Gibraltar y el Brexit

Gibraltar y el Brexit

Gibraltar y el Brexit. Pese a la cesión que hizo España a la Corona británica en el Tratado de Utrecht de  1713, la posición jurídica de Gibraltar pasea siempre sobre el alambre, dependiendo de cuáles sean las relaciones del Reino Unido con España y, ahora, con la Unión Europea. Lo que resulta claro es que, salvo que España negocie mal la solución del Brexit en relación con Gibraltar, su estatus jurídico va a empeorar considerablemente. El punto de partida hoy es que, tal como ha señalado el negociador europeo en el Brexit, Michel Barnier, Gibraltar sale de la Unión Europea al mismo tiempo que Reino Unido.

Dicho gráficamente, para Gibraltar, el Brexit ha sido una pésima noticia. Una conclusión que a los gibraltareños no les resulta novedosa y que conocían perfectamente cuando votaron abrumadoramente a favor del mantenimiento del Reino Unido en la Unión Europea en el referéndum de 2016.

¿Cómo está delimitada la cesión en el Tratado de Utrecht?

Como es conocido, la cesión de Gibraltar es una de las consecuencias del Tratado de Utrecht de 1713, cuyo artículo X fija las tres reglas básicas: a) se cede la ciudad y el castillo -por tanto, hay mucho territorio ocupado que no fue cedido-; b) se corta la comunicación con el territorio español y c) en el caso de que Gran Bretaña quiera cambiar la titularidad, el primer destinatario es España. Aquí está, en la alambicada redacción del siglo XVIII, el texto (el subrayado es mío):

“El Rey Católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillos de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno. Pero, para evitar cualquiera abusos y fraudes en la introducción de las mercaderías, quiere el Rey Católico, y supone que así se ha de entender, que la dicha propiedad se ceda a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra. Y como la comunicación por mar con la costa de España no puede estar abierta y segura en todos los tiempos, y de aquí puede resultar que los soldados de la guarnición de Gibraltar y los vecinos de aquella ciudad se ven reducidos a grandes angustias, siendo la mente del Rey Católico sólo impedir, como queda dicho más arriba, la introducción fraudulenta de mercaderías por la vía de tierra, se ha acordado que en estos casos se pueda comprar a dinero de contado en tierra de España circunvencina la provisión y demás cosas necesarias para el uso de las tropas del presidio, de los vecinos y de las naves surtas en el puerto.

Pero si se aprehendieran algunas mercaderías introducidas por Gibraltar, ya para permuta de víveres o ya para otro fin, se adjudicarán al fisco y presentada queja de esta contravención del presente Tratado serán castigados severamente los culpados. Y su Majestad Británica, a instancia del Rey Católico consiente y conviene en que no se permita por motivo alguno que judíos ni moros habiten ni tengan domicilio en la dicha ciudad de Gibraltar, ni se dé entrada ni acogida a las naves de guerra moras en el puerto de aquella Ciudad, con lo que se puede cortar la comunicación de España a Ceuta, o ser infestadas las costas españolas por el corso de los moros. Y como hay tratados de amistad, libertad y frecuencia de comericio entre los ingleses y algunas regiones de la costa de Africa, ha de entederse siempre que no se puede negar la entrada en el puerto de Gibraltar a los moros y sus naves que sólo vienen a comerciar. Promete también Su Majestad la Reina de Gran Bretaña que a los habitadores de la dicha Ciudad de Gibraltar se les concederá el uso libre de la Religión Católica Romana. Si en algún tiempo a la Corona de la Gran Bretaña le pareciere conveniente dar, vender, enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha Ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado por este Tratado que se dará a la Corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla.”

¿Cuál es la situación actual de Gibraltar?

Gibraltar tiene una situación colonial. Un dato que no es nuevo, ya que deriva de la declaración como Crown Colony en 1830. Situación que se refuerza tras la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Esta situación, se ha señalado reiteradamente con referencia a este territorio bajo administración del Reino Unido, como cabe comprobar con la simple lectura de las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2070 (XX), 2353 (XXII), 2429 (XXIII) y 3286 (XXIX). Todas ellas lo califican como “territorio no autónomo”.

De hecho, Gibraltar, en efecto, ha formado parte de “Her Majesty’s Dominions”, esto es, ha sido desde el siglo XVIII y sigue siendo, un territorio “under the sovereignty of the Crown “y, más concretamente, una Colony o un “British Dependent Territory “, hasta que la British Overseas Territories Act 2002 lo ha considerado como un Overseas Territory, un territorio de ultramar. La Constitución gibraltareña de 2006, lo sigue considerando como parte de las posesiones reales hasta que una norma diga lo contrario.

Es importante tener presente, en esta línea, que las leyes del Parlamento británico no se aplican automáticamente en Gibraltar, salvo disposición expresa. Ni tampoco en este territorio se aplican los tratados internacionales concertados por el Reino Unido con otros Estados, salvo que una cláusula de éstos permita su extensión mediante una declaración al efecto

La consecuencia de lo anterior es relevante.

Tal como señaló con acierto Paz Andrés, “dicho de otra forma, permanecen intactas las obligaciones del Reino Unido de proceder a la descolonización de Gibraltar siguiendo lo prescrito en las resoluciones de las Naciones Unidas y, por tanto, debe negociar de buena fe para alcanzar una solución que tenga en cuenta el principio de integridad territorial, sin que el en el ámbito internacional pueda esgrimir la oposición interna de la población de Gibraltar”, que no constituye un pueblo a los efectos del Derecho internacional de la autodeterminación.

Ello, pese a las solemnes y reiteradas declaraciones de que no se producirá ninguna negociación contraria a la voluntad del pueblo gibraltareño. Y teniendo en cuenta, además, la responsabilidad moral que asume el Parlamento británico sobre Gibraltar en el momento del Brexit.

Territorio que se debe descolonizar, por tanto.

¿Y qué impacto tiene el Brexit?

Todo lo anterior debe tener consecuencias importantes sobre los efectos del Brexit sobre Gibraltar; los cuales parten de la realidad de que el día que el Reino Unido salga de la Unión Europea, Gibraltar lo hará también. Algo indiscutible, cuyos efectos hay que concretarlos.

De acuerdo con lo que se conoce del acuerdo Unión Europea-Reino Unido hay que delimitar en una negociación bilateral entre el Reino Unido y España. Si hay algo que parece claro, es que la posición negociadora española en este momento se debe entender reforzada.

De entrada, debido al control de fronteras. El artículo X del Tratado de Utrecht reconoce a España, en su barroca redacción, confiere a España el control de las fronteras. Algo que hoy no resulta factible como consecuencia de la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea y la garantía de la libre circulación de personas, servicios y capitales. El día de la salida del Reino Unido, la verja de la Línea de la Concepción sería la frontera exterior de la Unión Europea.

Recordemos, en este sentido, que el referido Tratado de Utrecht señala que la cesión del Peñón se produce “sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra”; lo que podría habilitar para un hipotético cierre de la frontera con Gibraltar en el caso de que las condiciones de la negociación que imponga el Reino Unido sean de imposible aceptación para nuestro país. Y si no se produjera el cierre, con graves consecuencias para la Línea, debe conllevar un incremento de la actividad de policía de fronteras. Insisto que se transformará en frontera exterior de la Unión Europea.

En segundo lugar, España podría imponer toda clase de restricciones a las actividades económicas que se celebren allí, algo que no resulta disparatado teniendo en cuenta los problemas que hay vinculados al paraíso fiscal que es el Peñón de Gibraltar.

La situación extraña de Gibraltar no se puede resolver si no es sobre la base de una negociación. Una negociación en la que debieran resolverse, de entrada, los elementos que no estaban en la cesión territorial de 1713 y que han sido ocupados: el istmo (donde se encuentra el aeropuerto construido durante la guerra civil española) y el espacio aéreo (objeto de controversia, por lo demás, especialmente desde 2017).

Pero más allá de estas cuestiones, aparece la cuestión central de la soberanía sobre Gibraltar. Las propuestas españolas de soberanía compartida no chocan con la Constitución gibraltareña que sólo alude a que “Her Majesty’s Government will never enter into arrangements under which the people of Gibraltar would pass under the sovereignty of another state against their freely and democratically expressed wishes”. El pueblo, no el territorio.

Esperemos que los negociadores españoles sepan aprovechar este momento, que ello redunde en una mejora de la situación española sobre este territorio  y que  no hagan concesiones que no resulten adecuadas para la mejora de la posición española.

Primer recurso de inconstitucionalidad contra la Nueva Ley de Contratos

Primer recurso de inconstitucionalidad contra la Nueva Ley de Contratos

El Boletín Oficial del Estado de hoy recoge la admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad contra parte de los preceptos de la Nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Concretamente, señala que “el Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 6 de marzo actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 739-2018, promovido por más de cincuenta Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados, contra el artículo 289.2, disposición adicional 43.ª y las disposiciones finales 9.ª, 11.ª y 12.ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014”

Como se ve, constituye el objeto de la impugnación la modificación de la naturaleza jurídica de las prestaciones que recibe el concesionario, que pasaron a ser “de naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario”; suponiendo una ruptura de principios tradicionales y que afecta a los principios tributarios. Con este cambio, se buscaban dos finalidades: que el concesionario cobre directamente la contraprestación de los usuarios y la haga suya. y, en segundo lugar, que se pretenda eliminar el límite del coste del servicio propio de la tasa. Es una regulación que, desde luego, puede chocar con la regulación del artículo 31 de la Constitución.

Tiene un riesgo añadido que es romper la identidad que debe existir entre la cuantía de la tasa y la cantidad que supone la prestación del servicio y con ello, reaparece un riesgo de encarecimiento de la prestación de ciertos servicios públicos.

Las Disposiciones Final 9ª, 11ª y 12ª de la Ley se refieren a modificaciones de la legislación de tasas y precios públicos, de la de haciendas locales y de la general tributaria  que están en consonancia con lo anterior; así como la Disposición Adicional 43ª.

Estos preceptos impugnados constituyen uno de los elementos más escandalosos del sesgo ideológico de la norma; sesgo que, sin embargo, no impidió a los hoy recurrentes votar a favor de la misma, a diferencia de lo que hizo el Grupo Parlamentario Socialista.  Un sesgo que se observa, entre otros elementos, también en el rechazo a las enmiendas que hubo para eliminar uno de los instrumentos financieros que más ha costado al Estado en relación con las concesiones -los préstamos participativos-, y con las enmiendas que introdujeron restricciones al régimen de las remunicipalizaciones -aunque sería más correcto hablar de reinternalizaciones- de servicios públicos.

Esperemos, pues, a la resolución del Tribunal Constitucional.

¿Por qué no hay dinero para subir las pensiones?

¿Por qué no hay dinero para subir las pensiones?

Sostenibilidad del gasto público. Las recientes manifestaciones de los pensionistas demandando un aumento de las pensiones nos colocan de nuevo ante el dilema no resuelto de nuestro gasto público, que no es otro que su vinculación con los ingresos  ¿recauda el Estado lo suficiente? Porque, evidentemente, ingreso y gasto público son magnitudes paralelas: cuanto más se ingresa, más se puede gastar.

Por tanto, la pregunta que nos deberíamos hacer no es si las pensiones (o la educación, o la sanidad, o la investigación) son sostenibles o no sino, por el contrario ¿hace el Estado lo necesario para recaudar lo suficiente?  Y el marco de comparación es bien sencillo: la Unión Europea. Los datos de los países de nuestro entorno nos darán una idea real de cuál es la política de ingresos de España y si resulta suficiente para afrontar el gasto del Estado del bienestar.

España tiene una presión fiscal mucho más baja que la media de la Unión Europea. Y recauda menos que la Unión Europea . Si tomamos los datos de la Oficina estadística de la Unión Europea, tenemos los siguientes datos: la media del porcentaje de recaudación fiscal en función del PIB es de más del 41,3% y en España es del 34,1%. Son en su mayor parte las bonificaciones fiscales a determinados colectivos lo que determina esa recaudación anormalmente baja en función del Producto Interior Bruto.

Cuando nos plateamos por qué los servicios sociales en Alemania son mucho mejores que en España, la respuesta es sencilla: la presión fiscal en Alemania es del 40,4%. Pero todas las economías mayores que la nuestra en la zona euro tienen mayor presión fiscal: Francia el 47,6%, Italia el 42,9%. Hasta el Reino Unido, fuera de la zona euro, tiene más presión que nosotros, el 35,1%.

Si subiéramos la presión fiscal a la altura de Alemania, aumentaría la recaudación en casi 70.000 millones de euros.

Sin embargo, la evolución también marca que hay una voluntad de que la recaudación disminuya. El cuadro también está tomado de Eurostat y muestra como, a pesar de los problemas sociales y la falta de fondos para asumirlos, España forma parte del reducido conjunto de países que ha rebajado la presión fiscal

Fruto de todo lo anterior, de que se ingresa menos se deduce una consecuencia fácil de entender: somos de los países de la Unión Europea con menos gasto público, sin que lleguemos siquiera a la media de la Unión Europea.

 

La escasez de la plantilla de la Administración tributaria es otro de los problemas que hay en España, que repercute directamente en la recaudación y, por tanto, en la capacidad de ingreso para su distribución. Somos, por ejemplo, uno de los países de la Unión Europea que recauda menos IVA en función del Producto Interior Bruto. A la vista de esta tabla, realizada en función de los datos proporcionados por la OCDE, vemos que tenemos una plantilla tres veces inferior a Francia u Holanda y 2,5 veces inferior a Alemania.

Los datos anteriores muestran la falacia del argumento de que las pensiones, o la educación, o la sanidad, o la investigación no son sostenibles. No son sostenibles porque no se quiere tener una presión fiscal suficiente ni se quiere disponer de personal suficiente para evitar el fraude fiscal. El argumento populista de la bajada de impuestos -tan propio del PP o de Ciudadanos, que lo han aplicado y reclamado- no se sostiene si queremos mantener un Estado del bienestar razonable para un país de nuestras características.

Por su parte, la izquierda ha caído, en mi opinión, en la trampa de no abordar el debate de la recaudación de forma madura. Esto no es sólo un problema de subir los impuestos, sino también de establecer “un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad” tal como dispone el artículo 31 de la Constitución.

«Si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia», dijo en cierta ocasión Bork, el Rector de Harvard. Trasládelo a la sanidad, la investigación y las pensiones. Y a partir de ahí, extraiga consecuencias sobre los impuestos.

 

Nueva condena a España por restringir la libertad de expresión

Nueva condena a España por restringir la libertad de expresión

Condena a España por restringir la libertad de expresión. España ha sido condenada, de nuevo, por vulnerar la libertad de expresión en la sentencia de la Audiencia Nacional por la que se condena a dos personas por un delito de injurias a La Corona. Es el caso Stern Taulats and Roura Capellera v. Spain. Concretamente, los demandantes procedieron a quemar una imagen de los Reyes durante una visita a Girona. Como señaló la Audiencia Nacional en su sentencia, los entonces condenados “tenían la voluntad evidente de menospreciar la figura de sus majestades en el transcurso de una manifestación en la cual la dinastía de los Borbones era presentada como fuerza ocupante de la Comunidad autónoma de Cataluña.

Pues bien, ni los menosprecios ni las críticas políticas radicales han de ser restringidos en el marco de un Estado democrático ya que constituyen un elemento básico de una sociedad plural y democrática. El límite de la libertad de expresión está claro: “La protección del artículo 10 de la Convención está limitada, o sea excluida, cuando se trate de un discurso de odio, lo que comprende todas la formas de expresión que propagande, incitan a, promueven o justifican el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio fundadas sobre la intolerancia(Gündüz,, § 22), lo que debe ser examinado teniendo en cuenta el contexto (Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08, §§ 204-208, CEDH 2015 (extraits)). La inclusión en el discurso de odio de un acto, como el que se reprocha a los demandantes, es la expresión simbólica del rechazo y de la crítica política a una institución” (…) Ello conduciría a negar el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de de apertura sin la cual no existiría una sociedad democrática”.

La sentencia es importante porque la condena incide directamente en la criminalización de ciertas manifestaciones que han venido produciéndose últimamente. De hecho, el problema no es tanto que en este caso se haya procedido a anular la sanción y, con posterioridad, a reconocer el derecho a una indemnización a los recurrentes.

Para mí, lo que habría que analizar es si preceptos como el artículo 490.3 del Código penal deben seguir vigentes: El que calumniare o injuriare al Rey, a la Reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe o a la Princesa de Asturias, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son.

De entrada, creo que debilita a la institución, que se considera demasiado vulnerable frente a la crítica. En segundo lugar, porque el tipo es tan laxo que una mentalidad sensible puede considerar que se entra en el tipo penal. Pero lo más relevante es que pretende aislar al Jefe del Estado y su familia de la crítica mordaz, lo que constituye un elemento esencial de una sociedad democrática. Puede ser desagradable en ocasiones su ejercicio, pero, por decirlo gráficamente, “está incluida en el cargo”. Ya sea con las banderas esteladas o con el pitar el himno de España en la final de la Copa de España de fútbol.

De hecho, el §35 de la sentencia afirma la incompatibilidad de preceptos como éste con la Convención Europea de Derechos Humanos: “en relación con ofensas a un jefe del Estado, el Tribunal ya ha declarado que una protección suplementaria proporcionada por una norma especial en materia de ofensas no es, en principio, conforme con el espíritu de la Convención. Casos de Turquía, Francia y España son puestos de ejemplo de lo que no debiera haber sido.  En una sociedad democrática  “el interés de un Estado de proteger la reputación de su propio Jefe de Estado  no puede justificar el conferir un privilegio especial frente al derecho de informar o de expresar las opiniones” sobre esta figura.

En el contexto español es especialmente significativa la condena. Primero porque reconoce el derecho a la crítica a la institución: “la conducta prohibida a los recurrentes se inscribe dentro de la crítica política, y no personal, de la institución de la monarquía en general y en particular del Reino de España en tanto que Nación”. Ni que decir tiene que con ello, el ámbito de la crítica se amplía: no es sólo sobre lo que resulta indiferente  “sino también en relación con las que molestan, sorprenden o inquietan. Así lo quieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de abertura sin lo que no existe una sociedad democrática”.

Y, por último, debería hacer pensar al Tribunal Constitucional sobre su papel en la protección de los derechos fundamentales, y en cómo inserta en nuestro ordenamiento la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de acuerdo con el artículo 10.2 de la propia Constitución. Recordemos que en este caso, su STC 177/2015  aceptó que la quema del retrato de la pareja real podía ser legítima.

En EE.UU. -pais extremadamente protector de sus símbolos, de su bandera e himno- tienen claro la vinculación que tienen los actos de ofensa a la bandera con la cláusula de la libertad de expresión, recogida en la primera enmienda: “”el Gobierno no puede válidamente prohibir a una persona ejercer su derecho a la libre expresión únicamente porque no está de acuerdo con su contenido, pero ello no depende de la manera concreta con la que se ha elegido manifestar o transmitir el mensaje” señaló el Tribunal Supremo en Lawrence v. Texas, donde se analizaba la legitimidad de la quema de la bandera en el acto de proclamación de Reagan como candidato del Partido Republicano.

La razón es clara: “el derecho constitucionalmente garantizado a ser intelectualmente diferente o a discrepar, así como a no estar de acuerdo con lo que representa el núcleo del orden establecido, incluye el derecho a expresar públicamente la propia opinión sobre la bandera nacional, incluyendo naturalmente las opiniones provocadoras o despreciativas”. Este fragmento de otra sentencia del Tribunal Supremo estadounidense, Street v. New York (1969)  refleja el valor que tiene la cláusula democrática y la propia fortaleza del Estado que no teme por la crítica a su esencia.

Piense quien lee estas líneas y que pueda leer la sentencia comentada en todas las circunstancias actuales en las que se está impidiendo, incluso preventivamente, el derecho a la libertad de expresión. Mal Estado democrático estamos haciendo.

Reforma federal de la Constitución

Reforma federal de la Constitución

Reforma federal de la Constitución. El debate sobre la organización territorial del Estado parece que es más pertinente que nunca. No es sólo que haya habido numerosos estudios de expertos que hayan señalado la conveniencia de superar las reglas actuales del Estado autonómico. Valga lo afirmado por Muñoz Machado: no afrontar la reforma constitucional “conducirá al sistema constitucional entero a su destrucción por no afrontar la evidencia de sus enfermedades actuales” ( Informe sobre España, Ed. Crítica, Barcelona, noviembre 2012, p. 229)

Un examen de las normas básicas recogidas en el Título VIII nos permite constatar que son de una época en la que el problema esencial era el del acceso a la autonomía -que, además, no se preveía como necesario para todo el país- y, por ello, faltan numerosas reglas sobre un ejercicio razonable de ésta, sobre los principios económico financieros y acerca de las relaciones entre el Estado y las Comunidades autónomas. Afirmar que el cambio no es necesario, parece, a primera vista, un error que puede tener consecuencias para la propia integridad del Estado por la desafección que incorpora en determinados territorios.

Modelos de organización territorial hay muchos, tantos como Estados. Las denominaciones se suelan agrupar entorno a la dualidad federalismo-centralismo, que resultan bastante simplificadoras. Conceptos genéricos que no son ilustrativos de un determinado modelo. Si tomamos el concepto federal observaremos que bajo dicho manto se han agrupado realidades tan diferentes como las de las extintas URSS y Yugoslavia con las de la República Federal de Alemania o de los Estados Unidos de América, cada una de las cuales responde, a su vez, a características peculiares en las cuales la historia es determinante; especialmente en este último caso.

Cuando se plantea el debate sobre una federalización de la Constitución española no debemos plantearlas tanto como un desapoderamiento del Estado cuanto como un rediseño global de la estructura territorial del poder, en el que han de participar éste y las entidades menores, lo que hoy son las Comunidades autónomas y las Entidades locales. Y no puede ser de una mera modificación de las etiquetas autonómicas por otras federales.

Pero, como veremos en seguida, el nuevo modelo deberá tener presente, asimismo, las exigencias derivadas de nuestra integración europea y del propio funcionamiento del Estado en un entorno de globalización en el que sus poderes son necesariamente menores y diferentes.  Un aspecto que no se suele abordar pero que puede quitar parte del contenido problemático, sobre todo si observamos el impacto en las cláusulas económicas de distribución de competencias.

Para que el cuadro que se va a analizar resulte completo conviene que demos un breve vistazo a lo ocurrido desde 2011. 7 años que parecen pocos pero que han provocado un cambio considerable e imperceptible en el diseño del sistema de organización territorial del poder.

La idea que ha presidido la actuación del Gobierno central en los últimos siete años es la recentralización, una idea que rompe con el mito de la España casi federal. Una conclusión que se deriva de los siguientes elementos: a) la hipertrofia de controles, partiendo de la normativa de estabilidad presupuestaria; b) un abuso en la utilización de las competencias básicas del Estado, que deja reducido a lo mínimo las competencias autonómicas en la misma manera; c) un aumento de la conflictividad competencial, en muchas ocasiones aunando los elementos centralizadores con razones ideológicas, como se ha mostrado en el escaso fundamento que tenía el recurso del Estado contra la legislación de vivienda de Navarra; d) una jurisprudencia constitucional que ha oscilado hacia posturas mucho más centralistas de las que había en los años 90; tanto que en un reciente voto particular de los Magistrados Asúa y Xiol a la STC 165/2016 se puede leer que el fundamento del fallo constituye una “formulación extensiva” de una “línea jurisprudencial, inicialmente excepcional” con “preocupante efecto corrosivo sobre las competencias de ejecución”; e) una utilización de mecanismos legislativos que han configurado nuevas bases de regulación de los sectores económicos y f) El informe CORA puso en marcha un proceso contra las denominadas duplicidades e órganos autonómicos que configuraban un sistema de garantías propio y sin injerencias del (Defensores del Pueblo, consejos de Cuentas, consejos consultivos). En este momento, podemos decir que hablar de que somos uno de los países más descentralizados es casi un mito, interesado.

Recentralización en la práctica política que ha ido de la mano de la peor percepción por parte de la ciudadanía del sistema actual de Comunidades autónomas, posiblemente como resultado de las consecuencias negativas de la crisis económica y de una ofensiva política desde diversos ámbitos sobre lo que funciona mal de las Comunidades. Elementos en los que concurre el llamamiento constante por parte de ciertos medios a la unidad de España, a cierta unidad de España.

Introducción al artículo “Hacia una reforma federal de la Constitución española”, publicado en la Revista Sistema nº 251-252 (2018), páginas 171 y siguientes que se puede descargar aquí.

Y el podcast de mi intervención es éste

Pin It on Pinterest

A %d blogueros les gusta esto: