Voto por correo: ese gran desconocido

Voto por correo: ese gran desconocido

El procedimiento de voto por correo constituye una operación compleja para el Estado en el que están involucrados, al menos, Correos, la Oficina del Censo Electoral y las Subdelegaciones del Gobierno y que depende, indirectamente, de la actividad de las Juntas Electorales y de diversos órganos judiciales, ya sean Juzgados de lo Contencioso administrativo, el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional.

La participación de todos ellos tiene que conseguir dos objetivos: permitir la participación de aquellos que no puedan acudir al colegio electoral y que se pueda producir con las mismas condiciones de seguridad y fiabilidad a pesar de que participan agentes externos al procedimiento ordinario de voto.

Durante el amplísimo periodo de petición del voto por correo (en estas elecciones, del 2 de abril al 16 de mayo) se activan dos consecuencias para el solicitante: por un lado, que la persona ya no podrá ejercer el voto en urna. Esto supone que hay que modificar el censo de cada mesa electoral, actividad realizada por la Oficina del Censo Electoral. Y, en segundo lugar, que se activa una maquinaria para que, antes del 24 de mayo, se pueda depositar el voto. En total, se han presentado 1.030.330 peticiones de voto por correo para las elecciones municipales y europeas del 26 de mayo.

Como he señalado antes, la evolución del proceso depende de decisiones de terceros.

Concretamente, una vez presentadas las candidaturas, las Juntas Electorales ha de proclamarlas, así como a las personas que concurren en ellas.

En los casos en los que se rechazan candidatos, como ha ocurrido con la candidatura de Puigdemont, Comín y Ponsati, rechazada primero por la Junta Electoral Central y recurrida por los afectados, aceptada con posterioridad por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo números 2, 9 y 21 de Madrid y que tuvo un ulterior recurso ante el Tribunal Constitucional, finalmente desestimado el día 9 de mayo; todo este proceso judicial (lógico desde un punto de vista material) constituyó, sin embargo, un freno temporal para que se pudiera continuar la tramitación del voto solicitado desde el 2 de abril.

Siguiendo con este caso, con posterioridad ha habido que ejecutar la decisión del Tribunal Constitucional, publicar en el BOE del día 10 la nueva proclamación definitiva de la candidatura y aprobar las papeletas por la Junta Electoral, imprimirlas (en lugares diferentes, dependiendo del tipo de elecciones ya que aquí ha habido tres procesos distintos), ensobrarlas y entregarlas a Correos, junto con el resto de la documentación electoral, para su distribución individualizada a cada votante. De hecho, las papeletas que se remiten por correo son las mismas que nos encontraremos en nuestro colegio electoral el próximo 26 de mayo.

 

Con ello, nos encontramos con que el voto hipotéticamente solicitado el 2 de abril no ha continuado su tramitación a los ojos del votante hasta el fin de semana del 12 de mayo. Es entonces cuando la Oficina del Censo Electoral ha remitido la documentación electoral (la papeleta de cada formación que concurre en cada una de las elecciones en las que se ha solicitado, un sobre de cada elección para introducir la papeleta, el certificado de inscripción en el censo electoral y un sobre con la dirección de la Mesa) a Correos para que la envíe a los solicitantes. La Oficina del Censo dispone de plazo entre el 13 y el 19 de mayo (ya que hasta el día 16 se sigue solicitando el voto por correo).

El goteo de los días no concluye aquí. Correos ha de remitirlo personalmente a cada solicitante. Esto supone que sólo lo puede recibir el destinatario, salvo que nos encontremos ante peticionarios enfermos o incapaces, que pueden gestionarlo a través de tercero.

Hay, legalmente, dos intentos de remisión. Si en el segundo se fracasa, será entonces cuando se deje el aviso en el domicilio para que se recoja la documentación en la Oficina de Correos elegida por el votante. Esto significa que, en el momento de acudir a ella, tendrá que hacer dos operaciones distintas y con tratamiento diferenciado: recoger la documentación y votar.

Si la documentación se recibe en el domicilio, cualquiera puede llevar el voto a Correos. Si hay que recoger la documentación en Correos, como constituye un acto personalísimo, hay que acudir personalmente.

A partir del día 13 de mayo, los horarios en todas las oficinas han estado ampliados, abriéndose media hora antes de lo normal y cerrando media hora después. Los festivos y domingos van a estar abiertas todas las oficinas. A partir del 20 de mayo se van a abrir hasta las 22 horas las oficinas donde se disponga de mayor documentación electoral. El plazo para votar por correo termina el 24 de mayo a las 14:00, después de la ampliación de plazo pedida por la propia Correos.

El voto se remite por correo certificado y urgente a la mesa. Viernes por la tarde y sábado son días de clasificación y transporte de los votos para su remisión a las mesas correspondientes a lo largo de todo el país durante el domingo por la mañana, día de votación. Su escrutinio se producirá con posterioridad a los votos realizados en urna.

Este cuadro explica el proceso

 

Como se ha podido ver, la gestión del voto por correo constituye un proceso complejo, dependiente de las decisiones que se tienen que tomar en otros ámbitos y cuyo desarrollo obliga a una adaptación constante de los agentes que participan en el proceso.

Este artículo se ha publicado en Agenda Pública el 19 de mayo de 2019

Mesa del Congreso, atajos y techo de gasto

Mesa del Congreso, atajos y techo de gasto

Mesa del Congreso, atajos y techo de gasto. La última controversia de derecho parlamentario entre el Gobierno y la oposición es a cuenta del techo de gasto. La reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que plantea el Grupo Parlamentario Socialista a través de un procedimiento de lectura única (previsto en el artículo 150 del Reglamento del Congreso) ha sido retrasado y modificado por la Mesa del Congreso. El intento del GPS de hacerlo a través de enmiendas durante la tramitación de otra Ley orgánica ha encontrado el veto de la misma mesa del Congreso.

Aunque no encuentre sentido en que el techo de gasto se apruebe definitivamente en el Senado y no en el Congreso, como ocurre con la mayor parte de las decisiones parlamentarias, no es éste el objeto de este artículo.

La pregunta que nos debemos hacer es ¿resulta razonable la regulación del procedimiento legislativo y los poderes de la Mesa del Congreso?

La Mesa del Congreso es el órgano rector de la Cámara -que no órgano de gobierno- y ostenta la representación colegiada de ésta en los actos a que asista. Está compuesta por 9 miembros: la Presidencia, 4 Vicepresidencias y 4 Secretarías.

¿Cómo se elige la Mesa del Congreso?

Se vota en primer lugar la Presidencia, para lo cual se exige mayoría absoluta en primera votación, y si no se obtuviera, se realizará una segunda votación entre los dos candidatos con mayor numero de votos. En este caso, es suficiente la mayoría simple. En segundo lugar, se eligen conjuntamente las 4 Vicepresidencias, para lo cual cada diputado elige a uno para cada una de las 4 en juego y salen elegidos los 4 con más votos) y para las Secretarías se utilizará el mismo procedimiento. 

En este sentido, resulta paradójico que, como consecuencia del pacto PP-Ciudadanos para la Mesa del Congreso, dos partidos que tienen 169 diputados sobre los 350 obtuvieron 5 de los 9 miembros de la Mesa del Congreso. Y de igual manera, que PSOE (85 diputados) y Podemos (71 diputados) tengan el mismo número de representantes que Ciudadanos (32 diputados). 

El debate sobre su elección suele ser enconado. Es la consecuencia de que es el órgano que califica los escritos -que no es sino una forma de examen- y, al mismo tiempo, fija el orden de trabajo. O dicho de otro modo, puede paralizar las iniciativas parlamentarias. El problema que nos encontramos es que no actúan en cuanto órgano rector sino como diputados de sus respectivos grupos parlamentarios. Muchas decisiones del presente y del pasado encuentran ahí su justificación.

¿No sería el momento de cambiarlo? Parece razonable cuando incluso nos encontramos con que, frente a lo que dice el Reglamento del Congreso (Cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita, el Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente y en lectura única), ha sido la Mesa de la Cámara quien directamente ha rechazado la utilización del procedimiento de lectura única, utilizando el trámite de la calificación.

Gregorio Cámara recordaba ayer en EL PAIS que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, “la Mesa no es un órgano político sino de naturaleza técnica (STC 212/2016); la Mesa no puede mutar en un órgano de naturaleza política (STC 10/2016); la decisión de la Mesa no puede esconder un juicio de oportunidad política (STC 1/2015); la audiencia a la Junta de Portavoces es un trámite esencial (STC 108/2016); la Mesa debe motivar, expresa, suficiente y adecuadamente (STC 11/2017); debe motivarse especialmente cuando se impide el debate en Pleno (STC 201/2014)”. De nuevo, nos encontramos ante un debate hurtado por quien sólo puede ordenar el trabajo.

Pero insisto, esto no es un problema de este caso concreto. Es una cuestión que merece una reformulación de las funciones y la composición de la Mesa del Congreso, cuya abundancia de miembros, tampoco parece que resulte muy justificada.

Esta discusión jurídica no tiene interés para los ciudadanos. Sí sirve para alejarles de los políticos y sus problemas, que no son de este mundo. Más aún cuando se mezcla el fondo de la decisión (quién decide sobre el techo de gasto) con el procedimiento, que es lo que es más grave, aunque tenga menos incidencia sobre la vida ciudadana.

Profundizando un poco más, nos encontramos ante lo que se podría definir como los abusos del procedimiento legislativo, rodeados de carencias, tal como nos han mostrado las legislaturas anteriores. La segunda gran manifestación de la mala salud democrática en la legislatura que se está terminando es el abuso del procedimiento legislativo que ha cumplido el papel de eliminar debate público sobre las normas que se han aprobado y ha contribuido a rebajar la seguridad jurídica del ciudadano.

¿Cuáles son estas manifestaciones?

  1. En primer lugar, el abuso de las Disposiciones adicionales para cambiar cualquier ley, especialmente con el abuso de las disposiciones adicionalesviolentando las directrices que ha aprobado el Gobierno de España y publicado el BOE. El título de la ley no basta para saber cuál es su objeto. Las Disposiciones adicionales pueden cambiar cualquier norma, tenga o no relación con la disposición principal. Ejemplos: la alteración del régimen militar contemplado en el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia . Sí, es el atajo que pretendió utilizar el Grupo Socialista ante la imposibilidad de utilizar el camino ordinario, tal como se ha expuesto con anterioridad. 
  2. Abuso de las normas para regular ámbitos no incluidos en su enunciado. El ejemplo más claro de esto fue cuando se utilizó la Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. para incluir el régimen de aforamiento del exRey. Eso es el objeto de una ley que lleve ese nombre, no una inclusión vergonzante en una disposición adicional. Es aún menos comprensible cuando se aprobó la Ley de abdicación, que es el sitio donde tendría que haberse puesto esto.
  3. Abuso de los procedimientos legislativos de urgencia. Tomo las palabras del Senador GUILLOT MIRAVET (Entesa pel progres de Catalunya), que describe perfectamente el problema: “…  Como les decía antes, en primer lugar, intervengo para quejarme de este proceso legislativo. Es un disparate que aprobemos en dos meses 36 proyectos de ley; solo en tres días, entre hoy, mañana y pasado mañana, vamos a aprobar y dictaminar 15 proyectos de ley. Es una manera de trabajar muy poco rigurosa, digamos que es un atropello legislativo. Una vez más, hay un abuso de los procedimientos de urgencia. 
  4. La aprobación por procedimientos rápidos, sin el debate que requería, ni información pública, ni participación de expertos ni  de disposiciones que afectan a disposiciones especialmente relevantes  que afectan a derechos fundamentales como la Ley de Enjuiciamiento Criminal  o a la Ley 39 y 40/2015, hechas de forma totalmente express. De hecho, el número de Proyectos de ley presentados en la última parte de la legislatura es anormalmente alto, teniendo en cuenta además que hay voluntad de aprobarlos por procedimientos rápidos.
  5. El uso de las leyes para dictar actos administrativos. La función que cumple este abuso es claro: impedir el recurso jurisdiccional sobre el acto administrativo que se ha aprobado y crear un régimen totalmente especial para ese acto administrativo, que sería contrario a derecho si se aplicaran las normas generales. Ejemplo, el Real Decreto Ley del caso Castor, al que me referí en otra ocasión.
  6. Abuso de las correcciones de errores, sobre todo en normas en los que ha sido preponderante la voluntad del Gobierno. Por ejemplo, el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones fue seguido de la publicación en el BOE de una lista de 73 fes de errores, muchas de ellas sobre asuntos de calado y de fondo y no por mera corrección de defectos.

Cambiar el Reglamento del Congreso y hacer uno moderno, eficaz, rápido y que proteja a ciudadanos y parlamentarios es una necesidad casi fisiológica. Pero el papel lo aguanta todo. 

Haría falta otro talante para la gestión parlamentaria y para estar en la cabeza de la Presidencia del Congreso o del Senado. Son figuras que se debería olvidar de la dinámica diaria de partido para contribuir a un mejor debate público y a un funcionamiento más democrático. Justo lo contrario de lo que está ocurriendo en este momento.

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Tras Homo Sapiens y Homo Deus llega el tercer libro de Harari; 21 lecciones para el siglo XXI. Un libro estimulante de divulgación sobre el futuro que tenemos a la vuelta de la esquina y cuyos contornos empiezan a dibujarse. Se esté o no de acuerdo, conviene leerlo.

Cuatro son las ideas básicas que desarrolla en el libro.

La soberanía es, debe ser, limitada. No es la consecuencia de la globalización a que me he referido en otras ocasiones. Es la consecuencia de que actos y consecuencias tienen un impacto mundial. El calentamiento global es el más conocido pero hay otros que se van desplegando día a día. La solución no es nacionalista, que es una farsa de lo ocurrido en el sigo XX, sino que tiene que proporcionar una visión global, para la sociedad mundial.

La desigualdad que viene es económica y, como consecuencia de ella, física. Si la primera es bien conocida, ya que la historia de todas las sociedades es la historia de las luchas de clases, la segunda es consecuencia de la cuarta revolución industrial. Los nuevos tratamientos de biotecnología y la infotecnología se están desarrollando a tal velocidad que harán que sean accesibles a la ciudadanía. O se remedia o el criterio será económico. Habrá ciudadanos de proyectos de segunda dependiendo de los procesos a los que se hayan sometido. Más altos, más fuertes, con más resistencia a la enfermedad y más inteligentes.

Elogio de la laicidad. Las religiones no están sabiendo ver el desarrollo del mundo y solo están siendo vehículos de control moral; cuyas conclusiones nada tienen que ver con la verdad revelada. Una verdad revelada que, en realidad, no es sino la plasmacion de ideales de un segmento social que quería imponer una forma de ver el mundo y sustentada sobre el desconocimiento de los procesos naturales.

Quien controla los datos controla la sociedad. No es un problema de la propiedad de los datos sino de su gestión. La gestión individual es intrascendente económicamente y lo que es relevante son las operaciones con muchos datos, donde se obtiene el beneficio. Se debe plantear, en mi opinión, una gestión de la función social de los datos personales para que redunde en beneficio colectivo.

A partir de estas cuatro ideas se estructura el libro. Ya su mera enunciación hace ver que se trata de un libro de interés. No hay un tratamiento específico de cada uno, sino un análisis de las relaciones entre ellos. La prosa, fresca, sugerente y provocadora, envuelve al lector.

Pero resulta relevante el añadir dentro las consecuencias sobre la democracia liberal, que “no sobrevivirá a la fusión de la biotecnología y la infotecnología”. Un dato que está fuera del debate público. Posiblemente, porque, como en el Cuento XXXII del conde Lucanor , gran inspiración del Traje nuevo del emperador de Andersen, el rey está desnudo. Pero esa es una historia que contaremos en otra ocasión.

Dicho todo lo anterior, que el libro resulta de interés, no es menos cierto que está sobrevalorado. Los análisis resultan superficiales, las ideas expuestas de forma muy lineal, sin aristas y en un planteamiento de blancos y negros. Acaso sea lo mejor para llegar a más gente, pero desde luego, no se puede considerar un libro de pensamiento profundo ni que vaya a resolver las claves del convulso comienzo del siglo XXI.

 

 

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  • Título: 21 lecciones para el siglo XXI
  • Autor (es): Yuval Noah Harari
  • Sello: DEBATE
  •  Fecha publicación: 08/2018
  • ISBN:9788499928777
 

Tras Homo Sapiens y Homo Deus llega el tercer libro de Harari; 21 lecciones para el siglo XXI. Un libro estimulante de divulgación sobre el futuro que tenemos a la vuelta de la esquina y cuyos contornos empiezan a dibujarse. Se esté o no de acuerdo, conviene leerlo.

Cuatro son las ideas básicas que desarrolla en el libro.

La soberanía es, debe ser, limitada. No es la consecuencia de la globalización a que me he referido en otras ocasiones. Es la consecuencia de que actos y consecuencias tienen un impacto mundial. El calentamiento global es el más conocido pero hay otros que se van desplegando día a día. La solución no es nacionalista, que es una farsa de lo ocurrido en el sigo XX, sino que tiene que proporcionar una visión global, para la sociedad mundial.

La desigualdad que viene es económica y, como consecuencia de ella, física. Si la primera es bien conocida, ya que la historia de todas las sociedades es la historia de las luchas de clases, la segunda es consecuencia de la cuarta revolución industrial. Los nuevos tratamientos de biotecnología y la infotecnología se están desarrollando a tal velocidad que harán que sean accesibles a la ciudadanía. O se remedia o el criterio será económico. Habrá ciudadanos de proyectos de segunda dependiendo de los procesos a los que se hayan sometido. Más altos, más fuertes, con más resistencia a la enfermedad y más inteligentes.

Elogio de la laicidad. Las religiones no están sabiendo ver el desarrollo del mundo y solo están siendo vehículos de control moral; cuyas conclusiones nada tienen que ver con la verdad revelada. Una verdad revelada que, en realidad, no es sino la plasmacion de ideales de un segmento social que quería imponer una forma de ver el mundo y sustentada sobre el desconocimiento de los procesos naturales.

Quien controla los datos controla la sociedad. No es un problema de la propiedad de los datos sino de su gestión. La gestión individual es intrascendente económicamente y lo que es relevante son las operaciones con muchos datos, donde se obtiene el beneficio. Se debe plantear, en mi opinión, una gestión de la función social de los datos personales para que redunde en beneficio colectivo.

A partir de estas cuatro ideas se estructura el libro. Ya su mera enunciación hace ver que se trata de un libro de interés. No hay un tratamiento específico de cada uno, sino un análisis de las relaciones entre ellos. La prosa, fresca, sugerente y provocadora, envuelve al lector.

Pero resulta relevante el añadir dentro las consecuencias sobre la democracia liberal, que “no sobrevivirá a la fusión de la biotecnología y la infotecnología”. Un dato que está fuera del debate público. Posiblemente, porque, como en el Cuento XXXII del conde Lucanor , gran inspiración del Traje nuevo del emperador de Andersen, el rey está desnudo. Pero esa es una historia que contaremos en otra ocasión.

Dicho todo lo anterior, que el libro resulta de interés, no es menos cierto que está sobrevalorado. Los análisis resultan superficiales, las ideas expuestas de forma muy lineal, sin aristas y en un planteamiento de blancos y negros. Acaso sea lo mejor para llegar a más gente, pero desde luego, no se puede considerar un libro de pensamiento profundo ni que vaya a resolver las claves del convulso comienzo del siglo XXI.

 

 

¿Obedecen los cuatro partidos a otras tantas clases sociales?

¿Obedecen los cuatro partidos a otras tantas clases sociales?

¿Obedecen los cuatro partidos a otras tantas clases sociales? Partidos políticos y clases sociales

Se suele afirmar en España, a partir de las elecciones generales de 2015 y 2016 y de la vida parlamentaria posterior, que el bipartidismo ha muerto o al menos se halla en trance de llegar al final. Pero lo cierto es que la realidad no confirma ese análisis. El PP y el PSOE continúan existiendo, porque conservan apoyos sociales no pequeños y, de hecho, siguen siendo los dos primeros partidos y quienes han ocupado sucesivamente la Presidencia del Gobierno en esta legislatura no han sido sino sus dos respectivos líderes. Es verdad que han aparecido otros dos actores –Ciudadanos y Podemos-, también con importantes respaldos, pero –punto crucial- sin haber terminado de sustituir a las fuerzas por así decir tradicionales. El proceso renovador se ha quedado a mitad de camino, con la consecuencia de un Parlamento fragmentado –cuatripartidismo-, y en el que las mayorías absolutas, que constituían la base de la vida política (la “gobernabilidad”, en el sentido aritmético del término, representaba el bien mayor), y que se dieron en varios momentos (la última ocasión, en una fecha tan cercana como noviembre de 2011), suenan a algo remoto en el tiempo. Y sucede además que un fenómeno parecido –lo viejo no acaba de morir, pero se tiene que encoger para dar cabida a lo nuevo, con la consecuencia de la fragmentación parlamentaria y por tanto de las dificultades para la formación de Gobierno y, más aún, para adoptar decisiones- se da en otros muchos lugares europeos, con unos u otros matices.

En ese contexto, tiene interés dar cuenta del libro, publicado en francés en mayo de este año 2018, llamado La quadrature des classes, con el subtítulo “Comment de nouvelles clases sociales bouleversent les systèmes de partis en Occident”. El autor es Thibault Muzergues, residente en Viena, Director del “Programa Europa” del International Republican Institute, una ONG americana. El Prefacio es de Guy Verhofstadt, que, como resulta notorio, desempeñó el cargo de Primer Ministro de la atribulada Bélgica (un país donde la pluralización parlamentaria viene de mucho más lejos) y hoy es miembro del Parlamento Europeo, donde preside el Grupo denominado ALDE, “Alianza de Demócratas Liberales por Europa”, donde en esta legislatura 2015-2019 conviven, ciertamente mal hermanados, los Diputados de Ciudadanos (y de UPyD) y los nacionalistas catalanes, hoy entregados a la causa del procés.

El libro parte de la base de que para explicar el fenómeno de la fragmentación parlamentaria hay que ir a sus raíces, o sea, no a la oferta política (lo que tales o cuales partidos, viejos o nuevos, predican), sino a la demanda: qué ha sucedido en la sociedad en los últimos años, sobre todo a partir del estallido de la crisis en 2008. En suma, pone el foco en los representados, no en los representantes, porque sólo así se pueden entender las victorias de personas tan distintas entre sí (aunque en todos los casos tan alejados de lo que estábamos acostumbrados a contemplar en el escenario) como Trump en Estados Unidos, Macron en Francia, Tsipras en Grecia o Kurz en Austria. Y emplea para ello el concepto –reformado, ciertamente- de clase social, que ahora ya no serían las dos –propietarios de los medios de producción y trabajadores: derechas e izquierdas, respectivamente y siempre en lucha- del esquema marxista clásico.

Tampoco contamos ya con esa clase media reconocible con unos patrones más o menos homogéneos y que fue ensanchándose en toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial y en España a partir de las reformas económicas de 1959.

 La disección del autor consiste en empezar por explicar que en realidad las clases han pasado a ser cuatro, cuya identificación, además, no se basa sólo en criterios económicos, sino que hay que ponderar factores generacionales (lo que equivale a hablar de habilidades tecnológicas) y educativos –gente con diploma o no-. Y también geográficos, en el bien entendido de que ya no se trata de la tradicional dicotomía entre la ciudad y el campo, porque entre medio de ambas cosas está lo que, en expresión muy francesa, y locuaz por demás, se llama “la provincia”.

Las tales cuatro “clases” (el empleo de la palabra puede resultar, en este nuevo contexto, algo forzado, sobre todo si se pretende aplicarles la belicosa noción marxista de la lucha de clases) serían, en singular, las siguientes:

– La “creativa”, calificada como “urbana y liberal”, para cuya teorización el autor se apoya en los conocidos estudios del americano Richard Florida (recogidos hoy en el libro “The New Urban Crisis: Gentrification, Housing Bubbles, Growing Inequality, and What We Can Do About It”, de 2017). A ellos se dedica el Capítulo I, páginas 33-46. Son los profesionales especializados de las grandes ciudades, con rentas altas, al menos relativamente, y hábitos de vida cosmopolitas. La gente digitalizada y con costumbres modernas, para entendernos. En francés se les conoce como “Bobos”, acrónimo de “burgués bohemio”. Serían, por así llamarles, una “nueva clase alta”.

– La “clase media provincial”, que el autor califica como autora de una “rebelión pro-sistema” (Capítulo II, páginas 47-60). Diríamos, para entendernos, la gente tradicional (“la derecha de toda la vida”), distinta del grupo anterior por muchos rasgos: generacionales (son mayores), geográficos (su ecosistema son las ciudades medias) y sobre todo ideológicos (porque la religión sigue jugando un papel importante en su orden de valores). En muchas ocasiones no son sino los padres de los miembros del grupo anterior, de los que cada vez están más separados desde el punto de vista de las mentalidades.

– La “nueva minoría” es el objeto del Capítulo III, páginas 61-72, subtitulado “la revuelta de la clase obrera blanca”. Son, dicho sea siempre con pintura de brocha gorda, los trabajadores no cualificados que han sufrido la desindustrialización de sus países al haberse ido la producción a lugares más competitivos, las famosas “deslocalizaciones”. Gente que, para decirlo empleando las palabras convencionales, han solido ser de izquierdas pero hoy han pasado a votar a los partidos de extrema derecha.

– En fin, y por supuesto, los “millenials”, calificados como “los nuevos rebeldes del sistema” (Capitulo IV, páginas 73-90). La generación que ha nacido endeudada y que se siente, no sin razones, víctima de una auténtica conspiración: ahora es a ellos a quienes se les aplica en primer lugar la llamada, con más o menos fortuna, austeridad.

Todo eso constituye la parte general, o, si se prefiere, los tipos ideales en el sentido de Max Weber, en cuanto elaborados para servir de explicación en cualquier lugar, aun cuando hayan nacido de las experiencias inmediatas del autor en Francia y en Estados Unidos. Pero vienen luego, en un planteamiento que pretende ser deductivo, los análisis sectoriales o geográficos, empezando precisamente por esos dos países para centrarse luego en los distintos países de Europa: Noroeste (páginas 111-132), con Alemania en el lugar central, esto es, poniendo el foco en las reacciones antieuropeístas desatadas en la última década por los rescates de los países periféricos –que el contribuyente ha entendido como poco menos que un atraco- y en avalanchas migratorias, singularmente la proveniente de Siria en 2015, todo lo cual ha generado como subproducto político a Alternativa por Alemania, con 90 escaños en el Bundestag resultante de las elecciones de 2017; Centro y Este (páginas 133-146), particularmente las desdichadas Hungría y Polonia, donde la xenofobia no ha necesitado ningún pretexto para imponerse en grandes capas de la sociedad; y en fin el Sur (páginas 147-162), con una atención singularizada a Italia –otros que van a la deriva: el hundimiento del puente de Génova vale como metáfora-, a Portugal y, claro es, a España, con un especial análisis de lo que constituye nuestro hecho diferencial, el dramatismo de la llamada, quizá impropiamente, “cuestión territorial”. Y en donde resulta particularmente fácil poner a cada uno de las cuatro clases, o al menos a tres de ellas, una etiqueta política: Cs a la primera, PP a la segunda y Podemos a la cuarta.

En fin, el libro termina con unas “conclusiones” formuladas como tales (páginas 163-171) que se abren con la constatación de que “las cuatro clases que son objeto de este libro están omnipresentes en cada país”.

Siendo inevitables en ese contexto fragmentado las alianzas parlamentarias, se expone lo que ha sucedido aquí o allá. Ejemplo del pacto entre las representaciones de la primera clase y la cuarta serían Obama y Trudeau; entre los terceros y los cuartos, Trump y Kurz; y, puestos a no dejar ninguna hipótesis por exponer, el autor, a la hora de preguntarse por la posibilidad de acuerdos entre la clase media provincial y los jóvenes, ofrece el paradigma del independentismo catalán: la sociedad menestral de Tractoria de fuera de Barcelona y los jóvenes –hijos o nietos de inmigrantes del resto de España en algunos casos-, incluyendo también los de Tabarnia.

Hasta aquí, el contenido del libro.

¿Factores a ponderar y que por tano hacen recomendable su lectura? De entrada, por supuesto, el método empleado. Lo sucedido en lo más profundo desde 2008 (crisis económica acompañada del estallido de las redes sociales y por tanto la desaparición de los tabúes que constituían un factor de estabilidad, como por ejemplo, en España, el silencio sobre la corrupción institucional, que alcanzaba a la persona titular de la más alta magistratura) es lo que explica el seísmo de unos sistemas de partidos que no pasaban de ser meros productos o consecuencias, sin la autonomía con la que muchas veces los contemplamos. En segundo lugar, también es de aplaudir, todavía dentro del terreno de lo metodológico, que el autor sea un relativista, esto es, que maneje los conceptos con conciencia de que las fronteras entre los grupos (las “nuevas clases”) son porosas y que sea consciente de que, además, las correspondencias entre ellas y sus escaparates políticos distan mucho del automatismo: el voto es al final un asunto de soberanía individual e insobornable. Felizmente, por supuesto.

Una tercera cosa a celebrar: que, cuando habla de España, lo hace sin las anteojeras que, desde los viajeros románticos de la primera mitad del siglo XIX, se nos contempla desde más arriba de los Pirineos. La Carmen de Merimée parece haber sido al final objeto de sepultura. Ha costado mucho. Como decía Albert Einstein, resulta más difícil destruir un prejuicio –y las reacciones del centro y norte de Europa a la crisis  de endeudamiento de los países mediterráneos en la última década lo acreditan en carne viva- que hacerlo con un átomo.

Estamos, en suma, ante un libro que se incardina en eso que conocemos como “historia de las mentalidades”. Lo más transcendente no debe buscarse, por supuesto, en las conductas de los reyes, o en las contiendas militares, pero tampoco en el precio de los garbanzos en los mercados de las plazas de los pueblos. Por encima de todo ello está la ideología de la gente: no ya, en el sentido orteguiano, sus ideas, sino también y sobre todo sus creencias. Ha sido en Francia donde  los historiadores profesionales han abierto esa escuela metodológica, en la que este libro (aun sin confesarlo) se incardina. A ver si alguien se animara a traducirlo a la lengua de Cervantes.

¿Críticas? ¿Qué se echa en falta en él? Probablemente, un desarrollo mayor de lo que realmente significa hoy la dicotomía derecha/izquierda. Se suele decir, con un enfoque muy realista, que en países como España, atrapados en la pinza del sobreendeudamiento y la falta de una moneda propia, los márgenes de maniobra de los políticos de turno, sea cual fuere su color, son pequeños, de suerte que la sobreactuación verbal de unos y otros en las campañas electorales constituye puro fuego de artificio. Lo sucedido en Grecia con Syriza vale como confirmación. Aunque lo cierto  es que, en un plano simbólico o, como se dice ahora, emocional, estamos ante algo que sigue vivísimo y que, al menos en España, tiene implícito un juicio de valor: la derecha (el retroceso, la caverna) es mala y la izquierda (el progreso, la libertad) es buena. Pero ocurre que son sólo etiquetas, que han ganado sustantividad al margen de lo que en cada momento puedan ser los contenidos. Así, y por recoger sólo las manifestaciones más groseras, resulta que la simpatía hacia el islam (una religión que niega la separación Iglesia-Estado y la igualdad hombre-mujer) no es de derechas, sino de izquierdas, igual que el antisemitismo: los antidreyfussardsserían hoy los “progres”, que tiene bemoles. En el ámbito de la política hidráulica, sucede que trasvasar el agua del final del Ebro, en el Delta, hasta el sur, siempre dentro del frente mediterráneo, es de derechas, pero hacerlo después de que termine desembocando en el mar y haya que desalar (lo que resulta costoso y antiecológico), deviene de izquierdas y cool.. La energía nuclear, cuyos problemas de almacenamiento de residuos nadie ignora, es de derechas, pero la del carbón, que contamina muchísimo más, de izquierdas.

Por no hablar de nuestro eterno pleito del noroeste: a los separatistas flamencos se les tilda (se les acusa: eso es la palabra) de ser de la derecha –y extrema-, por su supremacismo y su xenofobia, siendo así que eso mismo pero en Cataluña viene con el marchamo sonriente y futurista de ser justo lo contrario. Otros muchos ejemplos saltan a la vista en la vida cotidiana: los taxis, que son carísimos y por tanto inaccesibles para mucha gente, van por la vida con la vitola de izquierdismo, siendo así que los productos nuevos para el transporte urbano, que hacen  aproximadamente lo mismo pero con la ventaja de que son más baratos, han nacido con el estigma de lo derechista. Y eso sin contar las situaciones en que lo que se propone es una reacción, en el sentido literal de la expresión, o sea, una vuelta a lo preexistente: derogar las reformas laborales de 2011 y 2012 para retornar a lo previo –el, freno y la marcha atrás, para decirlo con las célebres palabras de Jardiel Poncela- se nos presenta como un gesto de progreso, un paso adelante. Las etiquetas, insisto, se han emancipado de sus contenidos. Los han suplantado, incluso.

Este libro no ignora esa problemática, pero lo cierto es que apenas profundiza en ella. Quizá al autor no se le podía pedir que hiciera todo el trabajo de una vez, pero, leído el texto con atención, esa tarea (levantar el velo de las palabras para ver lo que de verdad hay debajo de cada una de ellas) se antoja indispensable para que los debates sean serios. No sólo en España, desde luego (hay que insistir en que ya no somos      –del todo- diferentes), pero desde luego aquí.

Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz.

Separación de niños y campos de internamiento en EEUU

Separación de niños y campos de internamiento en EEUU

Separación de niños y campos de internamiento en EEUU. Escalofriantes imágenes de niños separados de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos. Espeluznanante video donde se escucha el sufrimiento de los niños separados de sus padres en los últimos meses y que en estos días ven la luz. Lamentables comentarios de miembros de seguridad. Más de 2000 niños han padecido la medida. Es Trump en estado puro. Esto, con Hillary Clinton, no hubiera pasado. Es la importancia del voto.

 

Hay autoridades estadounidenses que se están separando de este lamentable proceder. Gobernadores que no desplegarán la Guardia Nacional mientras esta política permanezca.

Este episodio de vulneración de los más elementales derechos humanos nos lleva a recordar otros actos del Gobierno estadounidense de creación de campos de concentración. Uno, lo tenemos claro en nuestras retinas por cuanto que dio la vuelta al mundo: Guantánamo y los tratos inhumanos que desde el año 2001 se vienen desplegando allí. 

Un caso en el que las sentencias del Tribunal Supremo han sido muy tenues. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 han planteado de forma intensa un interrogante esencial al discurso político: la conexión entre los derechos fundamentales y el uso del poder por parte del Estado para acabar con la amenaza terrorista. La sentencia Ashcroft v. Abbasi muestra las limitaciones del Derecho constitucional estadounidense en el análisis de la actuación posterior a los atentados del 11 de septiembre

Pasada la penosa experiencia de la Presidencia de George W. Bush y la que ilusionó tanto de Barak Obama, la situación no ha cambiado demasiado. Es una explicación desgarrada de cómo las reglas básicas del Derecho constitucional estadounidense se voltearon en aras de la lucha contra el terrorismo. Entre ellos, el principio de responsabilidad de los gobernantes, ya que toda la acción contra el terrorismo se ha pretendido que esté exenta de control judicial, violando lo señalado en la emblemática sentencia Marbury de 1803. 

La imposibilidad de Obama en cerrar Guantánamo o las propias condiciones de la muerte de Bin Laden -bajo su presidencia- son expresivas de cómo se mueve la sociedad estadounidense en la actualidad, de cómo actúan los Tribunales de Justicia y las autoridades políticas y administrativas. Es lo que explica Fiss en Una guerra sin igual: La Constitución en los tiempos del terrorismo.

Pero quiero recordar otro, posiblemente menos conocido, que está en la base de la actuación de Trump en la actualidad. La creación de campos de concentración contra la población estadounidense de origen japonés durante la segunda guerra mundial. Un episodio del que no se suele hablar cuando se recuerdan los horrores de la guerra ya que queda sepultado por el contenido heroico del desembarco de Normandía de junio del 1944, cuando los soviéticos habían sentado las bases para la derrota de los nazis, tras la batalla de Stalingrado en 1943.

Korematusu

El episodio de los campos de concentración está en la base del proceder de Trump porque fue sustentado en una de las más vergonzosas sentencias del Tribunal Supremo de los EE.UU., Korematusu.

KOREMATSU V. UNITED STATES (1944) Traducción al castellano

En 1942 se aprobó la Executive Order (Decretos del Presidente de EE.UU.) número 9066, en virtud del cual se decide que unas 100.000 personas de origen japonés residentes en los alrededores de San Francisco tuvieran que dejar sus hogares y trasladarse coactivamente al interior. Lo que se les prohibía era permanecer en California y se les obligó a presentarse en «centros de agrupamiento», desde los que se les conducía a los campos de concentración. El incumplimiento de estas obligaciones se tipificó como delito federal.

En mayo de 1942 Fred Korematsu, tan ciudadano norteamericano como Gordon Hirabayashi, trabajaba en una fábrica de armamento en San Francisco y estaba plenamente integrado en la sociedad (había pretendido alistarse en el ejército, pero fue rechazado por razones físicas, y su novia no era de raza asiática). Se negó a cumplir la orden de internamiento y permaneció en su domicilio de San Leandro (California), se cambió de nombre y se operó la cara para no parecer oriental sino mexicano. Fue detenido y condenado a cinco años de cárcel, sin discutirse en ningún momento la lealtad del señor Korematsu a los Estados Unidos. La sentencia fue apelada. Con ponencia del juez Black, el Tribunal Supremo resolvió el recurso en diciembre de 1944. ratificando por seis votos contra tres la condena, igual que había hecho un año y medio antes en Hirabayashi (si bien en esta ocasión se trataba no sólo del toque de queda sino de la deportación e internamiento en campos de concentración).

El Tribunal Supremo no puso en duda el punto de partida de las autoridades militares, es decir, que los ciudadanos de origen japonés de la costa oeste eran una amenaza para la seguridad nacional. Además de negar que los «centros de realojo» eran de hecho campos de concentración, tampoco dio respuesta coherente a la alegación del señor Korematsu de que su condena, y las normas que la sustentaron, eran medidas racistas y por consiguiente inconstitucionales. La sentencia Korematsu es importante además por la afirmación de que «todas las disposiciones legales que restrinjan o eliminen los derechos civiles de un determinado grupo racial están automáticamente bajo sospecha», debiendo aplicárseles «el más rígido criterio de control» (the most rigid scrutiny). Pese a ello, la norma superó este máximo control, siendo Korematsu el único caso en el que el Tribunal Supremo, aplicando este criterio, ha ratificado la constitucionalidad de una ley de restricción racial.

Korematsu

La doctrina de la sentencia Korematusu nunca fue revocada por el Tribunal Supremo, posiblemente porque nunca se ha tenido que enfrentar a un caso como éste. En manos de Trump ha encontrado un argumento para justificar lo injustificable. No sólo es un problema de humanidad, supone negar las diferencias con la resolución originaria y admitir que cualquier medida de internamiento está aceptada por la Constitución de los Estados Unidos.

Ayer Trump decidió la salida de los Estados Unidos del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Una medida más de abandono de la protección de los derechos humanos como un elemento relevante de la política estadounidense. Progresivamente observamos una fascistización de la política de Trump contra la que no vale el silencio ni la gracieta. 

Es un problema global al que globalmente hay que hacer frente. Nada justifica su violación, ni en adultos ni menos aún en niños. No hay razón alguna que permita negar a nadie los derechos, especialmente cuando estamos hablando de niños a los que se separa arbitrariamente de sus padres. La universalización de los derechos humanos no admite discusión ni se puede aplazar su disfrute.

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