Paraísos fiscales europeos en 2017 (II): el caso de Andorra

Paraísos fiscales europeos en 2017 (II): el caso de Andorra

Andorra ha dejado de ser un paraíso fiscal. Podemos estar de enhorabuena, Andorra deja de ser un lugar para la defraudación de dinero de los particulares que han defraudado al erario público. Un avance, sin duda.

Andorra es un país con un sistema jurídico peculiar a cuya cabeza hay dos Jefes de Estado: el Presidente de la República Francesa y el Obispo de la Seu d’Urgel. Un país que en la actualidad está pretendiendo entrar en la Unión Europea y que ha transformado radicalmente su normativa después del escándalo de la Banca Privada de Andorra, acusada por Financial Crimes Enforcement Network de lavar dinero del crimen organizado.

Recordará el lector que uno de los elementos centrales para la configuración de un determinado territorio como paraíso fiscal es la negativa al intercambio de información con terceros países. Una práctica que proviene de Suiza (con una finalidad loable, la de evitar que los datos cayeran en manos de los alemanes durante el nazismo) y que ha constituido la lacra peor para los países exportadores de capital de forma ilícita. Andorra entre ellos.

La situación cambió el pasado año, cuando se aprobó la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal  que reconoce la obligación de los cinco bancos andorranos a entregar la información sobre las cuentas de ciudadanos domiciliados en los Estados miembros de la Unión Europea.

La obligación, y esto es lo más relevante, afecta a todas las cuentas preexistentes. Las de más de un millón de dólares el 30 de junio de 2018, las menores el 30 de junio de 2019.

Andorra necesitaba dejar de ser catalogado como un paraíso fiscal para obtener respetabilidad internacional. El escándalo a que antes se aludió hizo muchísimo daño al país que se puso al borde del abismo en cuestión de días. Quedan por resolver las demandas pero ha dado un paso adelante con la eliminación del secreto fiscal. Incluso está planteándose la incorporación de un IVA del 15%. Desde luego el país se tiene que reinventar.

Con los cambios legislativos, ha aceptado la puesta en práctica del nuevo estándar de la OCDE en relación con el intercambio automático de información. Es una línea de actuación a la que se han adherido ciertos Estados europeos que realizaban prácticas equivalentes como San Marino, Mónaco o Suiza. No supone su erradicación pero es un avance. En el caso español, la importancia es mayor por la cercanía física de Andorra que permitía una mayor flexibilidad en el intercambio de dinero.

El sistema implantado no es perfecto. Se produce de forma anual, por una única ocasión, el 30 de junio de cada año natural. La información que se remitirá será de lo ocurrido en el año anterior a la fecha de remisión. Esto es, todo lo ocurrido desde el 1 de julio de 2017 estará en manos de las autoridades fiscales españolas el 30 de junio del año que viene. Incluso ha ido más allá, configurando el delito fiscal en términos más duros que la muy laxa legislación española. Allí es delito fiscal a partir de 75.000 euros.

Se entiende que esta modificación de la legislación fiscal andorrana constituirá un incentivo para que los defraudadores se sometan a procedimientos de regularización fiscal por las cantidades que tienen situadas en territorio andorrano. El breve plazo para la prescripción de los tributos en España, obra del Gobierno del Partido Popular en la época de Aznar, hará que muchos imputen las rentas a 2012 y que en sus regularizaciones paguen una parte por los últimos años. El coste de toda la operación incluyendo multas y recargos es el 70%.

Posiblemente el problema mayor al que se enfrenten los defraudadores sea el de los pisos que tienen allí, no declarados, y que si procedieran a su enajenación en la actualidad sería una operación que afloraría para España. Como afloraría de igual manera los rendimientos económicos que puedan obtener con ellos. Obviamente, queda el recurso de fijar su residencia fiscal en Andorra; aunque experiencias existen de personas de relevancia pública de que ha tenido poco éxito si hay interés en investigar su realidad.

Aunque es de suponer, también, que como la materia, los lugares de refugio de los defraudadores se hayan transformado y hayan encontrado lugares más seguros. Este es sólo un pequeño paso, que, sin lugar a dudas, resulta relevante.

Revolución Rusa: 6 libros que debieras leer

Revolución Rusa: 6 libros que debieras leer

Revolución rusa: 6 libros que debieras leer. 1917 fue el año de la revolución rusa. Con la revolución francesa la que más consecuencias ha tenido para la humanidad. Una revolución de verdad. La que participa en el diseño de la ONU; la que fue el actor principal de la derrota de los nazis después de las batallas de Stalingrado y Leningrado; la que es parte activa en los procesos de descolonización; la que crea derechos sociales, luego imitados en las Constituciones europeas; la que fractura Alemania primero y Europa después. La que en su evolución genera el estalinismo y todo lo que ello conlleva, la que acaba con la primavera de Praga y la revuelta húngara. Una revolución, en definitiva que, más allá de la opinión que se tenga sobre ella, merece la pena leer sobre ella.

Hoy traigo 6 recomendaciones de libros que resultan relevantes para entenderla. Como toda selección, es susceptible de ser mejorada

 

Diez días que estremecieron el mundo, de John Reed

Revolución rusa

 

 

 

John Reed fue un periodista estadounidense que fue testigo directo de los diez días que condujeron a la toma del Palacio de Invierno en la entonces Petrogrado y al final del Gobierno de Kerensky. La naturaleza esencialmente periodística se muestra en lo que él mismo decía de este libro: “Este libro es un trozo de historia condensado tal como yo la vi. No pretende ser más que un detallado relato de la Revolución de Octubre en que los bolcheviques, al frente de los obreros y soldados, conquistaron el poder del Estado en Rusia y lo entregaron a los soviets.”. Lenin dijo sobre él que “Después de haber leído, con inmenso interés e inalterable atención hasta el fin, el libro de John Reed, “Diez días que estremecieron al mundo”, desde el fondo de mi corazón lo recomiendo a los obreros de todos los países.

 

La revolución rusa de Lenin a Stalin, de Edward H. Carr

Revolución rusa

 

Edward Hallet Carr fue un diplomático e historiador con una amplia trayectoria en el campo de las relaciones internacionales. Educado en Cambridge, escribió una monumental historia de la Rusia Soviética que cubre el periodo entre 1917 y 1929. Asimismo, hizo una breve síntesis sobre el periodo revolucionario, que es la que se recomienda aquí. Marxista, aunque no sometido a los dictados de Moscú, tiene una parte bastante interesante en el análisis de Stalin, que resulta continuador no de la obra de Lenin sino de la Pedro el Grande, con el que compartía su carácter cruel y despiadado. Es también brillante en el análisis de los problemas que tuvieron los bolcheviques cuando llegaron al poder y la necesidad de la NEP una vez obtenida la victoria en la guerra civil.

 

Del leninismo al Estalinismo, de Ignacio Sotelo

Revolución rusa

 

 

 

La muerte de Lenin fue un punto de inflexión en el proceso revolucionario. No sólo por la falta del líder carismático que había permitido la toma del poder en noviembre de 1917 sino también porque tenía una concepción del Estado y del poder muy diferente a la que se plasmó con posterioridad en la URSS. De hecho, sin el advenimiento del estalinismo la historia hubiera sido otra muy diferente. Este libro, clásico, de Ignacio Sotelo realiza una disección rigurosa de las diferencias entre uno y otro líderes y, en particular, hace una descripción atinada del proceso que llevó a Stalin a la dirección de la URSS, con la eliminación de todos aquellos que se opusieran a su predominio, con Trotsky a la cabeza.

 

La revolución rusa, de Leon Trotsky

Revolución rusa

 

 

 

El personaje más inteligente y dotado para la política de la revolución, junto con Lenin. Esta historia de la revolución rusa contada por uno de sus protagonistas centrales fue escrita durante su periodo destierro en la isla de Prinkipo, mar de Mármara, Turquía. Tiene el grandísimo interés de ser una obra escrita por uno de los protagonistas centrales de la revolución, por su minuciosidad y por las explicaciones tanto sobre la toma del poder como por la deriva que tiene el régimen tras la muerte de Lenin. Explica con cuidado también el proceso que él padeció como consecuencia de la burocratización del régimen, un fenómeno contra el que también lucho Lenin, incluso en su enfermedad.

 

La venganza de los siervos

 

Revolución rusa     

 

 

 

Publicado este año, constituye un ensayo sobre el proceso revolucionario que lo configura como el derivado final de una crisis continua que permitió pasar del gobierno zarista al gobierno revolucionario bolchevique sin términos intermedios, ya que el Gobierno de Kerensky después de la revolución de febrero no tuvo tiempo para asentar nuevas estructuras de poder.

 

La revolución rusa, de Rosa Luxemburgo

Este texto estaba destinado a ser objeto de discusión en la Liga de los Espartaquistas, a la que pertenecía junto con Karl Liebknect. No obstante, pese a su simpatía con el proceso revolucionario, su posición contraria a algunas de las medidas adoptadas por el gobierno bolchevique (especialmente en materia de garantías democráticas) hicieron que se postergara su publicación hasta 1922, cuatro años después de su fusilamiento tras la revolución de Alemania en 1918.

 

Revolución rusa

 

 

 

Gasto público en defensa y recortes en sanidad y educación

Gasto público en defensa y recortes en sanidad y educación

Gasto público en defensa y recortes en sanidad y educación. El Tribunal Constitucional declaró el año pasado la inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley 10/2014, de 1 de agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente; por no cumplir los presupuestos constitucionales de este tipo de norma cuando lo utilizo para un aumento de gasto público para incrementar las partidas del Ministerio de Defensa.

Aquella sentencia fue desde un punto de vista formal importante porque afectaba a dos vicios usuales del Gobierno del PP en la legislatura 2011/15: el abuso de la contabilidad y presupuestacion a la carta para “cumplir” ficticiamente con los límites de gasto público y el abuso indiscriminado del Decreto Ley como forma usual de legislar. Me voy a quedar hoy en la parte del gasto público y en la exigencia de que aparezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Durante los 4 ejercicios presupuestarios, las partidas para los programas de adquisición de armamento eran insuficientes. Más allá de la explicación que da el Gobierno en la Exposición de Motivos del Decreto Ley, era el mecanismo con el cual por un lado se aparentaba ante la opinión pública que no había un exceso de gasto en defensa (cuando había sustanciales recortes en derechos sociales) y, al mismo tiempo se cumplía aparentemente con el techo de gasto y la Comisión Europea daba el visto bueno a la tramitación presupuestaria, especialmente desde el rescate a España. La necesidad de armamento hizo que todos los años se modificara ese Presupuesto para incorporar las partidas necesarias para afrontar los Programas Especiales de Armamento. Obviamente, ese gasto computó en el déficit y es una desviación sobre lo inicialmente previsto.

En aquel caso, el importe de las cuatro anualidades supera los 4.000 millones de euros. Recordemos que los recortes en sanidad y educación de abril de 2012 fueron de 10.000 millones de euros.

La perspectiva presupuestaria no es de recibo y no sólo por incumplir los compromisos con Bruselas en partidas especialmente cuantiosas. De hecho, resulta censurable que el Tribunal Constitucional afirme en la sentencia que “la especial financiación de los programas de defensa aquí analizados -añade- puede justificar la utilización del crédito extraordinario al margen de la programación presupuestaria normal”. Actuar de este modo atenta contra los principios esenciales del Derecho presupuestario, en particular sobre el principio de anualidad y unidad del Presupuesto.

Al contrario. Nada lo justifica. El artículo 134.2 de la Constitución señala de forma nítida que todas las partidas han de formar parte del Presupuesto, que además ha de ser único: “Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual (e) incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal”.

En aquel momento el Gobierno se puso a la cabeza de la manifestación y la Ministra Dolores Cospedal dijo que nunca más ocurriría y que a partir de ahora todos los gastos en material de defensa iban a estar incluidos en la Ley de Presupuestos, como corresponde.  Era una forma de marcar distancias con Morenés, un Ministro muy poco popular. Pero duró la iniciativa  lo que tardó en concluir la intervención. La situación de incumplimiento del contenido de la Ley de presupuestos y, por ende, de la Sentencia del Tribunal Constitucional sigue siendo exactamente la misma, cuantía arriba, cuantía abajo.

En julio de 2017 ya se había superado en 1000 millones de euros la cuantía de presupuestada para todo el año. Ello por no hablar de las partidas destinadas a defensa que están ubicadas en otros lugares y que tienen un gasto importante, como los del Fondo de Contingencia, que acaba siendo el que abone el coste de las misiones de mantenimiento de La Paz en el extranjero. Continuan los programas especiales de armamento. Y las partidas dedicadas a investigación siguen sin depender del Ministerio de Defensa.

La descoordinación entre la verdad presupuestaria y la verdad del gasto público transforma a aquella en otra manifestación más de la post verdad a la que tanto nos ha acostumbrado el Partido Popular; que hurta además el debate parlamentario.  El contraste entre la reducción del  gasto social y el mantenimiento del gasto de  defensa que aparece en el Plan Presupuestario para 2018 enviado a Europa merece un debate sereno sobre las prioridades de gasto y sobre las necesidades de ingresos públicos. Recordemos que bajaremos por vez primera del 6% del PIB en sanidad y del 4% en educación.

El día en que el bosque catalán deje ver el bosque de la acción política del Gobierno se podrá discutir sobre estas y otras cuestiones.

Cataluña: Artículo 155 extremo e ineficaz

Cataluña: Artículo 155 extremo e ineficaz

El Presidente del Gobierno anunció ayer las medidas que iba a proponer al Senado en aplicación del artículo 155 de la Constitución para intentar resolver la cuestión catalana. Unas medidas que suponen una aplicación dura del precepto y cuya crítica debe huir de las expresiones altisonantes del tipo de que se ha perpetrado un golpe de Estado o algo parecido. Cuando tengamos de verdad estos problemas no sabremos como adjetivarlos. El tener que recurrir a esta medida es triste porque supone la exteriorización de que no se ha conseguido resolver un problema político. Por ello, la utilización del Derecho de excepción que recoge la propia Constitución es un motivo de tristeza constitucional y democrática.

Superado el primero momento, toca hacer un pequeño análisis. La propuesta del Gobierno que tendrá que aprobar el Senado es una medida criticable, como criticable es toda acción del Gobierno. Criticable política y jurídicamente.

Desde un punto de vista jurídico, hay un abanico de medidas que no plantean el más mínimo problema de compatibilidad con el precepto. Son las de naturaleza administrativa que entroncan precisamente dentro de las “instrucciones” que puede dar el Gobierno a la administración autonómica y la concreción de las consecuencias jurídicas en el caso de incumplimiento, algo que no creo que resultara necesario ya que se deduce de la legislación de empleo público.

Como ya señalé en otro post, no creo, sin embargo que dentro del artículo 155 se pueda ni cesar al Presidente y a su Consejo de Gobierno ni que se puedan restringir tan sustancialmente los poderes del Parlament.

Lo más grave es que se pone bajo tutela de un control previo a  la actividad legislativa del Parlamento de Cataluña, cuyas leyes tienen la misma presunción de constitucionalidad que las normas aprobadas por las Cortes Generales. Esto es, se introduce un control previo de inconstitucionalidad que no realiza el Tribunal Constitucional sino el Gobierno. Y, desde luego, no se puede eliminar la posibilidad de realizar una labor de control del Gobierno de la Comunidad autónoma, que formalmente sigue existiendo.

Rajoy ha insistido en que la autonomía catalana no se ha suspendido. Desde luego, con el escrito remitido al Senado formalmente no se ha suspendido pero leyendo las medidas, se parece mucho. Es cierto que las instituciones de autogobierno siguen existiendo pero sus poderes están tan disminuidos que desde luego no se corresponden con el mínimo que deben tener para que se puedan considerar existentes. La garantía institucional exige precisamente que tengan los mínimos poderes que son necesarios para su recognoscibilidad, lo que no ocurre si el Parlamento tiene que pedir autorización para aprobar leyes, no puede controlar a un Gobierno formalmente existente y no puede hacer ningún trámite de elección del Presidente de la Generalidad. Y un Presidente externo, como sería la situación en la que queda, resulta poco clara.

Y desde luego, la potestad de disolver el Parlamento y convocar elecciones por parte del Presidente del Gobierno también entra dentro de lo que un observador imparcial podría considerar como suspensión de la Comunidad autónoma. El New York Times, por ejemplo.

Es una posición discutible, como casi todo de lo que puede ocurrir con la interpretación jurídica de un precepto como el 155 que quiere habilitar para cosas “pequeñas” (como lo ocurrido con Canarias) o que se quiere utilizar para limitar drásticamente los poderes de unas instituciones autonómicas que, formalmente, siguen existiendo. Es cierto que en la Constitución no están previstas medidas de suspensión de las Comunidades autónomas pero el artículo 155, en su redacción actual, no da pie a que se adopten dichas medidas. Si está mal hecho, rectifíquese en la Comisión constitucional. Pero, en todo caso, nos espera un aluvión de recursos judiciales, ante el Tribunal Constitucional unos, ante el Tribunal Supremo otros, antes de que las medidas adoptadas por Rajoy lleguen a la práctica.

Tengo mis dudas de que la medida sea eficaz políticamente, lo cual, caso de hacerse ciertos mis temores, es más grave dado que entonces el problema no estará resuelto sino todo lo contrario. La solución pasa, en el planteamiento del Gobierno, por las elecciones autonómicas del mes de enero o febrero. Pues bien, ¿ha pensado el Gobierno que ocurriría para el supuesto de que tengan un resultado similar o que, incluso, los partidos independentistas tengan mayoría absoluta de los votos emitidos? No podemos olvidar que, tradicionalmente, las personas que están en el censo electoral catalán son poco propensas a transformarse en votantes en unas elecciones autonómicas.  ¿Vamos a conseguir ahora que todos participen?

Espero que no estén cayendo en la idea que deslizó el otro día Pablo Casado de suspender a los partidos independentistas. La discrepancia es una idea central de nuestro ordenamiento jurídico, tal como recordó el la sentencia del Tribunal Constitucional 48/2003 nuestro sistema constitucional no incorpora “un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución”. Una idea que nos separa de otros ordenamientos jurídicos. Como señaló Miguel Presno el otro día, solo en los casos de violencia y terrorismo se puede proceder a la ilegalización de un partido, tal como ocurrió con los partidos cercanos a ETA en el País Vasco.

Lo que ocurrió ayer es la consecuencia de la inacción de la acción política del Gobierno de Rajoy en Cataluña desde la primera gran Diada reivindicativa del año 2012. Cuando se deja pasar el tiempo, cuando no se adoptan medidas para dar una respuesta política a lo que es un problema política, las consecuencias se extreman. La única respuesta que se ha proporcionado es la interposición de recursos, un instrumento válido si y solo si se acompaña de política. Algo que el Gobierno ha demostrado en estos cinco años que no ha sabido hacer, porque ha dejado que la situación se pudra. Obviamente, esta responsabilidad es inferior a la de los actores centrales del problema, que son las autoridades catalanas que han participado en ellas.

El problema que tiene planteado España en la actualidad es el del modelo de país y de convivencia que queremos. El auge del independentismo, que no creo que reúna los requisitos numéricos para llegar a la independencia si se celebrara un referendum con todas las garantías, no se soluciona parando el golpe en el corto plazo, que es lo que pretende el Gobierno. Es un error mayúsculo. Lo que hay que buscar es una solución que nos permita tener una convivencia democrática y en paz en donde se aborden problemas más cotidianos, como analizar, criticar y discutir políticamente las consecuencias de los recortes que propone el Partido Popular en el programa presupuestario remitido a Bruselas. Y para ello, tengo la sensación de que éste no es el camino.

Cataluña: El articulo 155  abre nuevos problemas

Cataluña: El articulo 155 abre nuevos problemas

Cataluña: la esperanza está en Europa. La intervención de Puigdemont en el Parlamento trajo una efímera impresión de que algo se estaba moviendo. El requerimiento del Gobierno por el que iniciaba el procedimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución y su recepción han vuelto las cosas al punto inicial en donde hay una manifiesta incapacidad para dar un paso adelante. Las responsabilidades no son similares y, desde luego, el ofrecimiento de una conversación que hizo Puigdemont no debía haber sido despreciada.

Si algo se movió tras el requerimiento del artículo 155 fue la presión que ejercieron los núcleos más duros de Rajoy y Puigdemont, que se pueden articular sobre FAES en un caso y la CUP en el otro. Es cierto que ni en uno ni en otro sector hay una posición unánime, porque la táctica difiere sustancialmente, pero realmente lo que se ha observado es “un paso hacia detrás para coger impulso” a fin de que la colisión sea mayor. La entrada en prisión de “los Jordis” no ha sido sino la gota que ha colmado el vaso, en una intrerpretación rigurosa tanto sobre la competencia de la Audiencia Nacional como de la utilización del tipo de sedición, frente a otros que podrían haber sido mejores políticamente.

Las dos contestaciones de Puigdemont no ha sido satisfactoria y está llena de verdades y mentiras, tal como ha señalado Ignacio Escolar. El juego de la ambigüedad calculada, con el que de su carta podía entenderse, según se pretendiese, que el vaso estuviera medio lleno o medio cerrado, no constituye un ejercicio de racionalidad en un momento de crisis gravísima.

Y desde Moncloa se ha interpretado que está vacío. Sin duda, otra falta de visión para resolver el problema.

La aplicación del artículo 155 es compleja, como ya señalé en su momento y, cada día que pasa se puede percibir que tendrá una aplicación más drástica. Lo que tengo mis dudas es que aquello que parece que se va a hacer (destituir al Gobierno catalán y convocar elecciones en el mes de enero) resulte posible de acuerdo con la letra del artículo 155. No es ni siquiera un problema político sino que entronca con los propios límites constitucionales del precepto. El artículo 155, recordemos, lo que permite es adoptar medidas que sirvan para obligar a la Comunidad autónoma a cesar en un comportamiento que atente contra el interés general del país. ¿Esto significa que se puede cesar un Gobierno y sustituirlo por otro?

Desde luego, leyendo el Estatuto de autonomía para Cataluña, Ley del Estado y que constituye la norma institucional básica de la Comunidad autónoma, no parece que se pueda nombrar un Presidente del Gobierno alternativo desde Madrid, ya que éste tiene unas causas de cese tasadas, recogidas en el artículo 67, dentro de las cuales no figura la aplicación del artículo 155. Tampoco figura dentro de las causas de terminación de la legislatura que recoge el artículo 66 la aplicación del artículo 155. Y, desde luego si se disuelve el Parlamento por el Gobierno designado desde Madrid nos encontraríamos ante una vulneración de los derechos de participación ciudadana, algo que no está previsto en el artículo 155 sino en otros preceptos constitucionales, los del artículo116.

Podemos encontrarnos con la situación de que los mecanismos de aplicación del artículo 155 pueden incurrir en contradicciones con la Constitución y con el Estatuto. Yendo más, allá, parece pertinente la pregunta que se planteaba hoy Argelia Queralt: “¿se han planteado nuestros representantes qué ocurre si la Generalitat decide desoír las instrucciones derivadas del artículo 155? ¿Cuál es el siguiente paso? Mucho me temo que, en lógica normativista, la aplicación de los estados excepcionales del artículo 116 de la Constitución y lo que ello conlleva”. Una medida tan desproporcionada que no parece que resulte admisible.

Pero en estas circunstancias, sólo cabría suspender los derechos fundamentales en Cataluña, algunos de los cuales, los de participación, ya habrían sido restringidos si se produjera la disolución del Parlamento por una autoridad que no ha sido investido de acuerdo con lo que dice la norma. Dicho de otro modo, sería una designación fuera de lo previsto en el Estatuto que si se lleva a la práctica supondría una derogación de facto fuera de lo previsto en la propia norma, concretamente en sus artículos 222 y 223.

Pero, ¿se puede aplicar el 155 en el caso actual? Porque realmente, en las circunstancias actuales, no se produce el supuesto del que partía el Gobierno en su requerimiento, que constituye un límite para la propia aplicación del artículo 155.Este es uno de los problemas del 155, que marca límites a la propia actuación del Gobierno, que en este caso se superarían.

Recordemos que lo que decía el Gobierno era preguntar si se había proclamado o no la independencia y que, en ese caso, se volviera atrás. Puigdemont dice que no se ha producido la proclamación de la independencia. Desde una pura lógica jurídica que gusta tanto a algunos, eso significa que no se da el supuesto planteado en el requerimiento y que, por consiguiente, no se puede ejercitar la potestad. Sin embargo, la idea del Gobierno es seguir adelante con la esperanza de que Puigdemont se vuelva atrás durante su tramitación, algo totalmente ilusorio.

Por ello, insisto en que en mi opinión, hay que dar una oportunidad a utilizar otras vías que resulten menos agresivas; entre otras cosas porque en la propia Constitución no se ha previsto la posibilidad de suspender las instituciones de una Comunidad autónoma; que es lo que ocurriría si el Gobierno sustituye a Puigdemont.   Ni en la Constitución ni en el propio Estatuto de Autonomía.

El Presidente de Canarias ha incidido, además, en una realidad que el gobierno no parece observar:  la aplicación del artículo 155 “no resuelve el problema” ya que hay dos millones de catalanes que “quieren ser independientes y eso no se arregla con la aplicación de la norma”. Una idea similar ha manifestado Iñigo Urkullo, Presidente del Gobierno vasco. La realidad es esa: con un número tan alto de independentistas o se da una respuesta política o es que no se está sabiendo leer el problema, lo que le incapacita políticamente para ser Presidente del Gobierno.

El fracaso de la política parece que se consuma.

La única esperanza la debemos encontrar en la Unión Europea. La reunión del Consejo europeo no se está desarrollando de una forma razonable, por la negativa de que el asunto se debata en la sala. Tal como ha aparecido en la prensa, el Gobierno da explicaciones en pasillos pero al considerarlo un asunto interno impide su debate colectivo. Una posición de encubrimiento del problema que olvida que pase lo que pase con Cataluña, tiene trascendencia en Europa, desde un punto de vista social, económico, cultural y de libertades. Aquí parece que el Ministerio de Asuntos exteriores y Cooperación no ha estado a la altura de lo necesario, sobre todo, cuando se ve que desde Bélgica se está demandando un diálogo dentro y fuera de la Constitución. O acaso es que desde Europa se ven las cosas de otra forma.

Hace una semana fue Donald Tusk, el Presidente del Consejo, el que forzó a que la puerta se abriera. El camino se cerró bruscamente y sólo Europa puede abrirlo de nuevo. Las armas de presión económica y política son, deben ser, de tanta intensidad que permita reconducir la situación. Ya he señalado en otro post, que la Declaración de Independencia (todas acaban siendo Unilaterales) tendría pocos efectos prácticos pero tendría un efecto devastador en Europa. Y, por ello, habida cuenta de la incapacidad que se ha demostrado para reconducir la situación, debe redoblarse la presión europea, discreta -porque explícita no es posible, tal como ha señalado hoy Tusk- pero eficaz.

No creo que a estas alturas Europa se pueda permitir el lujo de abrir el melón independentista. Las críticas veladas de Junker hacia el inmovilismo de Rajoy son buena muestra de la preocupación europea por cómo se desarrollan las cosas en nuestro país. Desde luego, me temo que a partir de mañana habremos cerrado una puerta para abrir otra aún más compleja.

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