Reforma federal de la Constitución. El debate sobre la organización territorial del Estado parece que es más pertinente que nunca. No es sólo que haya habido numerosos estudios de expertos que hayan señalado la conveniencia de superar las reglas actuales del Estado autonómico. Valga lo afirmado por Muñoz Machado: no afrontar la reforma constitucional “conducirá al sistema constitucional entero a su destrucción por no afrontar la evidencia de sus enfermedades actuales” ( Informe sobre España, Ed. Crítica, Barcelona, noviembre 2012, p. 229)

Un examen de las normas básicas recogidas en el Título VIII nos permite constatar que son de una época en la que el problema esencial era el del acceso a la autonomía -que, además, no se preveía como necesario para todo el país- y, por ello, faltan numerosas reglas sobre un ejercicio razonable de ésta, sobre los principios económico financieros y acerca de las relaciones entre el Estado y las Comunidades autónomas. Afirmar que el cambio no es necesario, parece, a primera vista, un error que puede tener consecuencias para la propia integridad del Estado por la desafección que incorpora en determinados territorios.

Modelos de organización territorial hay muchos, tantos como Estados. Las denominaciones se suelan agrupar entorno a la dualidad federalismo-centralismo, que resultan bastante simplificadoras. Conceptos genéricos que no son ilustrativos de un determinado modelo. Si tomamos el concepto federal observaremos que bajo dicho manto se han agrupado realidades tan diferentes como las de las extintas URSS y Yugoslavia con las de la República Federal de Alemania o de los Estados Unidos de América, cada una de las cuales responde, a su vez, a características peculiares en las cuales la historia es determinante; especialmente en este último caso.

Cuando se plantea el debate sobre una federalización de la Constitución española no debemos plantearlas tanto como un desapoderamiento del Estado cuanto como un rediseño global de la estructura territorial del poder, en el que han de participar éste y las entidades menores, lo que hoy son las Comunidades autónomas y las Entidades locales. Y no puede ser de una mera modificación de las etiquetas autonómicas por otras federales.

Pero, como veremos en seguida, el nuevo modelo deberá tener presente, asimismo, las exigencias derivadas de nuestra integración europea y del propio funcionamiento del Estado en un entorno de globalización en el que sus poderes son necesariamente menores y diferentes.  Un aspecto que no se suele abordar pero que puede quitar parte del contenido problemático, sobre todo si observamos el impacto en las cláusulas económicas de distribución de competencias.

Para que el cuadro que se va a analizar resulte completo conviene que demos un breve vistazo a lo ocurrido desde 2011. 7 años que parecen pocos pero que han provocado un cambio considerable e imperceptible en el diseño del sistema de organización territorial del poder.

La idea que ha presidido la actuación del Gobierno central en los últimos siete años es la recentralización, una idea que rompe con el mito de la España casi federal. Una conclusión que se deriva de los siguientes elementos: a) la hipertrofia de controles, partiendo de la normativa de estabilidad presupuestaria; b) un abuso en la utilización de las competencias básicas del Estado, que deja reducido a lo mínimo las competencias autonómicas en la misma manera; c) un aumento de la conflictividad competencial, en muchas ocasiones aunando los elementos centralizadores con razones ideológicas, como se ha mostrado en el escaso fundamento que tenía el recurso del Estado contra la legislación de vivienda de Navarra; d) una jurisprudencia constitucional que ha oscilado hacia posturas mucho más centralistas de las que había en los años 90; tanto que en un reciente voto particular de los Magistrados Asúa y Xiol a la STC 165/2016 se puede leer que el fundamento del fallo constituye una “formulación extensiva” de una “línea jurisprudencial, inicialmente excepcional” con “preocupante efecto corrosivo sobre las competencias de ejecución”; e) una utilización de mecanismos legislativos que han configurado nuevas bases de regulación de los sectores económicos y f) El informe CORA puso en marcha un proceso contra las denominadas duplicidades e órganos autonómicos que configuraban un sistema de garantías propio y sin injerencias del (Defensores del Pueblo, consejos de Cuentas, consejos consultivos). En este momento, podemos decir que hablar de que somos uno de los países más descentralizados es casi un mito, interesado.

Recentralización en la práctica política que ha ido de la mano de la peor percepción por parte de la ciudadanía del sistema actual de Comunidades autónomas, posiblemente como resultado de las consecuencias negativas de la crisis económica y de una ofensiva política desde diversos ámbitos sobre lo que funciona mal de las Comunidades. Elementos en los que concurre el llamamiento constante por parte de ciertos medios a la unidad de España, a cierta unidad de España.

Introducción al artículo “Hacia una reforma federal de la Constitución española”, publicado en la Revista Sistema nº 251-252 (2018), páginas 171 y siguientes que se puede descargar aquí.

Y el podcast de mi intervención es éste