El TPP-11: Comprehensive Trans Pacific Partnership

El TPP-11: Comprehensive Trans Pacific Partnership

El TPP-11: Comprehensive Trans Pacific Partnership. Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Japón, Malaysia, Mexico, Nueva Zelanda, Peru, Singapur y Vietnam han alcanzado en los últimos días un acuerdo que sustituya al TPP, que entró en vía muerta tras la salida de los EE.UU.: el Comprehensive Trans Pacific Partnership, CTPP, será firmado el 8 de marzo en Chile y entrará en vigor en el caso de que lo ratifiquen seis de los once Estados miembros (con lo que se produce una rebaja de requisitos con respecto al tratado originario.

Cambio de nombre con algunos cambios de contenido que obvian las imposiciones estadounidenses, tal como veremos en seguida. No obstante, pese a que el acuerdo está alcanzado, hay discrepancias entre algunos de sus acordantes sobre el momento en que hacer público su contenido. De nuevo surge el secretismo en relación con los Acuerdos Comerciales de Nueva Generación y de nuevo nos encontraremos ante un acuerdo en donde la parte social tendrá menor grado de coercibilidad jurídica que la relativa al comercio.

Se corrige, por ejemplo, el impacto de los arbitrajes de inversiones. Corrección que deriva de que no se puedan presentar demandas en relación con aquellas medidas tomadas por los Estados que afecten a la salud, la educación o los servicios sociales. Es, sin duda un avance sobre otras regulaciones, que, sin embargo, no elimina los dos problemas esenciales que plantea: la sustitución del Derecho del Estado por cláusulas genéricas de responsabilidad y la imposibilidad de que los nacionales puedan acudir a estos procedimientos.

Es importante reconocer las modificaciones habidas en materia de propiedad intelectual; eliminando algunas de las medidas más drásticas  promovidas tanto por los laboratorios farmacéuticos como por la industrial cultural estadounidense. Asimismo, se preven medidas que reducirán el precio del medicamento, al proporcionarse un campo más amplio para los genéricos.

Como se ha observado, el acuerdo se realiza sin los EE.UU. Posiblemente en la esperanza de que se reincorpore, las disposiciones más polémicas del viejo TPP no se han eliminado del acuerdo sino que se han dejado en suspenso. De hecho, Trump se está enfrentando al Partido republicano y a ciertos grupos de presión por su política comercial internacional y por su negativa a participar en este tipo de acuerdos. Desde la reunión de Davos, la postura del Presidente no es de absoluta negativa sino de un “veremos”.  No obstante, que se haya firmado otro acuerdo deja a Trump como el gran perdedor de esta batalla comercial y pone en cuestión la eficacia de su política comercial, incluso dentro de aquellos que apoyaron su reelección.

El acuerdo da una opción a la participación del Reino Unido, que está reconfigurando su política comercial como consecuencia del Brexit. Una participación que está siendo impulsada especialmente por Australia.

El acuerdo es especialmente importante para México, que se encuentra en una dura negociación con los EE.UU. sobre el NAFTA, el Tratado de Libre Comecio que tiene suscrito con Canadá y EE.UU: Por ello, ha sido relevante el papel mexicano para que Canadá fuera también signatario de este CTPP.

El nuevo CTPP constituye un toque de atención para China que, para no quedarse detrás ha de impulsar la firma del RCEP que está impulsando junto con la India y del que formarán parte algunos de los firmantes de este acuerdo, como su gran impulsor, Japón. En este sentido, no es descartable que en un futuro próximo se produzca una convergencia entre ambos acuerdos comerciales. Toque de atención que, sin embargo, no obvia el hecho de que hoy los países firmantes del CTPP son más dependientes de China que de EE.UU. y que, por ello, la firma de este acuerdo se puede considerar un triunfo para ellos.

La Unión Europea, por último, se ve afectada por el CTPP a través del JEFTA, el acuerdo comercial que ha suscrito con Japón en los últimos meses y que está a la espera de que se conozca su versión definitiva. En todo caso, este acuerdo obligará a las autoridades europeas a fijar su atención en la política comercial asiática que no constituía, hasta el acuerdo con Japón, una prioridad. El TTIP constituía el elemento central, hoy paralizado.

En definitiva, el nuevo acuerdo es mucho más compacto, sólo agrupa al 14% del PIB mundial, sin una descompensación tan grande como la que existía en el originario; prevé la incorporación de nuevos Estados y palía algunos de los elementos negativos que se contenían en la reunión originaria. Sus pormenores los iremos viendo en las proximas semanas

Límites a los arbitrajes en el Tribunal Constitucional

Límites a los arbitrajes en el Tribunal Constitucional

Límites a los arbitrajes en el Tribunal Constitucional. La STC 1/2018 ha declarado inconstitucional el artículo 76 e) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del contrato de seguro, en virtud del cual “el asegurado tendrá derecho a someter a arbitraje cualquier diferencia que pueda surgir entre él y el asegurador sobre el contrato de seguro. La designación de árbitros no podrá hacerse antes de que surja la cuestión disputada”.

La sentencia, en mi opinión, tiene interés desde diversos puntos de vista:

1. Es una resolución no dictada por unanimidad, lo que, en casos controvertidos como éste me parece un acierto.

En los últimos tiempos hemos visto caso (Castor, Puidgdemont) en donde el objetivo de la unanimidad se ha traducido en textos que son sustancialmente mejorables. En este caso, además, la decisión cuenta con los votos particulares de los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol Ríos y Antonio Narváez Rodríguez (al que se adhiere el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho). Una manifestación de la pluralidad del Tribunal que, por ello, es destacable.

2. La STC 1/2018 marca límites importantes a los arbitrajes obligatorios, como consecuencia de los impedimentos para el recurso.

la razón esencial del fallo deriva de las consecuencias que tiene ese arbitraje en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, recogida en el artículo 24 de la Constitución. Concretamente, el Tribunal afirma que. Solo en caso de no ser ello posible, la norma cuestionada no sería compatible con los preceptos constitucionales que se invocan por el órgano judicial como vulnerados. La posible vulneración del art. 24 CE no vendría dada tanto por el hecho de que el contrato de defensa jurídica haya de someterse inicialmente a un procedimiento arbitral, sino, más precisamente, por impedir su posterior acceso a la jurisdicción, ya que la impugnación del laudo arbitral es únicamente posible por motivos formales (arts. 40 y ss de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje), con la consiguiente falta de control judicial sobre la cuestión de fondo. En este sentido, no cabe duda de que una mera revisión formal sólo puede ser compatible con las exigencias del art. 24 CE cuando la decisión arbitral es consecuencia de un verdadero y real convenio arbitral, entendido éste como la manifestación expresa de la voluntad de ambas partes de someterse a él y en consecuencia al laudo que se obtenga (…). -las negritas son mías-

3. Se esté o no de acuerdo con la decisión, discutible como muestra especialmente el voto particular de Xiol, nos coloca ante los límites de ciertos arbitrajes que están proliferando en la actualidad. Me voy a fijar en el posible impacto que pudiera tener sobre los arbitrajes relativos a las inversiones, a los que he hecho referencia en otros lugares de este blog.

¿Sería conforme con el derecho a la tutela judicial efectiva un tratado internacional, el CETA, por ejemplo, que declare obligatorio un arbitraje para una administración pública sin que exista un acuerdo expreso sobre esta materia entre administración e inversor? No podemos obviar aquí, además, que el propio artículo 106 de la Constitución nos recuerda que son los os Tribunales quienes “controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican”.

¿Sería conforme que en ese arbitraje se produzca una discriminación inversa y no pudieran participar inversores españoles que han sido parte en el negocio jurídico, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de las energías renovables por el que se condena a España al pago de 128 millones de euros más los intereses, en virtud de una demanda planteada sólo por una parte del accionariado -Éiser-, porque los socios españoles no pudieron hacerlo al ser del mismo Estado que el demandado?

¿Sería, en fin, conforme con la Constitución que, de acuerdo con las normas que rigen los arbitrajes de inversiones se limite a terceros interesados a participar en el mismo, como ocurre en relación con los representantes de los trabajadores en los casos en los que de la situación fáctica se pudiera derivar una desinversión con pérdida de empleo o de condiciones de trabajo?

Si extendemos la doctrina de la resolución, la solución no puede ser sino la contradicción de estos tratados con el texto constitucional, lo que abriría una vía complementaria para la impugnación del CETA y, en general, de todos los tratados donde se recojan este tipo de instrumentos.

Sería, ciertamente, una decisión complicada de adoptar aunque se echa en falta la participación del Tribunal Constitucional en cuestiones que son esenciales para el propio diseño constitucional español, tanto por lo que afecta a aspectos esenciales del Estado de derecho -como este del control de la Administración a través de los tribunales arbitrales-, como del Estado democrático -por la limitación de las funciones parlamentarias a través de la coperación regulatoria- e incluso con cláusulas del Estado social.

FMI y Banco Mundial en su laberinto ideológico

FMI y Banco Mundial en su laberinto ideológico

FMI y Banco Mundial en su laberinto ideológico. Hace unos años, Dominique Strauss Khan (Director Gerente del FMI entre 2007 y 2011, esto es en la época en la que se comenzaron los rescates a Grecia) publicó una nota de prensa titulada “Aprender de los errores” en donde explica las equivocaciones que tuvo el Fondo Monetario Internacional a la hora de analizar la situación griega y en el diseño del plan de ayuda. Publicada unos días antes del anuncio de Grecia de no hacer frente al pago del plazo de la deuda y de la contrapropuesta de Tsipras de renegociación de ésta sin contar con el FMI, introduce un factor más de crítica a la situación de este organismo internacional.

Esta semana nos hemos encontrado con una situación parecida. Paul Romer, Economista Jefe del Banco Mundial sugirió que  el famoso informe de competitividad, Doing Business, sobre Chile estaba mediatizado políticamente en contra de la Presidenta Bachelet. Los indicadores del Banco Mundial sobre las posibilidades de montar una empresa parten de la idea de que menos regulación es mejor que más regulación, lo que determina que el Derecho anglosajón es mejor que el continental para el crecimiento económico y que la introducción de políticas alternativas al modelo, como podían ser las de la dirigente socialista, estaban mal vistas.. El sesgo ideológico resultaba palmario aprovechando además el prestigio de una institución como el Banco Mundial. No se puede olvidar, en este sentido, la correlación de fechas del estudio del Banco Mundial con la aprobación de la Directiva de Servicios.

Ni lo primero ni lo segundo me sorprende. Parece que es conveniente analizar cómo actúa una de ellas; partiendo de su devenir durante los años de la crisis económica y a la hora de plantear soluciones a la misma. Lo hago partiendo de lo que tiene de positivo el FMI, que no tiene el Banco Mundial, que son informes de auditoria interna bastante críticos con su funcionamiento.

Al FMI le tocó la lotería cuando la Unión Europea empezó a configurar los planes de rescate tras la crisis de la banca privada de 2008. Hasta entonces su papel se había diluido progresivamente en un contexto internacional en el que otros podían ocupar su papel. La Unión Europea necesitó al FMI para diluir su responsabilidad política antes de aplicar un durísimo plan de ajuste carente de sentido, tal como había ocurrido en otros momentos. Stiglitz ya nos había puesto sobre aviso con anterioridad sobre el hecho de que en muchos casos habían realizado análisis ideológicos de los problemas que les impedía tomar una decisión correcta sobre cuál era el problema y cuál era la realidad sobre el que habían de aplicar unas recetas económicas que en muchos casos han hecho que “el dolor padecido por los países en desarrollo en el proceso de desarrollo orientado por el FMI y las organizaciones económicas internacionales ha sido muy superior al necesario”.

Sea como fuere, a partir de 2008 pasó a ser un actor relevante en la configuración de las poliicas económicas posteriores a la crisis. Más allá de que las soluciones nos gusten mas o menos ¿cuáles son los datos relevantes del desarrollo de su actividad?

Si lo resumiéramos en un párrafo, el retrato no sería muy favorecido: “la capacidad del FMI para identificar correctamente los crecientes riesgos se vio obstaculizada por un alto grado de pensamiento de grupo, captura intelectual, una tendencia general a pensar que era improbable una fuerte crisis financiera en las grandes economías avanzadas y enfoques analíticos inadecuados. Un débil régimen de gobierno interno, la falta de incentivos para integrar el trabajo de las distintas unidades y plantear opiniones disidentes, y un proceso de revisión que no lograba establecer todas las conclusiones necesarias o asegurar que se siguieran todos los pasos necesarios también fueron factores importantes, en tanto que las limitaciones políticas posiblemente también hayan influido en cierta medida”.

Este fragmento no procede de la última asamblea de la izquierda bolivariana sino un informe de auditoria interna del propio Fondo. Concretamente se trata del estudio de ll Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional; Desempeño del FMI en el período previo a la crisis financiera y económica: La supervisión del FMI entre 2004-07, publicado en 2011 y que el lector interesado puede encontrar en este enlace.

Se me podrá señalar que el informe se refiere a la actuación del FMI anterior a 2008 y que, con el informe de autoditoria ha podido cambiar. El comunicado de Strauss Khan señalan fallos tan graves que no parece que se hayan rectificado los errores. Lo indicado por Bromer va en la misma dirección.  No puede ser que el FMI desconozca la situación de la estructura de país, de su administración, antes de dar sus recomendaciones. No puede ser que el esquema sea manifiestamente asimétrico (como reconoce el exdirector gerente) ni que se señale, como reconoce el propio Strauss Kahn, que la Oficina de Evaluación Independiente considere que “las proyecciones sobre los efectos de las reformas eran muy optimistas”. Un economista jefe del FMI no deja caer que ha habido elementos. No puede ser que se cercene la capacidad de autoconfiguración de un país, como ha hecho el Banco Mundial con Chile.

Todos estos errores son la manifestación de que el FMI o el Banco Mundial no actúan de forma razonable. Es cierto que tiene el pecado de todas las agencias de creer que en ciencias sociales hay una única solución correcta y que se puede aislar de influencias políticas. Ellos hacen políticas con cada una de sus decisiones, En este caso, ni siquiera aplica bien sus propios planteamientos ideológicos. Pero lo más grave es el silenciar la opinión disidente. No pensar que se está en el error le hace ser contumaz en el mismo.

Están presos de unos planteamientos ideológicos que defienden la aplicación de los principios del consenso de Washington como única receta económica, a pesar de que algunos de dichos principios están entre las causas de la crisis y otros están ocasionando graves problemas sociales. Y ello sin la posibilidad siquiera de exigirles responsabilidades ya que quedan fuera del ámbito de actuación de los órganos de representación democrática.

Por ello sería tan conveniente que estas agencias administrativas de gobierno global se reformen y se sometan a criterios de transparencia, responsabilidad y pluralismo tanto en sus decisiones como en la contratación del personal. Algo de lo que estamos muy lejos de conseguir.

Paraisos fiscales 2018 (I)

Paraisos fiscales 2018 (I)

Paraisos fiscales 2018 (I). La Unión Europea acaba de reducir su lista de los paraísos fiscales, escasamente un mes y medio después de su creación y a pesar de las críticas que hubo en su momento por su laxitud ya que, como señaló el informe de Oxfam al menos 35 Estados deberían haber formado parte de ella. Hoy sólo quedan 9.

El comunicado de prensa del ECOFIN de hoy explicando la decisión tomada es totalmente genérico y no cita cuáles han sido los cambios que han motivado el informe de los expertos que ha permitido tomar una decisión extraordinaria (recordemos que en principio, la lista se revisa con periodicidad anual, lo que en este caso no ha ocurrido).

En este momento ha excluido de la lista negra a los siguientes países: Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez. De hecho, parece que la honradez ha recorrido el mundo y, en la actualidad, solo nueve territorios están en ella, Samoa Americana, Bahréin, Guam, Islas Marshall, Namibia, Palau, Samoa, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. Como se puede apreciar, ninguno de los territorios en los que últimamente han aparecido escándalos referidos a paraísos fiscales.

Una decisión tomada sin exteriorizar los compromisos que dicen que han obtenido de los países afectados; sin señalarse, por tanto, qué ha ocurrido en los últimos dos meses para que cambie su situación en relación con la fiscalidad y con el intercambio automático de información. Recordemos que el problema esencial de los paraísos fiscales no es tanto el de la fiscalidad anormalmente baja sino el de la opacidad en las operaciones que se localizan en dichos territorios.

El grave problema que está acumulando la Unión Europea en relación con los paraísos fiscales es su falta de credibilidad.  No sólo no adopta ninguna medida para luchar contra los paraísos fiscales que tiene en su interior (Holanda, Irlanda, Malta, Luxemburgo o Chipre), no establece ninguna medida que permita articular una política fiscal común en materia de sociedades que impida los acuerdos de deslocalización de beneficios empresariales ni adopta una política consistente y constante de lucha contra estas prácticas. Que el ex Primer Ministro de Luxemburgo, el que acordó los acuerdos de elusión fiscal sea el Presidente de la Comisión europea es una penosa metáfora de lo que está ocurriendo.

La cuestión aquí es doble. Por un lado está el problema de los países que adoptan un determinado comportamiento en uso de su soberanía. Pero tenemos algo más cercano sin lo cual los paraísos fiscales no existirían: las empresas que deslocalizan beneficios están radicadas en la Unión Europea, ya sean sus filiales ya sean las entidades matriz. Una situación para la que habría que acordar medidas cualitativamente importantes: desde el conocimiento sobre los territorios en los que tienen filiales, los beneficios en función del número de trabajadores y el lugar de procedencia de los mismos.

Cuando durante la tramitación de la hoy Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público se propuso por el Grupo Socialista y el de Podemos la prohibición de contratar a las empresas que tuvieran actividades en paraísos fiscales se estaba haciendo exactamente esto: luchar con medidas indirectas frente a estas prácticas. En aquel momento no se incorporó tal medida por la correlación de fuerzas en la Comisión parlamentaria. No debemos olvidar que prácticamente todas las empresas del IBEX 35 tienen filiales domiciliadas en territorios off shore.

En definitiva, hoy estamos unos pasos más lejos de reducir el impacto económico de los paraísos fiscales en nuestro territorio.

Social score

Social score

Social score. La revista Wired publica este mes un par de artículos extremadamente interesantes sobre un fenómeno poco tratado en España, el social score o la consideración social de la ciudadanía. Una consideración social que se traduce en una especie de puntuación social que determinará aspectos básicos de su vida, desde su crédito a incluso la reputación social. Cuando empiece la lectura del artículo, su primer pensamiento será “es en China, ¿qué se puede esperar?”.

Es cierto, el Gobierno chino pretende establecer un índice de reputación social de las personas en función de su comportamiento cívico de acuerdo con los parámetros que pueda determinar la autoridad. 2020 es el año en que empezará a desarrollarse. Pero el Gobierno chino  va por detrás de lo que ya están haciendo operadores económicos nacidos en el contexto del capitalismo tan peculiar que se practica en aquel país.

Está hoy muy extendido, en el mismo país, el uso de puntuaciones sociales que miden la credibilidad económica que permite examinar incluso a las amistades (en red social) que pueda tener cada sujeto. Un operador de redes sociales como We Chat está ayudando a ello y, de hecho, te invita a que formes parte “voluntaria” de este examen colectivo. Esta credibilidad económica hará que el acceso a los mercados de bienes y servicios se realice en condiciones diferentes. Esa tendencia que tienen algunos a devolver muchos productos adquiridos online será fuertemente penalizada, exactamente igual que no quererse someter a este examen.

La realidad de la que tenemos que partir es que no es un intento imaginado por parte de las autoridades chinas de controlar a la población. Ni siquiera de sus operadores económicos. En los Estados Unidos de América fue donde se inventaron estas calificaciones sociales en 1956. Hoy existen numerosos índices similares que permiten controlar a la ciudadanía. De hecho, las propias autoridades estadounidenses solicitan, hoy de forma voluntaria, información sobre los perfiles que tengan los extranjeros en redes sociales. EN los Tribunales se aplica el índice COMPAS para determinar el grado de riesgo de  Reincidencia.

Las autoridades británicas, a través del Snooper Act ha desarrollado un mecanismo de control de transacciones que permite tener un perfil más o menos. En España existen índices similares que utiliza la banca. Pero ¿somos conscientes de qué hace Facebook o Google o Amazon con nuestros datos? ¿Somos conscientes de que todo aquello que hemos pagado con nuestra tarjeta de crédito está en manos de los bancos y que pueden usarlo para sus hipotéticos índices sociales? ¿Hemos revisado las cláusulas y comprobado que no puede haber ninguna cesión a terceros de ningún tipo? ¿Cómo podemos controlarlo?

Las ¨puntuaciones sociales¨ parten de un primer problema. La imposibilidad que tiene el sujeto de controlar los datos que se manejan de él y qué transcendencia pueda tener cada actividad que se realice o el modo en que se ejecute. Más aún, la imposibilidad de modificar o eliminar los elementos que afecten negativamente a su puntuación social. Y es, al mismo tiempo, un factor de inseguridad del individuo ante la posibilidad de que sus datos sean robados. Y no es ciencia ficción: los datos y las puntuaciones de 145 millones de personas fueron hackeadas de Equifax, la entidad que gestiona los rankings de crédito de los ciudadanos estadounidenses.

En segundo lugar, constituyen un mecanismo de control social. No podemos dejar de lado el índice de responsabilidad social del individuo que impulsan las autoridades chinas y que pretende dirigir el comportamiento del individuo. Las posibilidades que existen hoy a través de la inteligencia artificial de controlar el comportamiento de los ciudadanos en las redes sociales no es sino otra vertiente del mismo problema. Y ello con la agravante de que la consideración social sobre los comportamientos es muy variable y atravesamos un periodo con tendencias dispersas, en donde lo mismo se proporciona libertad en unos ámbitos que se restringe en la otra. En este sentido, conviene recordar que una red como Facebook patentó en 2012 un algoritmo para crear un crédito social en la red… que permitiría examinar cuál es la subida y bajada de nuestros contactos. En EEUU, hay un índice que determina cuánto debería destinar cada persona a obras de caridad.

En tercer lugar, son datos que en su mayor parte poseen, gestionan y tramitan operadores privados cuya finalidad escapa por completo a los fines legítimos que puedan tener las Administraciones públicas, aunque estos últimos no sean queridos por el ciudadano. Y ello con independencia de que el plan que se ha conocido del gobierno chino resulte la manifestación más acabada de un gran hermano y, por ende, resulte inaceptable.

Hoy, por ejemplo, encontramos mecanismos de control social en Facebook, en donde lo que no es “políticamente correcto” queda fuera de los muros. El problema, obvio, es qué se considera de este modo. No podemos olvidar que hoy, como ya señalé en otra ocasión, Google dispone de información al minuto sobre donde nos encontramos, ya sea un sex shop o una biblioteca pública.

En cuarto lugar, la utilización de algoritmos plantea los riesgos de cuál sea su formulación y qué consecuencias se extraigan. El índice COMPaS, por ejemplo, presupone no solo que hay mayor índice de reincidencia en negros que en blancos.  En población sin reincidencia, los negros corrieron más riesgos que los blancos de cambios en su situación jurídica. Esto abre la exigencia  de su regulación.

En quinto lugar,el intercambio internacional impulsado por la globalización, hará que todos estos datos constituyan una mercancía que esté en el comercio global. Dentro de poco no ocurrirá como en el artículo de Wired en donde la frontera hace que el ciudadano se pueda poner de nuevo con el contador a cero.

Pero lo más grave, en sexto lugar, es la situación de desamparo ante la que nos encontramos. Lejos quedan ya los tiempos en donde el Tribunal Constitucional hablaba del derecho constitucional a los datos personales como una manifestación de la personalidad del individuo. Aquella excelente sentencia fue de 1998, cuando internet no tenía la presencia que tiene hoy en nuestras vidas. No es un problema porque haya dejado de existir esta perspectiva constitucional de los datos personales, sino que no hay instancia jurídica en la que se pueda materializar debido al desconocimiento sobre el tráfico sobre nuestros datos personales. Las facilidades que proporciona la globalización para el escape de los operadores que disponen de los datos hará que no habrá posibilidad alguna de control.

Paradise Papers, el penultimo escándalo de los paraísos fiscales

Paradise Papers, el penultimo escándalo de los paraísos fiscales

Paradise Papers. Periódicos como LE MONDE, The Guardian, o el New York Times y en España El Confidencial y La Sexta,  publican hoy el último episodio descubierto de los paraísos fiscales. Un escándalo en el que están incluidos personalidades como Wilbur Ross (cuyas inversiones con el hijo de Putin quedan visibles) y Rex Tillerson, que se podrían catalogar como hombres fuertes de la Casa Blanca (con 13 personas implicadas) o  Stephen Bronfman, el tesorero del Partido Liberal canadiense, y muy próximo a su Primer Ministro, Justin Trudeau. Aparecen oligarcas rusos, deportistas profesionales, cantantes como Madona y Bono, millonarios africanos y grandes multinacionales como Apple o Nike. La reina Noor de Jordania, el ex Canciller alemán Gerard Schroeder, George Soros, Adelson (el de los casinos que quería establecer en Madrid), Xavier Trias, o el Presidente Santos de Colombia están también en dicha lista. Lo mejor de cada casa.

No obstante, conviene que recordemos algunos casos que resultan más llamativos. Así, según publica The Guardian, parte de la fortuna personal de la Reina de Inglaterra se invirtió a través de las Islas Cayman -incluso en una empresa textil con antecedentes de explotación de trabajadores-; aparecen las inversiones que Rusia ha realizado en Facebook y Twitter,  los mecansmos que utilizaron los oligarcas rusos para adquirir acciones del Arsenal o el Everton. La actividad de la compañía minera más relevante del mundo, Glencore, para minimizar los costes de las explotaciones en el Congo quedan a la luz. En definitiva, un descubrimiento cuya importancia cualitativa es mucho más relevante que la de los Papeles de Panamá.

En el centro de la trama, de nuevo aparece un despacho de abogados, en este caso Appleby, con una trayectoria de más de 119 años y con oficinas abiertas en Bermuda, las Islas Cayman, las Islas Vírgenes Británicas, la Isla de Man, Jersey y Guernsey. Una sociedad que según señala su página web “is one of the world’s largest providers of offshore legal services”. Orgullo ante todo de lo que se hace. Este despacho fue acompañado en sus andanzas por otro, de origen familiar, radicado en Singapur (Asiaciti Trust), cuya web es un homenaje a la tranquilidad y bienestar de sus clientes, con un prestigio creado a través de “los más altos estándares”.

Una sensación de dejà vu, que sin embargo es, llamativo a los ojos europeos dado que los principales lugares en los que se ha procedido al ocultamiento y blanqueo de los capitales están en la Unión Europea. Sí, de nuevo salen los paraísos fiscales de la Unión Europea a los que ya tuve ocasión de dedicar un post hace no demasiado tiempo. El problema es que muchas de las técnicas de ocultamiento de riqueza se han realizado a través de mecanismos legales, como una variante de la optimización fiscal.

Sí, hay que denunciarlo públicamente. Hay Estados miembros de la Unión Europea cuya política tributaria hace que se le deba considerar como paraísos fiscales. Ojo, que aquí no me estoy refiriendo sólo al problema de que se esté atentando contra el mercado interior como consecuencia de prácticas anticompetitivas entre Estados a través de presiones fiscales ridículas. Es, en mi opinión mucho más grave el hecho de que la transparencia económica que se exige a las empresas sea muy reducida, con lo que no se puede luchar de forma efectiva contra las evasiones fiscales empresariales. ¿Es el momento de que se aborden de una vez los problemas de armonización de la normativa fiscal de las sociedades en el ámbito europeo? ¿Y de que se haga algo equivalente en relación con la transparencia fiscal de las empresas, desagregando el origen de los beneficios empresariales y un dato tan simple como el del  el número de trabajadores en cada sede?

La Unión Europea se ha distinguido por un tratamiento muy benévolo hacia los paraísos fiscales. Tanto es así que hoy alguien como Junker -antiguo Primer Ministro de Luxemburgo,  país que firmó durante su mandato muchos acuerdos de reducción fiscal con grandes empresas- es hoy el Presidente de la Comisión Europea. Las prácticas que siguen Malta, Irlanda o el Reino Unido (a través de la City o de las Islas de Man y Jersey) no tienen nada que envidiar a los paraísos caribeños. Posiblemente sea al contrario y les doten de una respetabilidad de la que se carece cuando el origen o el destino de los fondos es las Islas Cayman o las Islas Vírgenes Británicas.

Pero, obviamente, siguen existiendo territorios externos a la Unión Europea: Antigua-y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Dominica, Grenada, Caiman, Cook, Marshall, líbano, Saint Kitts y Nevis,Santa Lucia, Samoa, Trinidad y Tobago o Vanuatu. Les invito a buscarlos en el mapa. Mientras quede uno sólo las posibilidades de fuga de capitales siguen intactas.

Esta filtración es relevante porque hay mucha élite entre los implicados; con la Reina de Inglaterra a la cabeza o el Presidente Santos o altos cargos de la administración Trump y Trudeau. El listado completo es amplio y digno de ser observado. Elites políticas -actuales y pasadas- y económicas. Elites que ven la igualdad y la redistribución fiscal como una carga para ellos. Es la desigualdad mayor del capitalismo globalizado, la que establece una distinción que añadir a las tradicionales: la de las personas que pueden decidir cuánto pagan de impuestos frente a la de aquellos que pagamos en función de nuestra nómina. Dicho de otro modo, es este mundo que hace que los servicios públicos los paguemos solo una parte de la sociedad. El juicio político lo deberían tener algunos de los afectados, incluso a la Reina de Inglaterra.

No podemos olvidar un elemento complementario. Las actividades que han realizado las personas implicadas ha necesitado la colaboración de más personas que las de los despachos de abogados Appleby y Asiaciti Trust. No se ha citado hasta ahora ninguna institución financiera cuya colaboración ha resultado inexcusable. No estaría de más preguntarse si ha existido labor de lobby que se haya hecho por algunas de ellas para mantener los privilegios fiscales de las plazas afectadas.

Más aún, la presencia de paraisos fiscales europeos supone la vulneración de los deberes de lealtad que están en el Tratado de la Unión ¿va a quedar sin consecuencias? Tengamos presente que muchos de los territorios de ultramar que han aparecido en los papeles de Panamá y en estos se vinculan con territorios dependientes directa o indirectamente de Estados miembros de la Unión Europea.

En definitiva, lo que ha aparecido hoy es la manifestación de algo que resulta esperable. Esperable pero que no por ello es menos lamentable, especialmente por la pasividad de las autoridades en frenarlo y por la voracidad de los personajes que aparecen en los listados. Dentro de algunos meses habrá otro post en este blog que nos ilustre sobre un caso novedoso. Otro más, porque esta globalización asimétrica, que ha hecho de la desigualdad su elemento más característico, fomenta la competencia entre territorios y su máxima expresión son los paraísos fiscales, como territorios sin ley.

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