El Tribunal de la Unión  Europea corrige a Llarena

El Tribunal de la Unión Europea corrige a Llarena

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar sentencia en relación con el asunto C 268/17; el que utilizó el Juez del Tribunal Supremo Llarena para justificar la retirada de la Orden Europea de Detención contra Puigdemont después de que el Tribunal alemán decidiera su entrega por el delito de malversación.

La decisión del Tribunal es la opuesta a lo que consideró Llarena:

26. En el presente asunto, de los autos remitidos al Tribunal de Justicia no resulta evidente que la situación del caso de autos se corresponda con alguno de esos supuestos. En efecto, actualmente están sustanciándose ante el órgano jurisdiccional remitente dos procedimientos separados en relación con AY, a saber, un procedimiento penal en rebeldía ante la Sala de Enjuiciamiento de dicho órgano jurisdiccional y otro procedimiento referido a la emisión de una ODE ante la Sala competente en esta materia. Pues bien, la presente petición de decisión prejudicial se inscribe en el marco de este último procedimiento.

27. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que somete el asunto al Tribunal de Justicia para adoptar, según las respuestas que se den a las cuestiones planteadas, una decisión de retirada de la ODE emitida contra AY. Por lo tanto, no puede decirse que las cuestiones planteadas no tengan relación alguna con la realidad o con el objeto del procedimiento que está sustanciándose ante el órgano jurisdiccional remitente ni que el problema sea hipotético.

28 .    En cualquier caso, no pone en entredicho la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial la circunstancia de que las cuestiones planteadas se refieran a las obligaciones de la autoridad judicial de ejecución, en un caso en el que el órgano jurisdiccional remitente es la autoridad judicial emisora de la ODE. En efecto, la emisión de una ODE tiene como consecuencia la posible detención de la persona buscada y, por tanto, afecta a la libertad individual de esta persona. Pues bien, el Tribunal de Justicia ha declarado que, cuando se trata de un procedimiento relativo a una ODE, la garantía de los derechos fundamentales incumbe esencialmente al Estado miembro emisor (sentencia de 23 de enero de 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, apartado 50).

29. Por lo tanto, para garantizar el respeto de estos derechos —lo que puede llevar a una autoridad judicial a decidir retirar la ODE que ha emitido—, resulta importante que dicha autoridad tenga la facultad de plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia.

Realmente, la decisión de Llarena era poco entendible jurídicamente. Primero, porque se basaba en las conclusiones de un Abogado General, que, como es conocido, puede ser rectificadas en la sentencia, como así ha sido. Después, porque lo hace sin intentar siquiera un recurso ante el Tribunal de Justicia. El no ya lo tenia. Si, como piensa, era una decisión discutible lo normal es recurrir.

Ahora parece que no queda en la mejor de las situaciones ante la opinó pública y reabre de nuevo la eterna cuestión del qué hacer.

 

 

Responsabilidad política del Rey

Responsabilidad política del Rey

Responsabilidad política del Rey. Los sucesivos escándalos que han aparecido en relación con el anterior Jefe del Estado y su hija nos deben poner en disposición de analizar cuál es la responsabilidad política de una institución peculiar de nuestro sistema constitucional como es la Monarquía. 

Es especialmente importante ya que, con es conocido, desde un punto de vista jurídico, “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, tal como dispone el artículo 56.3 de la Constitución. Más aún, la responsabilidad por los actos públicos “De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”, tal como dispone el artículo 64. Un régimen de protección jurídica, del que recientemente se ha señalado que constituye el blindaje jurídico de la Monarquía,.

Un ámbito de protección tan extraordinario (excesivo, podríamos decir) que debería corresponderse con el cumplimiento de un código ético muy estricto y una política de transparencia en la gestión pública y de su patrimonio privado.

La historia de la dinastía de los Borbones no ha sido sencilla. Los problemas habidos entre Carlos IV y su hijo Fernando; las idas y venidas al trono de Fernando VII y su abrazo forzado del liberalismo en 1820; los “sucesos de Palacio” del 28 de noviembre de 1843 –excepcionalmente narrados por Alejandro Nieto-; la salida de la reina en 1868, la restauración en 1876 y la salida de 1931 reflejan la dificultad de asentarse en nuestro país.

Cuando se produce la reintroducción de la monarquía, estos datos debían estar claros para Juan Carlos I. No sólo por un deber institucional sino también por egoísmo personal. La salida de Isabel II y de Alfonso XIII no es por razones jurídicas sino políticas. Este mero dato hubiera debido ser tenido en cuenta en cada acto -público y privado- del Rey desde el 22 de noviembre de 1975, cuando accede al trono.

Lo ocurrido a partir de entonces, el apogeo de su consideración ciudadana y la caída de Juan Carlos I que se puede ejemplificar en lo ocurrido en Botswana es conocido y no merece la pena recordar cada pormenor. Sí es relevante señalar que la abdicación no supone el olvido político de lo ocurrido, como bien muestran las grabaciones que han aparecido en los medios de comunicación en los últimos días, que hacen referencia, entre otros, a presuntos impagos de impuestos a la Hacienda Pública y a la presunta utilización de testaferros. Y que, por la propia naturaleza de la institución, extiende sus efectos a la propia institución, porque es la familia la base de la Institución. Algo que debería estar claro para sus integrantes.

Así, la modernización de la Casa Real de Felipe VI no ha llegado a un aspecto que, por propio interés debiera haber sido adoptado por el nuevo Rey: la transparencia en su gestión patrimonial; más allá de lo que diga la Ley de Transparencia. Transparencia en su gestión y acceso público a la información.

Resulta paradójico pero, mientras los cargos públicos han de firmar una declaración de bienes en el momento que toman posesión (y hacerla pública), no hay rastro de algo parecido en los integrantes de la Casa Real. En este caso, dada su permanencia debería ser actualizada, además, cada cierto periodo de tiempo. Algo que sorprende por cuanto que la irresponsabilidad jurídica no conlleva la irresponsabilidad política. Conocer su patrimonio comportaría incrementar la confianza en la Monarquía. 

De hecho, si usted, está pensando cuando lee estas líneas sobre presuntas dificultades en el conocimiento del patrimonio de los integrantes de la Familia Real, reflejaría que tendríamos un problema.

O, por ahondar en otro aspecto vinculado a lo que aparece en los medios de comunicación, ¿la exigencia de exclusividad en el desarrollo de su actividad de los funcionarios se extiende a los integrantes de la casa real? Incluso alguien tan peculiar como el Presidente de los Estados Unidos ha tenido que recurrir a subterfugios para seguir manteniendo su patrimonio empresarial.

De igual manera, la creación de la comisión de investigación sobre el contenido de las grabaciones conocidas en los medios de comunicación, no debería ser objeto de discusión una vez oído al Director del CNI. Por dos razones: por coherencia con la lucha contra la defraudación fiscal y porque, de ser ciertos tales hechos, serían un dato relevante para una eventual pérdida de confianza social en la institución. 

Acaso tengamos que recordar aquí el cuento de Hans Cristian Andersen “El traje nuevo del emperador”. Eludir la creación de la comisión no evita que igual que en el cuento fue un niño; en la vida real de la España de 2018 cada ciudadano, pueda pensar en la vestimenta del monarca o si por el contrario va desnudo. Y es lo que está ocurriendo ahora a partir del archivo sonoro de un comisario de policía jubilado tan peculiar como Villarejo. 

Confianza social, responsabilidad política. Que el Rey no sea responsable jurídico no significa que no lo sea políticamente. Algo que debiera estar claro y que es, además, automático por el mero hecho de la Jefatura del Estado. Diga lo que diga la Constitución. Está en la consideración que tengamos cada uno de nosotros sobre lo que hace el Rey. Y es intangible e incontrolable.

Las peculiaridades de la institución, la existencia del vínculo de sangre como única razón para que una persona concreta ostente la Jefatura del Estado hace que su actuación deba resultar especialmente transparente y honesta. De no ser así, las consecuencias políticas son impredecibles, por cuanto que quien la exigirá será la ciudadanía, con las consecuencias que todos sabemos.

Acuerdo comercial Unión Europea-Japón: luces y sombras

Acuerdo comercial Unión Europea-Japón: luces y sombras

Tratado Libre comercio Japon-Unión Europea. En medio de la tormenta comercial que ha provocado Donald Trump entre EE.UU. y la Unión Europea (que aparentemente deja fuera de juego el TTIP, salvo que se vea como la fórmula para solucionar las desavenencias comerciales), la Unión Europea y Japón procederán hoy a la firma de su tratado comercial, llamado Economic Partnership Agreement, EPA. Un Tratado cuya negociación se concluyó en diciembre pasado y que ha pasado bastante inadvertido ante la opinión pública, posiblemente más preocupada por el impacto de Trump en las relaciones comerciales internacionales.

No por ello es un tratado intranscendente.

 El Acuerdo Comercial Unión Europea-Japón es, de entrada, un tratado diferente al CETA, o por lo menos así se ha señalado, en la medida en que la parte sustancial es comercial. Pero, al mismo tiempo, es un acuerdo que puede ser más profundo, dado que es el primer paso antes de un acuerdo de naturaleza política que aún se está negociando.

De hecho, es un modelo que se aparta de los tratados comerciales de nueva generación a los que he hecho referencia en otras entradas de este blog, cuya explicación se encuentra en que se ha querido un acuerdo suscrito con competencias exclusivas de la Unión Europea, sin participación en su ratificación por los Parlamentos nacionales.

En efecto, junto con este Tratado, ambas partes están negociando el Strategic Partnership Agreement (SPA), un instrumento jurídico que va a abordar no sólo ela cooperación política sino la cooperación en relación con los retos globales a los que han de hacer frente conjuntamente. Será este acuerdo el que impulsará, asimismo, la política de protección de datos personales.

¿Cuál es el objeto fundamental, entonces, del Acuerdo Comercial Unión Europea-Japón? Es esencialmente, un acuerdo de eliminación de aranceles y de apertura de mercados a las economías respectivas. Agricultura, industrias químicas, contratación pública son, desde este punto de vista, los ámbitos en los que más se puede beneficiar la economía europea. Los riesgos en relación con el sector automovilístico europeo se pretenden paliar a través de un periodo transitorio.

La firma del Acuerdo Comercial Unión Europea-Japón tiene su lógica desde un punto de vista de las políticas que están desarrollando ambos países. Japón ha sido el máximo impulsor de la reactivación del TPP tras la salida de los EE.UU., el Comprehensive Trans Pacific Partnership. Es, al mismo tiempo, un actor destacado en las negociaciones del macro acuerdo comercial en el que están involucrados China y la India entre otros, el Regional Comprehensive Economic Partnership cuya negociación se quiere concluir este año.

Desde la perspectiva europea, la configuración de ámbitos de libre comercio general ha sido impulsada durante la Presidencia de Junker, con las negociaciones con un número cada vez mayor de países, como muestra la web de la Comisaría de Comercio de la Unión Europea.

Como otros tratados de esta naturaleza, dispone de su parte política conflictiva, como puede ser la relativa a “buenas prácticas regulatorias cooperación regulatoria”, recogida en el capítulo 18. Dos datos: por un lado, y esto es positivo, incluye un mecanismo voluntario, no obligatorio. Pero, se introduce un comité de revisión regulatoria que impulsará, de acuerdo con las reglas que están recogidas allí, formas de desregulación. Es la aplicación de estos principios des reguladores que están hoy ya recogidos en la Ley 39/2015 pero con mucho más relevancia.

Mantiene, asimismo, la fórmula de la lista negativa para la liberalización de servicios (está liberalizado todo aquello que no está excluido). Este mecanismo es contradictorio con el que mantiene, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio en el Acuerdo General de Servicios, en el que se liberaliza sólo aquello que está expresamente recogido, esto es, la lista positiva.

No incorpora un mecanismo de control para las medidas de naturaleza sostenible. Tampoco se preven medidas contra la pesca indiscriminada de ballenas por parte de Japón, a pesar de las resoluciones aprobadas por el Parlamento europeo. Y, posiblemente la forma de protección de los servicios públicos europeos podría ser mucho más satisfactoria, en la medida en que sólo se hace referencia a los que incorporan derechos exclusivos.

Y dejo para el final los arbitrajes e invesrsiones. No están recogidos en el Tratado, lo que podía servir para probar que no son imprescindibles siempre que los sistemas jurisdiccionales sean razonables. No obstante, esta materia es previsible que se incorpore al acuerdo paralelo que se está negociando, el Strategic Partnership Agreement.

El acuerdo no será sometido a ratificación por los Parlamentos nacionales, ya que, a diferencia de lo que ocurrió con el CETA, se ha pretendido por su contenido que afecte a las competencias exclusivas de la Unión Europea. Es, en definitiva, una forma de eludir el debate público en los Estados en la medida en que se aprobará únicamente con el voto del Parlamento europeo, sin la participación de los Parlamentos nacionales. Este paso se hará en el mes de diciembre, momento en el que está prevista la deliberación y votación.

Acuerdo de Libre Comercio Unión Europea-Japón: textos y documentos

Versión española del Acuerdo Unión Europea-Japón

Versión en inglés desagreagada por capítulos

Preamble
Chapter 1    General provisions
Chapter 2    Trade in goods
Chapter 3    Rules of origin and origin procedures
Chapter 4    Customs matters and trade facilitation
Chapter 5    Trade remedies
Chapter 6    Sanitary and phytosanitary measures
Chapter 7    Technical barriers to trade
Chapter 8    Trade in services, investment liberalisation and electronic commerce
Chapter 9    Capital movements, payments and transfers and temporary safeguard measures
Chapter 10  Government procurement
Chapter 11  Competition policy
Chapter 12  Subsidies
Chapter 13  State-owned enterprises, enterprises granted special rights or privileges and designated monopolies
Chapter 14  Intellectual property
Chapter 15  Corporate governance
Chapter 16  Trade and sustainable development
Chapter 17  Transparency
Chapter 18  Good regulatory practices and regulatory cooperation
Chapter 19  Cooperation in the field of agriculture
Chapter 20  Small and medium-sized enterprises
Chapter 21  Dispute settlement
Chapter 22  Institutional provisions
Chapter 23  Final provisions

Annexes (only the existing Annexes are listed):

Annex 2-A Tariff elimination and reduction

Part 1 and 2

Part 3

(NB: All tariff lines not specifically mentioned in the EU and in the Japanese schedules will be duty-free at the entry into force of the agreement)

Annex 2-B to E

Annex 3

Annex 6 Food additives

Annex 8

Annex 10 Government procuremen

Annex 14

Annex 23 Joint declaration

El Tribunal Constitucional dicta sentencia sobre la Ley 39/2015

El Tribunal Constitucional dicta sentencia sobre la Ley 39/2015

Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley 39/2015: administración electrónica.

Una de las razones que sirvieron al Partido Popular en 2015 para justificar la derogación de la la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común y su sustitución por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público es el impulso definitivo a la Administración electrónica. En la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015 se afirma que “en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones. Porque una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados”.

De la Ley 39/2015, hay una parte esencial de la (registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico) que posterga su entrada en vigor a dentro de ¡2 años después de la entrada en vigor de la Ley, esto es en octubre de 2018!

3 años de plazo que se añadieron a los que estaban recogidos en la Ley derogada, la Ley 11/2007 y que. sin embargo, no han servido para que todas las Administraciones públicas tengan implantada la Administración electrónica. Parte importante de los problemas de la Ley de Contratos del Sector Público deriva precisamente de este dato, de la falta de implantación de la Administración electrónica, lo que se extiende a las dificultades que tienen nuestras PYMES de emplear tales procedimientos.

Algunos preceptos son los que fueron cuestionados por la Generalidad de Cataluña en el recurso que interpuso sobre la Ley 39/2015. No obstante, antes de examinarlo, conviene hacer unas precisiones previas.

¿Qué presupuestos tiene y qué retos impone la Administración electrónica?

La Administración electrónica requiere, como primer presupuesto ineludible, la existencia de medios fiables para garantizar la identidad de los partícipes. Son los medios de firma electrónica en los que estamos tan atrasados. Formalmente existen, eso es obvio, pero las dificultades que está habiendo en su utilización (fruto de que los certificados electrónicos son complicados de obtener e instalar) está complicando en exceso el proceso. La creación del DNI 3.0 permitirá, aparentemente, disponer de un instrumento eficaz, sobre todo si como parece dispondrá de tecnología NFC y la posibilidad de vincular a aplicaciones móviles. La lentitud de su implantación retrasará sustancialmente el proceso.

Pero, al mismo tiempo, una mejora por parte de los portales de las Administraciones públicas y en sus sedes electrónicas. Aquí hace falta que el registro sea realmente electrónico pero, al mismo, tiempo que todo el procedimiento elimine el papel y se tramite de una forma diferente. Si lo que hacemos es admitir la solicitud electrónica y luego la imprimimos y tramitamos como siempre nos hacemos trampas al solitario.

En segundo lugar, también es el segundo presupuesto ineludible que la Administración cumpla con el principio recogido en la legislación vigente (desde 2007) de la neutralidad tecnológica. Sedes electrónicas sólo accesibles desde determinados sistemas operativos (esencialmente windows, en algunas versiones, además) o determinados navegadores (Firefox o lo que es más grave, Explorer) impiden que desde ordenadores como el que se ha utilizado para escribir este post sirva para acceder a la Administración electrónica con carácter general.

Con ello no estaremos más que abriendo la puerta a los cambios que nos va a traer la cuarta revolución industrial en el funcionamiento de las Administraciones públicas. El uso, por ejemplo, del blockchain es una realidad que está dando sus primeros pasos en el funcionamiento administrativo. La necesidad de regulación de los logaritmos para hacer frente a los nuevos retos tecnológicos. O, en general, determinar los contornos del big data en la Administración no son sino presupuestos de la Administración que tendremos a la vuelta de la esquina. Sobre estos aspectos escribiré en los próximos meses una serie de artículos.

Aspectos básicos de la introducción de la Administración electrónica

Más allá de estos dos presupuestos, la Administración electrónica no se puede vincular a la utilización de la informática o a la eliminación del papel. Esto no es más que una consecuencia de la implantación de este tipo de Administración. Hay tres aspectos imprescindibles en los que estamos algo retrasados.

En primer lugar,el rediseño de los procedimientos administrativos para que estén adaptados a la Administración electrónica. Unos procedimientos que sean más lineales, que permitan un ejercicio responsable de la competencia que tiene cada órgano y que eliminen aspectos desfasados como las ratificaciones de decisiones (los conocidos visto buenos) .

No estoy hablando de la adaptación externa de los procedimientos -que también-, sino esencialmente de los protocolos internos de funcionamiento en el seno de cada Administración pública; lo cual pasa por rediseñar los actualmente existentes para ganar eficacia y eficiencia y que permita olvidar el silencio administrativo en el baúl de la historia.

Esto no lo resuelve la legislación aprobada sino que es tarea que incumbe a cada Administración pública.

Pero, en segundo lugar, es preciso una reestructuración de las relaciones de puesto de trabajo en las Administraciones públicas para adaptarlo a las necesidades de los entes públicos que funcionan de otro modo. Unas RPT más flexibles y móviles, que asuman nuevas funciones administrativas y que reduzcan, en consecuencia, los procesos de externalización. Esto requerirá, además, un esfuerzo para mejorar la formación en aquellos sectores con necesidades nuevas a las que la administración electrónica podría dar respuesta.

(Ojo, con lo que acabo de señalar no estoy hablando de reducir personal en las Administraciones Públicas. De hecho, hay sectores en los que somos claramente deficitarios, como en Administración tributaria, donde somos los terceros con menos personal por habitante).

En tercer lugar, es imprescindible la articulación de mecanismos de cooperación y colaboración entre administraciones públicas para la integración e interconexión electrónica. Lo cual pasa por la adopción de criterios técnicos comunes que permitan garantizar tanto la interoperabilidad de los sistemas y soluciones adoptados por cada una de ellas como, en su caso, la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos.

Nótese, por ejemplo, que los documentos que estén en manos de una Administración pública podrán ser utilizados por cualquiera.  Vamos que no ocurra lo que hemos visto en la pasada legislatura en relación con la Administración de justicia. Para esto tampoco hacía falta la nueva legislación.

Inconstitucionalidad parcial de la regulación de la Administración electrónica de la Ley 39/2015

En este contexto hay que entender la Sentencia 55/2018, de 24 de mayo de 2018; por la que se resuelve el Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que afecta, entre otras cosas, a ciertos preceptos relativos a la Administración electrónica; con el siguiente resultado:

  • Se declaró inconstitucional el inciso recogido en el artículo 6.4.

“A tales efectos, por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se aprobarán, con carácter básico, los modelos de poderes inscribibles en el registro distinguiendo si permiten la actuación ante todas las Administraciones de acuerdo con lo previsto en la letra a) anterior, ante la Administración General del Estado o ante las Entidades Locales”.

  • Se declaró conforme con la Constitución el artículo 9.3, en virtud del cual

“En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo”.

Fallo que motivó, entre otros aspectos, el voto particular de Maria Luis Balaguer, discrepante, en mi opinión de forma razonable, al sentido del fallo dado que en el fondo con esta regulación se está creando “una auténtica técnica de control de la administración estatal sobre las administraciones autonómica y local, que no es respetuosa ni con la autonomía ni con las competencias que, en particular, corresponden a las Comunidades Autónomas”. Control que se hace al amparo de los principios de eficiencia en el gasto público y de estabilidad presupuestaria.

  • Se declara conforme con la Constitución el segundo parráfo de la Disposición Adicional segunda, en virtud de la cual

“En el caso que una Comunidad Autónoma o una Entidad Local justifique ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que puede prestar el servicio de un modo más eficiente, de acuerdo con los criterios previstos en el párrafo anterior, y opte por mantener su propio registro o plataforma, las citadas Administraciones deberán garantizar que éste cumple con los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad, y sus normas técnicas de desarrollo, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes registros y plataformas”.

Es una constitucionalidad que se admite siempre que se interprete de este modo: la previsión impugnada no haría depender la decisión autonómica o local de mantener o crear plataformas propias de la valoración que haga la administración central de la justificación aportada. Comunicado el informe correspondiente, las Comunidades Autónomas y las entidades locales podrían ejercer su potestad de autoorganización en el sentido de preservar o instaurar sus propias plataformas aunque el Estado considerase insuficiente la motivación dada. 
Como se puede apreciar, pequeñas eran las impugnaciones, más leves son las tachas de inconstitucionalidad. En todo caso, el problema real al que han de hacer frente las Administraciones públicas tiene fecha de caducidad: el 2 de octubre próximo, cuando la Ley 39/2015 esté totalmente en vigor.

Pin It on Pinterest

A %d blogueros les gusta esto: