Prohibiciones en la Final de Copa del Rey. De nuevo el Barcelona jugaba la final de la Copa del Rey. De nuevo, la ganó. Y, de nuevo, se adoptó una prohibición destinada esencialmente a los aficionados del Barça que fueron al campo: no podían llevar nada amarillo, para evitar que hubiera una mayoría de ese color, en solidaridad con los políticos independentistas en prisión. Es, la versión de este año, después de que el año pasado, la Delegación del Gobierno en Madrid prohibiera portar las banderas independentistas catalanas y a la pitada del himno nacional que se produjo en la final del año anterior y que tuvo consecuencias jurídicas en la medida en que se abrieron procedimientos judiciales contra personas e instituciones vinculadas a dicho hecho. Y con las camisetas amarillas cayeron también esteladas.

La actuación de los cuerpos de seguridad eliminando las prendas amarillas es, en mi opinión, inconstitucional. Y un dislate absoluto.

La decisión se debe basar, aparentemente, en el artículo 2 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que dispone lo siguiente: “La exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido o por las circunstancias en las que se exhiban o utilicen de alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la realización de comportamientos violentos o terroristas, o constituyan un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el espectáculo deportivo”.

Ni el amarillo este año ni la estelada el año pasado son símbolos que inciten a la realización de comportamientos violentos ni de desprecio a los participantes en el espectáculo deportivo. De hecho, no están en el Manual de simbología violenta que ha publicado la Comisión Antiviolencia. Es sencillamente símbolo político vinculado a un problema político puntual. Pero eso no significa que no se pueda utilizar en una celebración deportiva. No está prohibida la exhibición de cualquier símbolo de naturaleza política sino sólo aquellos que puedan provocar incitación a la violencia, lo que claramente no ocurre.

Desde este punto de vista me parece que contradice el artículo en el que se sustenta y, por ello, es contraria a derecho.

La exhibición del amarillo, igual que la bandera independentista el año pasado, o la pitada al himno de España en el anterior persigue una finalidad política clara: reivindicar el deseo de ser independientes. Una significación política que entra en el campo de actuación de la libre expresión de las ideas, expresión de la cláusula del Estado democrático, configuradora de nuestro Estado de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución. Y los independentistas utilizan los lugares donde haya más difusión, como la final de Copa. 

En EE.UU. -pais extremadamente protector de sus símbolos, de su bandera e himno- tienen claro la vinculación que tienen los actos de ofensa a la bandera con la cláusula de la libertad de expresión, recogida en la primera enmienda: “el Gobierno no puede válidamente prohibir a una persona ejercer su derecho a la libre expresión únicamente porque no está de acuerdo con su contenido, pero ello no depende de la manera concreta con la que se ha elegido manifestar o transmitir el mensaje” señaló el Tribunal Supremo en Lawrence v. Texas, donde se analizaba la legitimidad de la quema de la bandera en el acto de proclamación de Reagan como candidato del Partido Republicano.

La razón es clara: “el derecho constitucionalmente garantizado a ser intelectualmente diferente o a discrepar, así como a no estar de acuerdo con lo que representa el núcleo del orden establecido, incluye el derecho a expresar públicamente la propia opinión sobre la bandera nacional, incluyendo naturalmente las opiniones provocadoras o despreciativas”. Este fragmento de otra sentencia del Tribunal Supremo estadounidense, Street v. New York (1969)  refleja el valor que tiene la cláusula democrática y la propia fortaleza del Estado que no teme por la crítica a su esencia. Parece que en nuestro caso, el Estado se siente más débil y no aguanta la presión de la exhibición de la voluntad de salir de España o de solidaridad con los políticos presos.

Ideas que, como ha señalado Miguel Presno, están en la propia configuración constitucional de la libertad de expresión: “Y es en esa línea simbólica es donde se insertaría una prohibición administrativa que ignorase que nuestro sistema constitucional ha optado por colocar a la libertad de expresión “en una posición preferente y objeto de especial protección” (STC 101/2003, de 2 de junio), y necesitada de un “amplio espacio” (SSTC 110/2000, de 5 de mayo; 297/2000, de 11 de diciembre; 127/2004, de 19 de julio), es decir, “un ámbito exento de coacción lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angosturas, esto es, sin timidez y sin temor” (STC 9/2007, de 15 de enero)”.

Desde esta perspectiva, lo ocurrido en el campo del Atlético de Madrid atenta contra las cláusulas del Estado democrático y la regulación constitucional de la libertad de expresión. Y por ende, la decisión es inconstitucional.

Pero políticamente es un dislate. Absoluto. Otro más y son ya incontables. Desde el Gobierno de España aún no se han enterado que este tipo de comportamientos son los que ayudan precisamente al movimiento independentista catalán al extender la idea de una falta de consideración a Cataluña. Es la misma idea con la que ha venido funcionando el Partido Popular sobre Cataluña y que ha elevado drásticamente el número de personas que se quieren ir de España. Y hoy se da el argumento de que se restringe la libertad de expresión.

La explicación que puede estar detrás es querer reforzar el voto a ese partido del que usted me habla a través del argumento de que es el partido que más protege la unidad de España. Argumento tan mezquino como rechazable.