en todos los casos. Al contrario, en unos casos lo vincularíamos a los objetos culturales, en el otro a la protección de las bellas artes y en el tercer caso a la traslación de la cultura a la técnica. Sin duda, puede ser simplificador y vincularse a los tópicos sobre los caracteres de los distintos países que componen la Unión pero creo que no está alejado de la realidad y es un elemento que dificulta el avanzar en una política cultural europea

La cultura ha llegado tarde a los Tratados europeos. Demasiado tarde. No apareció hasta 1992, con el Tratado de la Unión Europea. Posiblemente, el hecho de que Europa fuera originariamente una “Comunidad Económica Europea” hizo vertebrar la política europea sobre la cuestión económica.

Se supone que los demás aspectos de la política quedaban fuera. Es cierto que el impulso de los denominados “padres fundadores” hizo que se pudiera mitigar esta sensación de que no existía una Europa más allá de la cuestión económica. Durante mucho tiempo se hablaba de política, de valores y se daban pasos, aunque pequeños, en la articulación de ámbitos político culturales en Europa. La política de protección al cine, por ejemplo. Todo ello, hay que reconocerlo, con el impulso especialmente de Francia.

La caída de Lehman Brothers en 2008 y la crisis económica que vino después provocó que Europa se metiera en un círculo vicioso de naturaleza estrictamente económica. Pero no ha de sorprendernos. El ámbito de competencias europeos es extremadamente pequeño en materia cultural y está vinculado esencialmente a la protección de las culturas nacionales.

Política cultural europea

Alvaro Gil Robles, Jose María Ridao, Miguel Angel Moratinos y Julio González escuchando los comentarios de Catherine Lalumière

 

Aquí es donde nos tenemos que plantear si Europa quiere ser reunificada por la literatura y la cultura.

La lectura del artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea nos lleva a un ámbito reducido de competencias y, sobre todo, a una limitación de las técnicas que están a disposición de las Instituciones comunitarias para llevarla a cabo. Tanto que, frente a otros supuestos en los que se le ha dado el título de “política”, en el caso de la cultura nos encontramos sólo ante este modesto título. Dicho de otro modo, las instituciones europeas no hacen un “Política europea”.

1.   La Unión contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común.
2.   La acción de la Unión favorecerá la cooperación entre Estados miembros y, si fuere necesario, apoyará y completará la acción de éstos en los siguientes ámbitos:
— la mejora del conocimiento y la difusión de la cultura y la historia de los pueblos europeos,
— la conservación y protección del patrimonio cultural de importancia europea,
— los intercambios culturales no comerciales,
— la creación artística y literaria, incluido el sector audiovisual.
3.   La Unión y los Estados miembros fomentarán la cooperación con los terceros países y con las organizaciones internacionales competentes en el ámbito de la cultura, especialmente con el Consejo de Europa.
4.   La Unión tendrá en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de otras disposiciones del presente Tratado, en particular a fin de respetar y fomentar la diversidad de sus culturas.
5.   Para contribuir a la consecución de los objetivos del presente artículo:
— el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité de las Regiones, adoptarán medidas de fomento, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros,
— el Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión, recomendaciones.

Los tiempos venideros deberían ser tiempos de cambio en este sentido. Posiblemente la salida del Reino Unido pueda contribuir, como en otros tantos campos, a diluir la dimensión de espacio de libre cambio y volver a dedicarnos a aspectos de naturaleza política. Pero es algo más que la mera salida de un Estado. La articulación de la política cultural depende asimismo de los dirigentes que haya en Europa y de la voluntad de progresar hacia instrumentos de cohesión, dentro de lo cual la literatura o la cultura constituyen un elemento esencial.

Recordemos, por ejemplo, el papel tan relevante que podría jugar el conocimiento de la literatura europea en la articulación de una política contra la xenofobia, para proteger los valores europeos y favorecer el conocimiento. O cómo se podría cambiar la percepción de la conflictiva historia europea si en las asignaturas de Historia se rebajara el papel de las batallas y se abordaran los aspectos de integración cultural que ha existido de forma constante durante toda la historia. Y ello, entre otras cosas, porque como señaló Stefan Zweig, la idea de Europa, el sentimiento europeo no es un sentimiento primario sino que hay que desarrollarlo a través de una política cultural.

No soy, sin embargo, demasiado optimista. El impulso politico esencial en el ámbito de la Unión Europea está articulado por la poliica comercial a través de la Comisaría Cecilia Mallstrom a través de los grandes tratados comerciales como el CETA o el TTIP que hacen prevalecer de forma nítida la política comercial sobre cualquier otro aspecto de la actividad pública. No veo la amplitud de miras que tuvieron otros dirigentes europeos en Tusk, Junkers o Merkel. De hecho, cuando los valores han sido un elemento esencial de una decisión política el mejor ejemplo lo tenemos en la respuesta dada al problema de los refugiados y el acuerdo con Turquía.

 

 

 

La referencia a Stefan Zweig en el texto se corresponde al Libro Appels aux Européens


Política cultural europea

Let’s make America lesser again

Let’s make America lesser again

Let’s make America lesser again … or the return to 1914. No one could think that a few months after a new President took his place in the White House America would lose its prominent role in the World. Today we can affirm that because of the decisions by President Trump, America has resigned the role he it has had since after the end of the Second World War.

We are not talking about power. Right now it is the most important economy in the world, as it has been since 1871, its army is still very powerful, more than any one in the world (even if has been changing in the last decades) We are talking about some softer but more powerful value: leadership. A leadership that is lost because of resignation and distrust.

In a few months, President Trump allowed America to lose his its leadership in Free Trade, in Defence and in Environment. All together it is a total loss of importance in the world. I can suggest that this is the return to the position before the First World War.

America doesn’t want to lead the new generation of Free Trade Agreements in the world. Right now the decision by President Trump to abandon the TPP is more than the withdrawal from a free trade agreement. By doing so, Mr. Trump reversed a free-trade strategy adopted by presidents of both parties dating from the cold war. By doing so, President Trump allowed China to improve the RCEP, the free trade  brokered by China, India, Japan, South Korea and Australia among others. By doing it’s clear that he doesn’t understand how  economic relations in a global world rule and the bad consequences to USA. I believe it isn’t time for the kind of agreements based on supremacy. Just what Mr. Trump wants.

The “America First” agenda in free trade forgets what Mr. Xi said in Davos this January against protectionism and thereof we can see that the new American tendencies a big gift:  there is a vacuum that China seems eager to fill.

America doesn’t want to lead NATO. In the last meeting of NATO, Mr. Trump didn’t say the one thing about NATO he was supposed to say: his endorsement to article 5 — the keystone principle that an attack on one member is an attack against all —. That symbolic lack of compromise by President Trump provoked this response by Chancellor Merkel: “We Europeans truly have to take our fate into our own hands — naturally in friendship with the United States of America, in friendship with Great Britain, as good neighbors with whoever, also with Russia and other countries,” (…) “But we have to know that we Europeans must fight for our own future and destiny,” she said.

America doesn’t want to lead the fight against global warming and climate change. It’s possible that it is not clear if Trump believes that climate change is a hoax. But we can remember that he said in 2012 that “the concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive”.

 

When President Trump announced that the United States would withdraw from the Paris climate accord he told the world that America is not involved in the most critical issue for the humanity. It was a victory for Stephen K. Bannon, Mr. Trump’s chief strategist, and Scott Pruitt, the Environmental Protection Agency administrator.

But by doing so, America let China and Europe to lead this process and to obtain a huge leadership position because of its importance. Right now Trump has only the support of Putin and it’s in the same position as Nicaragua and North Korea, the only countries that didn’t signed the Agreement.

The speech by Mr. Trump had a very impressive sentence: “At what point does America get demeaned? At what point do they start laughing at us as a country?” Mr. Trump said. “We don’t want other leaders and other countries laughing at us anymore. And they won’t be.” It reflects that he doesn’t understand the importance of cooperation in the global world and it’s a sign of some kind of complex on foreign affairs and the role of America in the world.

Its reflexion opens a new scenario where China and Europe seem to be very close: Merkel said “the cooperation of the European Union with China in this area will play a crucial role, especially in regards to new technologies.”

That’s clear: Trump gives an important gift in leadership in diplomacy and economics to China and Europe… and other countries that can assume the leadership in diplomacy.

The new position of America is strange It’s clear that some kind of decline of its position appeared some decades ago. But the withdrawal of a country of its role is usually the consequence of a very big crisis. It isn’t the case right now. It’s only a voluntary decision taken by the President helped by his alt-right staff to abdicate.

When was the last time  that America didn’t have  a leadership role in the world? We can discuss if it was before First World War -the first global conflict where America participated- or after the second one, whose role in the reconstruction of Europe was very important.

The question is who will fill the hole that America is has opened in global leadership?

It is very clear that China can assume that dominant role in the global economy. Mr Xi said in Davos. We have to remember the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), the new multilateral financial institution brokered by China because America didn’t want to assume its duties in the IMF.

What would the consequences for the world be? Is it a positive thing for the world that the country that is buying Africa, destroying fisheries and breaking international law in free trade and human rights will be the global leader in the next decades?

If it’s not China, the eyes land on Europe. But what about Europe, without a real foreign policy; consumed by Brexit, with a lot the problems with values, institutions and economy and in the minimum of popular endorsement in the polls? Is Europe able to assume a prominent role for the next decades? Only by accident.




Puerto Rico: un plebiscito sin valor

Puerto Rico: un plebiscito sin valor

Puerto Rico: un plebiscito sin valor jurídico ni político. Puerto Rico votó ayer de forma aplastante a favor de transformarse en el Estado 51º de los EE.UU., de acuerdo con las previsiones de la Ley para la Descolonización Inmediato de Puerto Rico de 2017. En efecto, el 97.18% de los votantes lo hicieron por dicha opción mientras que el 1,50% optó por libre asociación/independencia y el 1.32% por el mantenimiento de la actual situación.

Sin embargo, ha sido un gran fracaso del Gobernador Roselló, por las cinco razones siguientes:

1. La participación de la población puertorriqueña en este referendum que se pretendía de capital importancia no ha llegado ni siquiera al 23% de los 2,260,804 votantes registrados y, por consiguiente, llamados a las urnas. Un porcentaje que resulta ridículo para pensar que el referendum tenga algún valor  ni político ni jurídico en relación con la posición de la población puertorriqueñas sobre su situación jurídica. Si tiene valor es el del debilitamiento del Gobernador Roselló.

Resulta absolutamente fuera de la realidad que en la declaración institucional en la que describe someramente los pasos que se van a dar a partir de ahora, no cite siquiera el dato de la participación. Sólo la mayoría aplastante de votantes a favor.

Puerto Rico: plebiscito sin valor

2. La participación ha sido baja porque el estatus jurídico de Puerto Rico no es la preocupación primordial para la población, angustiada con una crisis económica galopante y con la amenaza de unos recortes que pueden rebajar sustancialmente el nivel de vida en la isla. Una crisis que tiene mucho que ver con la aceptación, por parte del padre del actual Gobernador, de la derogación de la Sección 936 de incentivos fiscales a Puerto Rico, en diciembre de 1995.

Tropas de USA en Puerto Rico

Paradójicamente, durante la campaña no se efectuó ninguna relación entre la situación económica y el resultado del referendum, ni que consecuencias tendría para el pago de la deuda. Tampoco se abordó el problema del impacto que tendría en la Junta de Control Fiscal. Posiblemente porque, como veremos más adelante, no había respuesta estadounidense sobre cómo se iba a recibir el resultado electoral.

3. La participación es un gran fracaso para el Gobernador Roselló, que ni siquiera consiguió que todos sus votantes de hace un año -unos 700.000- acudieran a las urnas. Ha perdido durante el camino unos 150.000 votantes.

4. El referendum ha estado mal planteado. La población no sólo no respondía a las inquietudes reales de la población sino que ni siquiera sabía cuáles eran las consecuencias reales del resultado. Todo ello a pesar de esta larguísima pregunta: Con mi voto realizo la primera petición al Gobierno Federal para comenzar el proceso de descolonización a través de: (1) “Libre Asociación”: prefiero que Puerto Rico adopte un estatus fuera de la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos, que reconozca la soberanía del pueblo de Puerto Rico. La Libre Asociación se basaría en una asociación política libre y voluntaria, cuyos términos específicos se acordarían entre Estados Unidos y Puerto Rico como naciones soberanas. Dicho acuerdo dispondría el alcance de los poderes jurisdiccionales que el pueblo de Puerto Rico autorice dejar en manos de Estados Unidos y retendría los restantes poderes o autoridades jurisdiccionales. Bajo esta opción la ciudadanía americana estaría sujeta a negociación con el Gobierno de los Estados Unidos; o (2) La Proclamación de la “Independencia”, demandó al Gobierno de los Estados Unidos que, en el ejercicio de su poder para disponer del territorio, reconozca la soberanía nacional de Puerto Rico como una nación totalmente independiente y que el Congreso federal promulgue la legislación necesaria para iniciar la negociación y la transición hacia la nación independiente de Puerto Rico. Mi voto por la Independencia representa, además, mi reclamo de los derechos, deberes, poderes y prerrogativas de las repúblicas independientes y democráticas; mi apoyo a la ciudadanía puertorriqueña; y a un “Tratado de Amistad y Cooperación” entre Puerto Rico y los Estados Unidos con posterioridad al proceso de transición.

En efecto, los EE.UU. no habían dado ninguna indicación sobre la receptividad que iba a tener esta medida. Esto es, nada más paradójico el hecho de que a partir de ahora se tenga no que negociar las condiciones de una hipotética incorporación, sino que hay que dar el paso inicial, que no es otro que el de conseguir que se abra la puerta. Algo que, desde luego, no resulta previsible con tan baja participación. Desde luego, en estas condiciones, nada hay más ridículo que el resultado de la consulta sea la nada, la falta de respuesta del que tiene que ser receptor de la medida.

El resultado del referendum y su valor político refleja perfectamente que no basta con poner urnas sino que han de darse las condiciones adecuadas para que el resultado tenga valor. Condiciones que afectan esencialmente a la participación -condición necesaria- y al porcentaje de votos a favor. Pero que, supone, asimismo, que la ciudadanía conozca todas las consecuencias de su acción u omisión. Algo que en este caso, era un requisito que no se cumplía  porque las autoridades estadounidenses no se habían pronunciado. Lo que transforma en derrota lo que hoy el Gobernador Roselló ve como victoria.

Puerto Rico: Referendum sin valor

Anulación de la amnistía fiscal

Anulación de la amnistía fiscal

El Tribunal Constitucional anuló ayer la amnistía fiscal que impulsó el Gobierno de Rajoy en 2012. Una solución que era justa tanto por la forma utilizada -el Real Decreto Ley- como por los efectos tan perniciosos que tuvo sobre la equidad del sistema fiscal. Sirvió, además, para que personas con comportamientos vinculados a corrupción se adhirieran a ella.

Que no había circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad -presupuesto Del Real Decreto Ley- parece claro. Fue uno más de los aprobados por Rajoy para eludir el debate parlamentario de la Ley sin base suficiente.

Además, da una pauta pro futuro: la adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE). Viene así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir. El objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario, en general, y las concretas medidas que lo integran, en particular. (El resaltado es mío).

Pero, de forma casi apodiptica, el Tribunal no justifica que los efectos de la sentencia no supongan la anulación de las declaraciones tributarias. Mera “seguridad jurídica”. Cuando se adoptó en 1987 una solución similar en relación con la tributación conjunta del IRPF era clara la dificultad que planteaba. Aquí no.

Se trata de a) una situación de ilegalidad en el origen, frente a la apariencia de legalidad de otras circunstancias . b) una situación acotada en cuanto al número de personas. 

Con lo que se ha decidido, no se alcanza a ver en que circunstancias se aplicarán todas las consecuencias de la nulidad de un acto. Se incita a un comportamiento ilegítimo que manda un mensaje muy negativo a los que contribuimos con el pago de impuestos. Y se contradicen los requisitos que para supuestos similares ha indicado la jurisprudencia europea; especialmente el deber de motivación de todos los elementos de la sentencia. No hay razón que justifica la decisión, sobre todo porque un principio tan laxo como la seguridad jurídica que contradictorio con el principio de Justicia, equidad e igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas requiere mucha motivación. Justo la que no está aquí.

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