Paradise Papers, el penultimo escándalo de los paraísos fiscales

Paradise Papers, el penultimo escándalo de los paraísos fiscales

Paradise Papers. Periódicos como LE MONDE, The Guardian, o el New York Times y en España El Confidencial y La Sexta,  publican hoy el último episodio descubierto de los paraísos fiscales. Un escándalo en el que están incluidos personalidades como Wilbur Ross (cuyas inversiones con el hijo de Putin quedan visibles) y Rex Tillerson, que se podrían catalogar como hombres fuertes de la Casa Blanca (con 13 personas implicadas) o  Stephen Bronfman, el tesorero del Partido Liberal canadiense, y muy próximo a su Primer Ministro, Justin Trudeau. Aparecen oligarcas rusos, deportistas profesionales, cantantes como Madona y Bono, millonarios africanos y grandes multinacionales como Apple o Nike. La reina Noor de Jordania, el ex Canciller alemán Gerard Schroeder, George Soros, Adelson (el de los casinos que quería establecer en Madrid), Xavier Trias, o el Presidente Santos de Colombia están también en dicha lista. Lo mejor de cada casa.

No obstante, conviene que recordemos algunos casos que resultan más llamativos. Así, según publica The Guardian, parte de la fortuna personal de la Reina de Inglaterra se invirtió a través de las Islas Cayman -incluso en una empresa textil con antecedentes de explotación de trabajadores-; aparecen las inversiones que Rusia ha realizado en Facebook y Twitter,  los mecansmos que utilizaron los oligarcas rusos para adquirir acciones del Arsenal o el Everton. La actividad de la compañía minera más relevante del mundo, Glencore, para minimizar los costes de las explotaciones en el Congo quedan a la luz. En definitiva, un descubrimiento cuya importancia cualitativa es mucho más relevante que la de los Papeles de Panamá.

En el centro de la trama, de nuevo aparece un despacho de abogados, en este caso Appleby, con una trayectoria de más de 119 años y con oficinas abiertas en Bermuda, las Islas Cayman, las Islas Vírgenes Británicas, la Isla de Man, Jersey y Guernsey. Una sociedad que según señala su página web “is one of the world’s largest providers of offshore legal services”. Orgullo ante todo de lo que se hace. Este despacho fue acompañado en sus andanzas por otro, de origen familiar, radicado en Singapur (Asiaciti Trust), cuya web es un homenaje a la tranquilidad y bienestar de sus clientes, con un prestigio creado a través de “los más altos estándares”.

Una sensación de dejà vu, que sin embargo es, llamativo a los ojos europeos dado que los principales lugares en los que se ha procedido al ocultamiento y blanqueo de los capitales están en la Unión Europea. Sí, de nuevo salen los paraísos fiscales de la Unión Europea a los que ya tuve ocasión de dedicar un post hace no demasiado tiempo. El problema es que muchas de las técnicas de ocultamiento de riqueza se han realizado a través de mecanismos legales, como una variante de la optimización fiscal.

Sí, hay que denunciarlo públicamente. Hay Estados miembros de la Unión Europea cuya política tributaria hace que se le deba considerar como paraísos fiscales. Ojo, que aquí no me estoy refiriendo sólo al problema de que se esté atentando contra el mercado interior como consecuencia de prácticas anticompetitivas entre Estados a través de presiones fiscales ridículas. Es, en mi opinión mucho más grave el hecho de que la transparencia económica que se exige a las empresas sea muy reducida, con lo que no se puede luchar de forma efectiva contra las evasiones fiscales empresariales. ¿Es el momento de que se aborden de una vez los problemas de armonización de la normativa fiscal de las sociedades en el ámbito europeo? ¿Y de que se haga algo equivalente en relación con la transparencia fiscal de las empresas, desagregando el origen de los beneficios empresariales y un dato tan simple como el del  el número de trabajadores en cada sede?

La Unión Europea se ha distinguido por un tratamiento muy benévolo hacia los paraísos fiscales. Tanto es así que hoy alguien como Junker -antiguo Primer Ministro de Luxemburgo,  país que firmó durante su mandato muchos acuerdos de reducción fiscal con grandes empresas- es hoy el Presidente de la Comisión Europea. Las prácticas que siguen Malta, Irlanda o el Reino Unido (a través de la City o de las Islas de Man y Jersey) no tienen nada que envidiar a los paraísos caribeños. Posiblemente sea al contrario y les doten de una respetabilidad de la que se carece cuando el origen o el destino de los fondos es las Islas Cayman o las Islas Vírgenes Británicas.

Pero, obviamente, siguen existiendo territorios externos a la Unión Europea: Antigua-y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Dominica, Grenada, Caiman, Cook, Marshall, líbano, Saint Kitts y Nevis,Santa Lucia, Samoa, Trinidad y Tobago o Vanuatu. Les invito a buscarlos en el mapa. Mientras quede uno sólo las posibilidades de fuga de capitales siguen intactas.

Esta filtración es relevante porque hay mucha élite entre los implicados; con la Reina de Inglaterra a la cabeza o el Presidente Santos o altos cargos de la administración Trump y Trudeau. El listado completo es amplio y digno de ser observado. Elites políticas -actuales y pasadas- y económicas. Elites que ven la igualdad y la redistribución fiscal como una carga para ellos. Es la desigualdad mayor del capitalismo globalizado, la que establece una distinción que añadir a las tradicionales: la de las personas que pueden decidir cuánto pagan de impuestos frente a la de aquellos que pagamos en función de nuestra nómina. Dicho de otro modo, es este mundo que hace que los servicios públicos los paguemos solo una parte de la sociedad. El juicio político lo deberían tener algunos de los afectados, incluso a la Reina de Inglaterra.

No podemos olvidar un elemento complementario. Las actividades que han realizado las personas implicadas ha necesitado la colaboración de más personas que las de los despachos de abogados Appleby y Asiaciti Trust. No se ha citado hasta ahora ninguna institución financiera cuya colaboración ha resultado inexcusable. No estaría de más preguntarse si ha existido labor de lobby que se haya hecho por algunas de ellas para mantener los privilegios fiscales de las plazas afectadas.

Más aún, la presencia de paraisos fiscales europeos supone la vulneración de los deberes de lealtad que están en el Tratado de la Unión ¿va a quedar sin consecuencias? Tengamos presente que muchos de los territorios de ultramar que han aparecido en los papeles de Panamá y en estos se vinculan con territorios dependientes directa o indirectamente de Estados miembros de la Unión Europea.

En definitiva, lo que ha aparecido hoy es la manifestación de algo que resulta esperable. Esperable pero que no por ello es menos lamentable, especialmente por la pasividad de las autoridades en frenarlo y por la voracidad de los personajes que aparecen en los listados. Dentro de algunos meses habrá otro post en este blog que nos ilustre sobre un caso novedoso. Otro más, porque esta globalización asimétrica, que ha hecho de la desigualdad su elemento más característico, fomenta la competencia entre territorios y su máxima expresión son los paraísos fiscales, como territorios sin ley.

Paraísos fiscales europeos en 2017 (II): el caso de Andorra

Paraísos fiscales europeos en 2017 (II): el caso de Andorra

Andorra ha dejado de ser un paraíso fiscal. Podemos estar de enhorabuena, Andorra deja de ser un lugar para la defraudación de dinero de los particulares que han defraudado al erario público. Un avance, sin duda.

Andorra es un país con un sistema jurídico peculiar a cuya cabeza hay dos Jefes de Estado: el Presidente de la República Francesa y el Obispo de la Seu d’Urgel. Un país que en la actualidad está pretendiendo entrar en la Unión Europea y que ha transformado radicalmente su normativa después del escándalo de la Banca Privada de Andorra, acusada por Financial Crimes Enforcement Network de lavar dinero del crimen organizado.

Recordará el lector que uno de los elementos centrales para la configuración de un determinado territorio como paraíso fiscal es la negativa al intercambio de información con terceros países. Una práctica que proviene de Suiza (con una finalidad loable, la de evitar que los datos cayeran en manos de los alemanes durante el nazismo) y que ha constituido la lacra peor para los países exportadores de capital de forma ilícita. Andorra entre ellos.

La situación cambió el pasado año, cuando se aprobó la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal  que reconoce la obligación de los cinco bancos andorranos a entregar la información sobre las cuentas de ciudadanos domiciliados en los Estados miembros de la Unión Europea.

La obligación, y esto es lo más relevante, afecta a todas las cuentas preexistentes. Las de más de un millón de dólares el 30 de junio de 2018, las menores el 30 de junio de 2019.

Andorra necesitaba dejar de ser catalogado como un paraíso fiscal para obtener respetabilidad internacional. El escándalo a que antes se aludió hizo muchísimo daño al país que se puso al borde del abismo en cuestión de días. Quedan por resolver las demandas pero ha dado un paso adelante con la eliminación del secreto fiscal. Incluso está planteándose la incorporación de un IVA del 15%. Desde luego el país se tiene que reinventar.

Con los cambios legislativos, ha aceptado la puesta en práctica del nuevo estándar de la OCDE en relación con el intercambio automático de información. Es una línea de actuación a la que se han adherido ciertos Estados europeos que realizaban prácticas equivalentes como San Marino, Mónaco o Suiza. No supone su erradicación pero es un avance. En el caso español, la importancia es mayor por la cercanía física de Andorra que permitía una mayor flexibilidad en el intercambio de dinero.

El sistema implantado no es perfecto. Se produce de forma anual, por una única ocasión, el 30 de junio de cada año natural. La información que se remitirá será de lo ocurrido en el año anterior a la fecha de remisión. Esto es, todo lo ocurrido desde el 1 de julio de 2017 estará en manos de las autoridades fiscales españolas el 30 de junio del año que viene. Incluso ha ido más allá, configurando el delito fiscal en términos más duros que la muy laxa legislación española. Allí es delito fiscal a partir de 75.000 euros.

Se entiende que esta modificación de la legislación fiscal andorrana constituirá un incentivo para que los defraudadores se sometan a procedimientos de regularización fiscal por las cantidades que tienen situadas en territorio andorrano. El breve plazo para la prescripción de los tributos en España, obra del Gobierno del Partido Popular en la época de Aznar, hará que muchos imputen las rentas a 2012 y que en sus regularizaciones paguen una parte por los últimos años. El coste de toda la operación incluyendo multas y recargos es el 70%.

Posiblemente el problema mayor al que se enfrenten los defraudadores sea el de los pisos que tienen allí, no declarados, y que si procedieran a su enajenación en la actualidad sería una operación que afloraría para España. Como afloraría de igual manera los rendimientos económicos que puedan obtener con ellos. Obviamente, queda el recurso de fijar su residencia fiscal en Andorra; aunque experiencias existen de personas de relevancia pública de que ha tenido poco éxito si hay interés en investigar su realidad.

Aunque es de suponer, también, que como la materia, los lugares de refugio de los defraudadores se hayan transformado y hayan encontrado lugares más seguros. Este es sólo un pequeño paso, que, sin lugar a dudas, resulta relevante.

Anulación de la amnistía fiscal

Anulación de la amnistía fiscal

El Tribunal Constitucional anuló ayer la amnistía fiscal que impulsó el Gobierno de Rajoy en 2012. Una solución que era justa tanto por la forma utilizada -el Real Decreto Ley- como por los efectos tan perniciosos que tuvo sobre la equidad del sistema fiscal. Sirvió, además, para que personas con comportamientos vinculados a corrupción se adhirieran a ella.

Que no había circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad -presupuesto Del Real Decreto Ley- parece claro. Fue uno más de los aprobados por Rajoy para eludir el debate parlamentario de la Ley sin base suficiente.

Además, da una pauta pro futuro: la adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE). Viene así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir. El objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario, en general, y las concretas medidas que lo integran, en particular. (El resaltado es mío).

Pero, de forma casi apodiptica, el Tribunal no justifica que los efectos de la sentencia no supongan la anulación de las declaraciones tributarias. Mera “seguridad jurídica”. Cuando se adoptó en 1987 una solución similar en relación con la tributación conjunta del IRPF era clara la dificultad que planteaba. Aquí no.

Se trata de a) una situación de ilegalidad en el origen, frente a la apariencia de legalidad de otras circunstancias . b) una situación acotada en cuanto al número de personas. 

Con lo que se ha decidido, no se alcanza a ver en que circunstancias se aplicarán todas las consecuencias de la nulidad de un acto. Se incita a un comportamiento ilegítimo que manda un mensaje muy negativo a los que contribuimos con el pago de impuestos. Y se contradicen los requisitos que para supuestos similares ha indicado la jurisprudencia europea; especialmente el deber de motivación de todos los elementos de la sentencia. No hay razón que justifica la decisión, sobre todo porque un principio tan laxo como la seguridad jurídica que contradictorio con el principio de Justicia, equidad e igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas requiere mucha motivación. Justo la que no está aquí.

Messi, Ronaldo y Hacienda

Messi, Ronaldo y Hacienda

Messi, Ronaldo y Hacienda. Messi ha visto ratificada en el Tribunal Supremo su condena por delito fiscal, en donde se afirma que “cualquiera que fuera su ingenuidad, las actuaciones que indican que interviene personalmente, y no solamente estampando su firma en documentos, revelan su plena conciencia de que ese camino llevaba inexorablemente al insolidario resultado de la defraudación fiscal”. Filtraciones de Football Leaks  a medios de comunicación primero y nuevas informaciones de la prensa española, indican que Cristiano Ronaldo ha podido desviar de Hacienda cantidades importantes de dinero a través de sociedades en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, amen de otros territorios off shore en el interior de la Unión Europea como Irlanda, como ocurrió en el caso Apple.

Los dos mejores jugadores del mundo unidos en el mismo problema, aunque analizando ambos supuestos vemos connotaciones diferentes; que tienen poca transcendencia para lo que quiero señalar. Una situación que no se queda en ellos dos y que afecta también a más de un equipo de fútbol.

El asunto tiene implicaciones importantes, que van más allá de su avaricia o falta de ética. Es una situación que, sin embargo, traspasa a los jugadores. Implicaciones que potencialmente afectan al propio jugador pero que también se refieren a la Administración -por no vigilar adecuadamente- a los clubs -por la gestión conjunta de los derechos de imagen y a las empresas que han pagado estas cantidades en paraisos fiscales. Y desde luego, nos cuestiona si el sistema tributario está adecuadamente configurado, ya que permite que abogados desde la sombra de sus despachos puedan desarrollar estas estrategias de optimización fiscal, por utilizar el eufemismo usual.

Por un lado, llama la atención que ahora se abra una investigación, por parte de las autoridades, teniendo en cuenta los problemas tradicionales de los clubs de futbol con Hacienda, que motivaron un plan especial para sanar sus deudas. Estos dos casos, al igual que en el pasado otros como Alexis Sanchez, Javier Mascherano, Xabi Alonso, Radamel Falcao, Rafael Nadal o Arantxa Sanchez Vicario nos hacen ver la conveniencia de que el deporte profesional esté dentro de los planes de inspección anual de la AEAT.

Al mismo tiempo, en el caso de los contratados por equipos de futbol, el conocimiento por los medios de comunicación de las cantidades netas que perciben obliga a que se examinen con lupa los procedimientos que utilizan y la calidad de sus declaraciones tributarias. La gestión de los derechos de imagen, que han venido asumiendo los clubes total o parcialmente es otro factor que hace ineludible la presencia del deporte en los planes de inspección. El montante de lo que los clubs de fútbol adeuda a la Hacienda pública sería el último elemento en est misma dirección.

En segundo lugar, el papel que juegan algunos agentes que acaban ayudando a la configuración de la estructura societaria que permite la defraudación. Si en el caso Messi fue su propio padre, en el caso de Ronaldo fue su agente, el omnipresente en las transacciones de todos los veranos, Jorge Mendes, tal como lo muestra este gráfico de Mediapart.fr

En segundo lugar la responsabilidad de los pagadores, de los clubs de fútbol. Desde hace años los medios de comunicación nos señalan dos aspectos de las retribuciones de los deportistas profesionales y, en particular, de las mega estrellas: que las cantidades son netas y que gestionan total o parcialmente los derechos de imagen, que es lo que ha hecho estallar el caso Ronaldo. Pues bien, si esto es así, si como dicen están gestionando sus derechos de imagen, ¿qué responsabilidad tiene el club por estas defraudaciones? ¿Dónde y por quién se han materializado los pagos por derechos de imagen? El caso Neymar muestra que los elementos no terminan en el jugador

No estaría tampoco de más incidir en las empresas a las que los jugadores han vendido su imagen para las campañas publicitarias y que han consentido unos pagos de forma poco clara. Porque no puede dejar de resultar extraño que unos derechos de imagen se puedan pagar en Paraísos fiscales. Es un problema de la aplicación de esa idea que estuvo tan de moda hace algunos años, la de la responsabilidad social corporativa.

Dejo para el final a Ronaldo o a Messi. La gravedad de la presunta defraudación que se le imputa es directamente proporcional a sus retribuciones y a su imagen pública. Y en este caso, es evidentemente muy alta. Especialmente porque Ronaldo no es una persona que ha padecido la crisis especialmente, ya que los incrementos salariales desde 2009 ha sido muy sustanciosos. Pero más allá de esto, por el incumplimiento que parece haber cometido.

Por el interés de la ciudadanía sería conveniente que se dilucidara con la mayor precisión el montante de la responsabilidad en que han incurrido todos los afectados. Aquí no se está poniendo en cuestión sus virtudes como jugador. Pero su relevancia pública no puede ser una razón para eludir su responsabilidad ni para que las actas de conformidad pudieran ser más reducidas de lo debido. Espero por ello que el Real Madrid no haga un remake de aquella vergonzosa campaña “Todos somos Messi” que impulsó el Barcelona.

Coincidiendo con el fin de la Liga comenzará a inflarse de nuevo la burbuja de los fichajes. Las pingües comisiones de los agentes y de los intermediarios en las transacciones debiera ser objeto de análisis por parte de la Administración Tributaria, aunque sea sólo por el montante de las cantidades que aparecen.

No podemos olvidar que, por coger sólo al Real Madrid, se habla de la salida de Morata por más de 70 millones, de la de Bale por una cantidad parecida, el fichaje de De Gea por otros tantos o el fichaje de Mbappé por más de 100. Se ha fichado a Theo por 24, una cantidad que parece pequeña. Habrá en este y otros clubs pagos de la cláusula de rescisión que formalmente pagará el futbolista aunque el dinero lo ponga el club de destino.

Las comisiones de los futbolistas están fijadas en el 15% según la FIFA, pero ¿cómo se producen las demás transacciones? ¿con qué implicaciones fiscales? Cuándo patrocinadores de los clubs ceden a los futbolistas coches de lujo -algunos de ellos de más de 150.000€- ¿están tributando los futbolistas por ello? ¿Podemos estar seguros de que la “optimización fiscal” que buscarán no será en contra de la Hacienda pública, o sea de todos nosotros? .

Las carencias de personal de nuestra administración tributaria hacen que será difícil adoptar las medidas inspectoras que debieran aplicarse en todo el deporte profesional, especialmente en el fútbol y el baloncesto. Pero posiblemente el problema sea previo incluso después de la derogación de la ley Beckam : ¿es adecuada la legislación tributaria que permite e impulsa estos juegos de fiscalidad de diseño?

Más aún, viendo la utilización de sociedades domiciliadas en Irlanda y Holanda ¿para cuando una armonización fiscal de la legislación de sociedades en la Unión Europea?

Responsabilidad política por corrupción

Responsabilidad política por corrupción

Responsabilidad política por corrupción. La aparición de un caso de corrupción, o de mala honorabilidad en la gestión pública, supone que, desde los partidos políticos, se repita el mismo mensaje: hay que esperar a alguna fase del procedimiento penal para ver si existe responsabilidad política. Se recuerda, a renglón seguido, la presunción de inocencia -la cual sólo existe ante un Tribunal de justicia penal- y se insiste (o no, dependiendo del supuesto) en si ha habido enriquecimiento o no por parte del responsable político.

A mi juicio, la relación entre la responsabilidad jurídica y la política por corrupción es muy débil y es una idea que sirve, esencialmente, para mantener a personas corruptas en sus puestos.

Esta vinculación entre la responsabilidad penal y la responsabilidad política la debemos a uno de los primeros casos, el de Juan Guerra. La absolución de Demetrio Madrid -que sí había dimitido como Presidente de la Junta de Castilla y León  cuando apareció el caso- como responsable de un delito de prevaricación fue otro factor que favoreció a vincular lo uno con lo otro.

La realidad es que, pese al vínculo que pudiera existir, no hay relación directa entre la responsabilidad penal y la responsabilidad política. De entrada, porque carecemos de un tipo penal de corrupción (lo que resulta lógico) y, al mismo tiempo, hay muchas conductas que no son estrictamente de corrupción penal pero que sí lo son de corrupción política.

Desde el primer punto de vista, la razón es sencilla: hay casos en los que la responsabilidad política no depende de un comportamiento delictivo y hay casos en los que pese a existir apariencia de delito no se puede condenar como consecuencia de que las reglas del proceso penal conduzcan a cualquiera de las circunstancias que determinan la irresponsabilidad del encausado.

El delito de ocultamiento de pruebas de corrupción, por lo que está procesado el PP, ¿cae fuera del reproche? No hay enriquecimiento pero es el medio para evitar que se conozcan muchos detalles de corrupción. Yendo más allá, la persecución de los delitos fiscales -que también caerían fuera-  constituye un elemento imprescindible en la lucha contra la corrupción. Pensemos que solo por este delito se pudo encausar a Al Capone. Sin embargo, no está incluido, por ejemplo, en los delitos pactados entre Ciudadanos y el Partido Popular.

Este pacto es indicativo de los problemas que existen. Quedarían fuera de él no sólo el anterior sino la malversación de caudales públicos o la prevaricación (dictar una resolución a sabiendas de su injusticia), por lo que está condenada la exalcaldesa de Jerez. Las imputaciones de uno de los negociadores, Maillo (concesión de créditos presuntamente ilegítimos en Caja España) o  de Baltar (empleo público a cambio de sexo)

Pongamos un ejemplo. En el caso de la Ministra Ana Mato, su no imputación se justificó por razones de prescripción tal como figura en el Auto de 19 de abril de 2011, ¿puede indicar que políticamente la ilegalidad también ha prescrito? Que fuera nombrada Ministra ocasiona un daño enorme a la política, teniendo en cuenta, además, que la instrucción de Gürtel reverdece su actividad dudosa. Esto también es cultura. ¿Realmente podemos decir que es políticamente irresponsable? No parece admisible.

De hecho, algunos de las conductas ilícitas que se vinculan con la corrupción -las vinculadas con el no pago a hacienda, que es de los más utilizados para determinar un comportamiento corrupto- tienen un plazo de prescripción anormalmente bajo que imposibilitan la persecución penal de la conducta. O cuando se analiza un comportamiento como el cohecho impropio, la vinculación entre los indicios y las pruebas a los efectos de determinar la responsabilidad penal son muy complicados, demasiado complejos. De hecho, lo acaecido en las negociaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos sobre qué es corrupción no es sino la prueba mejor de que si vinculamos ambos ámbitos nos estamos haciendo trampas al solitario.

Por ello hemos de hacer un esfuerzo intelectual para aislar ambos comportamientos. Cuando se señala que un determinado partido político ha pagado las obras de su sede con dinero negro; la responsabilidad penal del Presidente o la Secretaria General del Partido puede no aparecer. Pero sin lugar a dudas son políticamente responsables, porque en su organización ha aparecido un caso de esta naturaleza. Exactamente igual que hay una responsabilidad política cuando aparecen reiterados casos en los que personas designadas han caído en corrupción o cuando federaciones territoriales de un partido están en dicha tesitura.

No se puede decir que no existen mecanismos para buscar esa responsabilidad. Si aplicásemos los mecanismos de esta figura que está tan de moda como consecuencia de la responsabilidad de las personas jurídicas, el compliance del sector privado al ámbito de lo público, desde luego el responsable de una campaña electoral en la cual se generó la Gürtel sería responsable político. O cuando un partido es responsable civil de delito alguien debe asumir la responsabilidad política, por acción u omisión, consciente o inconsciente.

En este punto, creo que la responsabilidad política es más exigente que la responsabilidad penal. El desempeño de un cargo público no se puede medir sólo por el Código Penal. Desde luego que hay medios externos, como puede ser la reprobación de un político en el Congreso de los Diputados que debería conducir automáticamente a la renuncia del reprobado. Que el Ministro Fernández Díaz no dimitiese resulta inaudito. Precisamente por ello, habría que mejorar las formas de control del Gobierno por parte del Parlamento.

Pero también cuando la gravedad del asunto nos lleva a esa conclusión. Un plagio en una tesis doctoral, por ejemplo. Un problema pequeño que sin embargo dice mucho de la persona que lo hace: Demuestra la falta de honorabilidad del plagiante que le hace durante un tiempo ser indigno para desempeñar un cargo público. Pasó así en Alemania y dudo mucho que en España ocurriera algo parecido.

Resulta bastante patético observar las huidas de los cazados en conductas inmorales. O las explicaciones que resultan totalmente inconsistentes pero que les permiten seguir en el puesto. La sucesión de contradicciones y los papeles que van surgiendo a lo largo de los días y que impiden que el asunto se olvide. Algo que les hace daño a ellos, a su partido y a la Administración.

Desde luego, desde la perspectiva del indigno, no se debe afrontar la actividad pública con la misma eficacia cuando lo principal es intentar encontrar una justificación de su conducta. Por ello, el responsable de los nombramientos debería actuar en consecuencia y proceder al cese del responsable político. Y a la hora de configurar las listas electorales, de igual forma, habría que tomar nota y no incluir a aquellos que están o pueden estar en un caso de esta naturaleza

En algún momento nos daremos cuenta de que cuando estamos aislando comportamientos como consecuencia de la fase del procedimiento penal en el que se encuentren; estamos perjudicando la gestión pública, la confianza de los ciudadanos en las instituciones y el propio funcionamiento democrático (ya que alguno pensará que el encausado es “comprable”). Y esto no resulta admisible. Al igual que tendremos que dejar de decir, más temprano que tarde, que una victoria electoral sana la corrupción.

La lucha contra la corrupción tiene problemas importantes en España: la carencia de medios, una legislación que requeriría algunos cambios tanto procesales como de prescripción de delitos y, asimismo, la falta de cultura; cultura ciudadana y cultura política contra la corrupción. Una falta de cultura que se demuestra en el escaso daño electoral que tiene la corrupción y en otros pequeños comportamientos, públicos y privados, que evidencian la necesidad de una acción decidida de formación en esta materia.

En efecto, mantenernos en la actitud tolerante conllevaría la italianización del país, con pérdidas de libertad, de democracia y un aumento de la arbitrariedad como nos explicó Joan Queralt. Cambio de cultura que obliga a un gran impulso, que permitiera vigilar comportamientos, adoptar pautas de análisis y modos de inspección y atender a sensibilización de la opinión pública.

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