Mesa del Congreso, atajos y techo de gasto

Mesa del Congreso, atajos y techo de gasto

Mesa del Congreso, atajos y techo de gasto. La última controversia de derecho parlamentario entre el Gobierno y la oposición es a cuenta del techo de gasto. La reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que plantea el Grupo Parlamentario Socialista a través de un procedimiento de lectura única (previsto en el artículo 150 del Reglamento del Congreso) ha sido retrasado y modificado por la Mesa del Congreso. El intento del GPS de hacerlo a través de enmiendas durante la tramitación de otra Ley orgánica ha encontrado el veto de la misma mesa del Congreso.

Aunque no encuentre sentido en que el techo de gasto se apruebe definitivamente en el Senado y no en el Congreso, como ocurre con la mayor parte de las decisiones parlamentarias, no es éste el objeto de este artículo.

La pregunta que nos debemos hacer es ¿resulta razonable la regulación del procedimiento legislativo y los poderes de la Mesa del Congreso?

La Mesa del Congreso es el órgano rector de la Cámara -que no órgano de gobierno- y ostenta la representación colegiada de ésta en los actos a que asista. Está compuesta por 9 miembros: la Presidencia, 4 Vicepresidencias y 4 Secretarías.

¿Cómo se elige la Mesa del Congreso?

Se vota en primer lugar la Presidencia, para lo cual se exige mayoría absoluta en primera votación, y si no se obtuviera, se realizará una segunda votación entre los dos candidatos con mayor numero de votos. En este caso, es suficiente la mayoría simple. En segundo lugar, se eligen conjuntamente las 4 Vicepresidencias, para lo cual cada diputado elige a uno para cada una de las 4 en juego y salen elegidos los 4 con más votos) y para las Secretarías se utilizará el mismo procedimiento. 

En este sentido, resulta paradójico que, como consecuencia del pacto PP-Ciudadanos para la Mesa del Congreso, dos partidos que tienen 169 diputados sobre los 350 obtuvieron 5 de los 9 miembros de la Mesa del Congreso. Y de igual manera, que PSOE (85 diputados) y Podemos (71 diputados) tengan el mismo número de representantes que Ciudadanos (32 diputados). 

El debate sobre su elección suele ser enconado. Es la consecuencia de que es el órgano que califica los escritos -que no es sino una forma de examen- y, al mismo tiempo, fija el orden de trabajo. O dicho de otro modo, puede paralizar las iniciativas parlamentarias. El problema que nos encontramos es que no actúan en cuanto órgano rector sino como diputados de sus respectivos grupos parlamentarios. Muchas decisiones del presente y del pasado encuentran ahí su justificación.

¿No sería el momento de cambiarlo? Parece razonable cuando incluso nos encontramos con que, frente a lo que dice el Reglamento del Congreso (Cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita, el Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente y en lectura única), ha sido la Mesa de la Cámara quien directamente ha rechazado la utilización del procedimiento de lectura única, utilizando el trámite de la calificación.

Gregorio Cámara recordaba ayer en EL PAIS que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, “la Mesa no es un órgano político sino de naturaleza técnica (STC 212/2016); la Mesa no puede mutar en un órgano de naturaleza política (STC 10/2016); la decisión de la Mesa no puede esconder un juicio de oportunidad política (STC 1/2015); la audiencia a la Junta de Portavoces es un trámite esencial (STC 108/2016); la Mesa debe motivar, expresa, suficiente y adecuadamente (STC 11/2017); debe motivarse especialmente cuando se impide el debate en Pleno (STC 201/2014)”. De nuevo, nos encontramos ante un debate hurtado por quien sólo puede ordenar el trabajo.

Pero insisto, esto no es un problema de este caso concreto. Es una cuestión que merece una reformulación de las funciones y la composición de la Mesa del Congreso, cuya abundancia de miembros, tampoco parece que resulte muy justificada.

Esta discusión jurídica no tiene interés para los ciudadanos. Sí sirve para alejarles de los políticos y sus problemas, que no son de este mundo. Más aún cuando se mezcla el fondo de la decisión (quién decide sobre el techo de gasto) con el procedimiento, que es lo que es más grave, aunque tenga menos incidencia sobre la vida ciudadana.

Profundizando un poco más, nos encontramos ante lo que se podría definir como los abusos del procedimiento legislativo, rodeados de carencias, tal como nos han mostrado las legislaturas anteriores. La segunda gran manifestación de la mala salud democrática en la legislatura que se está terminando es el abuso del procedimiento legislativo que ha cumplido el papel de eliminar debate público sobre las normas que se han aprobado y ha contribuido a rebajar la seguridad jurídica del ciudadano.

¿Cuáles son estas manifestaciones?

  1. En primer lugar, el abuso de las Disposiciones adicionales para cambiar cualquier ley, especialmente con el abuso de las disposiciones adicionalesviolentando las directrices que ha aprobado el Gobierno de España y publicado el BOE. El título de la ley no basta para saber cuál es su objeto. Las Disposiciones adicionales pueden cambiar cualquier norma, tenga o no relación con la disposición principal. Ejemplos: la alteración del régimen militar contemplado en el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia . Sí, es el atajo que pretendió utilizar el Grupo Socialista ante la imposibilidad de utilizar el camino ordinario, tal como se ha expuesto con anterioridad. 
  2. Abuso de las normas para regular ámbitos no incluidos en su enunciado. El ejemplo más claro de esto fue cuando se utilizó la Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. para incluir el régimen de aforamiento del exRey. Eso es el objeto de una ley que lleve ese nombre, no una inclusión vergonzante en una disposición adicional. Es aún menos comprensible cuando se aprobó la Ley de abdicación, que es el sitio donde tendría que haberse puesto esto.
  3. Abuso de los procedimientos legislativos de urgencia. Tomo las palabras del Senador GUILLOT MIRAVET (Entesa pel progres de Catalunya), que describe perfectamente el problema: “…  Como les decía antes, en primer lugar, intervengo para quejarme de este proceso legislativo. Es un disparate que aprobemos en dos meses 36 proyectos de ley; solo en tres días, entre hoy, mañana y pasado mañana, vamos a aprobar y dictaminar 15 proyectos de ley. Es una manera de trabajar muy poco rigurosa, digamos que es un atropello legislativo. Una vez más, hay un abuso de los procedimientos de urgencia. 
  4. La aprobación por procedimientos rápidos, sin el debate que requería, ni información pública, ni participación de expertos ni  de disposiciones que afectan a disposiciones especialmente relevantes  que afectan a derechos fundamentales como la Ley de Enjuiciamiento Criminal  o a la Ley 39 y 40/2015, hechas de forma totalmente express. De hecho, el número de Proyectos de ley presentados en la última parte de la legislatura es anormalmente alto, teniendo en cuenta además que hay voluntad de aprobarlos por procedimientos rápidos.
  5. El uso de las leyes para dictar actos administrativos. La función que cumple este abuso es claro: impedir el recurso jurisdiccional sobre el acto administrativo que se ha aprobado y crear un régimen totalmente especial para ese acto administrativo, que sería contrario a derecho si se aplicaran las normas generales. Ejemplo, el Real Decreto Ley del caso Castor, al que me referí en otra ocasión.
  6. Abuso de las correcciones de errores, sobre todo en normas en los que ha sido preponderante la voluntad del Gobierno. Por ejemplo, el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones fue seguido de la publicación en el BOE de una lista de 73 fes de errores, muchas de ellas sobre asuntos de calado y de fondo y no por mera corrección de defectos.

Cambiar el Reglamento del Congreso y hacer uno moderno, eficaz, rápido y que proteja a ciudadanos y parlamentarios es una necesidad casi fisiológica. Pero el papel lo aguanta todo. 

Haría falta otro talante para la gestión parlamentaria y para estar en la cabeza de la Presidencia del Congreso o del Senado. Son figuras que se debería olvidar de la dinámica diaria de partido para contribuir a un mejor debate público y a un funcionamiento más democrático. Justo lo contrario de lo que está ocurriendo en este momento.

Responsabilidad política del Rey

Responsabilidad política del Rey

Responsabilidad política del Rey. Los sucesivos escándalos que han aparecido en relación con el anterior Jefe del Estado y su hija nos deben poner en disposición de analizar cuál es la responsabilidad política de una institución peculiar de nuestro sistema constitucional como es la Monarquía. 

Es especialmente importante ya que, con es conocido, desde un punto de vista jurídico, “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, tal como dispone el artículo 56.3 de la Constitución. Más aún, la responsabilidad por los actos públicos “De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”, tal como dispone el artículo 64. Un régimen de protección jurídica, del que recientemente se ha señalado que constituye el blindaje jurídico de la Monarquía,.

Un ámbito de protección tan extraordinario (excesivo, podríamos decir) que debería corresponderse con el cumplimiento de un código ético muy estricto y una política de transparencia en la gestión pública y de su patrimonio privado.

La historia de la dinastía de los Borbones no ha sido sencilla. Los problemas habidos entre Carlos IV y su hijo Fernando; las idas y venidas al trono de Fernando VII y su abrazo forzado del liberalismo en 1820; los “sucesos de Palacio” del 28 de noviembre de 1843 –excepcionalmente narrados por Alejandro Nieto-; la salida de la reina en 1868, la restauración en 1876 y la salida de 1931 reflejan la dificultad de asentarse en nuestro país.

Cuando se produce la reintroducción de la monarquía, estos datos debían estar claros para Juan Carlos I. No sólo por un deber institucional sino también por egoísmo personal. La salida de Isabel II y de Alfonso XIII no es por razones jurídicas sino políticas. Este mero dato hubiera debido ser tenido en cuenta en cada acto -público y privado- del Rey desde el 22 de noviembre de 1975, cuando accede al trono.

Lo ocurrido a partir de entonces, el apogeo de su consideración ciudadana y la caída de Juan Carlos I que se puede ejemplificar en lo ocurrido en Botswana es conocido y no merece la pena recordar cada pormenor. Sí es relevante señalar que la abdicación no supone el olvido político de lo ocurrido, como bien muestran las grabaciones que han aparecido en los medios de comunicación en los últimos días, que hacen referencia, entre otros, a presuntos impagos de impuestos a la Hacienda Pública y a la presunta utilización de testaferros. Y que, por la propia naturaleza de la institución, extiende sus efectos a la propia institución, porque es la familia la base de la Institución. Algo que debería estar claro para sus integrantes.

Así, la modernización de la Casa Real de Felipe VI no ha llegado a un aspecto que, por propio interés debiera haber sido adoptado por el nuevo Rey: la transparencia en su gestión patrimonial; más allá de lo que diga la Ley de Transparencia. Transparencia en su gestión y acceso público a la información.

Resulta paradójico pero, mientras los cargos públicos han de firmar una declaración de bienes en el momento que toman posesión (y hacerla pública), no hay rastro de algo parecido en los integrantes de la Casa Real. En este caso, dada su permanencia debería ser actualizada, además, cada cierto periodo de tiempo. Algo que sorprende por cuanto que la irresponsabilidad jurídica no conlleva la irresponsabilidad política. Conocer su patrimonio comportaría incrementar la confianza en la Monarquía. 

De hecho, si usted, está pensando cuando lee estas líneas sobre presuntas dificultades en el conocimiento del patrimonio de los integrantes de la Familia Real, reflejaría que tendríamos un problema.

O, por ahondar en otro aspecto vinculado a lo que aparece en los medios de comunicación, ¿la exigencia de exclusividad en el desarrollo de su actividad de los funcionarios se extiende a los integrantes de la casa real? Incluso alguien tan peculiar como el Presidente de los Estados Unidos ha tenido que recurrir a subterfugios para seguir manteniendo su patrimonio empresarial.

De igual manera, la creación de la comisión de investigación sobre el contenido de las grabaciones conocidas en los medios de comunicación, no debería ser objeto de discusión una vez oído al Director del CNI. Por dos razones: por coherencia con la lucha contra la defraudación fiscal y porque, de ser ciertos tales hechos, serían un dato relevante para una eventual pérdida de confianza social en la institución. 

Acaso tengamos que recordar aquí el cuento de Hans Cristian Andersen “El traje nuevo del emperador”. Eludir la creación de la comisión no evita que igual que en el cuento fue un niño; en la vida real de la España de 2018 cada ciudadano, pueda pensar en la vestimenta del monarca o si por el contrario va desnudo. Y es lo que está ocurriendo ahora a partir del archivo sonoro de un comisario de policía jubilado tan peculiar como Villarejo. 

Confianza social, responsabilidad política. Que el Rey no sea responsable jurídico no significa que no lo sea políticamente. Algo que debiera estar claro y que es, además, automático por el mero hecho de la Jefatura del Estado. Diga lo que diga la Constitución. Está en la consideración que tengamos cada uno de nosotros sobre lo que hace el Rey. Y es intangible e incontrolable.

Las peculiaridades de la institución, la existencia del vínculo de sangre como única razón para que una persona concreta ostente la Jefatura del Estado hace que su actuación deba resultar especialmente transparente y honesta. De no ser así, las consecuencias políticas son impredecibles, por cuanto que quien la exigirá será la ciudadanía, con las consecuencias que todos sabemos.

El Tribunal Constitucional dicta sentencia sobre la Ley 39/2015

El Tribunal Constitucional dicta sentencia sobre la Ley 39/2015

Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley 39/2015: administración electrónica.

Una de las razones que sirvieron al Partido Popular en 2015 para justificar la derogación de la la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común y su sustitución por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público es el impulso definitivo a la Administración electrónica. En la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015 se afirma que “en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones. Porque una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados”.

De la Ley 39/2015, hay una parte esencial de la (registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico) que posterga su entrada en vigor a dentro de ¡2 años después de la entrada en vigor de la Ley, esto es en octubre de 2018!

3 años de plazo que se añadieron a los que estaban recogidos en la Ley derogada, la Ley 11/2007 y que. sin embargo, no han servido para que todas las Administraciones públicas tengan implantada la Administración electrónica. Parte importante de los problemas de la Ley de Contratos del Sector Público deriva precisamente de este dato, de la falta de implantación de la Administración electrónica, lo que se extiende a las dificultades que tienen nuestras PYMES de emplear tales procedimientos.

Algunos preceptos son los que fueron cuestionados por la Generalidad de Cataluña en el recurso que interpuso sobre la Ley 39/2015. No obstante, antes de examinarlo, conviene hacer unas precisiones previas.

¿Qué presupuestos tiene y qué retos impone la Administración electrónica?

La Administración electrónica requiere, como primer presupuesto ineludible, la existencia de medios fiables para garantizar la identidad de los partícipes. Son los medios de firma electrónica en los que estamos tan atrasados. Formalmente existen, eso es obvio, pero las dificultades que está habiendo en su utilización (fruto de que los certificados electrónicos son complicados de obtener e instalar) está complicando en exceso el proceso. La creación del DNI 3.0 permitirá, aparentemente, disponer de un instrumento eficaz, sobre todo si como parece dispondrá de tecnología NFC y la posibilidad de vincular a aplicaciones móviles. La lentitud de su implantación retrasará sustancialmente el proceso.

Pero, al mismo tiempo, una mejora por parte de los portales de las Administraciones públicas y en sus sedes electrónicas. Aquí hace falta que el registro sea realmente electrónico pero, al mismo, tiempo que todo el procedimiento elimine el papel y se tramite de una forma diferente. Si lo que hacemos es admitir la solicitud electrónica y luego la imprimimos y tramitamos como siempre nos hacemos trampas al solitario.

En segundo lugar, también es el segundo presupuesto ineludible que la Administración cumpla con el principio recogido en la legislación vigente (desde 2007) de la neutralidad tecnológica. Sedes electrónicas sólo accesibles desde determinados sistemas operativos (esencialmente windows, en algunas versiones, además) o determinados navegadores (Firefox o lo que es más grave, Explorer) impiden que desde ordenadores como el que se ha utilizado para escribir este post sirva para acceder a la Administración electrónica con carácter general.

Con ello no estaremos más que abriendo la puerta a los cambios que nos va a traer la cuarta revolución industrial en el funcionamiento de las Administraciones públicas. El uso, por ejemplo, del blockchain es una realidad que está dando sus primeros pasos en el funcionamiento administrativo. La necesidad de regulación de los logaritmos para hacer frente a los nuevos retos tecnológicos. O, en general, determinar los contornos del big data en la Administración no son sino presupuestos de la Administración que tendremos a la vuelta de la esquina. Sobre estos aspectos escribiré en los próximos meses una serie de artículos.

Aspectos básicos de la introducción de la Administración electrónica

Más allá de estos dos presupuestos, la Administración electrónica no se puede vincular a la utilización de la informática o a la eliminación del papel. Esto no es más que una consecuencia de la implantación de este tipo de Administración. Hay tres aspectos imprescindibles en los que estamos algo retrasados.

En primer lugar,el rediseño de los procedimientos administrativos para que estén adaptados a la Administración electrónica. Unos procedimientos que sean más lineales, que permitan un ejercicio responsable de la competencia que tiene cada órgano y que eliminen aspectos desfasados como las ratificaciones de decisiones (los conocidos visto buenos) .

No estoy hablando de la adaptación externa de los procedimientos -que también-, sino esencialmente de los protocolos internos de funcionamiento en el seno de cada Administración pública; lo cual pasa por rediseñar los actualmente existentes para ganar eficacia y eficiencia y que permita olvidar el silencio administrativo en el baúl de la historia.

Esto no lo resuelve la legislación aprobada sino que es tarea que incumbe a cada Administración pública.

Pero, en segundo lugar, es preciso una reestructuración de las relaciones de puesto de trabajo en las Administraciones públicas para adaptarlo a las necesidades de los entes públicos que funcionan de otro modo. Unas RPT más flexibles y móviles, que asuman nuevas funciones administrativas y que reduzcan, en consecuencia, los procesos de externalización. Esto requerirá, además, un esfuerzo para mejorar la formación en aquellos sectores con necesidades nuevas a las que la administración electrónica podría dar respuesta.

(Ojo, con lo que acabo de señalar no estoy hablando de reducir personal en las Administraciones Públicas. De hecho, hay sectores en los que somos claramente deficitarios, como en Administración tributaria, donde somos los terceros con menos personal por habitante).

En tercer lugar, es imprescindible la articulación de mecanismos de cooperación y colaboración entre administraciones públicas para la integración e interconexión electrónica. Lo cual pasa por la adopción de criterios técnicos comunes que permitan garantizar tanto la interoperabilidad de los sistemas y soluciones adoptados por cada una de ellas como, en su caso, la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos.

Nótese, por ejemplo, que los documentos que estén en manos de una Administración pública podrán ser utilizados por cualquiera.  Vamos que no ocurra lo que hemos visto en la pasada legislatura en relación con la Administración de justicia. Para esto tampoco hacía falta la nueva legislación.

Inconstitucionalidad parcial de la regulación de la Administración electrónica de la Ley 39/2015

En este contexto hay que entender la Sentencia 55/2018, de 24 de mayo de 2018; por la que se resuelve el Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que afecta, entre otras cosas, a ciertos preceptos relativos a la Administración electrónica; con el siguiente resultado:

  • Se declaró inconstitucional el inciso recogido en el artículo 6.4.

“A tales efectos, por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se aprobarán, con carácter básico, los modelos de poderes inscribibles en el registro distinguiendo si permiten la actuación ante todas las Administraciones de acuerdo con lo previsto en la letra a) anterior, ante la Administración General del Estado o ante las Entidades Locales”.

  • Se declaró conforme con la Constitución el artículo 9.3, en virtud del cual

“En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo”.

Fallo que motivó, entre otros aspectos, el voto particular de Maria Luis Balaguer, discrepante, en mi opinión de forma razonable, al sentido del fallo dado que en el fondo con esta regulación se está creando “una auténtica técnica de control de la administración estatal sobre las administraciones autonómica y local, que no es respetuosa ni con la autonomía ni con las competencias que, en particular, corresponden a las Comunidades Autónomas”. Control que se hace al amparo de los principios de eficiencia en el gasto público y de estabilidad presupuestaria.

  • Se declara conforme con la Constitución el segundo parráfo de la Disposición Adicional segunda, en virtud de la cual

“En el caso que una Comunidad Autónoma o una Entidad Local justifique ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que puede prestar el servicio de un modo más eficiente, de acuerdo con los criterios previstos en el párrafo anterior, y opte por mantener su propio registro o plataforma, las citadas Administraciones deberán garantizar que éste cumple con los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad, y sus normas técnicas de desarrollo, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes registros y plataformas”.

Es una constitucionalidad que se admite siempre que se interprete de este modo: la previsión impugnada no haría depender la decisión autonómica o local de mantener o crear plataformas propias de la valoración que haga la administración central de la justificación aportada. Comunicado el informe correspondiente, las Comunidades Autónomas y las entidades locales podrían ejercer su potestad de autoorganización en el sentido de preservar o instaurar sus propias plataformas aunque el Estado considerase insuficiente la motivación dada. 
Como se puede apreciar, pequeñas eran las impugnaciones, más leves son las tachas de inconstitucionalidad. En todo caso, el problema real al que han de hacer frente las Administraciones públicas tiene fecha de caducidad: el 2 de octubre próximo, cuando la Ley 39/2015 esté totalmente en vigor.

Delito de rebelión y Estado democrático

Delito de rebelión y Estado democrático

Delito de rebelión y Estado democrático. El encarcelamiento de los líderes políticos catalanes que impulsaron el proceso de independencia plantea problemas jurídicos de evidente interés que afectan a los propios efectos de la cláusula del Estado democrático que está recogida en el artículo 1 de la Constitución. Un abanico de cuestiones que se realza si la respuesta política del Gobierno al problema catalán está articulada esencialmente sobre el tratamiento jurídico penal de la cuestión, lo que aventura años de conflicto jurídico y, por ende, social.

El Auto de 17 de abril de 2018, por el que se desestima el recurso de Jordi Sánchez contra la denegación de permiso para presentarse como candidato a la Presidencia de la Generalidad de Cataluña es un ejemplo excelente de lo que se está señalando. Un ejemplo en el que se continúa la línea de los autos anteriores en los que se decidió el encarcelamiento de parte de los líderes del procès.

En esencia, el problema es el siguiente: la interpretación que se proporcione a la cláusula de la violencia que exige el Código penal para que se pueda hablar de un delito de rebelión. Que hubo altercados en Cataluña es indiscutible, lo que hay que concretar es si pueden ser calificados de violencia a los efectos del delito de rebelión. Y no podemos olvidar, que no se trata de una cuestión pacífica, especialmente si parece que el elemento más grave es que “ ese día, pese a todas las advertencias de los Tribunales y de las autoridades gubernativas sobre la prohibición del referéndum, los protagonistas del Procés prosiguieron con su hoja de ruta e indujeron a unos dos millones de personas a que salieran a la calle para votar ilegalmente”. Eso violencia no es.

Como tampoco es violencia, a los efectos del tipo del delito de rebelión, el hecho de que “con motivo de la celebración del referéndum hubo más de cien enfrentamientos entre algunos de los sujetos que fueron a votar, a sabiendas de la ilegalidad de su conducta, y los funcionarios policiales que defendían la legalidad y cumplimentaban las decisiones del Tribunal Constitucional a través de las órdenes que recibían de los jefes superiores de los cuerpos policiales. Los incidentes se saldaron con un resultado de numerosos heridos leves de un lado y de otro”. Esto podía ser sedición -si lo interpretamos de forma expansiva-, o, de forma más ajustada, desordenes públicos y delito de resistencia a la autoridad dependiendo de los momentos; pero no rebelión. La interpretación es, en mi opinión, forzada.

Pero hay un factor añadido que cuestiona sustancialmente el análisis que está haciendo el Tribunal Supremo: la presencia de los derechos fundamentales de manifestación y reunión. Si abordáramos el problema desde esta perspectiva, hacer un llamamiento de naturaleza política para concentrar ciudadanos en defensa de una determinada posición, no cabría duda que el artículo 21 daría margen más que suficiente para no entender los altercados como violencia a los efectos del derecho de rebelión. Y justamente este análisis, el de la ponderación entre el derecho fundamental y el tipo penal está ausente del auto. 

Por el contrario, la concepción que está manteniendo por el Tribunal Supremo no coincide con esta postura. Antes al contrario, responde a una posición rígida en la que se ha limitado sustancialmente el valor que tienen los derechos fundamentales en el marco de un Estado democrático. Ello a pesar de que el conflicto es esencialmente político, lo cual debiera ser un elemento tenido en cuenta. 

Por ello, a mí la posición del Tribunal Supremo no me convence, ni en la catalogación del delito como rebelión ni en la adopción de las medidas cautelares que ha impuesto. De hecho, si se observa el auto, la incidencia mayor no es en el análisis de los altercados -para catalogarlos o no como violencia- sino en la descripción de algo obvio: los impulsores del procès querían la independencia de Cataluña. 

De hecho, tras la lectura del auto hay que tener una mentalidad casi de héroe para convocar una manifestación en una cuestión conflictiva como es la catalana. ¿Pasaría lo mismo con una que promoviera la sustitución de la monarquía por la república?

Que el deseo de los manifestantes de impulsar la independencia no está permitido en el ordenamiento jurídico parece claro. Que no todo elemento de alteración del orden público que surja alrededor de la independencia pueda ser catalogado como rebelión, me resulta igual de claro. 

Pero, cuando el conflicto lo tenemos entre el ejercicio de derechos fundamentales de participación política y una interpretación que amplía un tipo penal en el sentido de considerar delitos un número superior de comportamientos, resulta una consecuencia necesaria que, en nuestro ordenamiento hay que proporcionar un ponderar adecuadamente el derecho fundamental, porque constituye una esencia del sistema democrático. No quita los delitos que, en su caso, hubieran podido existir, pero hay que utilizar otros tipos penales.

La cuestión es de interpretación jurídica y de ponderación de intereses en el marco del Estado democrático. El conflicto jurídico se aventura largo dado que la hipotética condena haría que se recurriera al Tribunal Constitucional y, caso de confirmarse la resolución, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Y aquí nos podemos encontrar con un problema demorado en el tiempo: una hipotética resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contraria a la condena por rebelión haría ver que, acaso, no se estén cumpliendo los parámetros interpretativos del TEDH, algo a lo que, por otra parte, obliga el artículo 10.2 de la Constitución. 

¿Se imaginan ustedes el efecto político si dentro de algunos años el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anulara la sentencia por un delito de rebelión contra los dirigentes del procès? 

Primer recurso de inconstitucionalidad contra la Nueva Ley de Contratos

Primer recurso de inconstitucionalidad contra la Nueva Ley de Contratos

El Boletín Oficial del Estado de hoy recoge la admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad contra parte de los preceptos de la Nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Concretamente, señala que “el Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 6 de marzo actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 739-2018, promovido por más de cincuenta Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados, contra el artículo 289.2, disposición adicional 43.ª y las disposiciones finales 9.ª, 11.ª y 12.ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014”

Como se ve, constituye el objeto de la impugnación la modificación de la naturaleza jurídica de las prestaciones que recibe el concesionario, que pasaron a ser “de naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario”; suponiendo una ruptura de principios tradicionales y que afecta a los principios tributarios. Con este cambio, se buscaban dos finalidades: que el concesionario cobre directamente la contraprestación de los usuarios y la haga suya. y, en segundo lugar, que se pretenda eliminar el límite del coste del servicio propio de la tasa. Es una regulación que, desde luego, puede chocar con la regulación del artículo 31 de la Constitución.

Tiene un riesgo añadido que es romper la identidad que debe existir entre la cuantía de la tasa y la cantidad que supone la prestación del servicio y con ello, reaparece un riesgo de encarecimiento de la prestación de ciertos servicios públicos.

Las Disposiciones Final 9ª, 11ª y 12ª de la Ley se refieren a modificaciones de la legislación de tasas y precios públicos, de la de haciendas locales y de la general tributaria  que están en consonancia con lo anterior; así como la Disposición Adicional 43ª.

Estos preceptos impugnados constituyen uno de los elementos más escandalosos del sesgo ideológico de la norma; sesgo que, sin embargo, no impidió a los hoy recurrentes votar a favor de la misma, a diferencia de lo que hizo el Grupo Parlamentario Socialista.  Un sesgo que se observa, entre otros elementos, también en el rechazo a las enmiendas que hubo para eliminar uno de los instrumentos financieros que más ha costado al Estado en relación con las concesiones -los préstamos participativos-, y con las enmiendas que introdujeron restricciones al régimen de las remunicipalizaciones -aunque sería más correcto hablar de reinternalizaciones- de servicios públicos.

Esperemos, pues, a la resolución del Tribunal Constitucional.

Reforma federal de la Constitución

Reforma federal de la Constitución

Reforma federal de la Constitución. El debate sobre la organización territorial del Estado parece que es más pertinente que nunca. No es sólo que haya habido numerosos estudios de expertos que hayan señalado la conveniencia de superar las reglas actuales del Estado autonómico. Valga lo afirmado por Muñoz Machado: no afrontar la reforma constitucional “conducirá al sistema constitucional entero a su destrucción por no afrontar la evidencia de sus enfermedades actuales” ( Informe sobre España, Ed. Crítica, Barcelona, noviembre 2012, p. 229)

Un examen de las normas básicas recogidas en el Título VIII nos permite constatar que son de una época en la que el problema esencial era el del acceso a la autonomía -que, además, no se preveía como necesario para todo el país- y, por ello, faltan numerosas reglas sobre un ejercicio razonable de ésta, sobre los principios económico financieros y acerca de las relaciones entre el Estado y las Comunidades autónomas. Afirmar que el cambio no es necesario, parece, a primera vista, un error que puede tener consecuencias para la propia integridad del Estado por la desafección que incorpora en determinados territorios.

Modelos de organización territorial hay muchos, tantos como Estados. Las denominaciones se suelan agrupar entorno a la dualidad federalismo-centralismo, que resultan bastante simplificadoras. Conceptos genéricos que no son ilustrativos de un determinado modelo. Si tomamos el concepto federal observaremos que bajo dicho manto se han agrupado realidades tan diferentes como las de las extintas URSS y Yugoslavia con las de la República Federal de Alemania o de los Estados Unidos de América, cada una de las cuales responde, a su vez, a características peculiares en las cuales la historia es determinante; especialmente en este último caso.

Cuando se plantea el debate sobre una federalización de la Constitución española no debemos plantearlas tanto como un desapoderamiento del Estado cuanto como un rediseño global de la estructura territorial del poder, en el que han de participar éste y las entidades menores, lo que hoy son las Comunidades autónomas y las Entidades locales. Y no puede ser de una mera modificación de las etiquetas autonómicas por otras federales.

Pero, como veremos en seguida, el nuevo modelo deberá tener presente, asimismo, las exigencias derivadas de nuestra integración europea y del propio funcionamiento del Estado en un entorno de globalización en el que sus poderes son necesariamente menores y diferentes.  Un aspecto que no se suele abordar pero que puede quitar parte del contenido problemático, sobre todo si observamos el impacto en las cláusulas económicas de distribución de competencias.

Para que el cuadro que se va a analizar resulte completo conviene que demos un breve vistazo a lo ocurrido desde 2011. 7 años que parecen pocos pero que han provocado un cambio considerable e imperceptible en el diseño del sistema de organización territorial del poder.

La idea que ha presidido la actuación del Gobierno central en los últimos siete años es la recentralización, una idea que rompe con el mito de la España casi federal. Una conclusión que se deriva de los siguientes elementos: a) la hipertrofia de controles, partiendo de la normativa de estabilidad presupuestaria; b) un abuso en la utilización de las competencias básicas del Estado, que deja reducido a lo mínimo las competencias autonómicas en la misma manera; c) un aumento de la conflictividad competencial, en muchas ocasiones aunando los elementos centralizadores con razones ideológicas, como se ha mostrado en el escaso fundamento que tenía el recurso del Estado contra la legislación de vivienda de Navarra; d) una jurisprudencia constitucional que ha oscilado hacia posturas mucho más centralistas de las que había en los años 90; tanto que en un reciente voto particular de los Magistrados Asúa y Xiol a la STC 165/2016 se puede leer que el fundamento del fallo constituye una “formulación extensiva” de una “línea jurisprudencial, inicialmente excepcional” con “preocupante efecto corrosivo sobre las competencias de ejecución”; e) una utilización de mecanismos legislativos que han configurado nuevas bases de regulación de los sectores económicos y f) El informe CORA puso en marcha un proceso contra las denominadas duplicidades e órganos autonómicos que configuraban un sistema de garantías propio y sin injerencias del (Defensores del Pueblo, consejos de Cuentas, consejos consultivos). En este momento, podemos decir que hablar de que somos uno de los países más descentralizados es casi un mito, interesado.

Recentralización en la práctica política que ha ido de la mano de la peor percepción por parte de la ciudadanía del sistema actual de Comunidades autónomas, posiblemente como resultado de las consecuencias negativas de la crisis económica y de una ofensiva política desde diversos ámbitos sobre lo que funciona mal de las Comunidades. Elementos en los que concurre el llamamiento constante por parte de ciertos medios a la unidad de España, a cierta unidad de España.

Introducción al artículo “Hacia una reforma federal de la Constitución española”, publicado en la Revista Sistema nº 251-252 (2018), páginas 171 y siguientes que se puede descargar aquí.

Y el podcast de mi intervención es éste

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